RESOLUCIONES
Resolución Nº 172
- Fecha de publicación
- 3 de febrero de 2021
- Fecha de la norma
- 30 de julio de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.294 · páginas 25–31
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 172
MENDOZA, 30 DE JULIO DE 2020
VISTO:
El expediente EX-2018-03281711-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, caratulado “Acta C 3156 Banco Macro
Sociedad Anónima” en el cual obran las actuaciones contra “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA”
CUIT Nº 30-50001008-4, con domicilio en calle 9 de Julio nº 1401, Ciudad, Mendoza y con domicilio legal
en calle Sarmiento nº 447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 3, según documento electrónico ACTA-2018-01972176-GDEMZA-INSPE%MGTYJ, rola
Acta de Inspección serie “C” Nº 3156 de fecha 12 de Julio de 2018 contra “BANCO MACRO SOCIEDAD
ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, por no exhibir Libro de Quejas debidamente rubricado por esta
Dirección de Defensa del Consumidor (Resolución Nº 13/2014).
Que a orden nº 5, mediante documento electrónico INLEG-2018-02021763-GDEMZA-MESAYAS%MGTYJ
la firma infraccionada presenta descargo. En el mismo señala que el Banco Central de la República
Argentina crea la “Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros”, y por medio de
su Comunicación “A” 5388 y modificatorias, dispone una serie de obligaciones para las entidades
financieras con el objeto de mejorar sus relaciones con los usuarios. En la Sección Tercera se establecen
diversas pautas respecto del servicio de atención a los usuarios de servicios financieros, tales como la
designación de un responsable de atención de los mismos y la obligación de establecer un procedimiento
específico para la atención de las consultas y reclamos.
Que dicha normativa establece que se debe asentar en una base de datos única y centralizada todas las
presentaciones (consultas o reclamos) recibidas de los usuarios de servicios financieros,
independientemente del medio a través del cual fueron canalizadas y de la casa receptora, en un Registro
Centralizado de Consultas y Reclamos, a los cuales se debe asignar un número correlativo.
Que la norma establece que el cliente tiene derecho a efectuar el seguimiento de su presentación, con el
deber de informarle el estado del trámite cada vez que lo requiera. También habilita a que el cliente
efectúe la denuncia ante el B.C.R.A. y que toda consulta o reclamo sea, en términos generales, resuelto
dentro del plazo máximo de 20 días hábiles.
Que es en función de dicha normativa que el Banco Macro instala un registro centralizado de consultas y
reclamos, asignando a cada usuario un número correlativo, con fecha de inicio del reclamo e informando el
plazo estimado de resolución.
Que manifiesta que a través de la normativa provincial se pretende imponer un procedimiento
administrativo de recepción y solución de reclamos que difiere ostensiblemente del que determina el
B.C.R.A. para todas las entidades bancarias del país. Por lo que esa incongruencia se debe resolver
dando prioridad a la normativa emitida por el B.C.R.A., órgano de contralor de las entidades financieras.
Que razones de jerarquía constitucional de normas abonan dicha posición.
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Que invoca la competencia exclusiva y excluyente del B.C.R.A. alegando que es el único organismo al que
le compete ejercer el poder de policía en materia bancaria, en virtud de un régimen legal específico y de
jerarquía constitucional superior a cualquier norma provincial.
Que dicho poder de policía se le confiere al B.C.R.A. por medio de la Ley Nº 21.526 de Entidades
Financieras.
Que el Acta de Inspección nº 3156 contiene un vicio, en el caso la incompetencia del Organismo, que
nulifica cualquier intento de la Administración local de avanzar sobre la cuestión referida. Señala que están
adheridos voluntariamente al Código de Prácticas Bancarias que regula y define prácticas de transparencia
respecto de la información brindada a los clientes. Que la incongruencia de normas debe resolverse dando
preeminencia a la normativa que emana del B.C.R.A. Que en la causa “Banco de la Nación Argentina c.
