RESOLUCIONES
Resolución Nº 138
- Fecha de publicación
- 10 de febrero de 2021
- Fecha de la norma
- 4 de junio de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.299 · páginas 28–32
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 138
MENDOZA, 04 DE JUNIO DE 2020
VISTO:
El expediente EX-2018-00263946-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “SUAREZ MARIANA NOELIA
C/ FALABELLA S.A.”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “FALABELLA S A” CUIT Nº
30-65572582-9, con domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 555, Ciudad, Mendoza y domicilio electrónico
en mterranovadalera@gmail.com, y;
CONSIDERANDO:
Que conforme orden nº 4, documento IF-2018-00327170-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, rola denuncia
presentada por Suarez Mariana Noelia, DU Nº 28.690.410, con domicilio en calle Tabanera N° 2673,
Ciudad, Mendoza y domicilio electrónico suarezmn@hotmail.com, contra la firma “FALABELLA S A” CUIT
Nº 30-65572582-9, en virtud de no haber hecho efectiva la oferta realizada por internet, ya que la
denunciante intenta en varias oportunidades comprar el producto ofertado a través del mismo medio y el
sistema no le permite finalizar la compra.
Que a orden nº 3, según IF-2018-00327389-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, la Sra. Suarez aporta pruebas
de lo manifestado en su reclamo.
Que a orden nº 7, conforme PV-2018-00640726-GDEMZASUMA#MGTYJ, se dispone dar traslado de la
denuncia a la firma FALABELLA S A” CUIT Nº 30-65572582-9 a fin de que tome conocimiento del reclamo
de la Sra. Suarez y presente propuesta conciliatoria.
Que a orden nº 10, IF-2018-01186081-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ, la denunciada presenta descargo donde
manifiesta “…en lo que respecta al reclamo del denunciante. En tal sentido mi mandante me ha instruido
para rechazar totalmente las pretensiones de la denunciante. De acuerdo a lo expresado en la denuncia, la
operación nunca se concretó, por lo que no llegó a configurarse relación contractual alguna entre la
denunciante y Falabella S.A.. Por lo demás, la imposibilidad de concretar la operación se debe a una
contingencia involuntaria e insuperable, como es la existencia de fallas sistémicas en la página web de
Falabella S.A. al tiempo en que la denunciante pretendía realizar la compra. De todo lo expuesto puede
extraerse que no existe incumplimiento o responsabilidad alguna que pueda serle atribuida a Falabella
S.A.”.
Que a orden nº 14, según PV-2018-01473216-GDEMZADDEFCO#MGTYJ, se dispone imputar infracción
por presunta violación del art. 7° de la Ley Nº 24.240, al no dar cumplimiento a la oferta objeto del
reclamo,
siendo
fehacientemente
notificada,
en
fecha
de
enero
de
2019,
según
IF-2019-00426930-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden n° 18.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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Que al día de la fecha la firma sumariada no presenta descargo alguno ni ofrece pruebas que permitan
desvirtuar la imputación que pesa en su contra.
Que el artículo 7º de la Ley N° 24240 establece que “La oferta dirigida a consumidores potenciales
indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha
precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones... La
no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta ...”, pasible de
las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley”.
Que además de la normativa citada, es importante destacar, también, que la oferta y publicidad de los
bienes y servicios está estrechamente vinculada con el derecho a la información cierta, clara y detallada de
todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios y las condiciones de
comercialización. Dicho principio tiene jerarquía constitucional, en el art. 42° de la CN que dice: “...Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo... a una información
adecuada y veraz, a la libertad de elección...” . Prestigiosa doctrina nacional ha dicho en este aspecto que
“la exigencia informativa propende a la custodia del equilibrio en la relación.” (Ricardo Luis Lorenzetti,
Gustavo Juan Schotz, Defensa del Consumidor, Ed Abaco de Rodolfo Depalma).
Que también debe considerarse que para el ejercicio del poder de policía propio de la autoridad
administrativa no es necesaria la existencia de un perjuicio concreto o de un particular damnificado, sino el
incumplimiento de las obligaciones que la Ley N° 24.240 impone.
Que es de suma importancia destacar el hecho de que la firma denunciada, a través de la publicidad
realizada en la Web, logra una finalidad clara, tal como es generar venta de sus productos o atraer
clientela a su local comercial.
Que respecto a lo expresado en su descargo, no constituye suficiente justificativo ante los hechos
denunciados, ni la conducta desarrollada por la firma, pues quien utiliza un medio electrónico para
comercializar sus productos, asume un riesgo comercial, y también se ve beneficiado con él, por lo tanto
debe asumir también las responsabilidades que le tocan en caso de incumplimiento. No se cuestiona en
modo alguno la libertad deelección del método que mejor estime el comerciante para comercializar
productos y captar clientela, lo que sí se cuestiona, y se sanciona por la Ley N° 24.240, es cuando ese
método conlleva engaños basados en la falta de efectivización de la oferta. La sanción a tal conducta
prevista por el artículo citado supra es una manera de evitar que se ofrezcan condiciones muy ventajosas
que luego no se configuran en la realidad.
Que ha quedado ampliamente acreditado en autos, a través de la publicación de la oferta del producto, el
resumen de su orden de compra emitida por la empresa, la constancia de que el problema se circunscribía
a “problemas de envío” y constancias del chat entre la denunciante y personal de la firma denunciada, a
los fines de solucionar el inconvenientes que ha existido, en los términos del art. 7° in fine, una restricción
injustificada de venta al no haber efectivizado la oferta publicada.
Que por la imputación efectuada, no obstante que la misma se encuentra notificada, no se presenta
descargo alguno, por lo tanto no existen hechos, ni prueba alguna que permita desvirtuar la mencionada
infracción.
Que el art. 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes
la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de
la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta
TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación
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podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario
de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso
que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad
de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la
autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. posición en el mercado del infractor, la
cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios
sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias
relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que
al
respecto,
cabe
destacar
lo
expuesto
la
empresa
en
su
página
web
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Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no cumple
con la oferta denunciada en autos conforme lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24.240, lo que resulta
en un incumplimiento de la oferta que pretendiera adquirir la denunciante.
Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia dice en
cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora
de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni
que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº
2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE
DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –
SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
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Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor habiendo transcurrido dos años y medio
desde el hecho objeto del reclamo.
Que también se valora el informe del Registro de Infracciones y Antecedentes realizado por la Dirección de
Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma “FALABELLA S A” CUIT Nº 30-65572582-9,
presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa consumeril (ver orden nº 23 y 24).
Que atento a lo antes expuesto, se considera razonable imponer por la infracción verificada y analizada,
una sanción de multa a la firma “FALABELLA S A” CUIT Nº 30-65572582-9, por la suma de Pesos
Cincuenta Mil con 00/100 ($50.000,00).
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 1% del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19° de la Ley N° 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había
solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no
ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro
comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto
en el art. 47° de la Ley N° 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “FALABELLA S A” CUIT Nº 30-65572582-9, con domicilio legal en
calle 25 de Mayo Nº 555, Ciudad, Mendoza y domicilio electrónico en mterranovadalera@gmail.com, la
sanción de multa consistente en el pago de PESOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($50.000,00) de
conformidad con lo prescripto en el artículo 47° inc b) de la Ley N° 24.240, por violación del artículo 7º del
mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240, Código TAX 017-417, Cod. Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa
del Consumidor, de los boleto originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva ( Cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa
retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la
ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo
establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la
emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y
Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
10/02/2021 (1 Pub.)
