RESOLUCIONES
Resolución Nº 179
- Fecha de publicación
- 8 de octubre de 2019
- Fecha de la norma
- 27 de septiembre de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.950 · páginas 17–22
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 179
MENDOZA, 27 de septiembre de 2019
VISTO:
El expediente EX-2019-05129066-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, caratulado “INFRACCION ECOGAS”,
en el cual obran las actuaciones contra la firma “DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.”, CUIT Nº
33-65786558-9, con domicilio en calle Av. Las Tipas Nº 2221, Godoy Cruz, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 2 se dispone notificar a “DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.”, que se le imputa
infracción por presunta violación a los artículos 30º bis y 4º de la Ley Nº 24.240, por no informar a los
usuarios, si existen periodos adeudados pendientes de pago, con la fecha y los intereses si
correspondiere. En caso de no existir deudas pendientes, también debe colocar la leyenda que exprese
"no existen deudas pendientes". Que dicha información debe ser por escrito en forma clara y con
caracteres destacados.
Que a orden nº 3 la sumariada presenta descargo manifestando que el servicio de gas natural por redes
constituye un Servicio Público Nacional, regulado por las disposiciones de la Ley Nº 24.076 y su
reglamentación, marco normativo de orden público y raigambre federal. Considerando que la Autoridad de
Aplicación, en todos estos aspectos, es el Ente Regulador del Gas (ENARGAS).
Que manifiesta también, que el ENARGAS, resulta ser la Autoridad regulatoria con competencia originaria
para la sustanciación de un proceso sancionatorio ante el incumplimiento a las condiciones de prestación
del Servicio Público Nacional del cual ECOGAS es Licenciataria.
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Que respecto a la imputación de la presunta infracción, la sumariada expresa que en las actuaciones no se
hace referencia a ningún corte de servicio; asimismo que tampoco se acompaña documentación o
facturación que acredite la falta de información.
Que en cuanto a que la Autoridad de Aplicación es el ENARGAS, en materia de Servicio Público; es dable
mencionar que con la sanción de la Ley Nº 26.361 se amplía el ámbito de tutela, ya que dicha Ley tiene
como objeto otorgar una tutela especial al consumidor, sin perjuicio de que el proveedor se encuentre
alcanzado por normativa específica; aplicándose a tal actividad la legislación y control especial.
Que esta Dirección no desconoce ni la normativa legal específica, citada por la sumariada, ni la
competencia del Ente Regulador, conforme lo prescripto por el art. 25º de la Ley Nº 26.361 que
expresamente dispone: “(…) Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación
sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.
En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios
de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad específica o ante la autoridad de
aplicación de la presente Ley. (…)”.
Que no obstante respecto a la relación de consumo establecida entre la empresa y el consumidor, la cual
configura un vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario por la adquisición de bienes o
por la prestación de servicios a título oneroso y para su consumo final, se aplica indubitablemente la
Ley Nº 24.240 y modificatorias, siendo esta última una Ley de orden público.
Que la jurisprudencia manifiesta en tal sentido “la Ley Nº 24.240 instaura un sistema de protección de la
parte débil de la relación de consumo, recomponiendo el equilibrio de los vínculos entre usuarios y
proveedores, afectados ante situaciones abusivas de la vida cotidiana” en igual sentido, esta Cámara,
Sala II, in re: “OSDE- Organización Servicios Directos Empresarios SA c/DNCIDISP. 376/08 (Expte.
S01:132.269/04”).
Que en efecto, el artículo 3º y su modificación, de la Ley Nº 24.240 establece: “… Las relaciones de
consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el
proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”; por lo
que es de evidencia palmaria la aplicación de la Ley Nº 24.240 y modificatorias al presente caso, siendo en
consecuencia, la Dirección de Defensa del Consumidor la autoridad competente, en razón de lo prescripto
por el artículo 41º de la Ley Nº 24.240 y su modificación, que establece que las Provincias actuarán como
autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Que resulta evidente que el proveedor infraccionado no cumple con su obligación de brindar una
información cierta, clara y detallada al consumidor, conforme con lo establecido en el art. 30º bis de la Ley
Nº 24.240, ya que nada se informa si el usuario mantiene alguna deuda pendiente de pago, ni tampoco se
encuentra la leyenda “no existen deudas pendientes”, teniendo en cuenta los reclamos de usuarios
afectados que son de público conocimiento (véase lo publicado en "Diario Jornada" link:
https://jornadaonline.com/contenidos/206236, entre otras publicaciones). Todo lo cual se acredita mediante
facturas agregadas a orden nº 5 en las que se observa claramente el incumplimiento en cuestión, por lo
que la infracción queda debidamente probada.
Que ya se dijo que la información debe ser clara, detallada y con caracteres destacados.
Que expresa Chamatropulos en su libro Estatuto del Consumidor (pag. 518/519), que la información que
las prestadoras de servicios públicos deben dar, tal como lo exige la ley, brinda certidumbre jurídica y
libera de manera total al usuario, cuando se consigna la inexistencia de deudas y más si la facturación es
emitida con la leyenda ut supra citada (no existen deudas pendientes) y se constatare que en realidad
existían deudas, el proveedor deberá hacerse cargo de ese error inexcusable y no podrá reclamar el pago
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correspondiente al usuario, de ahí la importancia de la información clara, que hace presumir que el usuario
se encuentra al día y al decir de Farias es una presunción iuris et de iuris.
Que por su parte, el artículo 4° de la Ley Nacional Nº 24.240 dispone que “El proveedor está obligado a
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información
debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su
comprensión.”
Que se debe tener presente que la información, “es menester entenderla dentro del principio de la
transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida
como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una
modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede
advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de
determinada cláusula.”
Que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional luego de la reforma de 1.994,
expresando el art. 42º de la Carta Magna: “...los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”, y también es consagrada en
nuestro reciente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto no podemos desconocer
este principio elemental en la relación de consumo, para que las elecciones sean fundadas y racionales y
permitan una utilización adecuada del producto o servicio contratado, en protección de los intereses
patrimoniales.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el art. 47º de la Ley Nº 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la
hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos,
teniendo en cuenta el amplio giro comercial de la sumariada y su exposición frente a los consumidores. Al
respecto,
téngase
en
cuenta
lo
expuesto
por
la
firma
en
su
página
https://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/inicio.php?sitio=empresa_perfi l, según la cual "Desde hace más
de 20 años, estamos juntos a la comunidad de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan y
Catamarca. Duplicamos las conexiones y llegamos a 1.283.095 clientes en 268 localidades, a través de
una infraestructura de 30.939 km de redes y gasoductos.".
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, se tiene presente que la denunciada no cumple con el
deber de información, lo que hace presumir que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que no
mantiene deudas pendientes. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta
que la jurisprudencia ha dicho en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los
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elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a
ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta
correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/
GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado
28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a firma
“DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.”, CUIT Nº 33-65786558-9, por la suma de Pesos Cinco
Millones con 00/100 ($ 5.000.000,00) por la infracción verificada y analizada.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19º de la Ley Nº 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”,
y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser
reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial,
máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art.
47º de la Ley Nº 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - APLICAR a la firma "DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.", CUIT Nº 33-65786558-9,
con domicilio en calle Av. Las Tipas Nº 2221, Godoy Cruz, Mendoza, la sanción de multa consistente en el
pago de PESOS CINCO MILLONES con 00/100 ($ 5.000.000,00), de conformidad con lo prescripto en el
artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24240, por violación a los artículos 30º bis y 4º de la Ley Nº 24240.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza y en otro de alcance Nacional
(artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº
24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
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ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente Resolución.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
08/10/2019 (1 Pub.)
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