DECRETOS
Decreto Nº 1925
MINISTERIO ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
- Fecha de publicación
- 9 de septiembre de 2019
- Fecha de la norma
- 22 de agosto de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.929 · páginas 31–33
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1925
MENDOZA, 22 DE AGOSTO DE 2019.
Visto el Expediente Nº 1079-A-2011-30093 y expedientes acumulados Nº 09396-A-2010-10036 y N°
00422-D-2006-10036 y N° 00428-D-2006-10036 en el cual Autotransportes Los Andes S.A., presenta
Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 0426/2011, emitida por la ex Dirección de Vías y Medios de
Transporte actual Secretaría de Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que analizada la procedencia formal del recurso, surge que el mismo ha sido interpuesto dentro del marco
establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que corresponde admitirlo formalmente.
Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente se agravia de la resolución en la que se convalidan
procedimientos iniciados a fin de reconstruir expedientes extraviados en la ex Dirección de Vías y Medios
de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos en los que se persigue la instrucción de sumarios
encabezados por un acta de infracción.
Que refiere haber planteado a su respecto la prescripción de la acción, toda vez que se trata de
procedimientos por infracciones que pueden culminar con una sanción respecto de la cual rigen los
Artículos 106 y 107 de la Ley N° 6082, que prevén un plazo de prescripción de uno ó dos años según se
trate de faltas leves o faltas graves.
Que en la pieza administrativa se sustancia un procedimiento por infracciones varias que corresponden al
año 2006.
Que la recurrente entiende que debió declararse, por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte
actual Secretaría de Servicios Públicos, la prescripción de la acción toda vez que no existe ningún hecho o
acto que pudiera considerarse a su respecto como interruptivo del curso de la prescripción y que por
tratarse de una institución de orden público, debería ser aplicada aún de oficio por la Administración.
Que paralelamente al planteo de prescripción, pero dentro del mismo, la recurrente hace referencia al
procedimiento elegido por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos, sosteniendo que el proceder de la Administración es contrario a la ley, viola el principio de verdad
objetiva y las reglas del debido proceso.
Que asimismo señala que la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos, tiene la custodia del expediente que se extravió y que si en el mismo había un descargo
presentado, debe continuarse con el trámite según su estado. Manifiesta que no está obligada a presentar
copia del descargo, sin saber de qué actuaciones se trataba, negando haber sido notificados de las
infracciones que se les atribuyen.
Que manifiesta que el plazo para defensa es de diez (10) días y que no fueron notificados de un acta de
infracción sino de un requerimiento para presentar la copia del descargo o presentar descargo, respecto
del procedimiento de reconstrucción, por lo que se hace procedente la defensa de prescripción requiriendo
se revoque la resolución recurrida.
Que analizado el planteo realizado por la administrada sobre los aspectos sustanciales del recurso
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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intentado, se advierte que este se enmarca dentro del procedimiento de reconstrucción de una serie de
expedientes extraviados en la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, debidamente ordenada por la
Resolución N° 6323/06 de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que a los fines de promover la reconstrucción se dispuso, según constancias de autos, notificar la decisión
de la Administración de efectuar ese procedimiento, que en todos los casos se inicia con la copia
certificada de un acta de infracción.
Que con motivo de no vulnerar el debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio del administrado,
se le notificó de tal situación y se le otorgó el plazo de cinco (5) días para que, o bien acompañara
descargo, si en su momento lo presentó; o que se defendiera y presentara descargo ofreciendo las
pruebas que hicieran a su derecho.
Que la recurrente niega que haya existido a su respecto algún hecho o acto de los que la normativa prevé
como interruptivos del curso de la prescripción.
Que se advierte que en el procedimiento la administrada intenta hacer valer la prescripción opuesta, sin
reparar en ningunos de los elementos existentes en la pieza administrativa, llegando inclusive a citar o
invocar erróneamente las disposiciones que rigen el procedimiento de que se trata.
Que en la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte se realizó adecuadamente el trámite previsto por la
Ley de Procedimiento Administrativo para disponer la reconstrucción de una pieza extraviada. Se siguieron
las pautas allí fijadas, encausando el trámite dentro de marco de la legalidad y evitando de ese modo
incurrir en nulidades que lo invalidaran.
