RESOLUCIONES

Resolución Nº 275

Fecha de publicación
8 de enero de 2021
Fecha de la norma
8 de octubre de 2020
Referencia documental
Boletín Nº 31.276 · páginas 44–48
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 275 MENDOZA, 8 DE OCTUBRE DE 2020 VISTO: El expediente EX-2019-00825275-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, caratulado "Acta C 3886 Millán S.A.", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “MILLAN S A”, CUIT 33-50385092-9, con nombre de fantasía “Átomo”, con domicilio comercial en calle Belgrano n° 155, Lavalle, Mendoza y domicilio legal en calle Av. Mitre nº 659, 1º piso, Oficina 1, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a orden nº 3, según documento electrónico (en adelante D.E.) ACTA-2019-00822310-GDEMZA- INSPE#MGTYJ, rola Acta de Infracción serie “C” nº 3886, de fecha 19 de febrero de 2019, contra la firma “MILLAN S A”, CUIT 33-50385092-9, al constatar la existencia de productos exibidos con fecha de vencimiento expirada, que a continuación se detallan: dos (2) unidades de Papas fritas marca Lays, por 150 gramos cada una, con vencimiento el 17/02/2019, tres (3) unidades de Palitos de Maíz marca Manisur, por 200 gramos cada una, con vencimiento 30/01/2019, por lo que se imputa infracción al artículo 3° del Decreto 3492/91 concordante con el artículo 9° de la Ley N° 5547. En el acta se deja constancia de que se adjuntan cinco (5) fotos. Que a orden n° 4, mediante D.E. IF-2019-00822508-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, se adjuntan las cinco (5) fotografías mencionadas en acta. En las mismas se observa con claridad los productos detallados y sus fechas de vencimiento. Que cabe aclarar que en lo que respecta a las tres (3) unidades de Palitos de Maíz marca Manisur x 200 gramos cada una, en realidad el vencimiento acaeció el día 19/01/2019, ya que en el envase se lee lo siguiente: “Lapso de aptitud: 180 días a partir de la fecha de elaboración" (envasado: 19/07/18). Es decir que el vencimiento es once (11) días anterior al señalado acta (30/01/2019). Que a orden nº 6, según D.E. INLEG-2019-00963145-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, obra descargo presentado por la infraccionada donde señala que, “…Respecto al Acta de marras, los inspectores actuaron con arbitrariedad manifiesta, en notable incumplimiento de los arts. 38 y 39 de la Ley 9003. En primer lugar, vuestra Dirección sanciona a la empresa que represento, sin valorar razonablemente las circunstancias de hecho y de derecho, ni los extremos reseñados al momento de la inspección por el Encargado de la Sucursal. Éste le refirió al inspector que esos productos habían sido traídos a la sucursal Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-00128673-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 44 de 89 recientemente por la Distribuidora encargada de las ventas de los mismos, por lo que no es responsabilidad de nuestra empresa que posean esa fecha de vencimiento impresa, y que con tan solo efectivizar una Toma de Muestra de los productos intervenidos que como corresponde, saldría a la LUZ QUE SON APTOS O NO PARA EL CONSUMO, POR LO QUE NO DEBERÍA INFRACCIONARSE A MILLAN S.A. SIN ANTES EFECTIVIZAR ESTA MEDIDA. Sin embargo, y amén de lo expuesto, el inspector decidió labrar el acta de todos modos, sin cumplir previamente con el requisito indispensable: el que determina la APTITUD DEL PRODUCTO PARA SER CONSUMIDO, y que daría a nuestra defensa esgrimida, la más absoluta razón. Pese a todo lo relatado supra, el inspector decidió, arbitrariamente, cercenar nuestro derecho de defensa e infraccionar sin más, SIN EFECTIVIZAR LA MEDIDA PREVIA NECESARIA PARA DETERMINAR QUE LOS PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ESTABAN VENCIDOS, O QUE SE TRATABA, COMO ES LA REALIDAD DE LOS HECHOS, DE UN SIMPLE ERROR DE IMPRESIÓN. No aplicó ni por atisbo la Razonabilidad que le exige el actuar de un agente estatal en el procedimiento administrativo llevado a cabo. Para finalizar este punto reseñaremos lo sostenido por el célebre conteo en la materia administrativa, Agustín Gordillo, en su obra “EL ACTO ADMINISTRATIVO”, y los comentarios efectivizados al articulado de la Ley 3909 de Procedimiento Administrativo por Petra Recabarren y Sarmiento García: “Por más que el funcionario tenga para actuar un margen de discrecionalidad, eso no significa que pueda comportarse arbitrariamente. Toda actividad administrativa debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos. Cuando el funcionario, por ejemplo, no se atiene parar resolver a los hechos acreditados en el expediente, o se funda en pruebas inexistentes, actúa violando la razonabilidad. No es apreciación privativa de la administración desconocer ni omitir lo que la realidad exhibe y denuncia en forma manifiesta. La misma irregularidad se repetirá si agrega un elemento o hecho que la realidad demuestra que no existe o está ausente. No es patrimonio de la administración pública declarar la existencia de aquello que no existe o declarar la inexistencia de un hecho, cosa o conducta que se presenta como objeto real y vigente. La discrecionalidad administrativa no tiene el privilegio de destruir u ocultar le realidad”. Por lo expuesto, solicito que se declare la nulidad del acta de infracción, por incumplimiento de los arts. 38 y 39 de la Ley 9003, y por haberse actuado con notable arbitrariedad y desviación de poder. Todo según las razones en Punto III- de este Descargo. Y en el hipotético caso de que así no lo considerase, sancione sin más con el Decomiso ya efectivizado en el mismo acto de los productos infraccionados...”. Que en lo que respecta a la existencia de productos vencidos, el artículo 9º de la Ley N° 5.547 dispone que “Los bienes perecederos y los durables, las sustancias y energías cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores y usuarios, deberán comercializarse con los adecuados mecanismos de seguridad. En el caso de los productos alimenticios, cosméticos o fármacos destinados al consumo humano, que tengan vencimiento, deberán ser comercializados con la fecha de envase y de caducidad puestos en el etiquetado, así como la publicidad de los componentes de cada producto.” Que por su parte, el artículo 3º del Decreto N° 3492/91, reglamentario del artículo 9º de la Ley N° 5.547, dispone que “Toda persona que intervenga en la comercialización de productos que posean fecha de vencimiento, deberán controlar los mismos, a efectos de retirarlos de la venta o exposición una vez acaecido el vencimiento. En caso contrario y por su sola exhibición para la venta serán pasibles de las sanciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Nº 5.547.” Que de la constatación realizada en el Acta de Infracción n° 3886, más las cinco (5) fotografías que se adjuntan, permiten concluir que la infracción se encuentra configurada. Es importante destacar que al observar las fotografías se corrobora con facilidad cuáles son los productos y las fechas de vencimiento de los mismos. Dichos productos fotografiados coinciden con los detallados en las Actas de Infracción, haciendo plena fe de las circunstancias constatadas por los inspectores. Que es importante señalar que para que se configure la infracción basta la sola exhibición para la venta de un producto alimenticio que se encuentre vencido. De ninguna manera la norma exige que se realice un procedimiento científico que permita determinar la aptitud del producto para ser consumido. Es por ello que el planteo de nulidad articulado debe ser rechazado de plano ya que no se advierte ninguna irrazonabilidad Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-00128673-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 45 de 89 en el actuar de los inspectores. Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal, prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que tenga su autor. Que el artículo 57º de la Ley Nº 5.547, indica que "Las infracciones a la presente ley serán reprimidas con las siguientes penas: a) Clausura temporal o definitiva, dispuesta por la autoridad de aplicación, en los casos y conforme a las disposiciones legales vigentes. b) Las multas que fije, anualmente, la Ley Impositiva provincial. c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Suspensión del servicio afectado por un plazo de treinta (30) días. e) caducidad de la concesión del servicio o revocación de la autorización para la utilización de bienes o del espacio aéreo del estado provincial o municipal. f) inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la actividad. g) suspensión de hasta cinco (5) años en el registro de proveedores del estado. h) publicación de la resolución sancionatoria a costa del infractor. i) apercibimiento.". Que el Artículo 10º de la Ley Impositiva Nº 9212 (inc b) Ley 5547), indica: “…3) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde 3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4. Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa” Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar respecto a la no exhibición del libro de quejas, se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 59º de la Ley Nº 5.547 que dispone que “En la aplicación y graduación de las multas será tenido en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. b) El número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.” Qué asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley N° 5547, se tienen en cuenta los criterios de graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, el riesgo para la salud al que se ha expuesto a los consumidores al tener productos para la venta cuyas fechas de vencimiento se encontraban cumplidas. Esta negligencia merece ser sancionada con rigurosidad a fin de que el comercio infraccionado arbitre, a futuro, las medidas que correspondan con el objeto de evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Como así también la privilegiada posición de la sumariada en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Al respecto téngase en cuenta lo expuesto por la firma en su página web http://www.grupomillan.com.ar/ , según la cual “Somos una empresa Mendocina que comenzó en el año 