DECRETOS

Decreto Nº 402

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
27 de abril de 2021
Fecha de la norma
12 de abril de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.350 · páginas 9–11
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 402 MENDOZA,12 DE ABRIL DE 2021 Visto el expediente Nº 2692-D-19-20108 y sus acumulados Nros. 2213-D-17-01283 y 229-D-16-01410, en el cual la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 658 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 869/17 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9003; Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica interponer recurso jerárquico; Que la firma afirma la nulidad del Acta por vicio de forma en la emisión del acto-incompetencia, indicando que la defensa en el acto primigenio se basó en que el Acta de Infracción base del recurso era inoponible, no tenía validez jurídica alguna porque fue confeccionada sobre un Acta de Infracción de otro organismo y otro Ministerio, por lo que entendían se tornaba nula la Resolución Nº 231-17-DFyC, por encontrar vicios en la voluntad y desviación de poder, afirmando la nulidad del Acta por falta de fundamentación; Que se reitera lo vertido en los dictámenes precedentes entendiendo que en cuanto a la cuestión de fondo discutida, la misma se encuentra debidamente fundada y probada en razón de las constancias que surgen del Acta de Infracción; Que en virtud de lo expuesto queda sin sustento fáctico el argumento incoado por la recurrente en cuanto a la validez jurídica del Acta y su consecuente nulidad; Que la recurrente esgrime el vicio de la voluntad en la emisión del acto junto a la falta de forma por ausencia de fundamentación o motivación; Que en dicho punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis jamás impugnan la defensa principal tanto del descargo como de los recursos de revocatoria y jerárquico anteriormente deducidos, sin realizar un tratamiento exhaustivo de los puntos reseñados en el recurso y que tan solo lo rechaza haciendo una mera referencia y rechazando de plano todo lo expuesto; Que la firma expresa que los recursos y descargos presentados demostraban en forma exhaustiva la distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del inspector actuante e indica que se ha visto cercenado su derecho de defensa; Que así mismo sostiene que es “…este es un rechazo voluntarista que se emite con fundamentos vacuos de contenido, lo que lo tornan nulo de nulidad absoluta por falta de motivación al momento de emitir el acto administrativo en cuestión…”; Que al respecto se entiende que la Resolución Nº 658-EIyE-19 se encuentra debidamente fundada, sumado a que “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” no ha aportado en esta instancia argumentos de entidad y colaboración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la autoridad; Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el Acto impugnado; Que en los considerandos de la mencionada resolución se ha detallado en forma clara y precisa el derecho aplicable, exponiendo los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa e indicando también que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico; Que los Artículos 3º y 5º de la Resolución Nº 163/05 de la Secretaría de la Coordinación Técnica, frente a los cuales la recurrente se encontraba en infracción, rezan: Artículo 3º Anexo I “Los juguetes solo podrán comercializarse si cumplen las exigencias esenciales de seguridad y las advertencias e indicaciones de las prevenciones de empleo establecidas en los Anexos III y IV…teniendo en cuenta la seguridad y/o la salud de los usuarios o de terceros, cuando se utilicen para su destino normal o su uso previsible, considerando comportamiento habitual de los niños.” y Artículo 5º “Los productos denominados juguetes que se encuentren alcanzados por la presente resolución sólo podrán comercializarse o transferirse en cualquier forma en los Estados Parte, si acreditan el cumplimiento de los requisitos y rotulado de seguridad establecidos por la presente norma legal…”; Que en función de lo expuesto en el párrafo anterior se entiende que la infracción ha sido constatada por los inspectores firmantes del Acta de Infracción en presencia del encargado de la sucursal, al cual, se le entregó copia de la misma y planilla con el detalle de los artículos de juguetería que se encontraban en Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica infracción, según consta a fojas 02 del expediente Nº 229-D-16-01410; Que tal situación fue tratada en las instancias anteriores, por lo que la queja de la firma no encuentra andamiaje fáctico ni jurídico que la avale; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado, no se verifique; Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros fijados en función de lo que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes; Que en conclusión y por las razones expuestas, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 658/19 del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía a fojas 21/23 y 33/34 y por Asesoría de Gobierno a fojas 25/26 vuelta, del expediente 2692-D-19-20108, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/3 del expediente 2692-D-19-20108, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 658, emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 25 de octubre de 2019, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 27/04/2021 (1 Pub.)