RESOLUCIONES

Resolución Nº 287

Fecha de publicación
14 de diciembre de 2020
Fecha de la norma
15 de octubre de 2020
Referencia documental
Boletín Nº 31.259 · páginas 23–28
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 287 MENDOZA, 15 DE OCTUBRE DE 2020 VISTO El expediente Nº EX-2019-07266446-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “FALCONE EDUARDO C/ LA SEGUNDA”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma “LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES”, CUIT Nº 30-50001770-4, con domicilio en calle Juan Manuel de Rosas n° 957 (S2000CCE), Rosario, y con domicilio legal en calle Coronel Suarez n° 1.145, Ciudad de San Rafael, Mendoza, y domicilio electrónico en estudiodelpozzi@gmail.com, y; CONSIDERANDO Que a orden n° 21, mediante documento electrónico (en adelante D.E.) PV-2020-02760887-GDEMZA- SDLEG#MGTYJ, se declara la competencia de esta Dirección para intervenir en el caso de autos y se imputa infracción por presunta violación del artículo 19 de la Ley 24240 que establece que “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales haya sido ofrecidos, publicitados o convenidos”. “Porque de la prueba aportada por el Sr. Falcone se puede observar, en el IF 2020-02669307, Nº de orden 17 una actuación notarial realizada en fecha 22 de mayo de 2020, en la que la Escribana actuante efectúa una constatación del recorrido que manifiesta el denunciante, realizó a la fecha del siniestro. La Escribana constata que no existe ningún cartel que prohíba la circulación vehicular y que existen marcadas huellas de vehículos que indican que se transita regularmente, cruzando el vehículo del denunciante, quien manifiesta en el acta, que el caudal y el paisaje de ese día no era muy distinto a la fecha del siniestro; acompañando un video de dicha fecha. Por lo tanto, el denunciante no habría transitado ni cruzado el cauce del río por ningún lugar que no estuviese permitido o estuviese prohibido. No cumpliendo la Aseguradora con lo acordado y convenido con el asegurado consumidor, es decir cubrir todo riesgo, conforme lo establece la póliza del contrato de seguro suscripto.” Que a orden n° 24, según D.E IF-2020-03162326-GDEMZA-SDLEG#MGTYJ, la denunciada acompaña Recurso de Revocatoria interpuesto por el Dr. GUSTAVO DANIEL DELPOZZI, en nombre y representación de Seguros La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros, contra lo proveído a orden n° 21 de autos (PV-2020-02760887-GDEMZA-SDLEG#MGTYJ). Que, desde el punto de vista formal, el recurso interpuesto debe ser aceptado, ya que se presenta en plazo y con el pago de la tasa correspondiente. Que desde el punto de vista sustancial la recurrente manifiesta que esta Dirección se ha arrogado funciones jurisdiccionales que le compete al Poder Judicial, recurriendo a la nulidad de las cláusulas contractuales del contrato de seguro que une a las partes, expresando que la nulidad solo puede ser declarada por un Juez de la Provincia, afirmando en consecuencia que dicho funcionario es quien puede declarar la nulidad o no de una cláusula contractual. También manifiesta que cuando se sanciona la Ley Nº 24240 y sus modificatorias, no se deroga la ley de Seguros y que la competencia en materia aseguradora la tiene la Superintendencia de Seguro de la Nación. Que plantea además que el objeto de Ley de Defensa del Consumidor, está claramente definido y circunscripto en el artículo 1: La adquisición o locación de bienes muebles, la prestación de servicios o la adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda y que de los conceptos del art. 1º que cita no puede sentirse afectado el contrato de seguros ni a la actividad aseguradora en general. Que el contrato de seguros está definido en el art. 1 de la Ley de Seguros cuando dice que: “Hay contrato de seguros cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-06033686-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 23 de 145 convenida si ocurre el evento previsto y la naturaleza jurídica, de dicho contrato es ser condicional, aleatorio e indemnizatorio”. Que respecto a que esta Dirección se ha arrogado funciones jurisdiccionales que le competen en la división de poderes al Poder Judicial de la Provincia, esto no se considera así, ya que de la lectura de la resolución recurrida no surge eso, sólo se hace mención a un fallo judicial en el que se expresaba que "es abusiva y nula la cláusula que establece la existencia de destrucción total si el valor de los restos no supera el 20% del de venta al contado del vehículo asegurado, pues constituye una infracción a las exigencias de la buena fe contractual y desnaturaliza el vínculo obligacional tal como lo prevé el art. 37 ley 24240". Habiéndose afirmado que "no obsta a esta conclusión, el previo control o autorización administrativa, por cuanto no excluye el control judicial de equidad del contenido del contrato por adhesión". (En autos "Liotta, Leonardo F. v. Compañía Argentina de Seguros Visión", C. Nac. Com., sala A, 21/11/2000, LL 2001-B321 y ss.). No obstante, en ninguna parte del acto recurrido se habla de la declaración de nulidad de cláusula contractual por parte de esta Dirección de Defensa del Consumidor. Que, por otra parte, cabe destacar que el art. 1º de la Ley 24.240 no es el que cita la recurrente, ya que el mismo ha sido reformado y prescribe que: “Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”. Es decir que quien contrata y recibe servicios de una compañía aseguradora como destinatario final, es un consumidor tal como lo establece el artículo citado, independientemente de otra normativa que regule a la relación entre asegurado y aseguradora. Que se reitera lo ya expresado en acto recurrido que como lo establece el art. 3º de la Ley de Defensa del Consumidor “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.” Y la compañía de seguros es una persona jurídica privada que desarrolla, de manera profesional, la comercialización de un servicio que consiste en la asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas, y recibe como contraprestación de dichos servicios el pago de una prima o cotización. Que como ya se ha dicho la empresa aseguradora posee el carácter de proveedora en los términos del art. 2º de la Ley 24.240 y el vínculo jurídico que une a esta empresa con el consumidor es una típica relación de consumo. Se reitera, que el contrato de seguro puede ser considerado una relación de consumo en la que el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a prestar un servicio consistente en la asunción de riesgos mediante una cobertura. Que el asegurado-consumidor ha sido definido por CABALLERO SÁNCHEZ, ERNESTO, “La protección de los consumidores de seguros en el Derecho español”, en Derecho de Seguros, Hammurabi, Buenos Aires, P. 650. como “la persona que, para satisfacer sus necesidades de cobertura de riesgos y reuniendo las características de cualquier otro consumidor, contrata un servicio de aseguramiento y, eventualmente, él o un tercero reciben la prestación indemnizatoria.” Que por todo lo expuesto y reiterando lo ya expuesto por esta Dirección y reflejado en el acto recurrido; la protección y defensa del consumidor de servicios asegurativos se encuentra contemplada en la ley de defensa del consumidor. Que, en consecuencia, no habiendo esgrimido la aseguradora nuevos argumentos que desvirtúen el acto recurrido, se reitera la competencia declarada en el acto obrante a orden n° 21. Por consiguiente, se Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-06033686-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 24 de 145 rechaza desde su aspecto de fondo el recurso de revocatoria interpuesto y se reitera la competencia de la Dirección de Defensa del Consumidor para entender en los presentes actuados. Que, respecto a la presunta infracción imputada, cabe mencionar que a orden n° 2, según D.E. IF-2019-07265798-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, se inician estos obrados por denuncia presentada del Sr. Eduardo Falcone, contra la Compañía de Seguros La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros, ya que manifiesta haber sufrido un siniestro con su vehículo y no obstante tener contratado un seguro contra todo riesgo (conforme la póliza que se adjunta), dicha compañía no se hace cargo de los gastos de dicho siniestro. Ante el reclamo del denunciante la aseguradora manifiesta que no corresponde cubrir los costos del siniestro porque el denunciante cruzó un río por un lugar prohibido y ese es un motivo de suspensión de la cobertura, por la existencia de agravamiento de riesgo por un hecho asumido por el asegurado. Que La Compañía Aseguradora presenta descargo conforme página obrantes 7/11, IF-2019-07265798-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, orden n° 2, mediante el cual niega las afirmaciones del denunciante y plantea la incompetencia de esta Dirección para entender en la denuncia, manifestando que la competencia es exclusiva y excluyente de la SSN, no siendo aplicables las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor. También expresa que las Leyes de Seguros son leyes especiales, respecto a la ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. Competencia que ya ha sido analizada y reiterada conforme los argumentos previamente expuestos. Que respecto al tema de fondo manifiesta que se rechaza el siniestro ya que conforme las pruebas rendidas, los daños producidos en el vehículo se debieron a que el reclamante cruza un curso de agua (Río Diamante) por un lugar no habilitado a tal fin y eso ocasiona el agravamiento del riesgo, por el cual se suspende la cobertura. Que de la prueba aportada por el Sr. Falcone se puede observar, en D.E. IF 2020-02669307, Nº de orden 17, una actuación notarial realizada en fecha 22 de mayo de 2020, en la que la Escribana actuante realiza una constatación del recorrido que manifiesta el denunciante, realizó a la fecha del siniestro. Que la Escribana manifiesta que no existe ningún cartel que prohíba la circulación vehicular y que existen marcadas huellas de vehículos que indican que se transita regularmente. Manifiesta también que otra camioneta cruza por el lugar el cauce del río y que su caudal cubre aproximadamente 15 centímetros la rueda del mencionado vehículo; y que luego cruza también el vehículo