RESOLUCIONES
Resolución Nº 227
- Fecha de publicación
- 30 de octubre de 2020
- Fecha de la norma
- 16 de septiembre de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.229 · páginas 20–26
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 227
MENDOZA, 16 de septiembre de 2020
VISTO:
El expediente EX-2017-00078689-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “Capo Francisco Ariel C/
Yacopini Motors SA. - Seguros Sura SA”, contra la firma “GPAT COMPAÑIA FINANCIERA SAU”, CUIT
Nº 30-67856482-2, con domicilio en calle Tte. Gral. Juan Perón n° 466, Piso 2 (1038) C.A.B.A., y domicilio
legal en calle Callejón Lemos n° 525, Ciudad, Mendoza, y domicilio electrónico en mcarrera@nyc.com.ar,
y ;
CONSIDERANDO:
Que se interpone denuncia por el Sr. Francisco Ariel Capo, DNI Nº 18.082.518, con domicilio en calle
Amperes n° 731, Godoy Cruz, Mendoza, contra la firma “GPAT COMPAÑIA FINANCIERA SAU”, CUIT Nº
30-67856482-2, en virtud de no brindarle una información cierta, veraz y detallada con respecto a la
condiciones de contratación del seguro.
Que a orden n° 5 según documento electrónico IF-2017-00071440-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, el
denunciante expresa mediante escrito que el día 09/04/2015 compra un vehículo Chevrolet Onix 0 Km en
la concesionaria oficial Chevrolet Yacopini Motors S.A. mediante crédito prendario otorgado por la
compañía GPAT. Con quien queda contratado un seguro total con San Cristóbal Seguros, póliza Nº
07-01-02432714/3 con vigencia desde el 27/03/2015 al 27/03/2016. Que la cobertura del rodado se
renueva en la empresa San Cristóbal Seguros, luego se migra a RSA Seguros y posteriormente a SURA
Seguros, de la cual manifiesta solo poseer la credencial, pero no la póliza de seguro. Que los cambios de
compañía en cuestión se realizan sin su consentimiento, nunca se le notifica de los mismos ni los alcances
específicos de cobertura ni los importes de la prima a abonar.
Que a orden n° 4, mediante documento electrónico IF-2017-00071457-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ se
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acompaña copia de las credenciales y de las pólizas N° 07-01-02432714/3 y N° 07-01-02507641/9 de
San Cristóbal Seguros y copia de la credencial de RSA Seguros, indicando vigencia del 01/10/2016 al
27/12/2016 con póliza N° 004325147.
Que la denuncia planteada la realiza en relación al siniestro Nº 866.357 ocurrido el 04/04/2017 por el cual
la compañía de seguros SURA no responde más allá de $ 3.000,00 en concepto de cristales y $ 6.500,00
en concepto de chapería aduciendo que la póliza, que no posee, establece dichos límites. Alega que con la
compañía de seguro San Cristóbal poseía una cobertura superior, al punto de cubrir el total del siniestro.
Que reclama la cobertura total del siniestro y la posibilidad de optar libremente por una compañía de
seguro y condiciones contractuales, sin estar obligado a suscribirse a una compañía en específico,
declarando haber actuado en todo momento de buena fe, cumplimentando en tiempo y forma los pagos del
mutuo y confiando en la buena fe, transparencia, confiabilidad y seriedad comercial de las tres (3)
empresas involucradas en este acto.
Que a orden n° 15, conforme documento electrónico IF-2017-00192528-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, la
firma SURA S.A. acompaña contestación al traslado de la denuncia en fecha 31/10/2017 (ratificado en
fecha 27/11/2017) en la cual expone, a más de un relato de los hechos, que la póliza por la cual se
asegura el rodado del denunciante en San Cristóbal Seguros fue migrada a dicha entidad (anteriormente
denominada RSA Seguros S.A.) a petición del mismo acreedor prendario GPAT, no obstante, con
idénticas condiciones que la contratada con anterioridad. Asimismo ofrece propuesta.