1969, de la mano de José Jesús Millán (p). Nuestra cadena de supermercados cuenta con 116 sucursales ubicadas en Mendoza, San Juan, San Luis y Rio IV Córdoba, situadas en puntos estratégicos y donde más hacemos falta. Contamos con elaboración propia de panificados, productos frescos, productos para celiacos, aceites y nuestro importante frigorífico Millán” Que al respecto cabe destacar la dimensión de la firma, y que los alimentos comercializados con fecha expirada como en el caso de marras, pueden afectar a una gran cantidad de consumidores conforme a la cantidad de sucursales y clientes que posee la misma. Que se comparte el criterio de tolerancia cero cuando existe riesgo para la salud e integridad psicofísica de los consumidores. Tal criterio ha sido expuesto por la jurisprudencia (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común De Tucumán, Sala II ” Esteban, Noelia E. c. Cervecería y Maltería Quilmes S. A. I. C. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-00128673-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 46 de 89 A.G. s/ daños y perjuicios – 27/07/2017 publicado en http://www.informacionlegal.com.ar; cita online: AR/JUR/44604/2017 ): :. Compartimos con Demetrio Alejandro Chamatrópulos el criterio según el cual, cuando se trata de la salud de los consumidores, esto es, cuando está en juego la integridad psicofísica y la vida misma de las personas, la valoración de la conducta del proveedor o empresario no admite tolerancia, pues, la importancia de los bienes e intereses comprometidos no deja margen para el más mínimo error. Así, determinadas actividades, como la fabricación, envasado, distribución y comercialización de productos alimenticios —alimentos y bebidas— o medicamentos destinados al consumo humano, exigen del proveedor empresario una máxima diligencia, la cual debe ser apreciada en los términos del art. 1725 del Cód.Civ.yCom. (art. 902, Cód. Civil): “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias” (cfr.Chamatrópulos, Demetrio Alejandro, Daños punitivos sí, daños punitivos no., LA LEY 2012-C, 63, AR/DOC/2047/2012). Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma “MILLAN S A”, CUIT 33-50385092-9, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Veinte Mil Con 00/100 ($ 20.000,00.-), por la infracción verificada y analizada. Que no obstante ello, se considera el informe del Registro de Antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor obrante a orden n° 12, conforme D.E IF-2020-04684524-GDEMZA- HABI%MGTYJ, donde se visualiza que la firma "“MILLAN S A ”, CUIT 33-50385092-9, presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa consumeril, corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta por la infracción verificada en autos ($ 20.000,00.-), conforme lo establece el Artículo 10º de la Ley Impositiva Nº 9112 según el cual “La reincidencia duplicará el monto de la multa (...)”, quedando la sanción de multa conforme lo permite la escala legal correspondiente, equivalente a Pesos Cuarenta Mil Con 00/100 ($ 40.000,00.-), por la infracción verificada y analizada. Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0,66 % del monto máximo aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina, hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 6.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE. Que no puede desconocerse, que las consecuencias que pueden derivar de la ingesta de un producto en mal estado debe ser juzgada con severidad tal como sostiene la doctrina y la jurisprudencia. Es que en cuestiones donde puede hallarse comprometida la salud, el criterio a adoptarse tendría que ser de “tolerancia cero” (CNCom; Sala, B in re, “Raspo Miguel Ángel y otros c. Swiss Medical S.A. s/ ordinario” del 02/06/2015). Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B Barrera, Jorge Ramón c. Coto Centro Integral de Comercialización S.A. s/ ordinario – 10/03/2016 publicado en http://www.informacionlegal.com.ar cita Online:AR/JUR/13494/2016). Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “MILLAN S A”, CUIT 33-50385092-9, con nombre de fantasía “Átomo”, con domicilio legal en calle Av. Mitre nº 659, 1º piso, Oficina 1, Ciudad, Mendoza, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5547, por violación del artículo 3º del Decreto Nº 3492/91 concordante con el artículo 9° de la Ley N° 5.547. ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 5.547- COD.TAX 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2021-00128673-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 47 de 89 ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, de los boleto originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva ( Cód. 1077 – Boleto emitido por la Dirección de Defensa del Consumidor, según Protocolo Covid-19). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, debe ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018). ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente Resolución. ARTICULO 9º- ARCHIVAR la presente Resolución. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 08/01/2021 (1 Pub.)