RESOLUCIONES
Resolución Nº 141
- Fecha de publicación
- 17 de febrero de 2021
- Fecha de la norma
- 12 de junio de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.302 · páginas 25–29
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 141
MENDOZA, 12 DE JUNIO DE 2020
VISTO:
El
expediente
EX-2017-00243961-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ,
caratulado
“CAMPAGNA
JUAN
CARLOS C/ BANCO HIPOTECARIO S.A.”, en el cual obran las actuaciones contra la firma “BANCO
HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, con domicilio legal en calle 25 de Mayo
N° 602, Ciudad, Mendoza y domicilio electrónico mauricio.ceschin18@gmail.com, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 4, según IF-2017-00242753-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, presenta denuncia el Sr.
Campagna Juan Carlos, DU N° 13.697.402, con domicilio real en B° Arenales M-F C11, Rivadavia,
Mendoza, y con domicilio electrónico kevincampagna2017@gmail.com, contra la firma “BANCO
HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, al solicitar un préstamo personal en la
institución bancaria denunciada, por un monto de $ 80,000 (Pesos Ochenta Mil con 00/100), la primera
cuota, con vencimiento en mayo de 2017, con un valor de $ 4,874.36. Desde ese momento se empieza a
generar diferencia entre el detalle que le dieron en la entrega del préstamo y el de las cuotas a pagar. La
segunda que figura en la simulación es de $ 4,863.48 y el banco quiere cobrar una cuota de $5,138.00 y
en la 5ta cuota, la simulación es de $ 4,828.73 y al banco les figura $ 5,168.00 y así sucesivamente con
variaciones en el resto de las cuotas.
Que el Sr. Campagna Juan Carlos efectúa el reclamo n° 15316631 ante el Banco Hipotecario, no
quedando satisfecho con la respuesta dada.
Que a orden nº 10, según PV-2018-00335731-GDEMZA-SUMA%MGTYJ esta Dirección dispone dar
traslado de la denuncia al Banco Hipotecario S.A. para su conocimiento y emplazarlo para que presente
propuesta conciliatoria en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 45° de la Ley N° 24.240.
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Que a orden nº 17, según IF-2018-01458439-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ, rola presentación realizada por la
firma denunciada donde manifiesta “…que los datos brindados al momento de la adquisición del Préstamo,
registrado en la documentación, poseen importes estimativos, relacionados simplemente a la cuota pura,
ya que no se pueden determinar cuotas a futuro, dado que aún no se han devengado los intereses,
comisiones y los seguros que se abonan en cada cuota, por este motivo, deberá guiarse, siempre por la
chequera de pagos (resumen). Es decir que los importes que se han indicado son meramente informativos
para que tenga una base de los montos a pagar, pero éstos no son los montos definitivos de las cuotas.
Por otra parte informamos que la base de cálculo tanto los intereses como los seguros y comisiones,
corresponde a la cantidad de días transcurridos entre los vencimientos de cada período las cuales no
siempre son la mismas.”
Que en razón de la documentación aportada como probanza tanto de los dichos por parte del denunciante
como
de
la
firma
denunciada,
consta
a
orden
nº
según
documento
electrónico
IF-2018-01729756-GDEMZA-HABI#MGTYJ, informe de Asesoría Contable de esta Dirección de Defensa
del Consumidor, donde entre otras consideraciones informa que “... el denunciante no fue debidamente
informado con información clara y precisa del monto de la cuota pura, de su composición y del monto de la
cuota total incluyendo gastos financieros…”.
Que a orden nº 28, según PV-2018-02214131-GDEMZA-DDEFCO#MGTYJ, se dispone labrar apertura de
sumario, a la firma Banco Hipotecario Sociedad Anónima, por presunta violación al art. 4º Ley N° 24240.
Siendo fehacientemente notificada según IF-2018-02493429-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden n° 34.
Que a orden nº 30, según IF-2018-02382910-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, la sumariada realiza
presentación luego de la imputación efectuada, donde sólo solicita un plazo de prórroga en razón de que la
institución se encuentra analizando el caso a fin de otorgar una solución definitiva. El mismo se otorga y se
notifica fehacientemente en fecha 04 de septiembre de 2018 según documento electrónico
IF-2018-02819189-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ y al día de la fecha no existe presentación alguna por parte
del Banco Hipotecario S.A.
Que lo que manifiesta la sumariada al momento de tomar conocimiento de la denuncia del Sr. Campagna
Juan Carlos, no resulta suficiente justificativo ante los hechos reclamados y especialmente en cuanto a la
información brindada respecto de los montos de cuotas a abonar, puesto que reconoce que poseen
importes estimativos, relacionados simplemente a la cuota pura, ya que no se pueden determinar cuotas a
futuro, dado que aún no se han devengado los intereses y comisiones.
Que por todo lo expuesto y analizado en las presentes actuaciones más no existir probanza suficiente por
parte de la firma denunciada que le permita desvirtuar la infracción imputada, la misma debe considerarse
probada y firme.
Que el artículo 4° de la Ley Nacional Nº 24.240 dispone que “El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre
gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.”.
Que hay que tener en cuenta que dicho artículo busca proteger al consumidor de manera que el mismo
“conozca con precisión todo aquello cuanto pueda ser capaz de influir sobre su decisión de contratar”
(“Wassington SACIFI c/ Sec. De Comercio e Inversiones – Disp. DNCI .N° 187/97” Causa 6655/97. C.
Nac. Cont. Adm. Fes., sala V, 2/7/97).
Que el deber de información deviene en instrumento de tutela del consentimiento en tanto otorga al
consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de celebrar el contrato.
Que el precepto legal contenido en el mencionado artículo determina claramente las condiciones que
deberá reunir la información al exigirle al empresario que aquella reúna los caracteres de veracidad,
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eficacia y suficiencia.
Que debe tenerse presente que la información, “es menester entenderla dentro del principio de la
transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida
como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una
modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede
advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de
determinada cláusula.”
Que es importante resaltar que “…El fundamento del “deber” está dado por la desigualdad que presupone
que una de las partes se halla informada y la otra desinformada sobre un hecho que gravite o ejerza
influencia sobre el consentimiento de la última, de tal manera que el contrato nunca hubiera llegado a
perfeccionarse o lo habría sido en condiciones más favorables (Conf. Ghestin, J. “Traité de droit civil. Le
contrat formation”, L.D.G.J., París 1988, nº 487, p. 536 citado por Rubén S. Stiglitz, J.A. 30/4/97, pag. 5 y
6) « .
“Astarti SACIFIA c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 1669/97”. Causa nº 7724/98. C. NAC. CONT. ADM.
FED. , Sala I, Licht, Coviello, 23/12/98…”.
Que el derecho a la información adquiere jerarquía constitucional luego de la reforma de 1.994,
expresando el art. 42º de la Carta Magna: “...los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”, y también es consagrada en
nuestro reciente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 1100 donde
expresa “… Información. El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor en forma
cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y
servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el
contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor…”. Por lo tanto no podemos
desconocer este principio elemental en la relación de consumo, para que las elecciones sean fundadas,
racionales y permitan una utilización adecuada del producto o servicio contratado, en protección de los
intereses patrimoniales.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el art. 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes
la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de
la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta
TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación
podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario
de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso
que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad
de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la
autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
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posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que
al
respecto,
cabe
destacar
lo
expuesto
por
la
empresa
en
su
página
web https://www.hipotecario.com.ar/nosotros/ “…A lo largo de nuestra historia hemos otorgado más de 2
millones de créditos para viviendas en todo el país. En los últimos años, nos hemos consolidado como
banca universal con el objetivo de brindar soluciones integrales en materia de crédito, ahorro e inversión
orientadas a familias, empresas y organismos del sector público. A través de una composición accionaria
mixta, potenciamos las fortalezas de los sectores público y privado. Nuestro accionista privado principal es
IRSA Inversiones y Representaciones S.A. una empresa de desarrollo inmobiliario líder en la Argentina.
Banco Hipotecario en números 2.000.000 de hogares argentinos adquiridos con nuestros créditos, 133
años de historia, 62 sucursales en todo el país…”.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, se tiene presente que la denunciada no cumple con el
deber de información. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la
jurisprudencia ha dicho en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los
elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a
ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta
correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/
GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado
28/12/2011.).
Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de haber transcurrido casi 3 años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que atento a lo antes expuesto, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma "BANCO
HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, conforme lo permite la escala legal
correspondiente a la suma Pesos Doscientos Treinta Mil con 00/100 ($ 230.000,00) por la infracción
verificada y analizada.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 4,6 % del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19º de la Ley Nº 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”,
y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser
reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial,
máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art.
47º de la Ley Nº 24.240”.
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Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº
30-50001107-2, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 602, Ciudad, Mendoza y domicilio
electrónico mauricio.ceschin18@gmail.com, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA MIL con 00/100 ($ 230.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo
47º inc. b) de la Ley Nº 24240, por violación al artículo 4º de la Ley Nº 24240.
ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240, Código TAX 017-417, Cod. Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa
del Consumidor, de los boleto originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva ( Cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa
retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la
ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo
establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la
emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y
Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
17/02/2021 (1 Pub.)
