RESOLUCIONES

Resolución Nº 131

Fecha de publicación
17 de septiembre de 2019
Fecha de la norma
16 de agosto de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.935 · páginas 43–47
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 131 MENDOZA, 16 DE AGOSTO DE 2019 VISTO: El expediente Nº 55-C-2010-01412-E-0-4, caratulado "Corrales Esther Eusebia C/ Telefónica de Argentina S.A.", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.", CUIT Nº 30-63945397-5, con domicilio en calle Av. San Martín Nº 650, Ciudad, Mendoza, y con domicilio legal en calle Callejón Lemos Nº 552, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Nº 15 de fecha 03 de abril de 2013, la Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5, una multa de PESOS CUATRO MIL con 00/10 ($ 4.000,00) de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación al artículo 19º del mismo cuerpo legal. Que a fs. 37/50 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución. Que desde el punto de vista formal, el recurso debe ser aceptado atento que se presenta en el plazo de ley y con el pago de la tasa retributiva correspondiente. Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente fundamenta su agravio, en primera medida, en la incompetencia de esta Dirección. Sostiene que la prestación del servicio se desenvuelve en el marco de la Ley Nº 19.798 y que el órgano de contralor es la Comisión Nacional de Comunicaciones; a partir de allí sostiene que el fuero federal corresponde a la causa rationae materiae y no rationae personae y el órgano competente es la C.N.C.; cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordando la doctrina de la autoridad institucional de la Jurisprudencia de la CSJN. Que respecto a la incompetencia planteada, resulta necesario tener presente que el 16 de abril de 2.008, la Ley Nº 24.240 fue reformada por la Ley Nº 26.361. Si bien esta Dirección no desconoce ni la normativa Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-05010912-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 43 de 140 legal que cita el denunciado, la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni la jurisprudencia tanto de la CSJN como de la Suprema Corte de Mendoza citadas en el escrito, debe tenerse presente que la Ley Nº 26.361 entre sus modificaciones introdujo el concepto de "relación de consumo" en su art. 30º, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de "contrato de consumo" y en este sentido el artículo citado, establece claramente que "las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica". El legislador refuerza la preeminencia de este estatuto por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo etc. En consecuencia, y ante el caso de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad: seguros, transporte, comunicaciones, etc. tiene una legislación específica, resulta claro que -en lo atinente a la "relación de consumo" establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del servicio contratado- siempre se aplica la Ley Nº 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al buen funcionamiento "general" de cada sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo Leonardo- comentarios a la Reforma de la Ley 24.240). A su vez, la reforma mantiene en su art. 65º el carácter de ley de orden público, entendiendo así que en ella está interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Que, en consecuencia, las leyes de orden público son las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social, teniendo especialmente en cuenta que responden a un interés general, colectivo, por lo que resulta su aplicación imperativa e irrenunciable. Que finalmente, cabe resaltar que la Suprema Corte de la Provincia confirma estos argumentos e incluso extiende los mismos, desde la reforma de la Ley Nº 24240 del año 2008, determinando que existe concurrencia de competencias entre los entes de contralor específicos, como la de esta Dirección Provincial para entender en asuntos que hacen tanto a la telefonía fija como móvil. Se cita en tal sentido el fallo del máximo Tribunal Provincial emitido el 23 de diciembre de 2016 en autos NO 11397101 "Telefónica Móviles Argentina SA c/ Provincia de Mendoza P/ Acción Procesal Administrativa. No soslayamos el hecho de que dicho fallo -siguiendo los parámetros sentados por la Corte Suprema de la Nación- distinga la competencia de la CNC para cuestiones técnicas y la de la Dirección de Defensa del Consumidor para las relativas cuestiones comerciales y de consumo. El asunto de marras trata de un incumplimiento del servicio contratado, no siendo esta una cuestión exclusivamente técnica, la incompetencia planteada resulta totalmente improcedente. Que, además de la incompetencia analizada ut supra, la recurrente plantea las siguientes defensas: que a la denunciante finalmente se le da solución al objeto de su denuncia "en tiempo y forma" de acuerdo a los plazos conforme lo establece el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, y consecuentemente, al dictar la sanción esta Dirección debe tener en cuenta que el reclamo ya se encuentra solucionado. Que la sumariada alega que no se realiza ninguna audiencia conciliatoria, evitando así el organismo el "acercamiento entre las partes" y "violando el debido proceso". Que, la recurrente expresa que existe un vicio en la causa porque no se tiene en cuenta "los antecedentes de hecho y derecho" que sirven a la imputación y que las causas fácticas que se tienen en cuenta son: a) no se procede en tiempo y forma cambiar la línea CERO, y b) una vez habilitada la línea en el nuevo domicilio no se respetan los términos convenidos. Aclara que le resulta de prueba imposible demostrar que técnicamente resulta imposible trasladar una línea con el mismo número a otra zona. Seguidamente, informa que la denunciante cuenta con una nueva línea a partir del 16 de marzo de 2013, y que atento