RESOLUCIONES
Resolución Nº 235
- Fecha de publicación
- 8 de enero de 2021
- Fecha de la norma
- 11 de diciembre de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.276 · páginas 29–34
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 235
MENDOZA, 11 DE DICIEMBRE DE 2019
VISTO:
El expediente EX-2019-03116752-GDEMZA-INSPE#MGTYJ caratulado “ACTA C 4313 BANCO MACRO
S.A.” en el cual obran las actuaciones contra “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº
30-50001008-4, con domicilio en San Martin Nº 317, Las Heras, Mendoza y con domicilio legal en Avenida
Eduardo Madero Nº 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 2 rola Acta de Inspección serie “C” Nº 4313 de fecha 11 de junio de 2019 contra “BANCO
MACRO SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, por no exhibir Libro de Quejas debidamente
rubricado por esta Dirección de Defensa del Consumidor (Resolución Nº 5/2019).
Que a orden nº 5 la firma infraccionada presenta descargo. En el mismo señala que el Banco Central de la
República Argentina crea la “Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros”, y por
medio de su Comunicación “A” 5388 y modificatorias, dispone una serie de obligaciones para las
entidades financieras con el objeto de mejorar sus relaciones con los usuarios. En la Sección Tercera se
establecen diversas pautas respecto del servicio de atención a los usuarios de servicios financieros, tales
como la designación de un responsable de atención de los mismos y la obligación de establecer un
procedimiento específico para la atención de las consultas y reclamos.
Que dicha normativa establece que se debe asentar en una base de datos única y centralizada todas las
presentaciones (consultas o reclamos) recibidas de los usuarios de servicios financieros,
independientemente del medio a través del cual fueron canalizadas y de la casa receptora, en un Registro
Centralizado de Consultas y Reclamos, a los cuales se debe asignar un número correlativo.
Que la norma establece que el cliente tiene derecho a efectuar el seguimiento de su presentación, con el
deber de informarle el estado del trámite cada vez que lo requiera. También habilita a que el cliente
efectúe la denuncia ante el B.C.R.A. y que toda consulta o reclamo sea, en términos generales, resuelto
dentro del plazo máximo de 20 días hábiles.
Que es en función de dicha normativa que el Banco Macro instala un registro centralizado de consultas y
reclamos, asignando a cada usuario un número correlativo, con fecha de inicio del reclamo e informando el
plazo estimado de resolución.
Que manifiesta que a través de la normativa provincial se pretende imponer un procedimiento
administrativo de recepción y solución de reclamos que difiere ostensiblemente del que determina el
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B.C.R.A. para todas las entidades bancarias del país. Por lo que esa incongruencia se debe resolver
dando prioridad a la normativa emitida por el B.C.R.A., órgano de contralor de las entidades financieras.
Que razones de jerarquía constitucional de normas abonan dicha posición.
Que invoca la competencia exclusiva y excluyente del B.C.R.A. alegando que es el único organismo al que
le compete ejercer el poder de policía en materia bancaria, en virtud de un régimen legal específico y de
jerarquía constitucional superior a cualquier norma provincial.
Que dicho poder de policía se le confiere al B.C.R.A. por medio de la Ley Nº 21.526 de Entidades
Financieras.
Que el Acta de Inspección nº 4313 contiene un vicio, en el caso la incompetencia del Organismo, que
nulifica cualquier intento de la Administración local de avanzar sobre la cuestión referida. Señala que están
adheridos voluntariamente al Código de Prácticas Bancarias que regula y define prácticas de transparencia
respecto de la información brindada a los clientes. Que la incongruencia de normas debe resolverse dando
preeminencia a la normativa que emana del B.C.R.A. Que en la causa “Banco de la Nación Argentina c.
Programa de Defensa del Consumidor, Comercio y Cooperativas de la Provincia de San Luis s/ apelación
24.240”, la Corte Suprema de la Nación Argentina resuelve un problema de competencia en favor del
B.C.R.A., como autoridad de aplicación del poder de policía de las entidades financieras, en detrimento de
los tribunales administrativos de defensa del consumidor. Que el fallo sostiene que “La ley de entidades
financieras 21.526 establece que el B.C.R.A. ejerce la fiscalización de las entidades en ellas comprendidas
y que la intervención de cualquiera otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación
con las disposiciones de la presente ley.” Que el B.C.R.A. es el órgano fiscalizador del funcionamiento de
las entidades financieras, siendo tal misión indelegable y excluyente. Que es, por lo tanto, el órgano
competente entre otras cosas para aplicar la ley de defensa del consumidor, si correspondiese, a las
entidades bajo su control. En razón de lo expuesto, solicita se deje sin efecto el Acta de Infracción y se
proceda al archivo de las actuaciones.
Que la Resolución Nº 05/2019 D.D.C. entra en vigencia en fecha 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019).
Que por su parte, el art. 4º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C., dispone que “Los obligados, comprendidos en el
Artículo 1, deberán habilitar un "Libro de Quejas de Defensa del Consumidor" en donde consumidores y
usuarios podrán asentar sus reclamos. El Libro de Quejas es un instrumento público de esta Dirección.