Que a orden n° 43, según documento electrónico IF-2017-00248691-GDEMZA-SUMA#MGTYJ, se
incorpora Acta de Audiencia de Conciliación celebrada en fecha 07 de diciembre de 2017, a la cual
comparece el denunciante y las firmas denunciadas Yacopini Motors S.A. y Seguros Sura S.A., quienes
acuerdan pasar a un cuarto intermedio a fin de que asista la firma GPAT COMPAÑIA FINANCIERA SAU.
Que en virtud de ello, mediante documento electrónico IF-2017-00273126-GDEMZA-SUMA#MGTYJ de
orden n° 48 se adjunta Acta de la segunda Audiencia de Conciliación celebrada en fecha 26 de diciembre
de 2017, a la que comparece el denunciante y las firmas Yacopini Motors S.A., Seguros Sura S.A. y GPAT
Compañia Financiera SAU. En ella el Sr. Capó acepta el ofrecimiento de SURA S.A. (ver orden n° 15),
aunque bajo disconformidad toda vez que no es más que el cumplimiento contractualmente determinado
en la póliza. Reitera que nunca se le notifica el cambio de compañía de seguro como tampoco se le da la
posibilidad de optar entre diferentes aseguradoras. La firma Yacopini Motors S.A. rechaza la denuncia,
solicitando se la desestime de la presente causa, en razón de que no existe incumplimiento alguno por
parte de la empresa a las normas de Defensa del Consumidor, y que lo reclamado por el denunciante es
un tema específicamente contractual con la empresa GPAT Compañía Financiera S.A.U. y Seguros Sura
S.A. Por su lado, GPAT Compañía Financiera S.A.U. expone que rechaza la denuncia y al solo efecto
conciliatorio solicita plazo para presentar una respuesta a la pretensión del denunciante, el cual es
otorgado. Por último, se otorgan 15 (quince) días hábiles a fin de que la firma Sura S.A. de cumplimiento
con lo acordado.
Que a orden n° 50, mediante documento electrónico IF-2018-00024849-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, se
incorpora escrito presentado por la firma GPAT Compañía Financiera S.A.U., en fecha 09/01/2018, donde
manifiseta que sólo a los fines conciliatorios, ofrece la posibilidad de optar por la compañía de seguros que
desee, debiendo respetar la cobertura ya seleccionada en la compañía de seguros SURA S.A., teniendo
que endosar la nueva póliza a favor de GPAT como acreedor prendario, estableciendo como fecha de
vigencia el 27/01/2018 y a su vez, tendrá a su cargo el deber de informar a GPAT de cualquier cambio
vinculado al seguro del vehículo.
Que a orden n° 55, según documento electrónico IF-2018-00238509-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, el
denunciante rechaza la propuesta por insuficiente.
Que a orden n° 53, conforme documento electrónico IF-2018-00184852-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, la
denunciada Sura S.A. acredita la transferencia de Pesos Nueve Mil Quinientos con 00/100 ($ 9.500,00)
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conforme lo acordado con el denunciante.
Que a orden n° 58, según documento electrónico PV-2018-00669659-GDEMZA-SUMA#MGTYJ se
dispone emplazar a la firma GPAT Compañía Financiera S.A.U. a que presente documentación
respaldatoria que acredite que se notificó el cambio de seguro y de póliza. Que exprese los motivos por los
cuales se cambiaron las condiciones de la póliza, y que acredite haber hecho entrega de la póliza en virtud
de lo previsto en la ley de seguros, considerando el descargo presentado por el denunciante.
Que a orden n° 65, mediante IF-2018-01181832-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, la firma presenta escrito en
respuesta al emplazamiento, en fecha 11/05/2018. Adjunta copia de la póliza Nº 4869312 emitida por la
compañía de seguros SURA S.A., indicando los límites de la cobertura y accesorios. Manifiesta que no
hubo un cambio en la cobertura del seguro automotor contratado por el denunciante, sino que simplemente
se había efectuado un cambio en la denominación de la compañía aseguradora, siendo la compañía RSA
seguros ahora Seguros SURA S.A., concluyendo que no ha incumplido con ninguna cláusula contractual ni
ha tenido ninguna actitud desleal con el denunciante, por lo que solicita se desestime la denuncia y se
proceda al archivo de las actuaciones.
Que esta Dirección entiende que la firma GPAT Compañía Financiera S.A.U. no acredita haber dado
cumplimiento a los extremos peticionados en el emplazamiento, motivo por el cual, se dispone imputar a la
firma GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. infracción por presunta violación al artículo 4° de la LDC,
“debido a que no se brindó una información cierta, veraz y detallada con respecto a la condiciones de
contratación del seguro de referencia atento a que no existe constancia en autos que se hubiere notificado
al denunciante del cambio de compañía y del cambio de las condiciones de póliza, siendo que
anteriormente poseía un seguro total con la empresa San Cristobal, y luego se cambió a RSA y Sura sin
notificación fehaciente alguna hacia el Sr. Capo”, todo ello según constancias de orden n° 68, mediante
PV-2018-01771541-GDEMZA-DDEFCO#MGTYJ.
Que a orden n° 72, según IF-2018-02493566-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ, la infraccionada presenta
descargo manifestando que no ha incumplido precepto alguno de la Ley 24.240, solicita se revoque la
imputación en su contra y se disponga en consecuencia el archivo de las actuaciones. Plantea la nulidad
del acto administrativo y la violación de defensa en juicio, alegando que de la lectura de la resolución se
observa el incumplimiento de esta DDC de las normas que establecen las condiciones de todo
procedimiento administrativo. Que debe ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que
inducen a emitir el acto y claramente deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de
causa y en el derecho aplicable, la garantía de legalidad, lo que no se da en el caso concreto. Que se han
tomado únicamente los hechos relatados por la parte denunciante, los cuales son parciales, violando el
derecho de defensa. Reclama en consecuencia la nulidad del acto a tenor de la LNPA 19.549. 6.
Que, en consideración de los argumentos defensivos, desde el aspecto formal del acto administrativo, se
entiende que los mismos son varios laxos y vagos en cuanto no se indica de qué forma se vulnera
puntualmente el derecho de defensa. Otorgando a esta Dirección la impresión de ser manifestaciones
rituales de un modelo defensivo de la denunciada para este tipo de imputaciones, basados de hecho en la
ley nacional de procedimiento administrativo y no la provincial aplicable al caso concreto. A más de ello, y
atendiendo a lo alegado, se entiende que la imputación se encuentra debidamente motivada en los hechos
alegado en la causa por las partes y pruebas aportadas por ellos. La sumariada toma conocimiento
expreso de lo manifestado por el denunciante y de hecho realiza ofrecimiento conciliatorio en
consecuencia. Así también la infracción se encuentra legalmente encuadrada. En conclusión, no resulta
nulo el acto y no se viola derecho de defensa alguno.
Que en subsidio plantea en primera medida los antecedentes del caso, en concordancia con lo expuesto
por el denunciante. Manifiesta que mediante escrito de propuesta conciliatoria hace lugar a la pretensión
del denunciante, lo cual desde ya no es así, ya que este rechaza la propuesta por insuficiente. Reitera lo
expuesto en el escrito de fecha 11/05/2018. Reseña que las condiciones de la contratación del seguro del
vehículo responden a la Com. A 5460 del BCRA, la cual determina que los sujetos obligados deberán
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ofrecer a los usuarios de servicios financieros por lo menos tres compañías aseguradoras no vinculadas
entre sí, entre las que deberán poder optar y conservar constancia del ejercicio de ese derecho por parte
de dichos usuarios. Que quien solicitó el crédito fue el denunciante y su libertad de contratación estuvo
asegurada; que los términos y condiciones del préstamo le fueron previamente informados y este aceptó
libremente, resguardándose el derecho a la información; la cuota fue también informada; la compañía
aseguradora del rodado fue libremente elegida por este de entre las tres ofrecidas por GPAT. Plantea que
esta Dirección se arroja atribuciones que no le corresponden al intentar declarar la no validez de normas
contractualmente controladas por el BCRA, lo cual desde ya se entiende que no es así, en ningún
momento esta DDC pretende intervenir el contrato no obstante facultades legales para determinar la
abusividad de ciertas cláusulas y tenerlas por no escritas, lo cual no es el centro de tratamiento en la
presente.
Que, en cuanto al artículo en infracción, manifiesta que desde el comienzo de la contratación fue informado
de las modalidades y cada una de las obligaciones asumidas descartando el error en su voluntad. En
consecuencia, optó por la compañía de seguros San Cristóbal. Hasta que en octubre de 2016 GPAT
rescindió el contrato con dicha aseguradora. Por consiguiente, con el objeto de mantener la mutua
seguridad jurídica en la relación contractual con el denunciante se le informó que su cobertura a partir del
01/10/2016 sería brindada por la aseguradora RSA compañía líder en el mercado. Que en la misma misiva
se le informó que el traspaso de compañía operaría de manera automática sin necesidad de que realizara
ningún trámite especial, ni tampoco que tuviera que afrontar cambios en las condiciones de contratación
que mantenía. Que se le comunicó que en cumplimiento de lo dispuesto por la Normativa de Protección al
Usuario Financiero podía optar por modificar la compañía aseguradora informada, por alguna de las
siguientes: ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. o MAPFRE ARGENTNA SEGUROS
S.A.
Que atento a que el denunciante no se expidió negativamente al traspaso de su cobertura del seguro
automotor a RSA se procedió a dar su alta. Por lo tanto, a partir de octubre de 2016 el denunciante contó
con la cobertura de RSA manteniendo las mismas condiciones de contratación que San Cristóbal SMSG,
la cual a fines del 2016 cambió su denominación a Seguros Sura SA. Que en ningún momento el
denunciante contó con una cobertura que no hubiese sido la contratada inicialmente. Por otro lado, las
pólizas del seguro RSA y SURA debieron ser enviadas al denunciante por dichas compañías aseguradoras
no teniendo injerencia en dicho acto GPAT. No obstante, podría haber solicitado las mismas a través del
centro de atención al cliente o vía correo electrónico. Adjunta documental a fin de acreditar sus extremos.
Que al respecto de lo anteriormente expuesto, se considera que si bien inicialmente al momento de
contratación del mutuo se respeta la libertad de contratación del denunciante quien optó por San Cristóbal
Seguros entre tres compañías aseguradoras de acuerdo a la Com. A 56460 del BCRA, en consonancia
con lo dispuesto por la Res. 9/2004 SCT Defensa del Consumidor, la misma imputada reconoce (y así
también lo expuso la denunciada SURA Seguros), que en octubre de 2016 GPAT rescindió el contrato con
la aseguradora por la cual optó el consumidor y que le habría informado al denunciante que su cobertura a
partir del 01/10/2016 sería brindada por RSA Seguros, sin cambios en su tipo, manteniendo sus límites.