Programa de Defensa del Consumidor, Comercio y Cooperativas de la Provincia de San Luis s/ apelación
24.240”, la Corte Suprema de la Nación Argentina resuelve un problema de competencia en favor del
B.C.R.A., como autoridad de aplicación del poder de policía de las entidades financieras, en detrimento de
los tribunales administrativos de defensa del consumidor. Que el fallo sostiene que “La ley de entidades
financieras 21.526 establece que el B.C.R.A. ejerce la fiscalización de las entidades en ellas comprendidas
y que la intervención de cualquiera otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación
con las disposiciones de la presente ley.” Que el B.C.R.A. es el órgano fiscalizador del funcionamiento de
las entidades financieras, siendo tal misión indelegable y excluyente. Que es, por lo tanto, el órgano
competente entre otras cosas para aplicar la ley de defensa del consumidor, si correspondiese, a las
entidades bajo su control.
En razón de lo expuesto, solicita se deje sin efecto el Acta de Infracción y se proceda al archivo de las
actuaciones.
Que la Resolución Nº 13/2014 dictada por la Dirección de Defensa del Consumidor se encuentra vigente
desde el día 15/10/2014.
Que el artículo 5º de la Resolución Nº 13/2014 consagra que “Los obligados, comprendidos en el Artículo
I, deberán habilitar un "Libro de Quejas. Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios
podrán asentar sus reclamos...”.
Que por su parte, el artículo 7º de la Resolución mencionada dispone que “El Libro de Quejas deberá ser
habilitado anualmente por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la foliatura de sus
hojas y la rúbrica del Director de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última hoja del mismo con
indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley Impositiva del año en
curso...”.
Que también es importante remarcar la obligación de exhibición que impone el artículo 8º de la Resolución
referida al disponer que “El Libro de Quejas. Defensa del Consumidor´ deberá encontrarse siempre en
lugar visible para el público en general en el sector de Atención al Cliente, en caso de ausencia por
espacio del sector específico, siempre sobre el mostrador de atención y debidamente señalizado dentro del
local comercial.”
Que al momento de confeccionar el Acta de Infracción, el cumplimiento de la Resolución Nº 13/2014 era
obligatoria hace tres años y medio.
Que es importante señalar que la Resolución Nº 13/2014 D.D.C. se reemplaza por la Resolución Nº
05/2019 D.D.C. Esta última Resolución entró en vigencia en fecha 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019).
Que por su parte, el art. 4º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C., a semejanza del viejo art. 5º de la Res. Nº
13/2014 D.D.C., dispone que “Los obligados, comprendidos en el Artículo 1, deberán habilitar un "Libro de
Quejas de Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios podrán asentar sus reclamos. El
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Libro de Quejas es un instrumento público de esta Dirección. Dicho libro deberá ser uno de los
denominados artículos de librería conocidos como ''Libro de Actas"…”.
Que el art. 6º de la Res. Nº 05/2019, a semejanza del viejo art. 7º de la Res. Nº 13/2014 D.D.C., consagra
que “El Libro de Quejas deberá ser habilitado por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de
la foliatura de sus hojas y la rúbrica del/la Director/a de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última
hoja del mismo con indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley
Impositiva del año en curso. La nueva homologación corresponderá una vez agotadas todas las hojas del
“Libro de Quejas de Defensa del Consumidor”…”.
Que por otro lado, el art. 8º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C. dispone que “El Libro de Quejas de Defensa del
Consumidor deberá encontrarse siempre en lugar visible para el público en general en el sector de
Atención al Cliente. En caso de que el espacio del sector específico sea escaso, el Libro de Quejas deberá
encontrarse siempre sobre el mostrador de atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.”
Que de la consulta practicada en nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar) surge que la
firma Banco Macro S.A. nunca tramita el Libro de Quejas correspondiente para la sucursal en cuestión.
Que respecto al planteo realizado por “Banco Macro S.A.”, el mismo resulta improcedente.
Que el artículo 3º de la Ley Nº 24.240, incorporado por Ley Nº 26.361, señala en su último párrafo “las
relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio
de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.” El vínculo jurídico existente entre el usuario de servicios financieros y un Banco, que es un
prestador de servicios financieros, es una típica relación de consumo. El prestador, consecuentemente,
posee el carácter de proveedor en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 24.240.
Que la doctrina señala que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el
mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir
en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean
en lo que damos en llamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros,
turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines
determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos.
Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos,
una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de
cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su
funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas
normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna
cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo
caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica
renovación productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción
de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los
países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus
derechos subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la
sociedad le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su
conjunto por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos
por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de
sanciones contra los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo
limita los derechos individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular
-un consumo transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo
institucional para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa
sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro
en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice
que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin
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perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esta alcanzado asimismo por otra normativa
específica.”
Que como se advierte, la mencionada Ley no establece que las normas generales y especiales se integran
con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico
que así sea pues, como se dijo, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación
de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos,
principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley Nº 26.361).
Que la mencionada reforma implica que, por más que la actividad del proveedor se encuentre regulada por
otra normativa específica, la relación de consumo se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley
Nº 24240. De esta manera, en el caso de marras, si bien es correcto que existe normativa específica que
regula la actividad del proveedor (Banco Macro), en lo atinente a la relación de consumo se aplica la Ley
Nacional Nº 24.240 y la Ley Provincial Nº 5547. Pretender extender la fiscalización del Banco Central de la
República Argentina a aspectos vinculados con la protección de los derechos de los consumidores implica
contradecir lo establecido por la misma Ley de Entidades Financieras, que establece la fiscalización por el
Banco Central pero permitiendo la intervención de cualquier otra autoridad en los aspectos que no tengan
relación con las disposiciones de dicha Ley.
Que a su vez el artículo 41º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaría
de Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”
Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento
dictó el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos Nº 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los
Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor
consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias
(Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor) modificatorias y
complementarias.”
Que resulta claro que la Resolución Nº 13/2014 D.D.C., en su momento, y la Resolución Nº 05/2019
D.D.C., a partir de comienzos del año 2019, son normas complementarias dictadas por esta Autoridad de
Aplicación.
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley Nº 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por
ejemplo el caso del artículo 63º (contrato de transporte aéreo).
Que en lo que concierne a la superposición de normas que regulan diferentes procedimientos de registro y
tratamiento de las quejas de los usuarios del sistema financiero, es importante decir que el artículo 9º de la
Resolución Nº 05/2019 D.D.C. dispone, en su parte pertinente, que “La existencia de otras formas o
procedimientos de reclamos, denuncias o quejas dispuesto por partes de otros organismos públicos, sean
reguladores, nacionales, provinciales o municipales o por procedimientos internos de la empresa o de los
obligados por mecanismos de responsabilidad social empresaria o por la actividad regulatoria a la que
están sometidos, nunca podrán ser justificativos que puedan usarse como fundamento para no cumplir con
la presente reglamentación. El incumplimiento del presente por parte del obligado acarreará sanción.”
Que también se encuentra tratado el tema de la superposición en el artículo 1º de la Resolución Nº
05/2019 D.D.C. Dicha norma dispone que “Quedan obligadas al cumplimiento de esta resolución toda
persona humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que reúna las características necesarias para
ser considerada proveedor, en los términos del art. 2º de la Ley Nacional Nº 24.240 y del art. 4º de la Ley
Provincial Nº 5.547, y que desarrolle de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades que
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impliquen la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, dentro del
territorio de la Provincia de Mendoza. Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta Resolución todos
aquellos proveedores que se encuentren obligados por otros órganos de contralor, nacionales, provinciales
o municipales, a llevar otro tipo de sistemas para tratar las quejas o reclamos, siempre que se hubiere
suscripto un convenio en tal sentido entre dichos Organismos de Control y esta Dirección provincial de
Defensa del Consumidor. Mientras dichos convenios no existan, la Dirección de Defensa del Consumidor
válidamente podrá exigir a dichos comerciantes el Libro de Quejas de esta Dirección y aplicar la totalidad
de las regulaciones previstas en la presente norma.”
Que a raíz de lo expuesto, es importante señalar que no se firma Convenio alguno en este sentido entre la
Dirección de Defensa del Consumidor (Gobierno de Mendoza) y el B.C.R.A.
Que es relevante destacar que la totalidad de los Bancos (públicos y privados) que operan en la provincia
de Mendoza, a excepción de “Banco Macro S.A.”, cuentan con el Libro de Quejas que exige esta
Dirección. Dicho dato surge de nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar).
Que ello implica que la totalidad de los Bancos, excepto el “Banco Macro S.A.”, compatibilizan los dos
sistemas de recepción y tratamiento de reclamos de sus usuarios. Recuérdese que es posible volcar los
reclamos que se asientan en el Libro de Quejas, que exige esta Dirección, en el sistema informatizado que
exige el B.C.R.A. Ello sin perjuicio de señalar la función probatoria que le asigna la Res. Nº 05/2019 D.D.C.
