DECRETOS
Decreto Nº 67
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 29 de enero de 2020
- Fecha de la norma
- 17 de enero de 2020
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.027 · páginas 9–11
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 67
MENDOZA, 17 DE ENERO DE 2020
Visto el expediente N° 6895-D-18-20108 y sus acumulados Nº 2811-D-17-01283 y Nº 1079-D-17-01409,
en el primero de los cuales la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la
firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la
Resolución N° 572 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de
Economía y Energía, en fecha 06 de setiembre de 2018; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de
la Competencia el Decreto DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas
abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo
72 DNU 274/19);
Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial
el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 1291/17 dictada por la
Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía,
actual Ministerio de Economía y Energía;
Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establecido en la Ley Nº 9003;
Que la empresa reitera en esta instancia algunos de los argumentos que vertiera en oportunidad de
interponer recurso jerárquico;
Que la empresa hace referencia permanentemente al Acta Nº 47295 labrada el 16/09/15, en la cual
aparentemente se habría acompañado el perfil con el precio de góndola;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que el hecho de que en dicha Acta un inspector haya agregado el perfil con el precio de góndola, no
significa que sea requisito indispensable para la validez del Acta. La constatación de la infracción es
facultad del inspector, quien como funcionario público ha sido envestido para que sus dichos gocen de fe
pública;
Que los argumentos principales esgrimidos por la empresa a efectos de desvirtuar la imputación que recae
sobre su accionar, consistieron en afirmar la nulidad del Acta por cuanto sostienen no se demuestra la
verdadera existencia de diferencia de precios porque faltan componentes para su demostración fehaciente;
Que la Resolución 572/18 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, se encuentra
debidamente fundada, no aportando la recurrente en esta instancia argumentos de entidad y consideración
que autoricen a apartarse de lo resuelto por la autoridad;
Que básicamente no se entiende cual sería la defensa que la empresa pretende articular en el descargo
por cuanto el producto debe identificarse con el precio en góndola el cual debe ser exactamente igual al
que deberá cobrarse en Caja;
Que el monto de la multa de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00), se encuentra dentro del rango que preveía el
Artículo 18 inciso a) de la Ley Nº 22802 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente;
Que de las constancias de las actuaciones surge que la existencia de la infracción ha quedado demostrada
y la recurrente no la ha negado ni ha demostrado su inexistencia, siendo sus fundamentos vagos e
inentendibles;
Que se ha acompañado el ticket y si el mismo no cuenta con las especificaciones que pretende la
recurrente, es su responsabilidad el no contar con un sistema de registración claro y que respete la
normativa vigente protectora en la materia;
Que en relación al argumento que debe incorporarse en el Acta el código de barras o perfil de góndola, se
entiende que si bien sería una opción que sumaría un elemento probatorio a la causa, no resulta
indispensable por cuanto la función del inspector es justamente constatar esa inexactitud;
Que cabe aclarar que los inspectores son funcionarios públicos cuyas afirmaciones, volcadas en las Actas,
hacen plena fe hasta que la misma no sea desvirtuada;
Que analizadas las constancias y pruebas existentes en el expediente se comprueba que la firma
denunciada ha transgredido el Artículo 9º de la Ley 22802 de Lealtad Comercial, que prescribía: “Queda
prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante
inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o
propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de
comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.” y que por lo tanto
se le aplica una sanción de multa, de conformidad a lo que establecían los Artículos 17 y 18 de la citada
Ley;
Que los demás comercios se han visto perjudicados en el presente caso como consecuencia del engaño
que representa y de la competencia desleal que implica poner a la venta determinados productos y
publicitar los mismos variando el precio de góndola con el que efectivamente debe pagarse en Caja, hecho
por el cual la firma infractora debe responder;
Que surge indubitable del Acta de fojas 1, ticket de fojas 2 y planilla anexa de fojas 3/4 del expediente
acumulado 1079-D-17-01409, que la firma sancionada tenía exhibido los precios de los productos y que al
pasarlos por caja el mismo sufría variaciones, con lo cual las infracciones imputadas resultan
fehacientemente acreditadas;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que el inspector actuante contaba con facultades para la actuación realizada, teniendo en cuenta los
sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y fundamento al proceso de división de la
Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección de Industria y Comercio, lo que conduce a concluir
en la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia la recurrente;
Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y las Resoluciones que en su consecuencia
se dictaron, se asentaba en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos
obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se
presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son,
por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se
requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el
sujeto se encuentra obligado no se verifique;
Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros
que fijaba la Ley Nº 22802, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de
razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y la circunstancia de que posee
antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado
provocaría en el patrimonio de la infractora;
Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el
recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 572/18 del ex Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, a fojas 22/24 vuelta y 34 y
por Asesoría de Gobierno a fojas 26/27 vuelta del expediente N° 6895-D-18-20108,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/6
vuelta del expediente N° 6895-D-18-20108, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en
su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la
Resolución Nº 572 emitida por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de
Economía y Energía, en fecha 06 de setiembre de 2018, conforme con los fundamentos expuestos en los
considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
29/01/2020 (1 Pub.)
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
