RESOLUCIONES

Resolución Nº 141

Fecha de publicación
17 de febrero de 2021
Fecha de la norma
12 de junio de 2020
Referencia documental
Boletín Nº 31.302 · páginas 25–29
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 141 MENDOZA, 12 DE JUNIO DE 2020 VISTO: El expediente EX-2017-00243961-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “CAMPAGNA JUAN CARLOS C/ BANCO HIPOTECARIO S.A.”, en el cual obran las actuaciones contra la firma “BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 602, Ciudad, Mendoza y domicilio electrónico mauricio.ceschin18@gmail.com, y; CONSIDERANDO: Que a orden nº 4, según IF-2017-00242753-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, presenta denuncia el Sr. Campagna Juan Carlos, DU N° 13.697.402, con domicilio real en B° Arenales M-F C11, Rivadavia, Mendoza, y con domicilio electrónico kevincampagna2017@gmail.com, contra la firma “BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, al solicitar un préstamo personal en la institución bancaria denunciada, por un monto de $ 80,000 (Pesos Ochenta Mil con 00/100), la primera cuota, con vencimiento en mayo de 2017, con un valor de $ 4,874.36. Desde ese momento se empieza a generar diferencia entre el detalle que le dieron en la entrega del préstamo y el de las cuotas a pagar. La segunda que figura en la simulación es de $ 4,863.48 y el banco quiere cobrar una cuota de $5,138.00 y en la 5ta cuota, la simulación es de $ 4,828.73 y al banco les figura $ 5,168.00 y así sucesivamente con variaciones en el resto de las cuotas. Que el Sr. Campagna Juan Carlos efectúa el reclamo n° 15316631 ante el Banco Hipotecario, no quedando satisfecho con la respuesta dada. Que a orden nº 10, según PV-2018-00335731-GDEMZA-SUMA%MGTYJ esta Dirección dispone dar traslado de la denuncia al Banco Hipotecario S.A. para su conocimiento y emplazarlo para que presente propuesta conciliatoria en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 45° de la Ley N° 24.240. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica página 25 de 139 BO-2021-00913486-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Que a orden nº 17, según IF-2018-01458439-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ, rola presentación realizada por la firma denunciada donde manifiesta “…que los datos brindados al momento de la adquisición del Préstamo, registrado en la documentación, poseen importes estimativos, relacionados simplemente a la cuota pura, ya que no se pueden determinar cuotas a futuro, dado que aún no se han devengado los intereses, comisiones y los seguros que se abonan en cada cuota, por este motivo, deberá guiarse, siempre por la chequera de pagos (resumen). Es decir que los importes que se han indicado son meramente informativos para que tenga una base de los montos a pagar, pero éstos no son los montos definitivos de las cuotas. Por otra parte informamos que la base de cálculo tanto los intereses como los seguros y comisiones, corresponde a la cantidad de días transcurridos entre los vencimientos de cada período las cuales no siempre son la mismas.” Que en razón de la documentación aportada como probanza tanto de los dichos por parte del denunciante como de la firma denunciada, consta a orden nº según documento electrónico IF-2018-01729756-GDEMZA-HABI#MGTYJ, informe de Asesoría Contable de esta Dirección de Defensa del Consumidor, donde entre otras consideraciones informa que “... el denunciante no fue debidamente informado con información clara y precisa del monto de la cuota pura, de su composición y del monto de la cuota total incluyendo gastos financieros…”. Que a orden nº 28, según PV-2018-02214131-GDEMZA-DDEFCO#MGTYJ, se dispone labrar apertura de sumario, a la firma Banco Hipotecario Sociedad Anónima, por presunta violación al art. 4º Ley N° 24240. Siendo fehacientemente notificada según IF-2018-02493429-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden n° 34. Que a orden nº 30, según IF-2018-02382910-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, la sumariada realiza presentación luego de la imputación efectuada, donde sólo solicita un plazo de prórroga en razón de que la institución se encuentra analizando el caso a fin de otorgar una solución definitiva. El mismo se otorga y se notifica fehacientemente en fecha 04 de septiembre de 2018 según documento electrónico IF-2018-02819189-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ y al día de la fecha no existe presentación alguna por parte del Banco Hipotecario S.A. Que lo que manifiesta la sumariada al momento de tomar conocimiento de la denuncia del Sr. Campagna Juan Carlos, no resulta suficiente justificativo ante los hechos reclamados y especialmente en cuanto a la información brindada respecto de los montos de cuotas a abonar, puesto que reconoce que poseen importes estimativos, relacionados simplemente a la cuota pura, ya que no se pueden determinar cuotas a futuro, dado que aún no se han devengado los intereses y comisiones. Que por todo lo expuesto y analizado en las presentes actuaciones más no existir probanza suficiente por parte de la firma denunciada que le permita desvirtuar la infracción imputada, la misma debe considerarse probada y firme. Que el artículo 4° de la Ley Nacional Nº 24.240 dispone que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.”. Que hay que tener en cuenta que dicho artículo busca proteger al consumidor de manera que el mismo “conozca con precisión todo aquello cuanto pueda ser capaz de influir sobre su decisión de contratar” (“Wassington SACIFI c/ Sec. De Comercio e Inversiones – Disp. DNCI .N° 187/97” Causa 6655/97. C. Nac. Cont. Adm. Fes., sala V, 2/7/97). Que el deber de información deviene en instrumento de tutela del consentimiento en tanto otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de celebrar el contrato. Que el precepto legal contenido en el mencionado artículo determina claramente las condiciones que deberá reunir la información al exigirle al empresario que aquella reúna los caracteres de veracidad, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-00913486-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 26 de 139 eficacia y suficiencia. Que debe tenerse presente que la información, “es menester entenderla dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de determinada cláusula.” Que es importante resaltar que “…El fundamento del “deber” está dado por la desigualdad que presupone que una de las partes se halla informada y la otra desinformada sobre un hecho que gravite o ejerza influencia sobre el consentimiento de la última, de tal manera que el contrato nunca hubiera llegado a perfeccionarse o lo habría sido en condiciones más favorables (Conf. Ghestin, J. “Traité de droit civil. Le contrat formation”, L.D.G.J., París 1988, nº 487, p. 536 citado por Rubén S. Stiglitz, J.A. 30/4/97, pag. 5 y 6) « . “Astarti SACIFIA c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 1669/97”. Causa nº 7724/98. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala I, Licht, Coviello, 23/12/98…”. Que el derecho a la información adquiere jerarquía constitucional luego de la reforma de 1.994, expresando el art. 42º de la Carta Magna: “...los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”, y también es consagrada en nuestro reciente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 1100 donde expresa “… Información. El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor…”. Por lo tanto no podemos desconocer este principio elemental en la relación de consumo, para que las elecciones sean fundadas, racionales y permitan una utilización adecuada del producto o servicio contratado, en protección de los intereses patrimoniales. Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal, prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que tenga su autor. Que el art. 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-00913486-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 27 de 139 posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Que al respecto, cabe destacar lo expuesto por la empresa en su página web https://www.hipotecario.com.ar/nosotros/ “…A lo largo de nuestra historia hemos otorgado más de 2 millones de créditos para viviendas en todo el país. En los últimos años, nos hemos consolidado como banca universal con el objetivo de brindar soluciones integrales en materia de crédito, ahorro e inversión orientadas a familias, empresas y organismos del sector público. A través de una composición accionaria mixta, potenciamos las fortalezas de los sectores público y privado. Nuestro accionista privado principal es IRSA Inversiones y Representaciones S.A. una empresa de desarrollo inmobiliario líder en la Argentina. Banco Hipotecario en números 2.000.000 de hogares argentinos adquiridos con nuestros créditos, 133 años de historia, 62 sucursales en todo el país…”. Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, se tiene presente que la denunciada no cumple con el deber de información. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha dicho en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.). Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de haber transcurrido casi 3 años desde el hecho objeto del reclamo. Que atento a lo antes expuesto, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma "BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, conforme lo permite la escala legal correspondiente a la suma Pesos Doscientos Treinta Mil con 00/100 ($ 230.000,00) por la infracción verificada y analizada. Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 4,6 % del monto máximo aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina, hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000). Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19º de la Ley Nº 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47º de la Ley Nº 24.240”. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica página 28 de 139 BO-2021-00913486-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-50001107-2, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 602, Ciudad, Mendoza y domicilio electrónico mauricio.ceschin18@gmail.com, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL con 00/100 ($ 230.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24240, por violación al artículo 4º de la Ley Nº 24240. ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 24.240, Código TAX 017-417, Cod. Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, de los boleto originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva ( Cód. 1077 – Boleto emitido por la Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018). ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución. ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 17/02/2021 (1 Pub.)