(y antes la Res. Nº 13/2014 D.D.C.) a las quejas registradas en los Libros de Quejas (ver art. 11º Res. Nº
05/2019 D.D.C.). Allí se consagra que los hechos asentados en los Libros constituyen una presunción
“iuris tantum" sobre la veracidad de la existencia de los mismos. De tal forma, se invertirá la carga de la
prueba, recayendo sobre la empresa, comercio o proveedor la obligación de demostrar y probar la falta de
veracidad de los dichos del consumidor. Es decir, la presunción mencionada constituye un estándar
notoriamente superior, que beneficia al consumidor, que el sistema de registro de quejas instaurado por el
B.C.R.A.
Que por todo lo expuesto no corresponde hacer lugar al planteo esgrimido por “Banco Macro S.A.”,
quedando alcanzado por las exigencias de la Resolución Nº 05/2019 D.D.C.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que configurada la imputación, se tiene en cuenta lo establecido en el Artículo 13º de la Res. 5/2019
establece que “El incumplimiento formal de alguna de las obligaciones establecidas en la presente
Resolución, por parte de los obligados comprendidos en el Artículo 1º, se sancionará con alguna de las
penas previstas en el art. 57º de la Ley Provincial Nº 5547, sin perjuicio de contemplar los atenuantes y
agravantes correspondientes, previstos en la Ley Provincial Nº 5.547 y en la Ley Nacional Nº 24.240, a
efectos de graduar la sanción a aplicar.”
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 9212, Art. 10º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…3) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa aplicada.”
Que por su parte, el artículo 57º de la Ley Nº 5547 indica que "Las infracciones a la presente ley serán
reprimidas con las siguientes penas: a) Clausura temporal o definitiva, dispuesta por la autoridad de
aplicación, en los casos y conforme a las disposiciones legales vigentes. b) Las multas que fije,
anualmente, la Ley Impositiva provincial. c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Suspensión del servicio afectado por un plazo de treinta (30) días. e) caducidad de la
concesión del servicio o revocación de la autorización para la utilización de bienes o del espacio aéreo del
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estado provincial o municipal. f) inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la actividad. g)
suspensión de hasta cinco (5) años en el registro de proveedores del estado. h) publicación de la
resolución sancionatoria a costa del infractor. i) apercibimiento.".
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos,
pudiendo ser definida la posición de mercado como el lugar que ocupa una empresa, marca o producto en
un mercado determinado en función de determinados datos cuantificables, auditables y objetivos
(facturación, ventas, o, si trata de una web, número de visitas o páginas vistas, por ejemplo), frente al resto
de empresas, marcas o productos de la misma categoría, en un espacio geográfico concreto, y durante un
período de tiempo determinado. Que “Banco Macro” se encuentra hace más de 30 años en la Argentina, y
observando la expansión en todo el territorio, conforme a lo expresado en su propia página de internet, al
decir: “Somos el banco privado con la mayor red de sucursales a lo largo del país, posicionándonos como
el número uno de los Bancos Nacionales de Capitales Privados (*). El grupo cuenta con 9028 empleados,
1485 cajeros automáticos, 934 terminales de autoservicio y una estructura de 506 puntos de atención.)",
puede afirmarse una consolidada posición en el mercado.
Que además debe tenerse en cuenta que, no obstante el tiempo transcurrido, la sumariada no inicia los
trámites previstos para la Rúbrica del Libro de Quejas.
Que por el incumplimiento de la normativa en cuestión, resulta razonable imponer a “BANCO MACRO
SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, la sanción de multa conforme lo permite la escala legal
correspondiente, equivalente a Pesos Veinticinco Mil con 00/100 ($ 25.000,00), por la infracción verificada
y analizada.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0.4 % del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 6.000.000), y que
dentro de la escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19º de la Ley Nº 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”,
y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser
reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial,
máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art.
47º de la Ley Nº 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO,
LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, con
domicilio legal en calle Sarmiento nº 447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de multa
consistente en el pago de PESOS VEINTICINCO MIL con 00/100 ($ 25.000,00) de conformidad con lo
prescripto en el artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5547, por violación de los artículos 4º, 6º y 8º de la
Resolución 05/2019 de esta Dirección de Defensa del Consumidor.
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ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 5.547- COD. TAX 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva ( Cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor, según protocolo Covid-19). El recurso de revocatoria junto a la
correspondiente tasa retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso
no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa
dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se
procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal
Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
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