RESOLUCIONES
Resolución Nº 278
- Fecha de publicación
- 13 de noviembre de 2020
- Fecha de la norma
- 9 de octubre de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.239 · páginas 32–36
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 278
MENDOZA, 09 DE OCTUBRE DE 2020
VISTO:
El expediente EX-2020-03168611-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado "MARTINEZ CARMELO
ANDRES C/ AGENCIA ELI DE JOSE GABRIEL CABRERA", en el cual obran las actuaciones sumariales
contra "CABRERA JOSE GABRIEL", CUIT Nº 20-16568119-4, con domicilio real en calle Olascoaga Nº
1205, San Rafael, Mendoza, y con domicilio electrónico en jogaca100@gmail.com, y;
CONSIDERANDO:
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2020-05433215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 32 de 146
Que a orden n° 4, según documento electrónico IF-2020-03169991-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, obra
denuncia incoada en la oficina de Defensa del Consumidor del Municipio de San Rafael, por el Sr.
Martínez, Carmelo Andrés Derly, DNI N° 37.268.642, con domicilio en calle Pellegrini nº120, Cuadro
Nacional, San Rafael, Mendoza, contra la firma "CABRERA JOSE GABRIEL", CUIT Nº 20-16568119-4, en
virtud de haber comprado en fecha 21 de Marzo de 2016, un vehículo marca Citroën Modelo C3 año 2006;
el cual a partir de fecha 22 de marzo de 2016, presenta una falla por la cual deja de funcionar el aire
acondicionado por lo que se ingresa en un local de refrigeración para su testeo, donde le informan que "el
equipo de refrigeración, estaba roto hace tiempo y había sido recargado para durar algunos días". Luego,
en fecha 1 de abril de 2016 el Sr. Martínez Carmelo se comunica telefónicamente con el local denunciado
para dar aviso que el vehículo tuvo un desperfecto mecánico, cortándose el extremo delantero derecho de
la dirección, sin respuesta del vendedor. Que a posteriori, en fecha 15 de abril de 2016, la palanca de
cambio "había quedado libre" sin poderse ingresarse ningún cambio, y una vez más sin respuesta alguna
del vendedor. Que luego, el día 2 de mayo del 2016, el automóvil no arranca, y una vez más se comunica
con el vendedor, sin obtener respuesta o solución al problema, y finalmente el miércoles 15 de junio de
2016, el automóvil se ingresa al Servicio Mecánico de Citroandes por ruidos en el motor, sin que a la fecha
haya obtenido respuesta sobre el arreglo del producto comprado, es decir que la firma denunciada no
cumple con su deber legal de la garantía. Que el Sr. Martínez acompaña junto a la denuncia
documentación probatoria, la cual obra en páginas 9, 10, 11, 13 y 15 del mencionado documento
electrónico.
Que la oficina de Defensa del Consumidor de San Rafael procede con el tramite dando traslado a la
denunciada y fijando fecha de audiencia en fecha 7 de julio de 2016, en la cual asiste el denunciado y
solicita se fije un cuarto intermedio a efectos de que comparezca el denunciante, y a tales efectos, se fija
nueva fecha para el día 1 de agosto de 2016. La firma denunciada incomparece a la audiencia de
conciliación celebrada, a pesar de estar fehacientemente notificada, como así tampoco realiza descargo o
presentación alguna justificando su incomparecencia, por lo que se tiene por fracasada la instancia
conciliatoria.
Que considerando lo antes expuesto a pagina 53, de orden n° 4 (IF-2020-03169991-GDEMZA-
MESAYAS#MGTYJ), se dispone labrar apertura de sumario a la firma "CABRERA JOSE GABRIEL", CUIT
Nº 20-16568119-4 por presunta violación del art. 11° de la Ley N° 24.240, siendo fehacientemente
notificado según las constancias obrantes a página 55.
