DECRETOS

Decreto Nº 1319

Fecha de publicación
13 de noviembre de 2020
Fecha de la norma
30 de octubre de 2020
Referencia documental
Boletín Nº 31.239 · páginas 15–17
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1319 MENDOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2020 Visto el expediente Nº 3261-D-18-20108 y sus acumulados Nº 1086-D-17-01283 y 5929-D-15-01409 en el primero de los cuales el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 306-EIyE-2018 de fecha 26 de abril de 2018 dictada por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19 derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del decreto se seguirán rigiendo bajo la ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por supermercado “ÁTOMO”, propiedad de la citada firma, contra la Resolución Nº 525/17 de la Dirección de Fiscalización y Control, a la vez que intimó al pago de la multa de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), por violación a los Artículos 3° y 5º del Anexo I de la Resolución Nacional Nº 163/05 de la Secretaría de la Coordinación Técnica, concordante con la Ley Nº 22802 y modificatorias; Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9003; Que la recurrente en esta instancia reitera algunos de los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso jerárquico; Que la empresa alega que la Resolución 306/18 vulnera la legalidad, el debido proceso y la regularidad del acto administrativo; Que la recurrente sostiene que no ha habido responsabilidad de su parte por ser el fabricante quien cometió la infracción exhibiendo la factura de compra del producto; Que el descargo se ha erigido sobre la premisa falsa de error inducido, cuando la legislación de referencia ha sido clara al sostener que se incurre en el hecho ilegítimo al comercializar mercadería que no cumple con los requisitos y rotulados; Que la normativa refiere a que el comerciante puede deslindar responsabilidad siempre y cuando haya una diferencia en el contenido del producto en relación a la información del rótulo del mismo, pero en ningún caso puede pretender deslindar su responsabilidad por haber exhibido productos que no contaban con las indicaciones mínimas que exigía la Ley Nº 22802 y modificatorias, pues lo que falla es el control que debe arbitrar el comerciante previo a adquirir o exhibir productos, más cuando se trata de juguetes; Que si se encuentran productos con etiquetas defectuosas o incompletas y este error es de magnitud tal que puede generar una sanción, debió la empresa disponer de un sistema de control mínimo para retirar a la venta este tipo de productos, siendo de su exclusiva responsabilidad la comisión de la actividad ilícita prescripta por la Ley; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-05433215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 15 de 146 Que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundada, encontrando en sus considerandos los motivos del rechazo del recurso presentado; Que de las constancias y pruebas existentes en el expediente se ha comprobado que la firma ha transgredido la legislación referida y por lo tanto se le aplica una sanción de multa, de conformidad a lo que establecían los artículos 17 y 18 de la Ley 22802; Que surge indubitable del Acta de Infracción que la firma sancionada tenía exhibidos productos que ostentaba rotulación incompleta e insuficiente, por lo que las infracciones imputadas resultan fehacientemente acreditadas; Que en cuanto a lo argumentado por la firma sobre la falta de legitimación de los inspectores actuantes, el mismo contaba con facultades para la actuación realizada, teniendo en cuenta los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y fundamento al proceso de división de la Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección de Industria y Comercio, lo que conduce a concluir en la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia la recurrente; Que al momento de constatarse la infracción por el funcionario público de la ex Dirección de Industria y Comercio, los Artículos 3º y 5º del Anexo I de la Resolución Nacional Nº 163/05 de la ex Secretaría de la Coordinación Técnica, concordante con la Ley Nº 22802 y modificatorias; se encontraban plenamente vigentes y sin modificaciones por otra norma legal; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 sus modificatorias y las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron, se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que, en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la referida firma por resultar su conducta violatoria a los Artículos 3º y 5º del Anexo I de la Resolución Nacional Nº 163/05 de la ex Secretaría de la Coordinación Técnica, concordante con la Ley Nº 22802 y modificatorias Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, a fojas 18/19 vuelta y a fojas 26 y por Asesoría de Gobierno a fojas 29/30 vuelta del expediente Nº Expediente 3261-D-18-2018; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto a fojas 1/4 del expediente Nº 3261-D-18-20108 por el doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución N° 306/18 de fecha 26 de abril de 2018 dictada por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto y, en consecuencia, ratifíquese la misma en todas sus partes. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2020-05433215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 16 de 146 DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 13/11/2020 (1 Pub.) MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA