RESOLUCIONES
Resolución Nº 287
- Fecha de publicación
- 14 de diciembre de 2020
- Fecha de la norma
- 15 de octubre de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.259 · páginas 23–28
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 287
MENDOZA, 15 DE OCTUBRE DE 2020
VISTO
El expediente Nº EX-2019-07266446-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “FALCONE EDUARDO C/
LA SEGUNDA”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “LA SEGUNDA
COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES”, CUIT Nº 30-50001770-4, con domicilio en calle
Juan Manuel de Rosas n° 957 (S2000CCE), Rosario, y con domicilio legal en calle Coronel Suarez n°
1.145, Ciudad de San Rafael, Mendoza, y domicilio electrónico en estudiodelpozzi@gmail.com, y;
CONSIDERANDO
Que a orden n° 21, mediante documento electrónico (en adelante D.E.) PV-2020-02760887-GDEMZA-
SDLEG#MGTYJ, se declara la competencia de esta Dirección para intervenir en el caso de autos y se
imputa infracción por presunta violación del artículo 19 de la Ley 24240 que establece que “quienes
presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales haya sido ofrecidos, publicitados o
convenidos”. “Porque de la prueba aportada por el Sr. Falcone se puede observar, en el IF
2020-02669307, Nº de orden 17 una actuación notarial realizada en fecha 22 de mayo de 2020, en la que
la Escribana actuante efectúa una constatación del recorrido que manifiesta el denunciante, realizó a la
fecha del siniestro. La Escribana constata que no existe ningún cartel que prohíba la circulación vehicular
y que existen marcadas huellas de vehículos que indican que se transita regularmente, cruzando el
vehículo del denunciante, quien manifiesta en el acta, que el caudal y el paisaje de ese día no era muy
distinto a la fecha del siniestro; acompañando un video de dicha fecha. Por lo tanto, el denunciante no
habría transitado ni cruzado el cauce del río por ningún lugar que no estuviese permitido o estuviese
prohibido. No cumpliendo la Aseguradora con lo acordado y convenido con el asegurado consumidor, es
decir cubrir todo riesgo, conforme lo establece la póliza del contrato de seguro suscripto.”
Que a orden n° 24, según D.E IF-2020-03162326-GDEMZA-SDLEG#MGTYJ, la denunciada acompaña
Recurso de Revocatoria interpuesto por el Dr. GUSTAVO DANIEL DELPOZZI, en nombre y representación
de Seguros La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros, contra lo proveído a orden n° 21 de autos
(PV-2020-02760887-GDEMZA-SDLEG#MGTYJ).
Que, desde el punto de vista formal, el recurso interpuesto debe ser aceptado, ya que se presenta en
plazo y con el pago de la tasa correspondiente.
Que desde el punto de vista sustancial la recurrente manifiesta que esta Dirección se ha arrogado
funciones jurisdiccionales que le compete al Poder Judicial, recurriendo a la nulidad de las cláusulas
contractuales del contrato de seguro que une a las partes, expresando que la nulidad solo puede ser
declarada por un Juez de la Provincia, afirmando en consecuencia que dicho funcionario es quien puede
declarar la nulidad o no de una cláusula contractual. También manifiesta que cuando se sanciona la Ley Nº
24240 y sus modificatorias, no se deroga la ley de Seguros y que la competencia en materia aseguradora
la tiene la Superintendencia de Seguro de la Nación.
Que plantea además que el objeto de Ley de Defensa del Consumidor, está claramente definido y
circunscripto en el artículo 1: La adquisición o locación de bienes muebles, la prestación de servicios o la
adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda y que de los conceptos del art. 1º que cita no puede
sentirse afectado el contrato de seguros ni a la actividad aseguradora en general. Que el contrato de
seguros está definido en el art. 1 de la Ley de Seguros cuando dice que: “Hay contrato de seguros cuando
el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación
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convenida si ocurre el evento previsto y la naturaleza jurídica, de dicho contrato es ser condicional,
aleatorio e indemnizatorio”.
Que respecto a que esta Dirección se ha arrogado funciones jurisdiccionales que le competen en la
división de poderes al Poder Judicial de la Provincia, esto no se considera así, ya que de la lectura de la
resolución recurrida no surge eso, sólo se hace mención a un fallo judicial en el que se expresaba que "es
abusiva y nula la cláusula que establece la existencia de destrucción total si el valor de los restos no
supera el 20% del de venta al contado del vehículo asegurado, pues constituye una infracción a las
exigencias de la buena fe contractual y desnaturaliza el vínculo obligacional tal como lo prevé el art. 37 ley
24240". Habiéndose afirmado que "no obsta a esta conclusión, el previo control o autorización
administrativa, por cuanto no excluye el control judicial de equidad del contenido del contrato por
adhesión". (En autos "Liotta, Leonardo F. v. Compañía Argentina de Seguros Visión", C. Nac. Com., sala
A, 21/11/2000, LL 2001-B321 y ss.). No obstante, en ninguna parte del acto recurrido se habla de la
declaración de nulidad de cláusula contractual por parte de esta Dirección de Defensa del Consumidor.
