RESOLUCIONES
Resolución Nº 37
- Fecha de publicación
- 18 de febrero de 2020
- Fecha de la norma
- 5 de febrero de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.041 · páginas 21–25
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 37
MENDOZA, 05 De Febrero De 2020
VISTO:
El
expediente
Nº
EX-2019-05129066-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ,
caratulado
“INFRACCION
ECOGAS”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma“DISTRIBUIDORA DE GAS
CUYANA S.A.”, CUIT Nº 33-65786558-9, con domicilio en Av. Las Tipas Nº 2221, Godoy Cruz, Mendoza,
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y domicilio electrónico en mabbiati@ecogas.com.ar y rchaveros@ecogas.com.ar, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 179- EX/ 2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, la Dirección de
Defensa del Consumidor, aplica a “DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.”, CUIT Nº 33-65786558-9,
con nombre de fantasía "ECOGAS", una multa de PESOS CINCO MILLONES con 00/100 ($
5.000.000,00), por violación a los artículos 30º bis y 4º de la Ley Nº 24240.
Que a orden nº 24 obra número de documento IF-2019-06197445-GDEMZA-MESAYAS%MGTYJ,
mediante el cual la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución.
Que a orden nº 26 se agrega número de documento IF-2019-06341539-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ,
donde la sumariada presenta pago del código 1077, mediante Boleto Serie AC Nº 00004595, por Pesos
Quinientos con 00/100 ($ 500,00).
Que desde el punto de vista formal el recurso debe ser aceptado atento a que se presenta en el plazo de
ley y con el pago de la tasa correspondiente.
Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente fundamenta su agravio, en incompetencia,
inexistencia de infracción, incumplimiento de los procedimientos sustanciales, violación del debido
proceso, improcedencia de la sanción de multa, falta de fundamentación suficiente y, desproporción en el
importe de la multa aplicada. Por lo que se procede al análisis de las defensas expuestas.
Que respecto a la incompetencia de esta Dirección para atender el asunto de marras, la misma se plantea
en ocasión del descargo a la apertura de sumario. En los argumentos planteados en dicha oportunidad, no
se observa ninguno que permita cambiar lo dispuesto por esta Dirección mediante Resolución que
actualmente se recurre. En razón de ello, y en honor a la brevedad, se remite a la misma que fuera
notificada al recurrente oportunamente. En cuanto a ello, se entiende que resulta claro el artículo 23º de la
Ley 24.240: “(…) Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea
controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente Ley. En
caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de
los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la
autoridad de aplicación de la presente ley.” Ninguna distinción realiza la ley respecto a si se trata de un
servicio público nacional o provincial. Y ello porque lo que resulta de ámbito nacional es la distribución de
gas natural, en especial su regulación. En el presente caso, esta Dirección actúa en su función de
autoridad de contralor de la Ley 24.240, función que dicha ley federalizó adjudicando a las provincias el
carácter de autoridad para atender los casos en que la presunta infracción se haya cometido en su
jurisdicción. En definitiva, la actuación de la Dirección de ninguna manera “interfiere” en la satisfacción del
servicio, como alega la sumariada. La competencia en la supervisión de las conductas de las prestadoras
de servicios públicos domiciliarios resulta concurrente entre las autoridades de aplicación de la Ley 24.240
y los entes reguladores, teniendo prioridad el organismo que haya actuado en primer lugar para evitar
resoluciones administrativas contradictorias. Entender que la Dirección de Defensa del Consumidor puede
controlar el cumplimiento de las normas del estatuto del consumidor y no sancionar por su incumplimiento
resultaría, al menos, paradójico.
Que la recurrente también funda la incompetencia planteada en que la Ley 5.547 establece que el artículo
66º fija que “la competencia para aplicar sanciones corresponde al señor director de comercio”. Respecto
a ello cabe contestar que la presente causa no se tramita a través de la mencionada Ley, sino por la Ley
24.240. La sanción se impone conforme al artículo 47º inc. b) y por infracción a los artículos 30º bis y 4º de
la Ley Nacional. Respecto a la Ley 24.240, la Dirección de Defensa del Consumidor resulta la autoridad de
aplicación conforme al artículo 45º de la Ley, y los Decretos Provinciales 2140/94, 1313/12 y 1626/12.
Consecuentemente, el plateo de incompetencia con los argumentos expuestos debe ser desestimado.
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Que por otro lado, la recurrente plantea que no existe el presupuesto fáctico que posibilita la intervención
de esta autoridad, que conforme al artículo 25º, sería solo por denuncia de los usuarios.