al hecho que ésta no vuelve a presentarse en estas actuaciones, la Dirección debe inferir que al momento de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-05010912-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 44 de 140 sancionar el asunto de marras ya se encontraba resuelto. Que por último, entiende la sumariada que el encuadre jurídico también resulta incorrecto ya que no resulta cierto ni probado que después de instalada la línea nueva se da de baja a la misma y que no es obligación de la empresa mantener el número en caso de cambio de domicilio. Al tiempo de la presentación del recurso, la sumariada manifiesta que la denunciante cuenta con una línea CERO categoría jubilada, acompañando prueba en tal sentido. Que respecto a los argumentos de la recurrente sintetizados en el punto anterior, esta Dirección expresa que en cuanto a la supuesta falta de audiencia conciliatoria, resulta necesario señalar que la ley vigente en el momento de la tramitación de las actuaciones y por la cual se realizan las imputaciones y sanciones (Ley Nº 24240), no obliga a una "audiencia conciliatoria" sino a una "instancia conciliatoria". En el presente proceso se le da amplias oportunidades de intervención a la recurrente, y de tener voluntad conciliatoria, la hubiera manifestado en los distintos escritos presentados (fs. 8 y 20). Ante ello, esta Dirección no hubiera impedido el contacto entre las partes y auspiciar el correspondiente acuerdo, tal como la sumariada puede corroborar en las múltiples causas que históricamente aquí se tramitan con respecto a ella. Prueba de la falta de voluntad conciliatoria de la sumariada, resulta a las claras el hecho que después que la denunciante informara a fs. 14/15 que a fecha 29/3/2011 todavía no tenía respuesta de la solicitud realizada el 2/11/2009, la sumariada contesta a fs. 20 pidiendo que la denunciante realice un "pedido de alta nuevo" y "manifieste su dirección exacta" — todo ello ya manifestado 2 años atrás-, para recién solicitar al área técnica que investigue la factibilidad de cumplir el pedido. Éste procedimiento que plantea como "propuesta conciliatoria" es justamente lo que debe realizar la sumariada ante la primera solicitud de cambio de línea efectuado en el 2009. Que en cuanto a que la situación fáctica se encuentra resuelta al momento de dictar la resolución, no es obligación ni de esta Dirección ni de la denunciante una vez iniciada la etapa sumarial, establecer si ha sido solucionado el tema que dio origen a las actuaciones. Por el contrario, resulta de interés de la sumariada alegar y demostrar dicha solución previa a la emisión de la sanción. No obstante, en esta instancia, la recurrente acompaña como prueba un print de pantalla donde se observa que se le instala a la denunciante una línea categoría "jubilado-casa de familia" en el nuevo domicilio indicado por ella. No obstante, dicha instalación se produce el 15/02/2012, es decir, 2 años y 4 meses después de la solicitud de la denunciante (efectuada el 2/1 1/2009, fecha reconocida por la sumariada a fs. 8). Por lo cual, el incumplimiento se encuentra por demás consumado al ordenarse la sanción cuestionada. Así también, queda desvirtuado que la sumariada cumple con el servicio contratado (cambio de domicilio de la línea) "en tiempo y forma" de acuerdo a los plazos conforme los establece el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico. Que el hecho alegado por la denunciada en cuanto a que no se puede hacer la instalación en el nuevo domicilio por cuestiones de "imposibilidad técnica" no se encuentra acreditado en autos por la recurrente. Y es sobre ella que recae la carga de la prueba en tal sentido, ya que es un hecho por ella invocado y por ser quien está en mejor posición para acreditarlo. Que, de haber existido dicho impedimento debe ser informado al denunciante al momento de solicitar el servicio en el nuevo domicilio (fs. 4), lo cual no se acredita en ningún momento en autos. Además, en caso que exista la imposibilidad, debe ser rechazada la solicitud de fs. 4, o al menos comunicar a la usuaria en tiempo y forma tal imposibilidad. Que, por último, el no poder comprobar los hechos descriptos por la denunciada ocurridos con posterioridad a la instalación de la nueva línea (fs. 24), no afecta la imputación efectuada debido a que ya existe un incumplimiento previo en lo que respecta a la solicitud de cambio de domicilio de la línea. Que en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se adelanta el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto desde su aspecto sustancial y se confirma la sanción de multa dispuesta en la Resolución 15/2013. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-05010912-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 45 de 140 POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACÉPTESE desde el punto de vista formal y RECHÁCESE desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5, contra la Resolución Nº 15 de fecha 03 de abril de 2013, la que se mantiene en todas sus partes ratificando la sanción de multa de PESOS CUATRO MIL con 00/100 ($ 4.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación al artículo 19º del mismo cuerpo legal. ARTÍCULO 2° - INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240, correspondiente al Código Tax 017- 417 Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTÍCULO 3° - ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTÍCULO 4º - PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 5° - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución LIC. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 17/09/2019 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-05010912-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 46 de 140 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-05010912-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 47 de 140