RESOLUCIONES
Resolución Nº 121
- Fecha de publicación
- 2 de junio de 2020
- Fecha de la norma
- 6 de agosto de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.118 · páginas 17–24
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 121
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
MENDOZA, 06 DE AGOSTO DE 2019
VISTO:
El expediente nº EX-2019-03740378-GDEMZA-INSPE#MGTYJ, caratulado "Acta C 4464 Banco Macro
Sociedad Anónima", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma BANCO MACRO
SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-50001008-4, sita en calle San Martin Nº 76, Maipú, Mendoza, y con
domicilio legal en calle Avenida Eduardo Madero Nº 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que se inician las actuaciones con motivo del Acta de Infracción serie C Nº 4464 labrada en fecha 04 de
Julio de 2019, contra la firma BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA, por no exhibir Libro de Quejas
rubricado por la Dirección de Defensa del Consumidor (Resolución Nº 05/2019 D.D.C.).
Que a orden nº 4 la firma infraccionada presenta descargo contra la imputación efectuada. . En el mismo
señala que el Banco Central de la República Argentina ha creado la “Gerencia Principal de Protección al
Usuario de Servicios Financieros”, y por medio de su Comunicación “A” 5388 y modificatorias, dispone
una serie de obligaciones para las entidades financieras con el objeto de mejorar sus relaciones con los
usuarios. En la Sección Tercera se establecen diversas pautas respecto del servicio de atención a los
usuarios de servicios financieros, tales como la designación de un responsable de atención de los mismos
y la obligación de establecer un procedimiento específico para la atención de las consultas y reclamos.
Que dicha normativa establece que se debe asentar en una base de datos única y centralizada todas las
presentaciones (consultas o reclamos) recibidas de los usuarios de servicios financieros,
independientemente del medio a través del cual fueron canalizadas y de la casa receptora, en un Registro
Centralizado de Consultas y Reclamos, a los cuales se debe asignar un número correlativo.
Que la norma establece que el cliente tiene derecho a efectuar el seguimiento de su presentación, con el
deber de informarle el estado del trámite cada vez que lo requiera. También habilita a que el cliente
efectúe la denuncia ante el B.C.R.A. y que toda consulta o reclamo sea, en términos generales, resuelto
dentro del plazo máximo de 20 días hábiles.
Que es en función de dicha normativa que el Banco Macro instala un registro centralizado de consultas y
reclamos, asignando a cada usuario un número correlativo, con fecha de iniciación del reclamo e
informando el plazo estimado de resolución.
Que manifiesta que a través de la normativa provincial se pretende imponer un procedimiento
administrativo de recepción y solución de reclamos que difiere ostensiblemente del que determina el
B.C.R.A. para todas las entidades bancarias del país. Por lo que esa incongruencia se debe resolver
dando prioridad a la normativa emitida por el B.C.R.A., órgano de contralor de las entidades financieras.
Que razones de jerarquía constitucional de normas abonan dicha posición.
Que invoca la competencia exclusiva y excluyente del B.C.R.A. alegando que es el único organismo al que
le compete
ejercer el poder de policía en materia bancaria, en virtud de un régimen legal específico y de jerarquía
constitucional superior a cualquier norma provincial.
Que dicho poder de policía se le confiere al B.C.R.A. por medio de la Ley Nº 21.526 de Entidades
Financieras.
Que el Acta de Inspección Nº 4464 contiene un vicio, la incompetencia del Organismo, que nulifica
cualquier intento de la Administración local de avanzar sobre la cuestión referida. Señala que están
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adheridos voluntariamente al Código de Prácticas Bancarias que regula y define prácticas de transparencia
respecto de la información brindada a los clientes. Que la incongruencia de normas se debe resolver
dando preeminencia a la normativa que emana del B.C.R.A. Que en la causa “Banco de la Nación
Argentina c. Programa de Defensa del Consumidor, Comercio y Cooperativas de la Provincia de San Luis
s/ apelación 24.240”, la Corte Suprema de la Nación Argentina resuelve un problema de competencia en
favor del B.C.R.A., como autoridad de aplicación del poder de policía de las entidades financieras, en
detrimento de los tribunales administrativos de defensa del consumidor. Que el fallo sostiene que “La ley
de entidades financieras Nº 21.526 establece que el B.C.R.A. ejerce la fiscalización de las entidades en
ellas comprendidas y que la intervención de cualquiera otra autoridad queda limitada a los aspectos que no
tengan relación con las disposiciones de la presente ley.” Que el B.C.R.A. es el órgano fiscalizador del
funcionamiento de las entidades financieras, siendo tal misión indelegable y excluyente. Que es, por lo
tanto,el órgano competente entre otras cosas para aplicar la ley de defensa del consumidor, si
correspondiese, a las entidades bajo su control. En razón de lo expuesto, solicita se deje sin efecto el Acta
de Infracción y se proceda al archivo de las actuaciones.