Que es cierto que el administrado puede no contribuir voluntariamente en su propio interés a la
reconstrucción de la pieza administrativa; pero ello no le impide a la Administración proseguir con el trámite
de reconstrucción y hacerlo con los elementos con los que cuente en su poder.
Que la notificación cursada pone en acto el debido proceso y la garantía constitucional de defensa en
juicio; y no acierta la administrada cuando afirma que el plazo de cinco días que le otorgan para presentar
la copia de su descargo no existe en el procedimiento administrativo y que en consecuencia, el mismo es
arbitrario y contrario a la ley, toda vez que no se trata del ámbito de las facultades discrecionales de la
Administración, sino del ámbito de las facultades regladas.
Que tampoco es cierto que la administrada no estuviera notificada de la infracción que se investigaba en
los expedientes extraviados, toda vez que en las copias certificadas de las actas de infracción consta que
las mismas fueron debidamente notificadas en su oportunidad.
Que queda por ello analizar con rigor la cuestión referida a la defensa de prescripción opuesta por la
administrada. Siendo evidente que desde que se labraron las actas de infracción en el año 2006 hasta la
fecha en la que se ordena la reconstrucción de los expedientes no han transcurrido los plazos previstos
por la normativa para la prescripción de las acciones, según la falta de que se trate sea leve o grave.
Que en la reiterada cita de los Artículos 106, 107 de la Ley N° 6082, la administrada omite la
consideración del Artículo 108 de dicha ley, que prevé las causales de interrupción de la prescripción de la
acción y de la sanción. A fin de constatar si en estos casos había acontecido algunas de las causales
previstas en esta última norma, se solicitaron los antecedentes correspondientes, lo que se encuentra
agregados a fojas 13/23 del expediente en trato.
Que en su intento por evitar la consideración de los hechos y actos interruptivos de la prescripción, la
administrada recurre a un sofisma. Sostiene que respecto de la interrupción de la prescripción solamente
pueden computarse las infracciones cuyas sanciones se encuentren firmes y ejecutoriadas afirmando que
se confunde la prescripción de la acción con la de la pena, toda vez que la sola remisión de las
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actuaciones al apremio, no interrumpe el curso de la prescripción, sino que lo que la interrumpe es la
iniciación del juicio de apremio del cual no se la ha notificado.
Que esta afirmación omite considerar que no podría enviarse a apremio una infracción sancionada que no
tuviera sustento en un acto administrativo que estuviera firme y ejecutoriado; y esto último constituye un
acto que es base de sustentación para la interrupción de la prescripción tanto de la acción como de la
sanción, a tenor de lo establecido por el inciso a) del Artículo 108 de la Ley N°6082 (“..la comisión
sobreviniente de una nueva falta..”).
Que no puede afirmarse que no hay nueva falta en los términos del mencionado Artículo, sin una infracción
que tenga sanción firme y ejecutoriada y considerar que esa sanción firme y ejecutoriada no tenga
relevancia frente a la comisión de una nueva infracción, aunque no se hubiera iniciado la acción de
apremio, que en forma independiente es una causal de interrupción de la prescripción, (Artículo 108 inciso
c) de Ley N° 6082).
Que el simple cotejo de las planillas obrante en autos es una prueba acabada y suficiente de la existencia
de infracciones que han interrumpido, desde las actas de que se trata el curso de la prescripción. A modo
de ejemplo pueden citarse las infracciones de fecha 03-03-06; 06-04-06;13-11-06; 22-11-07.
Que todos los elementos antes mencionados dejan al recurso sin sustento y son motivos suficientes para
su rechazo.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por el Área legal del ex
Ministerio de Infraestructura y Energía en ejercicio de competencias actualmente atribuidas a la Secretaría
de Servicios Públicos
EL
PRESIDENTE PROVISIONAL DEL SENADO
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
presentado por la Empresa Autotransportes Los Andes S.A., CUIT N° 30-54627280-6 contra la Resolución
Nº 0426/11, emitida por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte actual Secretaría de Servicios
Públicos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. JUAN CARLOS JALIFF.
CP. PEDRO MARTIN KERCHNER.
S/Cargo
09/09/2019 (1 Pub.)
