RESOLUCIONES
Resolución Nº 131
- Fecha de publicación
- 17 de septiembre de 2019
- Fecha de la norma
- 16 de agosto de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.935 · páginas 43–47
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 131
MENDOZA, 16 DE AGOSTO DE 2019
VISTO:
El expediente Nº 55-C-2010-01412-E-0-4, caratulado "Corrales Esther Eusebia C/ Telefónica de Argentina
S.A.", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.",
CUIT Nº 30-63945397-5, con domicilio en calle Av. San Martín Nº 650, Ciudad, Mendoza, y con domicilio
legal en calle Callejón Lemos Nº 552, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 15 de fecha 03 de abril de 2013, la Dirección de Defensa del Consumidor,
aplica a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5, una multa de PESOS
CUATRO MIL con 00/10 ($ 4.000,00) de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley
Nº 24.240, por violación al artículo 19º del mismo cuerpo legal.
Que a fs. 37/50 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución.
Que desde el punto de vista formal, el recurso debe ser aceptado atento que se presenta en el plazo de ley
y con el pago de la tasa retributiva correspondiente.
Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente fundamenta su agravio, en primera medida, en la
incompetencia de esta Dirección. Sostiene que la prestación del servicio se desenvuelve en el marco de la
Ley Nº 19.798 y que el órgano de contralor es la Comisión Nacional de Comunicaciones; a partir de allí
sostiene que el fuero federal corresponde a la causa rationae materiae y no rationae personae y el órgano
competente es la C.N.C.; cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordando la
doctrina de la autoridad institucional de la Jurisprudencia de la CSJN.
Que respecto a la incompetencia planteada, resulta necesario tener presente que el 16 de abril de 2.008,
la Ley Nº 24.240 fue reformada por la Ley Nº 26.361. Si bien esta Dirección no desconoce ni la normativa
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legal que cita el denunciado, la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni la
jurisprudencia tanto de la CSJN como de la Suprema Corte de Mendoza citadas en el escrito, debe tenerse
presente que la Ley Nº 26.361 entre sus modificaciones introdujo el concepto de "relación de consumo" en
su art. 30º, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de "contrato de consumo" y en este
sentido el artículo citado, establece claramente que "las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica". El legislador refuerza la preeminencia
de este estatuto por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de Seguros,
normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo
etc. En consecuencia, y ante el caso de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee
una incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad: seguros,
transporte, comunicaciones, etc. tiene una legislación específica, resulta claro que -en lo atinente a la
"relación de consumo" establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del
servicio contratado- siempre se aplica la Ley Nº 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto
de la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia que puedan
darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al
buen funcionamiento "general" de cada sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo
Leonardo- comentarios a la Reforma de la Ley 24.240). A su vez, la reforma mantiene en su art. 65º el
carácter de ley de orden público, entendiendo así que en ella está interesada de una manera muy
inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas costumbres, un sentido primario de la
justicia y la moral.
Que, en consecuencia, las leyes de orden público son las leyes fundamentales y básicas que forman el
núcleo sobre el que está estructurada la organización social, teniendo especialmente en cuenta que
responden a un interés general, colectivo, por lo que resulta su aplicación imperativa e irrenunciable.
Que finalmente, cabe resaltar que la Suprema Corte de la Provincia confirma estos argumentos e incluso
extiende los mismos, desde la reforma de la Ley Nº 24240 del año 2008, determinando que existe
concurrencia de competencias entre los entes de contralor específicos, como la de esta Dirección
Provincial para entender en asuntos que hacen tanto a la telefonía fija como móvil. Se cita en tal sentido el
fallo del máximo Tribunal Provincial emitido el 23 de diciembre de 2016 en autos NO 11397101 "Telefónica
Móviles Argentina SA c/ Provincia de Mendoza P/ Acción Procesal Administrativa. No soslayamos el hecho
de que dicho fallo -siguiendo los parámetros sentados por la Corte Suprema de la Nación- distinga la
competencia de la CNC para cuestiones técnicas y la de la Dirección de Defensa del Consumidor para las
relativas cuestiones comerciales y de consumo. El asunto de marras trata de un incumplimiento del
servicio contratado, no siendo esta una cuestión exclusivamente técnica, la incompetencia planteada
resulta totalmente improcedente.
Que, además de la incompetencia analizada ut supra, la recurrente plantea las siguientes defensas: que a
la denunciante finalmente se le da solución al objeto de su denuncia "en tiempo y forma" de acuerdo a los
plazos conforme lo establece el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, y
consecuentemente, al dictar la sanción esta Dirección debe tener en cuenta que el reclamo ya se
encuentra solucionado.
Que la sumariada alega que no se realiza ninguna audiencia conciliatoria, evitando así el organismo el
"acercamiento entre las partes" y "violando el debido proceso".
Que, la recurrente expresa que existe un vicio en la causa porque no se tiene en cuenta "los antecedentes
de hecho y derecho" que sirven a la imputación y que las causas fácticas que se tienen en cuenta son: a)
no se procede en tiempo y forma cambiar la línea CERO, y b) una vez habilitada la línea en el nuevo
domicilio no se respetan los términos convenidos. Aclara que le resulta de prueba imposible demostrar que
técnicamente resulta imposible trasladar una línea con el mismo número a otra zona. Seguidamente,
informa que la denunciante cuenta con una nueva línea a partir del 16 de marzo de 2013, y que atento al
hecho que ésta no vuelve a presentarse en estas actuaciones, la Dirección debe inferir que al momento de
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sancionar el asunto de marras ya se encontraba resuelto.
Que por último, entiende la sumariada que el encuadre jurídico también resulta incorrecto ya que no resulta
cierto ni probado que después de instalada la línea nueva se da de baja a la misma y que no es obligación
de la empresa mantener el número en caso de cambio de domicilio. Al tiempo de la presentación del
recurso, la sumariada manifiesta que la denunciante cuenta con una línea CERO categoría jubilada,
acompañando prueba en tal sentido.
Que respecto a los argumentos de la recurrente sintetizados en el punto anterior, esta Dirección expresa
que en cuanto a la supuesta falta de audiencia conciliatoria, resulta necesario señalar que la ley vigente en
el momento de la tramitación de las actuaciones y por la cual se realizan las imputaciones y sanciones
(Ley Nº 24240), no obliga a una "audiencia conciliatoria" sino a una "instancia conciliatoria". En el presente
proceso se le da amplias oportunidades de intervención a la recurrente, y de tener voluntad conciliatoria, la
hubiera manifestado en los distintos escritos presentados (fs. 8 y 20). Ante ello, esta Dirección no hubiera
impedido el contacto entre las partes y auspiciar el correspondiente acuerdo, tal como la sumariada puede
corroborar en las múltiples causas que históricamente aquí se tramitan con respecto a ella. Prueba de la
falta de voluntad conciliatoria de la sumariada, resulta a las claras el hecho que después que la
denunciante informara a fs. 14/15 que a fecha 29/3/2011 todavía no tenía respuesta de la solicitud
realizada el 2/11/2009, la sumariada contesta a fs. 20 pidiendo que la denunciante realice un "pedido de
alta nuevo" y "manifieste su dirección exacta" — todo ello ya manifestado 2 años atrás-, para recién solicitar
al área técnica que investigue la factibilidad de cumplir el pedido. Éste procedimiento que plantea como
"propuesta conciliatoria" es justamente lo que debe realizar la sumariada ante la primera solicitud de
cambio de línea efectuado en el 2009.
Que en cuanto a que la situación fáctica se encuentra resuelta al momento de dictar la resolución, no es
obligación ni de esta Dirección ni de la denunciante una vez iniciada la etapa sumarial, establecer si ha
sido solucionado el tema que dio origen a las actuaciones. Por el contrario, resulta de interés de la
sumariada alegar y demostrar dicha solución previa a la emisión de la sanción. No obstante, en esta
instancia, la recurrente acompaña como prueba un print de pantalla donde se observa que se le instala a la
denunciante una línea categoría "jubilado-casa de familia" en el nuevo domicilio indicado por ella. No
obstante, dicha instalación se produce el 15/02/2012, es decir, 2 años y 4 meses después de la solicitud de
la denunciante (efectuada el 2/1 1/2009, fecha reconocida por la sumariada a fs. 8). Por lo cual, el
incumplimiento se encuentra por demás consumado al ordenarse la sanción cuestionada. Así también,
queda desvirtuado que la sumariada cumple con el servicio contratado (cambio de domicilio de la línea)
"en tiempo y forma" de acuerdo a los plazos conforme los establece el Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico.
Que el hecho alegado por la denunciada en cuanto a que no se puede hacer la instalación en el nuevo
domicilio por cuestiones de "imposibilidad técnica" no se encuentra acreditado en autos por la recurrente. Y
es sobre ella que recae la carga de la prueba en tal sentido, ya que es un hecho por ella invocado y por ser
quien está en mejor posición para acreditarlo.
Que, de haber existido dicho impedimento debe ser informado al denunciante al momento de solicitar el
servicio en el nuevo domicilio (fs. 4), lo cual no se acredita en ningún momento en autos. Además, en caso
que exista la imposibilidad, debe ser rechazada la solicitud de fs. 4, o al menos comunicar a la usuaria en
tiempo y forma tal imposibilidad.
Que, por último, el no poder comprobar los hechos descriptos por la denunciada ocurridos con
posterioridad a la instalación de la nueva línea (fs. 24), no afecta la imputación efectuada debido a que ya
existe un incumplimiento previo en lo que respecta a la solicitud de cambio de domicilio de la línea.
Que en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se adelanta el rechazo del recurso
de revocatoria interpuesto desde su aspecto sustancial y se confirma la sanción de multa dispuesta en la
Resolución 15/2013.
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POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACÉPTESE desde el punto de vista formal y RECHÁCESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5, contra la
Resolución Nº 15 de fecha 03 de abril de 2013, la que se mantiene en todas sus partes ratificando la
sanción de multa de PESOS CUATRO MIL con 00/100 ($ 4.000,00), de conformidad con lo prescripto en el
artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación al artículo 19º del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2° - INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417 Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTÍCULO 3° - ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTÍCULO 4º - PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 5° - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa
del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
17/09/2019 (1 Pub.)
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