DECRETOS

Decreto Nº 2039

MINISTERIO ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

Fecha de publicación
28 de noviembre de 2019
Fecha de la norma
6 de septiembre de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.985 · páginas 11–13
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2039 MENDOZA, 06 DE SETIEMBRE DE 2019. Visto el expediente N° 745-D-16-01409, en el cual la Doctora ANABEL ELIANA GAZALI, en representación de la firma JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 1123 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 26 de octubre de 2017; y Considerando: Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-06715771-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 11 de 153 Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el Decreto DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 del Decreto DNU Nº 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por la citada firma contra la Resolución N° 640/17 del Organismo de referencia, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00) por violación al Artículo 9º de la Ley N° 22802; Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecido por la Ley Nº 9003; Que a fojas 1 del expediente de referencia obra Acta de Infracción Nº 51170, de fecha 2 de marzo de 2016, labrada por la Dirección de Fiscalización y Control al Supermercado “VEA”, propiedad de la firma JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., con domicilio comercial en calle Panamericana Nº 2675, General Benegas, Departamento Godoy Cruz, por la cual se constata que no coincide el precio de góndola con el precio efectivamente cobrado en Caja, de los productos detallados en dicha Acta, ticket y planillas de fojas 1/4 del expediente indicado; Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente no ha aportado nuevos elementos que desvirtúen lo resuelto por el Organismo sancionador en la resolución recurrida; Que a la luz del Acta de Infracción obrante a fojas 1 del expediente Nº 745-D-16-01409, surge a simple vista la conducta sancionada en incumplimiento de lo que disponía el Artículo 9º de la Ley Nº 22802; Que al momento de constatarse la infracción (02-03-16) por el funcionario público de la Repartición señalada, el Artículo 9º de la Ley Nº 22802 se encontraba plenamente vigente y sin modificación alguna; Que la referida normativa determinaba el deber del funcionario público, quien labrará un Acta conforme a la comprobación de una infracción y en ella hará constar concretamente el hecho verificado, dejando asentada la disposición infringida y dándole intervención a la infraccionante, tal cual se puede apreciar en el Acta de Infracción en donde se ha descripto el hecho generador de la intervención así como la normativa pública infringida; Que dicho medio constituye prueba suficiente de los hechos reflejados y comprobados. Asimismo, se advierte que se adjuntan como prueba, la Planilla Comparativa Góndola-Caja, firmada por los funcionarios actuantes y el ticket de caja; Que la ausencia de la firma de testigos sostenida por la firma recurrente no es un requisito indispensable ni esencial para la prueba de la supuesta irregularidad cometida, en razón de que al ser el Acta de Infracción un instrumento público bastan los dichos del funcionario vertidos en la misma para que se presuma legítima; Que consta en el expediente de referencia que dicha Acta, verificatoria de los precios de góndola y el ticket de caja fueron intervenidos por el funcionario actuante en presencia de personal de la empresa, lo que prueba de manera indubitable la falta cometida; Que alega la firma recurrente cercenamiento de su derecho de defensa. Al respecto, de la simple vista de las actuaciones de referencia se observa que es falsa tal alegación dado que se ha dado plena intervención a la empresa recurrente en todo el proceso sancionatorio, respondiendo en cada etapa cada una de sus alegaciones defensivas con los dictámenes técnicos necesarios para fundar la voluntad administrativa en la emisión de cada uno de sus actos; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-06715771-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 12 de 153 Que, asimismo, siendo que las infracciones advertidas afectan el bien jurídico tutelado por el régimen de Lealtad Comercial y teniendo presente que la simple conducta objetiva contraria a los preceptos normativos configuran la infracción formal a las prescripciones de la Ley Nº 22802 y modificatorias, se estima que la sanción impuesta por el órgano administrativo es razonable y corresponde confirmarla; Que la firma sancionada alega que ha sido agraviada por no haberse contemplado la aplicación del principio “in dubio pro reo”. Con relación a ello es importante destacar que en el recurso se hace mención a circunstancias no aplicables al caso en examen. No obstante, no se advierte deficiencia alguna en el labrado del Acta de Infracción, que al dispensarle la Ley carácter de “prueba suficiente” de los hechos comprobados, disipa el estado de duda que presupone el principio “in dubio pro reo”; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias y las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron, se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado: lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que la sanción de multa de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00) impuesta al Supermercado “VEA”, propiedad de la firma JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., se estima justa en su monto en relación con la infracción concreta que se intenta sancionar con la misma, por lo cual corresponde su confirmación; Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la referida firma por resultar su conducta violatoria de lo que disponía el Artículo 9º de la Ley N° 22802; Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a fojas 52/54 y 66 y por Asesoría de Gobierno a fojas 57/58 vuelta y 69 del expediente Nº 745-D-16-01409; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto a fojas 40/47 del expediente N° 745-D-16-01409 por la firma JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-70877296-4, contra la Resolución N° 1123/17 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 26 de octubre de 2017, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto y, en consecuencia, ratifíquese la misma en todas sus partes. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER S/Cargo 28/11/2019 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-06715771-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 13 de 153