Que la sumariada presenta descargo obrante a páginas 57 a 68 de orden n° 4, donde manifiesta entre
otras consideraciones, “…que el denunciante fundamenta su reclamo en los presuntos vicios ocultos que
tenía el Citroën C3. (...) En el caso de autos, Martínez sabía que compraba un vehículo usado, de 10 años
de antigüedad, con varios kilómetros. No hay nada ´oculto´ respecto a la antigüedad del vehículo. El
vehículo funcionaba adecuadamente, no tenía el motor fundido ni nada por el estilo. No tenía defectos
disimulados, para ocultarlos del comprador. De la atenta lectura de los defectos que denuncia, vemos que
ninguno reviste la calidad de “oculto”, no hay ningún desperfecto que no presente cualquier vehículo de
cierta antigüedad. Es más, de todas las reparaciones que reclama Martínez, ninguna es de significación,
ninguna reviste la calidad de extraordinaria en un auto de 10 años de antigüedad. Todos los gastos que
realizo el Sr. Martínez, son gastos propios que hace todo usuario de vehículos (aceite, lubricantes, recarga
de aire acondicionado, ect.). ...que el Sr. Martínez conocía el estado del vehículo que adquiría. Por
supuesto que lo revisó. Estuvo conforme con el estado del mismo. Y lo compró. Ninguno de los defectos
que denuncia el comprador para detectarlo requería “examen exhaustivo” o extraordinario…”.
Que asimismo se debe tener presente que la denunciada en su descargo no aporta probanza alguna que
le permita desvirtuar la imputación realizada.
Que el principio de protección al consumidor incluye el de la aplicación de la norma más favorable, y en el
caso de marras, se debe aplicar lo normado por el art. 11 de la Ley 24.240, respetando el deber de
garantía del cual goza todo consumidor en la adquisición de bienes. Siempre en el caso de duda sobre la
aplicación de normas o dentro del contexto de una norma en sí, se estará siempre a la interpretación más
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2020-05433215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 33 de 146
favorable y menos gravosa para el consumidor.
Qué asimismo, respecto de la defensa interpuesta por la sumariada en cuanto a la garantía y al
cumplimiento de la misma se debe destacar que se encuentra impuesta en la ley con carácter de orden
público, porque no puede ser renunciada y tiene fundamentalmente en mira la reparación de la cosa en
caso de existir vicios, ostensibles o no, que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento. Es decir que la afectación del correcto uso de la cosa constituirá en la práctica la
pauta fundamental a tener en cuenta para la puesta en marcha de la garantía.
Que el art 11° de la Ley Nº 24.240 expresa que “Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles
conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozan
de garantía legal por los defectos O vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o
manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes
muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes
convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte
será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y
cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”.
Que la infracción imputada en autos, se encuentra probada y firme, ya que la sumariada si bien presenta
descargo, el mismo no permite desvirtuar la imputación de infracción que fuera notificada por esta
Dirección.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que esta Dirección, como autoridad de aplicación de la ley 24.240 vela por su correcta aplicación.
Que el art. 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes
la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de
la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta
TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación
podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario
de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso
que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad
de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la
autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no dio
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2020-05433215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 34 de 146
cumplimiento con la garantía del vehículo objeto del reclamo, ni tampoco presenta pruebas en su defensa.
Y que si bien el valor de las reparaciones ascienden a $4349,00, debe tenerse en cuenta lo que la
jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los
elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a
ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta
correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/
GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado
28/12/2011.).
Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido cuatro años desde el
hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a
"CABRERA JOSE GABRIEL", CUIT Nº 20-16568119-4, conforme lo permite la escala legal, equivalente a
PESOS TREINTA MIL con 00/100 ($30.000,00), por la infracción verificada y analizada en autos.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0.6% del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19° de la Ley N° 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había
solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no
ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro
comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto
en el art. 47° de la Ley N° 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER "CABRERA JOSE GABRIEL", CUIT Nº 20-16568119-4, con domicilio real en
calle Olascoaga Nº 1205, San Rafael, Mendoza, y con domicilio electrónico en jogaca100@gmail.com , la
sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS TREINTA MIL con 00/100 ($30.000,00), de
conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación del artículo 11º del
mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÌAS.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2020-05433215-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 35 de 146
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación ante esta Dirección de Defensa
del Consumidor, de los boleto originales conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (Cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor, según Protocolo Covid-19). El recurso de revocatoria junto a la
correspondiente tasa retributiva, deberá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El
recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de
la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el
pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código
Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
13/11/2020 (1 Pub.)
DIRECCION PROVINCIAL DE GANADERIA SEDE CENTRAL
