RESOLUCIONES
Resolución Nº 175
- Fecha de publicación
- 24 de diciembre de 2019
- Fecha de la norma
- 23 de septiembre de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.003 · páginas 24–28
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 175
MENDOZA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VISTO:
El expediente Nº 3192-G-2013-00112-E-0-2, caratulado "Gómez Valentín Uriel C/ S.P.U.N.C.", en el cual
obran las actuaciones sumariales contra “SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO”, CUIT Nº 30-63238969-4, con domicilio en calle Salta Nº 1173, Ciudad, Mendoza,
y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se inician las actuaciones por denuncia presentada por el Sr. Valentín Uriel Gómez, DNI Nº
26.507.354, con domicilio en calle Diagonal Passera Nº 1465, Dpto. 4, Rodeo de la Cruz, Guaymallén,
Mendoza, contra “SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO”, CUIT Nº
30-63238969-4, en virtud de haber firmado en fecha 01 de agosto de 2011 un compromiso de venta y
adjudicación con la denunciada, mediante el cual el sindicato se compromete a adquirir, con el aporte de
los adjudicatarios, el predio ubicado en calle Urquiza y Elpidio González de Guaymallén. Que en
cumplimiento de su obligación, abona la suma cancelatoria de Pesos Cincuenta y Un Mil con 00/100 ($
51.000,00) por un lote con proyecto a vivienda a corto plazo, recibiendo en fecha 9 de marzo de 2012 el
documento que lo acredita. Reclama que no se detalla en el contrato la superficie total del inmueble a
adjudicar. Que en varias oportunidades se acerca al Sindicato para solicitar información sobre avances del
barrio y nunca lo atendieron. Que se le requiere incluso el pago de carpetas técnicas, urbanización sin
información al respecto atento a que en el contrato suscripto no se detallan dichos conceptos ni el importe.
En fecha 12 de noviembre de 2013 se lo intima mediante carta documento N° 1014776 al pago del lote,
carpetas técnicas, urbanización y cuotas mensuales, a pesar de ser el Sindicato quien no cumple con la
obligación de adquirir el lote mencionado. Expresa que también incumple con la realización de gestiones
para obtener la aprobación de planos y financiación del proyecto, según se obligara en el segundo
apartado. Por tales razones da por resuelto el contrato suscripto con la denunciada, a tenor de lo dispuesto
por el art. 10º bis inc. c) de la Ley Nº 24.240, por lo que pide el reintegro de lo abonado más actualización
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e intereses, en virtud del incumplimiento, por parte del SPUNC, de su obligación contractual. Adjunta copia
fiel del título de cancelación, CD N° 1014776 remitida por SPUNC y CD N° 17497531 remitida por el Sr.
Gómez a SPUNC.
Que a fs. 13 y 17 rolan actas de audiencias de conciliación, a las que comparece la parte denunciante y no
así la parte denunciada a pesar de estar debidamente notificada.
Que al hacer un análisis del contrato suscripto entre las parte, cuyas copias obran a fs. 6 y 7, mediante el
cual el denunciante se compromete al pago de una determinada suma de dinero y el “SPUNC” se
compromete a la adquisición de un inmueble, dentro del marco de la operatoria de vivienda del Sindicato, y
a realizar gestiones a fin de obtener aprobación de planos y financiación, procediendo a escriturar dichos
inmuebles a favor de los consumidores, esta Dirección entiende que se encuentra sometido a las
previsiones del art. 13º de la Ley Nº 24.240, corolario del art. 40º de la Ley Nº 5.547, toda vez que exige al
proveedor que cumpla con ciertas pautas relativas al deber de información. Estudiando dicha instrumental,
se advierte que en ninguna de sus cláusulas se hace mención de la superficie e identificación del terreno
que se adjudicará al consumidor beneficiario en incumplimiento con el inc. a) art. 13º de la Ley Nº 5547. A
más de ello tampoco se hace referencia en forma completa a los plazos de entrega. Si bien la cláusula
quinta estipula que: “en caso de transcurrir tres años sin que el Sindicato haya formalizado las operatorias
de vivienda, sea con el IPV, entidades bancarias públicas o privadas, organismos nacionales o provinciales
de crédito, se entregará la posesión del lote a cada Beneficiario, con las formalidades establecidas por la
Ley de fondo. De darse este caso y encontrándose el beneficiario en posesión del lote que le corresponda,
correrá por su cuenta y cargo el pago de todo impuesto, servicio o tasa que devengue la propiedad”, no se
hace referencia en qué plazo se procederá a la adquisición del predio de acuerdo a la cláusula primera
para luego comenzar con el cómputo del plazo de tres años reseñado para formalizar operatorias de
vivienda o en su defecto entregar la posesión del lote (para lo cual es menester ser propietario). Ello
implica que el tiempo de adquisición quede a criterio y antojo de la denunciada, situación que el inc. e) del
art. 13º de la Ley Nº 5.547 quiere evitar, razón por la cual se entiende que se incumple con la normativa
expuesta. A más de ello, se entiende que el plazo transcurrido desde la fecha de contratación, e inclusive
cancelación del precio pactado, es razonable para proceder a adquirir el predio según el compromiso
asumido, entendido este como obligación de resultado. Por lo tanto, se pude concluir que se omite
especificar en el contrato el “cuánto” y el “cuándo" en relación a parte de la obligación asumida por el
SPUNC. Inclusive llega a diluirse la contraprestación que recibirá el consumidor, ya que no se sabe cuál es
en especie ni en qué términos podría recibir eso que desconoce.
Que además de lo antes expuesto, atento a las incomparecencias injustificadas de SPUNC a las dos
audiencias de conciliación, a pesar de su correcta notificación. Se configura la infracción estipulada en el
art. 54º de la Ley Nº 5.547.
Que haciendo un análisis doctrinario en base al art. 10º bis de la Ley de Defensa del Consumidor,
Sebastián Picasso estipula que “…cabe señalar que la norma en comentario se refiere al incumplimiento de
la oferta del contrato por el proveedor”. El giro es defectuoso, pues parecería acotar el ámbito de la
disposición al incumplimiento de las obligaciones asumidas voluntariamente por el proveedor, por medio
del contrato, o de la oferta vinculante, cuando es evidente que también el incumplimiento de obligaciones
surgidas ex lege -como la de información (art. 4º, LDC), o la de seguridad (art. 5º, LDC)- dará al
consumidor la posibilidad de articular alguno de los remedios que contempla el artículo (aclara esta parte
que hace referencia al art. 10º bis de la Ley Nº 24.240). Desde luego, la disposición se pone en marcha -en
principio- frente a cualquier incumplimiento del proveedor, ya sea aquel absoluto o parcial, y en este último
caso, ya se trate de cumplimiento tardío (mora), defectuoso o inexacto. (Libro “Ley de Defensa del
Consumidor Comentada y Anotada”, Picasso-Vázquez Ferreyra, Tomo I, Pág. 156, Edit. La Ley, 2.009).
Para Gamarra, el incumplimiento es solo temporal o definitivo, siendo todas las demás formas de
inejecución de la obligación (pérdida de la cosa, prestación inexacta, etc.) especies del incumplimiento
definitivo (Gamarra, Jorge, Incumplimiento temporal y definitivo, en la responsabilidad, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1995, p. 225 y sgtes.). Brescia, por su parte, engloba bajo la denominación de
“cumplimiento inexacto" tanto al incumplimiento moratorio cuanto al incumplimiento parcial y al defectuoso
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(Brescia, Umberto, Le obbligazioni, Giuffré, Milán, 1991, ps. 583/586).
Que de acuerdo a la doctrina expuesta, se advierte en base a los considerandos de la presente, que la
denunciada incumple con el deber de información dispuesto en los artículos 13º y 40º de la Ley Nº 5.547
(artículos 4º y 10º de la Ley Nacional 24.240), razón por la cual es válido reclamar la resolución contractual
según lo aludido por el consumidor en los términos del art. 10º bis inc. c) de la Ley Nº 24.240. Si puede
exigir la resolución por incumplimiento de contrato u oferta con mayor razón lo podrá hacer por
incumplimiento en el deber de información como parte integrante de la relación contractual, inclusive
cuando su contraprestación pueda resultar ilusoria como en el caso de marras.
Que a fs. 18/20 se dispone imputar infracción a “S.P.U.N.C.”, por violación a los artículos 13º, 40º y 54º de
la Ley Nº 5.547, por cuanto la firma omite en el documento de venta la superficie que se adjudicara al
consumidor beneficiario y por no estipular los plazos de entrega, incumpliendo en consecuencia con el
deber de información legalmente prescripto. A más de ello, por incomparecer injustificadamente a las dos
instancias conciliatorias dispuestas en autos. Lo expuesto, de acuerdo a los argumentos desarrollados en
autos y notificados a la denunciada mediante notificación de infracción en su domicilio.
Que se notifica en fecha 09/06/2014 a la denunciada de la imputación de fs. 18/20 de acuerdo a la cédula
obrante a fs. 21, sin que a la fecha obre descargo alguno.
Que la circunstancia de no haber articulado alguna acción o defensa contra la imputación en cuestión,
permite tener por configurada la comisión de la infracción.
Que el artículo 57º de la Ley Nº 5547, (según Ley Impositiva Nº 9118, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…4) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa”.
Que el art. 47º de la Ley Nº 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la
hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas,
estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b)
el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.
Qué asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley Nº 5547, se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
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Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no da
cumplimiento con el compromiso de venta y adjudicación, mediante el cual el sindicato se compromete a
adquirir el predio ubicado en calle Urquiza y Elpidio González de Guaymallén, y que si bien por dicho lote
abona la suma de $ 51.000,00, debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto
a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de
graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni
que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº
2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE
DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –
SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de haber transcurrido seis años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma “SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO”, conforme lo permite
la escala legal, equivalente a Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($ 300.000,00.-), por la infracción
verificada y analizada.
Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 6 % del monto máximo
aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina,
hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 6.000.000), y que
dentro de la escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa MODERADA.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - APLICAR a la firma “SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CUYO”, CUIT Nº 30-63238969-4, cuyos datos constan en autos, la sanción de multa consistente en el
pago de PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($ 300.000,00), de conformidad con lo prescripto en el
artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5.547, por la violación a los artículos 13º, 40º y 54º del mismo cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 5547, correspondiente
al Código Tax 017- 925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo
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de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza y en otro de alcance Nacional
(artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº
24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
24/12/2019 (1 Pub.)
ENTE PROVINCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