Que podía optar por dos compañías más y que frente a su silencio se procedió al alta. Al respecto caben
dos reproches desde el aspecto legal. El primero de ellos por cuanto unilateralmente decide “rescindir” el
contrato con San Cristóbal Seguros –cuando el mismo se celebra entre aseguradora y asegurado por lo
tanto se entiende que la financiera no es parte del mismo no obstante pueda endosarse la póliza a su
nombre-, ordenando la baja del seguro y su activación con otras compañías sobre las cuales el
denunciante no tuvo oportunidad de optar de entre otras de acuerdo a la normativa antes reseñada (no
surge en autos de forma fehaciente la supuesta opción al consumidor entre Zurich o Mapfre a la que alude
en el descargo la sumariada sumado a que no pueden generar una manifestación de voluntad a raíz del
silencio de aquel en el hipotético caso de que se hubiere notificado la opción, ya que no sería tal y habría
una preselección de parte del proveedor). En segundo lugar, nunca fue informado de dichos cambios a
pesar de ser el asegurado y que goza del derecho a la información de acuerdo al art. 4 LDC y es aquí
donde reside la falta que se le atribuye a la imputada. GPAT a su antojo “resuelve” contratos de seguro,
“celebra” nuevos con RSA y SURA (no obstante, no se advierte cambio de condiciones de póliza en
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perjuicio del consumidor como lo esgrime la sumariada), pero lo más llamativo es que lo hace sin la
intervención del consumidor como parte integrante del mismo, sin su opción y consentimiento y muchos
menos sin su noticia. Si bien acompaña copia de una misiva que habría remitido Sura al denunciante, no
tiene fecha cierta ni mucho menos hay constancia de su recepción por este último.
Que por otro lado también se comparte lo expuesto por la sumariada en cuanto a que las pólizas de
seguro deben ser remitidas por las aseguradoras de acuerdo a la LS, quedando configurada y firme la
imputación de autos.
Que el artículo 4° de la Ley Nacional Nº 24.240 dispone que “El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre
gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.”
Que se debe tener presente que la información, “es menester entenderla dentro del principio de la
transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida
como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una
modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede
advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de
determinada cláusula.”
Que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional luego de la reforma de 1.994,
expresando el art. 42º de la Carta Magna: “...los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”, y también es consagrada en
nuestro reciente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto no podemos desconocer
este principio elemental en la relación de consumo, para que las elecciones sean fundadas y racionales y
permitan una utilización adecuada del producto o servicio contratado, en protección de los intereses
patrimoniales.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que esta Dirección, como autoridad de aplicación de la Ley N° 24.240 vela por su correcta aplicación.
Que el art. 47º de la Ley 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la
hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de
la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta
TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación
podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario
de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso
que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad
de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la
autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (…)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
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sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Al
respecto,
cabe
destacar
lo
expuesto
la
empresa
en
su
página
web
-
http://www.gpat.com.ar/quienessomos/historia.php- “En GPAT nos especializamos en el financiamiento
prendario para la adquisición de automotores 0km y usados, comercializados por la Red de
Concesionarios oficiales de General Motors Argentina. Con el respaldo de Banco Patagonia y Banco do
Brasil, la entidad bancaria más importante de Latinoamérica, ofrecemos productos financieros altamente
competitivos, posicionándonos entre los 3 líderes del mercado prendario argentino de los últimos 10 años.”
Que, en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada presta un
servicio de forma deficiente, y no presenta pruebas contundentes en su defensa. Que respecto al perjuicio
sufrido por el consumidor, si bien el denunciante presenta diversos presupuestos en donde se observan
valores que superan los $50.000 para el arreglo del vehículo asegurado y objeto del reclamo, debe tenerse
en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al
consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que
sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar
una estricta correspondencia con el daño infligido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY
ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE
APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido más de tres años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma “Gpat Compañía Financiera SAU”, CUIT Nº 30-67856482-2, conforme lo permite la escala legal,
equivalente a Pesos Cincuenta Mil Con 00/100 ($ 50.000,00.-), por la infracción verificada y analizada.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley nº 24.240, representa sólo un 1% del total.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
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de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “GPAT COMPAÑIA FINANCIERA SAU”, CUIT Nº 30-67856482-2, de
demás datos que constan en autos, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS CINCUENTA
MIL con 00/100 ($ 50.000,00.), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº
24.240, por violación del artículo 4° del mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor). El recurso de revocatoria junto a la tasa retributiva correspondiente
podrá ser enviado al correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la
ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo
establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la
emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y
Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
Mgter. Mónica S. Lucero
S/Cargo
30/10/2020 (1 Pub.)