Que la Resolución Nº 13/2014 dictada por esta Dirección de Defensa del Consumidor se encuentra vigente
desde fecha 15/10/2014 hasta el 11/01/2019.
Que el art. 5º de la Resolución Nº 13/2014 consagraba que “Los obligados, comprendidos en el Artículo I,
deberán habilitar un "Libro de Quejas. Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios podrán
asentar sus reclamos...”.
Que por su parte, el artículo 7º de la Resolución mencionada dispone que “El Libro de Quejas deberá ser
habilitado anualmente por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la foliatura de sus
hojas y la rúbrica del Director de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última hoja del mismo con
indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley Impositiva del año en
curso...”.
Que también es importante remarcar la obligación de exhibición que impone el artículo 8º de la Resolución
referida al
disponer que “El ´Libro de Quejas. Defensa del Consumidor´ deberá encontrarse siempre en lugar visible
para el público en general en el sector de Atención al Cliente, en caso de ausencia por espacio del sector
específico, siempre sobre el mostrador de atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.”
Que de la consulta realizada en nuestra Base de Datos (www.dconsumidor.mendoza.gov.ar) surge que la
firma Banco Macro S.A. nunca tramita el Libro de Quejas correspondiente.
Que respecto al planteo realizado por “Banco Macro S.A.”, el mismo resulta improcedente.
Que el artículo 3º de la Ley Nº 24.240, incorporado por Ley Nº 26.361, señala en su último párrafo “las
relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio
de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.” El vínculo jurídico existente entre el
usuario de servicios financieros y un Banco, que es un prestador de servicios financieros, es una típica
relación de consumo. El prestador, consecuentemente, posee el carácter de proveedor en los términos del
artículo 2º de la Ley Nº 24.240.
Que la doctrina señala que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el
mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir
en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean
en lo que damos en llamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros,
turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines
determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos.
Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos,
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una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de
cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su
funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas
normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna
cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo
caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica
renovación productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción
de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los
países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus
derechos subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la
sociedad le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su
conjunto por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos
por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de
sanciones contra los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo
limita los derechos individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular
-un consumo transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo
institucional para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa
sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro
en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice
que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esta alcanzado asimismo por otra normativa
específica.”
Que como se advierte, la mencionada Ley no establece que las normas generales y especiales se integran
con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico
que así sea pues, como se dijo, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación
de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos,
principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley Nº 26.361).
Que la mencionada reforma implica que, por más que la actividad del proveedor se encuentre regulada por
otra normativa específica, la relación de consumo se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley
Nº 24240. De esta manera, en el caso de marras, si bien es correcto que existe normativa específica que
regula la actividad del proveedor (Banco Macro), en lo atinente a la relación de consumo se aplica la Ley
Nacional Nº 24.240 y la Ley Provincial Nº 5547. Pretender extender la fiscalización del Banco Central de la
República Argentina a aspectos vinculados con la protección de los derechos de los consumidores implica
contradecir lo establecido por la misma Ley de Entidades Financieras, que establece la fiscalización por el
Banco Central pero permitiendo la intervención de cualquier otra autoridad en los aspectos que no Que a
su vez el art. 41º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaría de
Comercio Interior…, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y
juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas
infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.” tengan relación con las disposiciones de dicha
Ley.
Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la Provincia de Mendoza en un primer momento
dicta el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos Nº 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los
Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor
consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 modificatorias y complementarias
(Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del Consumidor) modificatorias y
complementarias.”
Que resulta claro que la Resolución Nº 13/2014 D.D.C., en su momento, y la Resolución Nº 05/2019
D.D.C., a partir de comienzos de este año, son normas complementarias dictadas por esta Autoridad de
Aplicación.
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Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley Nº 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por
ejemplo el caso del art. 63º (contrato de transporte aéreo).
Que es importante señalar que la Resolución Nº 13/14 D.D.C. es reemplazada por la Resolución Nº
05/2019 D.D.C. Esta última Resolución entra en vigencia en fecha 12/01/2019 (B.O. 11/01/2019).
Que en lo que concierne a la superposición de normas que regulan diferentes procedimientos de registro y
tratamiento de las quejas de los usuarios del sistema financiero, es importante decir que el art. 9º de la
Resolución Nº 13/2014 D.D.C. dispone, en su parte pertinente, que “La existencia de otras formas o
procedimientos de reclamos, denuncias o quejas dispuesto por partes de otros organismos públicos, sean
reguladores, nacionales, provinciales o municipales o por procedimientos internos de la empresa o de los
obligados por mecanismos de responsabilidad social empresaria o por la actividad regulatoria a la que
están sometidos, nunca podrán ser justificativos que puedan usarse como fundamento para no cumplir con
la presente reglamentación. El incumplimiento del presente por parte del obligado acarreará sanción.” (El
texto en negrita es propio). Algo idéntico prescribe el actual art. 9º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C.
Que también se encuentra tratado el tema de la superposición en el art. 1º de la Resolución Nº 05/2019
D.D.C. Dicha norma dispone que “Quedan obligadas al cumplimiento de esta resolución toda persona
humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que reúna las características necesarias para ser
considerada proveedor, en los términos del art. 2º de la Ley Nacional Nº 24.240 y del art. 4º de la Ley
Provincial Nº 5.547, y que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades que
impliquen la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, dentro del
territorio de la Provincia de Mendoza. Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta Resolución todos
aquellos proveedores que se encuentren obligados por otros órganos de contralor, nacionales, provinciales
o municipales, a llevar otro tipo de sistemas para tratar las quejas o reclamos, siempre que se hubiere
suscripto un convenio en tal sentido entre dichos Organismos de Control y esta Dirección provincial de
Defensa del Consumidor. Mientras dichos convenios no existan, la Dirección de Defensa del Consumidor
válidamente podrá exigir a dichos comerciantes el Libro de Quejas de esta Dirección y aplicar la totalidad
de las regulaciones previstas en la presente norma.” (El texto en negrita es propio).
Que a raíz de lo expuesto, es importante señalar que no se firma Convenio alguno en ese sentido entre la
Dirección de Defensa del Consumidor (Gobierno de Mendoza) y el B.C.R.A.
Que por su parte, el art. 4º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C., a semejanza del viejo art. 5º de la Res. Nº
13/2014 D.D.C., dispone que “Los obligados, comprendidos en el Artículo 1, deberán habilitar un "Libro de
Quejas de Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios podrán asentar sus reclamos. El
Libro de Quejas es un instrumento público de esta Dirección. Dicho libro deberá ser uno de los
denominados artículos de librería conocidos como ''Libro de Actas"…”.
Que el art. 6º de la Res. Nº 05/2019 consagra (como lo hacía el art. 7º de la Res. Nº 13/2014 D.D.C) que
“El Libro de Quejas deberá ser habilitado por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la
foliatura de sus hojas y la rúbrica del/la Director/a de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última
hoja del mismo con indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley
Impositiva del año en curso. La nueva homologación corresponderá una vez agotadas todas las hojas del
“Libro de Quejas de Defensa del Consumidor”…”.
Que finalmente, el art. 8º de la Res. Nº 05/2019 D.D.C. dispone (como lo hacía el art. 8º de la Res. Nº
13/2014 D.D.C.), que “El Libro de Quejas de Defensa del Consumidor deberá encontrarse siempre en
lugar visible para el público en general en el sector de Atención al Cliente. En caso de que el espacio del
sector específico sea escaso, el Libro de Quejas deberá encontrarse siempre sobre el mostrador de
atención y debidamente señalizado dentro del local comercial.”
Que también se considera relevante destacar que la totalidad de los Bancos (públicos y privados) que
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operan en la Provincia de Mendoza, a excepción del Banco Macro S.A., cuentan con el Libro de Quejas
que exige esta Dirección. Dicho dato surge de la Base de Datos de esta Dirección
(www.dconsumidor.mendoza.gov.ar).
Que ello implica que la totalidad de los Bancos, excepto el Banco Macro S.A., compatibilizan los dos
sistemas de recepción y tratamiento de reclamos de sus usuarios. Recuérdese que es posible volcar los
reclamos que se asientan en el Libro de Quejas, que exige esta Dirección, en el sistema informatizado que
exige el B.C.R.A. Ello sin perjuicio de señalar la función probatoria que le asigna la Res. Nº 05/2019 D.D.C.
(y antes la Res. Nº 13/2014 D.D.C.), a las quejas registradas en los Libros de Quejas (ver art. 11º Res. Nº
05/2019 D.D.C.). Allí se consagra que los hechos asentados en los Libros constituyen una presunción
“iuris tantum" sobre la veracidad de la existencia de los mismos. De tal forma, se invertirá la carga de la
prueba, recayendo sobre la empresa, comercio o proveedor la obligación de demostrar y probar la falta de
veracidad de los dichos del consumidor. Es decir, la presunción mencionada constituye un estándar
notoriamente superior, que beneficia al consumidor, que el sistema de registro de quejas instaurado por el
B.C.R.A.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que por todo lo expuesto, este Dirección considera que corresponde sancionar a la firma Banco Macro
S.A., CUIT Nº 30-50001008-4, de conformidad con lo prescripto en el art. 57º inc. b) de la Ley Nº 5.547,
por violación de los artículos 4º, 6º y 8º de la Res. Nº 05/2019 de la D.D.C .
Que el Artículo 13º de la Res. 5/2019 establece que “El incumplimiento formal de alguna de las
obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de los obligados comprendidos en el
Artículo 1, se sancionará con alguna de las penas previstas en el art. 57º de la Ley Provincial Nº 5547, sin
perjuicio de contemplar los atenuantes y agravantes correspondientes, previstos en la Ley Provincial Nº
5.547 y en la Ley Nacional Nº 24.240, a efectos de graduar la sanción a aplicar.”
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 9118, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…4) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas,
estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b)
el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.
Qué asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados, en este caso, por la falta de libro de quejas,
considerando
lo
expuesto
por
la
misma
entidad
bancaria
en
su
página
web
“https://www.macro.com.ar/conocenos”, cuando dice que “Grupo Macro está conformado por Banco
Macro y Banco Tucumán Grupo Macro. Banco Tucumán tiene 801 empleados, 160 cajeros automáticos,
41 terminales de autoservicio y una estructura de 34 puntos de atención, posicionándose como uno de los
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Bancos más eficientes y de mayor crecimiento regional. El grupo cuenta con 9028 empleados, 1485
cajeros automáticos, 934 terminales de autoservicio y una estructura de 506 puntos de atención, siendo
actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país, posicionándose como el
número uno de los Bancos Nacionales de Capitales Privados.”
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma Banco Macro S.A., conforme lo permite la escala legal, equivalente a pesos veinticinco mil con
00/100 ($ 25.000,00.-), por la infracción verificada y analizada.
Que no obstante ello, se considera el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la
Dirección de Defensa del Consumidor obrante a ordenes nº 8 y 9, donde se visualiza que la firma Banco
Macro S.A., CUIT Nº 30-50001008-4 registra antecedentes, corresponde duplicar el monto de la multa
anteriormente impuesta (artículo 57º de la Ley Nº 5547, según Ley Impositiva Nº 9118, Art. 11º), por lo que
corresponde imponer la sanción de multa conforme lo permite la escala legal, equivalente a PESOS
CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 50.000,00) por la infracción verificada y analizada.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
6.000.000), y que dentro de la escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 0.83 % del monto máximo
aplicable.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47º de la
Ley Nº 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE a la firma BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-50001008-4,
sita en calle San Martin Nº 76, Maipú, Mendoza, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS
CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 50.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la
Ley Nº 5.547, por violación a los artículos 4º, 6º y 8º de la Res. Nº 05/2019 de la Ley Nº 5.547.
ARTÍCULO 2° - INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 5547,
correspondiente al Código Tax 017- 925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
ARTÍCULO 6º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa
del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - REGÍSTRESE al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTÍCULO 8º - NOTIFÍQUESE a quienes corresponda de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
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