RESOLUCIONES

Resolución Nº 48

Fecha de publicación
23 de abril de 2021
Fecha de la norma
12 de marzo de 2021
Referencia documental
Boletín Nº 31.348 · páginas 51–55
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 48 MENDOZA, 12 DE MARZO DE 2021 VISTO: El expediente EX-2017-00104214-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “Arleo Osvaldo Rubén C/ Banco Supervielle S.A.", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma "BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA" CUIT 33-50000517-9, con domicilio en calle Av. San Martín Nº 841, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) IF-2017-00104224-GDEMZA- MESAYAS#MGTYJ, rola denuncia interpuesta por el Sr. Arleo, Osvaldo Rubén, DNI Nº 23.146.054, con domicilio en calle Falucho Nº 1106, Dorrego, Guaymallén, Mendoza, y domicilio electrónico rubenarleo@hotmail.com; contra la firma "BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA" CUIT 33-50000517-9, en virtud de advertir que se encuentra en situación de deudora del BCRA por una deuda de tarjeta de crédito con la denunciada, siendo que nunca fue cliente, ni titular de ningún producto de dicha entidad bancaria. Que a orden nº 4, mediante D.E. IF-2017-00104234-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, obra prueba aportada por el denunciante, donde se visualiza el reclamo a la denunciada sin que la misma haya dado respuesta favorable. Que se dispone dar traslado de la denuncia a la firma denunciada, para su conocimiento y posterior presentación de propuesta conciliatoria. Siendo fehacientemente notificada el día 15 de septiembre de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-02386170-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 51 de 145 2017, conforme D.E. IF-2017-00151371-GDEMZANOTIF#MGTYJ de orden n° 8. Que la firma denunciada no realiza propuesta ni presenta descargo alguno. Que a orden nº 15, según D.E. IF-2018-03808507-GDEMZANOTIF#MGTYJ, consta notificación fehaciente con fecha 7 de noviembre de 2018, de imputación de infracción por presunta violación a lo dispuesto en el artículo 4º y en el artículo 19º de la Ley Nº 24.240, por prestación defectuosa del servicio, debido a que se pretende cobrar montos por gastos de renovación de una tarjeta de crédito que no fue solicitada, ni aceptada, ni recibida por el denunciante. Con el agravante de que nunca se le informa claramente al Sr. Arleo Osvaldo Rubén de la supuesta deuda. Que la sumariada no presenta descargo alguno, como así tampoco pruebas que permitan verificar que efectivamente el denunciante solicita la Tarjeta de Crédito denunciada e incurre en los gastos que posteriormente se le reclaman. Que el artículo 4º de Ley N° 24.240 reza que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.” Que debe tenerse presente que la información, “es menester entenderla dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de determinada cláusula.” Que el derecho a la información adquiere jerarquía constitucional luego de la reforma de 1.994, expresando el art. 42º de la Carta Magna: “...los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”, y también es consagrada en nuestro reciente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 1100 donde expresa “… Información. El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor…”. Por lo tanto no podemos desconocer este principio elemental en la relación de consumo, para que las elecciones sean fundadas, racionales y permitan una utilización adecuada del producto o servicio contratado, en protección de los intereses patrimoniales. Que el artículo 19º de la Ley N° 24.240 dispone que “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.” Que Dice Javier Wajntraub “El cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido no es una opción para el proveedor; se trata de circunstancias que deben acoplarse, en función de que es la única solución que se ajusta a los criterios de la ley (valor vinculante de las ofertas inclusión contractual de precisiones publicitarias, solución más favorable para el consumidor en caso de dudas en la interpretación del contrato etc)” (Ley de Defensa del Consumidor). Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal, prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-02386170-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 52 de 145 infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que tenga su autor. Que el art. 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Que al respecto, cabe destacar lo expuesto la empresa en su página web - https://www.supervielle.com.ar/institucional/acerca-de- “Banco Supervielle es el 7º banco privado más grande de Argentina en términos de préstamos y el 10º sumando los bancos públicos. Tiene una larga trayectoria en el sistema financiero argentino con 130 años operando en el país, y una posición competitiva líder en ciertos segmentos atractivos del mercado. El Banco ofrece diversos productos y servicios financieros, diseñados especialmente para cubrir las diferentes necesidades de sus clientes a través de múltiples plataformas y marcas. Banco Supervielle es además accionista controlante de Cordial Compañía Financiera, una compañía financiera que opera en las tiendas de Walmart Argentina como proveedor de servicios financieros a sus clientes. Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, que completa su oferta de servicios financieros y no financieros a través de Cordial Compañía Financiera, Tarjeta Automática, Supervielle Seguros, Espacio Cordial de Servicios, Supervielle Asset Management, Sofital, MILA e InvertirOnline. Desde el 19 de Mayo de 2016, las acciones del Grupo Supervielle están listadas en Byma y en NYSE. Julio Patricio Supervielle es el accionista controlante de Grupo Supervielle con el 36% del capital social, mientras que el restante 64% flota en el mercado.” Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, se debe tener presente que existe una deficiente prestación del servicio bancario por parte de la sumariada, sumado a ello tampoco presenta prueba alguna en su defensa. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, se debe tener en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-02386170-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 53 de 145 28/12/2011.). Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir tres años y medio desde el hecho objeto del reclamo. Que también se valora el informe del Registro de Infractores realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma, presenta antecedentes, según D.E. IF-2021-01212728-GDEMZA-HABI#MGTYJ de orden n° 22. Es loable destacar, la conducta reticente de la sumariada respecto al cumplimiento en la prestación del servicio ofrecido al consumidor. Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma "BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA" CUIT 33-50000517-9, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Cien mil con 00/100 ($100.000,00.-) por la infracción verificada y analizada. Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley Nº 24.240, representa sólo un 2% del total. Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19º de la Ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47º de la Ley 24.240”. Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTICULO 1º - IMPONER a la firma "BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA" CUIT 33-50000517-9, con domicilio en calle Av. San Martín Nº 841, Ciudad, Mendoza, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS CIEN MIL con 00/100 ($ 100.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación de los artículos 4º y 19º del mismo cuerpo legal. ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240, correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-02386170-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 54 de 145 cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077 – Boleto emitido por la Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, deberá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. ARTICULO 6° - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 7º - REGISTRAR al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente Resolución. ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 23/04/2021 (1 Pub.) COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR