DECRETOS

Decreto Nº 433

Fecha de publicación
3 de mayo de 2021
Fecha de la norma
15 de abril de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.355 · páginas 14–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 433 MENDOZA, 15 DE ABRIL DE 2021 Visto el expediente Nº EX-2018-00993775-GDEMZA-MESA#MEIYE, en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 142 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 19 de marzo de 2018; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el Decreto DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 del Decreto DNU Nº 274/19); Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que por la Resolución Nº 142/18 de la citada Repartición se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 870/17 del referido Organismo, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00) por violación al Artículo 9º de la Ley N° 22802; Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que en Orden 8 del expediente de referencia obra Acta de Infracción Nº 1380, de fecha 6 de octubre de 2016, labrada por el citado Organismo en el Supermercado “VEA”, propiedad de la referida firma con domicilio en calle Jorge A. Calle esquina Neuquén, Ciudad, Mendoza, por la cual se constata que no coincide el precio de góndola con el precio efectivamente cobrado en Caja, de los productos detallados en dicha Acta; Que en cuanto al aspecto sustancial la firma recurrente reitera en esta instancia los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso de revocatoria; Que a la luz del Acta de Infracción obrante en Orden 8 del expediente de referencia surge a simple vista la conducta sancionada en incumplimiento de lo que disponía el Artículo 9º de la Ley Nº 22802; Que el citado Artículo reza: ”Queda prohibida cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”; Que la infracción señalada se acredita con el Acta oportunamente labrada y documentación obrante en el expediente de referencia, no requiriéndose la participación de testigos, tal y como lo manifiesta la firma recurrente; Que, asimismo, no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el contenido del Acta de Infracción obrante en el Orden 8 razón por la cual, labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la Repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el presente caso no se advierte, así como los argumentos expuestos por la firma recurrente carecen de virtualidad para invalidar el acto por ilegítimo; Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia surge que el plexo normativo sanciona la existencia de inexactitudes en publicidad o propaganda de bienes muebles o servicios que puedan inducir a error, engaño o confusión al consumidor de los mismos; Que, además, cabe señalar que las infracciones a la Ley Nº 22802 y modificatorias revisten el carácter de formal, pues quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la Ley, sin que pueda pretenderse la existencia del tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el Derecho Penal Sustantivo; Que, asimismo, el Artículo 42 de nuestra Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en las actuaciones de referencia por la firma sumariada; Que de tal modo, la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constitucionales referidos al derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas en el Artículo 18 de la Constitución Nacional; Que indudablemente los demás comercios se han visto perjudicados en el presente caso como Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica consecuencia del daño que representa y de la competencia desleal que implica poner a la venta determinados productos y publicitar los mismos en condiciones de comercialización engañosas al consumidor; Que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que la sanción de multa impuesta a la firma CENCOSUD S.A. se estima justa en su monto en relación con la infracción concreta sancionada y teniendo en cuenta la reincidencia de la firma recurrente, motivo por el cual corresponde su confirmación; Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la referida firma por resultar su conducta violatoria de las disposiciones del Artículo 9º de la Ley N° 22802; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía, Infraes-tructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en Orden 21 y en Orden 32 y por Asesoría de Gobierno en Orden 25 del expediente Nº EX-2018-00993775-GDEMZA- MESA#MEIYE, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto en Orden 2 del expediente Nº EX-2018-00993775-GDEMZA-MESA#MEIYE por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, en contra de la Resolución N° 142 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 19 de marzo de 2018, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 03/05/2021 (1 Pub.) MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES