DECRETOS
Decreto Nº 2275
- Fecha de publicación
- 28 de octubre de 2019
- Fecha de la norma
- 9 de octubre de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.963 · páginas 14–17
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2275
MENDOZA, 09 DE OCTUBRE DE 2019
Visto el Expediente Nº 10997-D-14-18006-E-0-0 y Expedientes acumulados N° 10119-N-12-18006 y
63-D-12-10036, mediante el cual la Empresa Nueva Generación S.A. presenta Denuncia de Ilegitimidad
contra la Resolución N° 3253 del año 2014 emitida por el ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de
Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que se presenta la denunciante a plantear formal Denuncia de Ilegitimidad contra la Resolución N°
3253/2014, mediante la cual se dispuso el rechazo del Recurso de Revocatoria oportunamente planteado
por la concesionaria.
Que corresponde analizar la procedencia formal del recurso intentado. La recurrente ha propuesto un
Recurso Jerárquico extemporáneo, pero indicando que la fórmula como Denuncia de Ilegitimidad.
Que la presentación formulada por la recurrente corresponde sea analizada como Denuncia de
Ilegitimidad, conforme el Artículo 173, Apartado II de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que el Artículo 158 de la Ley de Procedimiento Administrativo expresa: “que los plazos establecidos para
interponer recursos administrativos son perentorios por lo que una vez vencidos los mismos, el acto en
cuestión puede igualmente ser materia de revisión por denuncia de ilegitimidad con los efectos y en las
condiciones de la misma”.
Que la Denuncia de Ilegitimidad se entiende como un recurso formalmente improcedente por su origen,
por ser presentado extemporáneamente al que, por vía de ésta, una vez aceptada formalmente, se lo debe
tramitar y resolver (Manual de Derecho Administrativo, Editorial Depalma).
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Que la Denuncia de Ilegitimidad es en esencia un recurso formalmente improcedente, al que no obstante
debe darse algún trámite y consideración.
Que tal instituto, encuentra su fundamento en el principio de legalidad, que obliga a la Administración a
procurar el imperio de la norma objetiva y se requieren los mismos presupuestos exigidos para interponer
un recurso.
Que el Artículo 173, Apartado II de la Ley de Procedimiento Administrativo, dispone: “Vencidos los plazos
establecidos para interponer recursos administrativos, los interpuestos extemporáneamente serán
declarados formalmente inadmisibles. Ello no obstante a que el órgano competente para su resolución
deba calificar al recurso tardío como denuncia de ilegitimidad, siendo su deber tramitarla y resolverla, a
menos que la denuncia sea improcedente en los términos del párrafo siguiente. Son impedimentos al
progreso de la denuncia de ilegitimidad: a) motivos de seguridad jurídica en el mantenimiento dela
situación o relaciones jurídicas devenidas firmes, cuando su revisión pueda perjudicar la confianza legítima
de terceros o los intereses públicos gestionados por la administración; b) encontrarse excedidas
razonables pautas temporales que permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el
denunciante…”.
Que la Procuración de la Nación ha sostenido en su Artículo 1, inciso e), apartado 6) de la Ley N° 19.549,
revela claramente que la intención del legislador fue reconocer un tipo especial de denuncia, mediante la
cual pueden impugnarse actos administrativos que lesionen derechos subjetivos o intereses legítimos,
cuando el término para recurrir ha expirado.
Que en la Provincia de Mendoza se ha resuelto judicialmente que la figura de la denuncia de ilegitimidad
tiene como función: que el administrador puede dar muestras a los administrados de su intención de
revisar actos que de alguna manera generan dudas sobre la conducta ética de los gobernantes; que es un
modo de saneamiento jurídico que puede permitir salvar los recursos presentados fuera de término,
reconociendo como límites a su tramitación: a) motivos de seguridad jurídica; b) estar excedidas
razonables pautas temporales que hagan presumir un abandono voluntario del derecho; que debe ser
planteada dentro de plazos razonables, que no permitan destruir los mecanismos de impugnación
contenidos en la ley específica (Fallo Lo Castro).
Que a los efectos de garantizar el interés legítimo o derecho subjetivo de la empresa Nueva Generación
S.A. y dar cumplimiento a los principios rectores de todo procedimiento administrativo, fundamentalmente,
el de legalidad objetiva, es que consideramos que corresponde tratar el caso que nos ocupa como
Denuncia de Ilegitimidad.
Que entonces procede el análisis de su mérito en lo sustancial.
Que la recurrente se limita a reiterar lo expuesto en el Recurso de Revocatoria; manifiesta entre sus
agravios “que la falta que se le atribuye a la empresa es no respetar la reserva de los 4 primeros asientos
y la Resolución N° 2589/2012 se aplica por violación al Artículo 49 inciso f) de la Ley N° 6082 que tipifica
una conducta diferente a la proyectada por el inspector y que el Artículo 49 inciso f) de la Ley N° 6082
legisla sobre la obligación de llevar cierta documentación referida al servicio en la unidad y no respecto a la
reserva de asientos para personas con discapacidad, embarazadas, ancianos, etc…”.
Que corresponde destacar que no es atendible lo planteado por la empresa en cuanto a la falta de
tipicidad, atento a que de lo constatado por el agente inspector en el Acta de Infracción N° 28311 surge
con claridad manifiesta que la unidad inspeccionada no contaba con la señalización relativa a la reserva de
los cuatro (4) primeros asientos para mujeres embarazadas, discapacitados y ancianos conforme a la
normativa vigente al tiempo de cometerse la infracción, conforme el Artículo 49 inciso f) de la Ley N° 6082.
Que la recurrente omite transcribir una parte esencial del Artículo 49 inciso f 9 de la Ley N° 6082 que es la
que justamente resultaría aplicable al caso analizado, cuando dice “que tratándose de un vehículo del
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transporte público de pasajeros de cargo o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas para
cada tipo de vehículo y que su conductor lleve la documentación especial correspondiente; se entiende
que lo que se ha resaltado en letras negritas es precisamente la conducta constatada y tipificada por el
agente inspector.
Que en torno al agravio analizado, resulta indispensable aclarar el valor probatorio y eficacia que detentan
las actas de infracción labradas con los inspectores. Cabe recordar lo previsto por el Artículo 289 del
Código Civil y Comercial de la Nación, que al enunciar los instrumentos públicos en su inciso b) determina
que tienen carácter de documento público los que extiendan los escribanos o funcionarios públicos en la
forma que las leyes… (entre otros documentos se hayan comprendidos en la norma… las actuaciones en
expedientes administrativos y en general en la documentación proveniente de toda clase de funcionarios
públicos; Lino E. Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T IV, pág. 430).
Que estos documentos hacen plena fe y tienen fuerza probatorio; I) en cuanto a que se ha realizado el
acto, al fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta
que sea declarado falso en juicio civil o criminal; II) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre
convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente
relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario,
conforme el Artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Que es claro que los hechos que los inspectores dejan sentados en las actas como pasados ante su
presencia, no pueden ser desconocidos por la recurrente en la vía administrativa, debiendo recurrir a la
correspondiente vía judicial y mediante la pertinente querella de falsedad.
Que la recurrente agrega “… que la Resolución N° 2589 convalidada por la Resolución N° 3253
transgreden las normas procesales y constitucionales, debiendo ser revocadas y declaradas nulas…”. Y a
su vez, hace una extensa exposición doctrinaria de la tipicidad penal de abolengo constitucional según la
cual se prohíbe aplicar una pena si la misma no está prevista en una norma legal formal, cita el Artículo 18
de la Constitución Nacional, lo que no condice con los hechos constatados.
Que la recurrente se equivoca al sostener lo expuesto precedentemente, ya que las Resoluciones N° 2589
y N° 3253 resultan ser actos administrativos regulares que fueron emitidos en el marco de procedimientos
administrativos legítimos, donde se cumplió con los trámites sustanciales previos, esto es, admisión del
ejercicio del derecho de defensa (fojas 2 del Expediente N° 0063-D-12-10036). Actos administrativos, que
además gozan de los caracteres de presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad y estabilidad y
que tienen plena eficacia jurídica.
Que otra cuestión que plantea la recurrente, “es el vicio grosero en el acto impugnado” y “… que el acto
viciado ha sido dictado en confrontación con las garantías y derechos tutelados constitucionalmente y con
el propio régimen sancionatorio creado e impuesto por la Ley N° 6082 y la autoridad administrativa…”.
Que en las presentes actuaciones se han observado todos los pasos y etapas procedimentales
sustanciales previos y en la emisión del acto administrativo impugnado de conformidad con las
disposiciones legales vigentes en la materia. Se ha resguardado la garantía constitucional del debido
proceso y derecho de defensa al admitirse y considerarse los escritos de defensa e impugnación
presentados por la empresa denunciante, con lo cual resultan carentes de fundamento los argumentos
esgrimidos por la presunta agraviada.
Que en relación al planteo del régimen sancionatorio de la autoridad administrativa corresponde considerar
lo que manifiesta la doctrina administrativa en torno a la potestad sancionatoria de la Administración. La
misma es tan antigua como ésta misma y durante varios siglos ha sido considerada como un elemento
esencial de la Policía. No obstante, ello, a partir del constitucionalismo cambiaron profundamente las
concepciones dominantes, puesto que el desprestigio ideológico de la Policía arrastró consigo,
inevitablemente, el de la postestad sancionadora de la Administración, cuya existencia terminó siendo
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negada en beneficio de los jueces y tribunales a los cuales se les reconocía el monopolio estatal de la
represión.
Que aceptada genéricamente la existencia de la potestad sancionadora de la Administración, doctrina y
jurisprudencia se han puesto de acuerdo en sostener la tesis que hoy es absolutamente dominante: la
potestad sancionadora de la Administración forma parte, junto con la potestad penal de los tribunales, de
un ius puniendi superior del Estado, que además es único, de manera tal que aquéllas no son sino simples
manifestaciones concretas de éste.
Que una vez integrada la potestad sancionadora de la Administración en el ius puniendi del Estado, cabe
tener presente que la normativa vigente en la materia al tiempo de la presentación de la denuncia
analizada, anterior Ley N° 6082 y actual Ley N° 9024, regulaba expresamente la infracción constatada por
el inspector actuante en el caso que nos ocupa, razón por la cual, no cabe duda de que nos encontramos
frente a atribuciones sancionatorias inherentes a la autoridad administrativa que legítimamente han sido
ejercidas.
Que no sólo no nos encontramos frente a un acto inexistente por vicio grosero sino que, muy por el
contrario, estamos ante una decisión administrativa resuelta en el marco de la legalidad sin transgredir
disposiciones legales y que además cumple con todos los presupuestos exigidos por la normativa vigente
en la materia.
Que nos encontramos frente a una resolución con carácter sancionatorio, que aplica una sanción en el
marco del ejercicio de facultades conferidas por la ley expresamente a la Administración derivada de una
violación o incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley N° 6082 y su Decreto Reglamentario
(entonces vigente), que goza plenamente de los caracteres de todo acto administrativo y que constituye
carga del administrado invocar y desvirtuar con pruebas suficientes la validez y eficacia del acta de
infracción labrada por los inspectores que motivaron la emisión de la resolución atacada.
Que por todo ello, corresponde rechazar la Denuncia de Ilegitimidad presentada, por carecer de
fundamentación suficiente, confirmarse la resolución recurrida y la multa impuesta por ser absolutamente
válida y eficaz.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por la Dirección de
Asuntos Legales y Fiscalización de la Secretaría de Servicios Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º.- Acéptese en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial la Denuncia de
Ilegitimidad presentada por la Empresa Nueva Generación S.A., C.U.I.T. N° 30-64519168-0, contra la
Resolución N° 3253 del año 2014, emitida por el ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de
Servicios Públicos.
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER
S/Cargo
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