Que, por otra parte, cabe destacar que el art. 1º de la Ley 24.240 no es el que cita la recurrente, ya que el
mismo ha sido reformado y prescribe que: “Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por
objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio
propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos
compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor
o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella
adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o
social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”. Es decir que quien
contrata y recibe servicios de una compañía aseguradora como destinatario final, es un consumidor tal
como lo establece el artículo citado, independientemente de otra normativa que regule a la relación entre
asegurado y aseguradora.
Que se reitera lo ya expresado en acto recurrido que como lo establece el art. 3º de la Ley de Defensa del
Consumidor “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus
reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado
asimismo por otra normativa específica.” Y la compañía de seguros es una persona jurídica privada que
desarrolla, de manera profesional, la comercialización de un servicio que consiste en la asunción de
riesgos mediante coberturas asegurativas, y recibe como contraprestación de dichos servicios el pago de
una prima o cotización.
Que como ya se ha dicho la empresa aseguradora posee el carácter de proveedora en los términos del art.
2º de la Ley 24.240 y el vínculo jurídico que une a esta empresa con el consumidor es una típica relación
de consumo. Se reitera, que el contrato de seguro puede ser considerado una relación de consumo en la
que el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a prestar un servicio consistente
en la asunción de riesgos mediante una cobertura.
Que el asegurado-consumidor ha sido definido por CABALLERO SÁNCHEZ, ERNESTO, “La protección
de los consumidores de seguros en el Derecho español”, en Derecho de Seguros, Hammurabi, Buenos
Aires, P. 650. como “la persona que, para satisfacer sus necesidades de cobertura de riesgos y reuniendo
las características de cualquier otro consumidor, contrata un servicio de aseguramiento y, eventualmente,
él o un tercero reciben la prestación indemnizatoria.”
Que por todo lo expuesto y reiterando lo ya expuesto por esta Dirección y reflejado en el acto recurrido; la
protección y defensa del consumidor de servicios asegurativos se encuentra contemplada en la ley de
defensa del consumidor.
Que, en consecuencia, no habiendo esgrimido la aseguradora nuevos argumentos que desvirtúen el acto
recurrido, se reitera la competencia declarada en el acto obrante a orden n° 21. Por consiguiente, se
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rechaza desde su aspecto de fondo el recurso de revocatoria interpuesto y se reitera la competencia de la
Dirección de Defensa del Consumidor para entender en los presentes actuados.
Que, respecto a la presunta infracción imputada, cabe mencionar que a orden n° 2, según D.E.
IF-2019-07265798-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, se inician estos obrados por denuncia presentada del
Sr. Eduardo Falcone, contra la Compañía de Seguros La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros, ya que
manifiesta haber sufrido un siniestro con su vehículo y no obstante tener contratado un seguro contra todo
riesgo (conforme la póliza que se adjunta), dicha compañía no se hace cargo de los gastos de dicho
siniestro. Ante el reclamo del denunciante la aseguradora manifiesta que no corresponde cubrir los costos
del siniestro porque el denunciante cruzó un río por un lugar prohibido y ese es un motivo de suspensión
de la cobertura, por la existencia de agravamiento de riesgo por un hecho asumido por el asegurado.
Que
La
Compañía
Aseguradora
presenta
descargo
conforme
página
obrantes
7/11,
IF-2019-07265798-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, orden n° 2, mediante el cual niega las afirmaciones del
denunciante y plantea la incompetencia de esta Dirección para entender en la denuncia, manifestando que
la competencia es exclusiva y excluyente de la SSN, no siendo aplicables las disposiciones de la Ley de
Defensa del Consumidor. También expresa que las Leyes de Seguros son leyes especiales, respecto a la
ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. Competencia que ya ha sido analizada y reiterada conforme los
argumentos previamente expuestos.
Que respecto al tema de fondo manifiesta que se rechaza el siniestro ya que conforme las pruebas
rendidas, los daños producidos en el vehículo se debieron a que el reclamante cruza un curso de agua
(Río Diamante) por un lugar no habilitado a tal fin y eso ocasiona el agravamiento del riesgo, por el cual se
suspende la cobertura.
Que de la prueba aportada por el Sr. Falcone se puede observar, en D.E. IF 2020-02669307, Nº de orden
17, una actuación notarial realizada en fecha 22 de mayo de 2020, en la que la Escribana actuante realiza
una constatación del recorrido que manifiesta el denunciante, realizó a la fecha del siniestro.
Que la Escribana manifiesta que no existe ningún cartel que prohíba la circulación vehicular y que existen
marcadas huellas de vehículos que indican que se transita regularmente. Manifiesta también que otra
camioneta cruza por el lugar el cauce del río y que su caudal cubre aproximadamente 15 centímetros la
rueda del mencionado vehículo; y que luego cruza también el vehículo del denunciante, quien le manifiesta
que el caudal y el paisaje de ese día no era muy distinto a la fecha del siniestro; acompañando un video de
dicha fecha.
Que se acompaña al presente expediente fotografías del lugar y videos certificados por la Escribana
actuante.
Que por todo lo expuesto y la prueba agregada en estas actuaciones, no existiendo cartelería que
prohibiera la circulación en el lugar del siniestro, ni otro elemento que impidiera el cruce del río, tal como se
certifica en el acta notarial, el denunciante no habría transitado ni cruzado el cauce del río por ningún lugar
que no estuviese permitido o prohibido.
Que no habiendo esgrimido la aseguradora nuevos argumentos en su Recurso de Revocatoria, ni tampoco
habiendo acompañado pruebas que desvirtúen el acto recurrido, se considera que la Aseguradora no
cumple con lo acordado y convenido con el asegurado consumidor, es decir cubrir todo riesgo, conforme lo
establece la póliza del contrato de seguro suscripto, y por lo cual, se tiene por configurada y firme la
imputación de autos.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
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Que esta Dirección, como autoridad de aplicación de la ley 24.240 vela por su correcta aplicación.
Que el artículo 47º de la Ley 24.240 dispone “Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de
la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta
TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor,
conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la
originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar
donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la
actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar
que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde
aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá
dispensar su publicación. (…)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Al
respecto, cabe destacar lo expuesto por la empresa en su página web - https://www.lasegunda.com.ar/red-
de-servicios- “Red de Servicios. Cubrimos todo el territorio nacional. Estamos muy cerca de nuestros
asegurados. Conformamos una amplia red de profesionales para brindarte una respuesta rápida y efectiva
cada vez que nos necesites. Presencia en 3.300 localidades (…)”.
Que, en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no dio
cumplimiento con el seguro contratado, ni tampoco presenta pruebas en su defensa. Que respecto al
perjuicio sufrido por el consumidor, si bien el denunciante presenta diferentes presupuestos de reparación,
debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el
daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se
sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba
guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY
ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE
APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido más de un año
desde el hecho objeto del reclamo.
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Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de
Defensa
del
Consumidor,
donde
se
visualiza
que
la
firma,
presenta
antecedentes
(IF-2020-04845751-GDEMZA-HABI#MGTYJ, de orden 55).
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a “La
Segunda Cooperativa Ltda De Seguros Generales”, CUIT Nº 30-50001770-4, conforme lo permite la
escala legal, equivalente a Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($300.000,00), por la infracción verificada y
analizada en autos.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la
cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación
al art. 19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había
solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no
ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro
comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto
en el art. 47 de la Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
Que, por las razones expuestas, esta Dirección estima que corresponde admitir desde su aspecto formal el
recurso de revocatoria incoado por la Caja de Seguros S.A. a orden 24 y rechazar el mismo en su aspecto
sustancial ratificando la competencia de esta Dirección para entender en autos, y sancionar a la sumariada
a tenor del Art. 47 inc. b) de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por violación del Artículo 19° del
mismo cuerpo legal.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTICULO 1º - ACEPTAR desde el punto de vista formal y RECHAZAR desde el aspecto sustancial el
recurso
interpuesto
por
la
firma
contra
lo
proveído
a
orden
n°
21,
mediante
D.E. PV-2020-02760887-GDEMZA-SDLEG#MGTYJ, lo que se mantiene en todas sus partes ratificando la
COMPETENCIA de esta Dirección para entender en autos.
ARTICULO 2º - IMPONER a la firma “LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS
GENERALES”, CUIT Nº 30-50001770-4, de demás datos que constan en autos, la sanción de MULTA
consistente en el pago de PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($300.000,00), de conformidad con lo
prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por la violación del artículo 19° del mismo cuerpo
legal.
ARTICULO 3° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 4º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa
del Consumidor, de los boletos originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 5º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 6° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (Cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa
retributiva, deberá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la
ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo
establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la
emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y
Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 7º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 8º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 9º - NOTIFICAR al infractor de la presente Resolución.
ARTICULO 10º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
14/12/2020 (1 Pub.)
FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