Dicho libro deberá ser uno de los denominados artículos de librería conocidos como ''Libro de Actas"…”.
Que el art. 6º de la Res. Nº 05/2019 consagra que “El Libro de Quejas deberá ser habilitado por esta
Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la foliatura de sus hojas y la rúbrica del/la Director/a de
esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última hoja del mismo con indicación de la fecha, todo, previo
pago del canon correspondiente fijado por la Ley Impositiva del año en curso. La nueva homologación
corresponderá una vez agotadas todas las hojas del “Libro de Quejas de Defensa del Consumidor”…”.
Que por otro lado, el art. 8º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C. dispone que “El Libro de Quejas de Defensa del
Consumidor deberá encontrarse siempre en lugar visible para el público en general en el sector de
Atención al Cliente. En caso de que el espacio del sector específico sea escaso, el Libro de Quejas deberá
encontrarse siempre sobre el mostrador de atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.”
Que finalmente, se tiene en cuenta lo establecido en el art. 13º de la Resolución 05/2019 según el cual “El
incumplimiento formal de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de
los obligados comprendidos en el Artículo 1, se sancionará con alguna de las penas previstas en el art. 57º
de la Ley Provincial Nº 5547, sin perjuicio de contemplar los atenuantes y agravantes correspondientes,
previstos en la Ley Provincial Nº 5.547 y en la Ley Nacional Nº 24.240, a efectos de graduar la sanción a
aplicar.” (Lo subrayado es propio).
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Que de la consulta practicada en nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar) surge que la
firma Banco Macro S.A. nunca tramita el Libro de Quejas correspondiente.
Que respecto al planteo realizado por “Banco Macro S.A.”, el mismo resulta improcedente.
Que el artículo 3º de la Ley Nº 24.240, incorporado por Ley Nº 26.361, señala en su último párrafo “las
relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio
de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.”
Que el vínculo jurídico existente entre el usuario de servicios financieros y un Banco, que es un prestador
de servicios financieros, es una típica relación de consumo. El prestador, consecuentemente, posee el
carácter de proveedor en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 24.240.
Que la doctrina señala que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el
mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir
en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean
en lo que damos en llamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros,
turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines
determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos.
Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos,
una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de
cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su
funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas
normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna
cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo
caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica
renovación productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción
de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los
países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus
derechos subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la
sociedad le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su
conjunto por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos
por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de
sanciones contra los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo
limita los derechos individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular
-un consumo transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo
institucional para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa
sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro
en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice
que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esta alcanzado asimismo por otra normativa
específica.”
Que como se advierte, la mencionada Ley no establece que las normas generales y especiales se integran
con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico
que así sea pues, como se dijo, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación
de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos,
principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley Nº 26.361).
Que la mencionada reforma implica que, por más que la actividad del proveedor se encuentre regulada por
otra normativa específica, la relación de consumo se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley
Nº 24240. De esta manera, en el caso de marras, si bien es correcto que existe normativa específica que
regula la actividad del proveedor (Banco Macro), en lo atinente a la relación de consumo se aplica la Ley
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Nacional Nº 24.240 y la Ley Provincial Nº 5547. Pretender extender la fiscalización del Banco Central de la
República Argentina a aspectos vinculados con la protección de los derechos de los consumidores implica
contradecir lo establecido por la misma Ley de Entidades Financieras, que establece la fiscalización por el
Banco Central pero permitiendo la intervención de cualquier otra autoridad en los aspectos que no tengan
relación con las disposiciones de dicha Ley.
Que a su vez el artículo 41º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaría
de Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”
Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento
dictó el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos Nº 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los
Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor
consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias
(Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor) modificatorias y
complementarias.”
Que resulta claro que la Resolución Nº 05/2019 D.D.C. es una norma complementaria dictada por esta
Autoridad de Aplicación.
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley Nº 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por
ejemplo el caso del artículo 63º (contrato de transporte aéreo).
Que en lo que concierne a la superposición de normas que regulan diferentes procedimientos de registro y
tratamiento de las quejas de los usuarios del sistema financiero, es importante decir que el artículo 9º de la
Resolución Nº 5/2019 D.D.C. dispone, en su parte pertinente, que “La existencia de otras formas o
procedimientos de reclamos, denuncias o quejas dispuesto por partes de otros organismos públicos, sean
reguladores, nacionales, provinciales o municipales o por procedimientos internos de la empresa o de los
obligados por mecanismos de responsabilidad social empresaria o por la actividad regulatoria a la que
están sometidos, nunca podrán ser justificativos que puedan usarse como fundamento para no cumplir con
la presente reglamentación."
Que también se encuentra tratado el tema de la superposición en el artículo 1º de la Resolución Nº
05/2019 D.D.C. Dicha norma dispone que “Quedan obligadas al cumplimiento de esta resolución toda
persona humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que reúna las características necesarias para
ser considerada proveedor, en los términos del art. 2º de la Ley Nacional Nº 24.240 y del art. 4º de la Ley
Provincial Nº 5.547, y que desarrolle de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades que
impliquen la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, dentro del
territorio de la Provincia de Mendoza.
Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta Resolución todos aquellos proveedores que se
encuentren obligados por otros órganos de contralor, nacionales, provinciales o municipales, a llevar otro
tipo de sistemas para tratar las quejas o reclamos, siempre que se hubiere suscripto un convenio en tal
sentido entre dichos Organismos de Control y esta Dirección provincial de Defensa del Consumidor.
Mientras dichos convenios no existan, la Dirección de Defensa del Consumidor válidamente podrá exigir a
dichos comerciantes el Libro de Quejas de esta Dirección y aplicar la totalidad de las regulaciones
previstas en la presente norma.”
A raíz de lo expuesto, es importante señalar que no se firma Convenio alguno en este sentido entre la
Dirección de Defensa del Consumidor (Gobierno de Mendoza) y el B.C.R.A.
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Que es relevante destacar que la totalidad de los Bancos (públicos y privados) que operan en la provincia
de Mendoza, a excepción de “Banco Macro S.A.”, cuentan con el Libro de Quejas que exige esta
Dirección. Dicho dato surge de nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar).
Ello implica que la totalidad de los Bancos, excepto de “Banco Macro S.A.”, han sabido compatibilizar los
dos sistemas de recepción y tratamiento de reclamos de sus usuarios. Recuérdese que es posible volcar
los reclamos que se asientan en el Libro de Quejas, que exige esta Dirección, en el sistema informatizado
que exige el B.C.R.A. Ello sin perjuicio de señalar la función probatoria que le asigna la Res. Nº 05/2019
D.D.C. (y antes la Res. Nº 13/2014 D.D.C.) a las quejas registradas en los Libros de Quejas (ver art. 11
Res. Nº 05/2019 D.D.C.). Allí se consagra que los hechos asentados en los Libros constituyen una
presunción “iuris tantum" sobre la veracidad de la existencia de los mismos. De tal forma, se invertirá la
carga de la prueba, recayendo sobre la empresa, comercio o proveedor la obligación de demostrar y
probar la falta de veracidad de los dichos del consumidor. Es decir, la presunción mencionada constituye
un estándar notoriamente superior, que beneficia al consumidor, que el sistema de registro de quejas
instaurado por el B.C.R.A.
Que por todo lo expuesto no corresponde hacer lugar al planteo esgrimido por “Banco Macro S.A.”,
quedando alcanzado por las exigencias de la Resolución Nº 05/2019 D.D.C.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el artículo 57º de la Ley Nº 5547, (según Ley Impositiva Nº 9118, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…b) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa aplicada.”
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos,
pudiendo ser definida la posición de mercado como el lugar que ocupa una empresa, marca o producto en
un mercado determinado en función de determinados datos cuantificables, auditables y objetivos
(facturación, ventas, o, si trata de una web, número de visitas o páginas vistas, por ejemplo), frente al resto
de empresas, marcas o productos de la misma categoría, en un espacio geográfico concreto, y durante un
período de tiempo determinado. Que “Banco Macro” se encuentra hace más de 30 años en la Argentina, y
observando la expansión en todo el territorio, conforme a lo expresado en su propia página de internet, al
decir: “Somos el banco privado con la mayor red de sucursales a lo largo del país, posicionándonos como
el número uno de los Bancos Nacionales de Capitales Privados (*). El grupo cuenta con 9028 empleados,
1485 cajeros automáticos, 934 terminales de autoservicio y una estructura de 506 puntos de atención.)",
puede afirmarse una consolidada posición en el mercado.
Que además debe tenerse en cuenta que, no obstante el tiempo transcurrido, la sumariada no inicia los
trámites previstos para la Rúbrica del Libro de Quejas.
Que por el incumplimiento de la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a “BANCO MACRO
SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, por la suma de Pesos Veinticinco Mil con 00/100 ($
25.000,00).
Que no obstante ello, considerando el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la
Dirección de Defensa del Consumidor obrante en el orden nº 9, se visualiza que la firma “BANCO MACRO
SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, registra antecedentes, por lo que corresponde duplicar el
monto de la multa anteriormente impuesta (artículo 57º de la Ley Nº 5547, (según Ley Impositiva Nº 9118,
Art. 11º), atento a ello se considera razonable imponer a “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA” CUIT
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Nº 30-50001008-4 la sanción de multa conforme lo permite la escala legal correspondiente, equivalente a
PESOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 50.000,00) por la infracción verificada y analizada.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a “BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA” CUIT Nº 30-50001008-4, con
domicilio en San Martin Nº 317, Las Heras, Mendoza y con domicilio legal en Avenida Eduardo Madero Nº
1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción de multa consistente en el pago de PESOS
CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 50.000,00) de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la
Ley Nº 5547, por violación de los artículos 4º, 6º y 8º de la Resolución 05/2019 de esta Dirección de
Defensa del Consumidor.
ARTICULO 2º - INTIMAR por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 5.547- COD. TAX 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFOMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente TASA RETRIBUTIVA (cód. 1077 -Emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva
podrán ser enviados al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar.
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7° - REGISTRAR al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
08/01/2021 (1 Pub.)