Que esta Dirección entiende que erra la recurrente en su interpretación del artículo mencionado. En efecto,
dicha norma solo plantea que los ciudadanos tienen la opción de presentar su denuncia ante los
organismos de contralor de servicios públicos correspondientes o ante la autoridad de contralor de la Ley
24.240 (“Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por
legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.”). Pero de ninguna manera
condiciona la posible intervención de esta Dirección a la existencia de una denuncia, quedando
plenamente el principio general fijado en el artículo 45º (“La autoridad nacional de aplicación iniciará
actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas
reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien invocare un
interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de
autoridad administrativa o judicial.. ), y artículo 41º (“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones
cometidas en sus respectivas jurisdicciones”).
Que respecto al procedimiento y al fondo de la sanción, la recurrente plantea vicios en atención a que: el
acta de infracción alude a denuncias y reclamos ante la Dirección que no constan ni son identificadas en
autos; las facturas agregadas con posterioridad al descargo no resultan útiles para fundar el acto
sancionatorio “ya que no integraron la prueba de cargo”; que dichas facturas incorporadas “no
correspondía que llevaran la leyenda del artículo 30º bis de la LDC”; que respecto los supuestos cortes de
servicios a los que alude la imputación, no surgen de autos ni se acompaña prueba para demostrar la
existencia de los mismos en relación a las facturas acompañadas; que las cuentas de las facturas
acompañadas en autos donde no figura leyenda alguna no tenían deuda, por lo que no habría disociación
entre lo informado y la situación fáctica; que no se cumplió con el procedimiento atento a que no existió
queja presentada por interesado ni acta de inspección; que el mismo art. 30º bis de la Ley 24.240 prevé
una “sanción” para los casos de omisión de a información de la existencia o no de deuda, la que consiste
en la presunción ausencia de deuda.
Que efectuado un análisis de las defensas y vicios planteados por la recurrente, y que fueron sintetizados
ut supra, cabe señalar en primer lugar, y en relación a las críticas relacionadas con el inicio de las
actuaciones, que resultan infundadas. En efecto, el procedimiento seguido en el presente expediente es el
establecido en el art. 45º de la Ley 24.240, en conformidad con lo fijado en el decreto 2140/94 artículo 2º:
“Adhiérase el citado organismo (la Dirección de Defensa del Consumidor) al procedimiento establecido en
el artículo 45º de la Ley 24.240 (…). Dicho decreto fue ordenado en cumplimiento del art. 45º in fine de la
Ley 24.240: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su
actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un
procedimiento compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.” Por ello,
cabe aclarar que las Leyes Provinciales 5.547 y 9.003 no son las que fijan el procedimiento de actuación
para la aplicación de la Ley 24.240 por parte de la autoridad de aplicación provincial (como alega la
recurrente), sino que es el mencionado decreto 2140/94 el que lo efectúa, remitiendo a lo establecido en el
art. 45º. En consecuencia, una actuación administrativa en virtud de la Ley 24.240, puede ser iniciada,
conforme dicho artículo “en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas
reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien invocare un
interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de
autoridad administrativa o judicial” (texto en negrita propio). En consecuencia, no resulta un requisito la
existencia de acta o denuncia para iniciar las actuaciones. La Dirección tiene la potestad de iniciar
actuaciones de oficio, no resultando relevante cómo tuvo conocimiento del hecho que será investigado.
Por ello, en la presente causa no resulta necesario identificar las denuncias (en este caso realizadas
informalmente ante la Dirección), y ello no afecta de manera alguna el derecho de defensa de la
sumariada, tal como se explica a continuación.
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Que en relación a la incorporación de las facturas que obran en autos con posterioridad a la imputación y
defensa, cabe realizar algunas precisiones. Realizada la apertura de sumario, la sumariada tuvo
posibilidad de descargo y de presentar las pruebas que desvirtuaran la imputación respecto a la falta de
leyenda en las facturas. En tal sentido, la sumariada esbozó diversas defensas (incompetencia e
inexistencia de corte de servicio sin información previa), pero nunca controvirtió la efectiva existencia de
facturas sin la leyenda requerida por el art. 30º bis. Por ello, las facturas que fueron incorporadas al
expediente no tienen otra función que confirmar lo que fuera informalmente denunciado e informado a esta
Dirección y que en definitiva no fue controvertido ni probado a contrario sensu por la sumariada. En
conclusión, no se observa que la incorporación de las facturas con posterioridad a la imputación haya
obstaculizado el derecho de defensa de la recurrente.
Que respecto a la defensa dirigida a la inexistencia de cortes de suministro en relación a las cuentas de las
facturas incorporadas en autos, cabe señalar que no alteran la infracción imputada a la empresa. El punto
central es si la sumariada cumplió con la información requerida por el artículo 30º bis, que fue en definitiva
la infracción imputada. En tal sentido, se ha probado que no se cumplió con dicho requisito y ello basta
para tener por acreditada la comisión de la infracción. Ahora bien, cabe apuntar que la recurrente ha
aportado con el recurso aquí en análisis prueba de la inexistencia de cortes de suministro. Y ello sí
puede incidir en la cuantificación del daño al no probarse la existencia de daño. Pero no influye en la
configuración de la infracción, que en este caso es formal, es decir, basta la conducta omisiva contraria a
la ley para su configuración, prescindiendo tanto de la intencionalidad del autor como de sus
consecuencias dañosas.
Que por otro lado, en cuanto al argumento que no habría disociación entre lo informado y la situación
fáctica, ya que las cuentas de las facturas incorporadas no registran deudas, resulta necesario aclarar lo
siguiente. Si bien queda acreditado que efectivamente las cuentas pertenecientes a las facturas obrantes
en autos no registraban deudas, ello no implica que dicha situación haya sido expresamente informada
como exige la Ley. Que el art. 30º bis prevea una presunción ante la omisión del proveedor es solo a los
efectos de proteger el patrimonio del consumidor ante la falta de información. Pero de ninguna manera
desvirtúa la obligación establecida en el primer párrafo, que justamente ha previsto garantizar la seguridad
informativa del consumidor previendo y exigiendo la información tanto de las deudas como de la
inexistencia de las mismas. Al no haber informado dicha inexistencia, claramente la sumariada no está
suministrando la información exigida por ley, por más que la misma ley haya previsto una presunción ante
dicha falta. No resulta razonable entender que se está suministrando información mediante una omisión. Si
así fuera, al legislador le hubiera bastado que solo se informaran expresamente las deudas y establecer la
presunción. Por ello, que por la aplicación de la presunción no haya existido disociación con la situación
fáctica, no implica el hecho verificado de la falta de información.
Que finalmente, cabe referirse a la interpretación que realiza la recurrente del art. 30º bis, en el
entendimiento de que dicho artículo ya contendría una sanción, por lo cual la imposición de una multa
implicaría una doble sanción por un mismo hecho. Tal como ya hemos adelantado, el citado artículo
claramente prevé una presunción ante la omisión de información, cuyo único fin es proteger
patrimonialmente al consumidor en caso de que se haya omitido la correspondiente información. De
ninguna manera puede entenderse que una presunción equivale a una sanción. Éstas están únicamente
establecidas en el artículo 47º de la Ley 24.240, y en el presente caso, se impone por incumplir con la
información legal establecida en el art. 30º bis. En conclusión, no existe la pretendida doble imposición de
sanción por un mismo hecho. Ante el incumplimiento al deber especial de información sobre la existencia o
no de deudas, corresponde la imposición de una de las sanciones fijadas en el art. 47º, más allá de la
existencia de una presunción legal que funcionará en el caso de que el proveedor intentara ejecutar una
supuesta deuda a un usuario que no haya sido informado previamente de la existencia de la misma.
Que una vez analizadas y desvirtuadas las defensas sobre la existencia de la infracción, cabe referirse a
las críticas al monto de la sanción impuesta. Por un lado, la recurrente ataca que el monto impuesto no ha
sido debidamente fundado; y por otro, que el importe de la multa resulta desproporcionado. De los
argumentos expuestos respecto a la falta de fundamentación, se considera que algunos resultan acertados
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afectando consecuentemente a la proporcionalidad de la sanción, por lo cual cabe la disminución del
monto impuesto. En tal sentido, y como se adelantara ut supra cuando se explica que queda acreditado
que no se produjo corte de suministro, al no existir un daño material a los usuarios cabe la disminución de
la sanción. Ello conforme al artículo 49º de la Ley 24.240. Ahora, resulta necesario aclarar que la
posibilidad de que existan más consumidores afectados por la falta de información legalmente exigida sí se
debe tener en cuenta. La potencialidad no reside en el daño (solo se ha demostrado la falta de corte
respecto a las tres facturas obrantes en autos), sino en la infracción imputada.
Que por otro lado, también cabe la disminución del monto impuesto, ya que no se observa ni consta que la
firma sumariada haya obtenido un beneficio por la omisión imputada.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - ADMITIR formalmente y PARCIALMENTE en lo sustancial el recurso de revocatoria
esgrimido por la firma “DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.”, CUIT Nº 33-65786558-9.
ARTICULO 2º - REDUCIR el monto de la sanción de multa aplicada en la Resolución 179- EX/ 2019 de
fecha 27 de septiembre de 2019 a la firma “DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.”, CUIT Nº
33-65786558-9, de conformidad con lo manifestado en los considerandos precedentemente expuestos, a
PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00), conforme con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley
Nº 24.240, por violación a los artículos 30º bis y 4º del mismo cuerpo legal.
ARTICULO 3° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
Nº 24.240 - Cód. TAX 017-417, Cód. Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo
Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 4º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077 – Boleto emitido por la
Dirección de Defensa del Consumidor).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
18/02/2020 (1 Pub.)
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