del denunciante, quien le manifiesta que el caudal y el paisaje de ese día no era muy distinto a la fecha del siniestro; acompañando un video de dicha fecha. Que se acompaña al presente expediente fotografías del lugar y videos certificados por la Escribana actuante. Que por todo lo expuesto y la prueba agregada en estas actuaciones, no existiendo cartelería que prohibiera la circulación en el lugar del siniestro, ni otro elemento que impidiera el cruce del río, tal como se certifica en el acta notarial, el denunciante no habría transitado ni cruzado el cauce del río por ningún lugar que no estuviese permitido o prohibido. Que no habiendo esgrimido la aseguradora nuevos argumentos en su Recurso de Revocatoria, ni tampoco habiendo acompañado pruebas que desvirtúen el acto recurrido, se considera que la Aseguradora no cumple con lo acordado y convenido con el asegurado consumidor, es decir cubrir todo riesgo, conforme lo establece la póliza del contrato de seguro suscripto, y por lo cual, se tiene por configurada y firme la imputación de autos. Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal, prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que tenga su autor. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-06033686-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 25 de 145 Que esta Dirección, como autoridad de aplicación de la ley 24.240 vela por su correcta aplicación. Que el artículo 47º de la Ley 24.240 dispone “Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Al respecto, cabe destacar lo expuesto por la empresa en su página web - https://www.lasegunda.com.ar/red- de-servicios- “Red de Servicios. Cubrimos todo el territorio nacional. Estamos muy cerca de nuestros asegurados. Conformamos una amplia red de profesionales para brindarte una respuesta rápida y efectiva cada vez que nos necesites. Presencia en 3.300 localidades (…)”. Que, en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no dio cumplimiento con el seguro contratado, ni tampoco presenta pruebas en su defensa. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, si bien el denunciante presenta diferentes presupuestos de reparación, debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.). Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido más de un año desde el hecho objeto del reclamo. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-06033686-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 26 de 145 Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma, presenta antecedentes (IF-2020-04845751-GDEMZA-HABI#MGTYJ, de orden 55). Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a “La Segunda Cooperativa Ltda De Seguros Generales”, CUIT Nº 30-50001770-4, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($300.000,00), por la infracción verificada y analizada en autos. Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la Ley 24.240”. Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. Que, por las razones expuestas, esta Dirección estima que corresponde admitir desde su aspecto formal el recurso de revocatoria incoado por la Caja de Seguros S.A. a orden 24 y rechazar el mismo en su aspecto sustancial ratificando la competencia de esta Dirección para entender en autos, y sancionar a la sumariada a tenor del Art. 47 inc. b) de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por violación del Artículo 19° del mismo cuerpo legal. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTICULO 1º - ACEPTAR desde el punto de vista formal y RECHAZAR desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma contra lo proveído a orden n° 21, mediante D.E. PV-2020-02760887-GDEMZA-SDLEG#MGTYJ, lo que se mantiene en todas sus partes ratificando la COMPETENCIA de esta Dirección para entender en autos. ARTICULO 2º - IMPONER a la firma “LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES”, CUIT Nº 30-50001770-4, de demás datos que constan en autos, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($300.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por la violación del artículo 19° del mismo cuerpo legal. ARTICULO 3° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240, correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 4º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, de los boletos originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 5º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 6° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-06033686-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 27 de 145 revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (Cód. 1077 – Boleto emitido por la Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, deberá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018). ARTICULO 7º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 8º - REGISTRAR al infractor en el Registro de infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTICULO 9º - NOTIFICAR al infractor de la presente Resolución. ARTICULO 10º - ARCHIVAR la presente Resolución. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 14/12/2020 (1 Pub.) FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL