DECRETOS

Decreto Nº 1925

MINISTERIO ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

Fecha de publicación
9 de septiembre de 2019
Fecha de la norma
22 de agosto de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.929 · páginas 31–33
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1925 MENDOZA, 22 DE AGOSTO DE 2019. Visto el Expediente Nº 1079-A-2011-30093 y expedientes acumulados Nº 09396-A-2010-10036 y N° 00422-D-2006-10036 y N° 00428-D-2006-10036 en el cual Autotransportes Los Andes S.A., presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 0426/2011, emitida por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte actual Secretaría de Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que analizada la procedencia formal del recurso, surge que el mismo ha sido interpuesto dentro del marco establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que corresponde admitirlo formalmente. Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente se agravia de la resolución en la que se convalidan procedimientos iniciados a fin de reconstruir expedientes extraviados en la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos en los que se persigue la instrucción de sumarios encabezados por un acta de infracción. Que refiere haber planteado a su respecto la prescripción de la acción, toda vez que se trata de procedimientos por infracciones que pueden culminar con una sanción respecto de la cual rigen los Artículos 106 y 107 de la Ley N° 6082, que prevén un plazo de prescripción de uno ó dos años según se trate de faltas leves o faltas graves. Que en la pieza administrativa se sustancia un procedimiento por infracciones varias que corresponden al año 2006. Que la recurrente entiende que debió declararse, por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte actual Secretaría de Servicios Públicos, la prescripción de la acción toda vez que no existe ningún hecho o acto que pudiera considerarse a su respecto como interruptivo del curso de la prescripción y que por tratarse de una institución de orden público, debería ser aplicada aún de oficio por la Administración. Que paralelamente al planteo de prescripción, pero dentro del mismo, la recurrente hace referencia al procedimiento elegido por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos, sosteniendo que el proceder de la Administración es contrario a la ley, viola el principio de verdad objetiva y las reglas del debido proceso. Que asimismo señala que la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos, tiene la custodia del expediente que se extravió y que si en el mismo había un descargo presentado, debe continuarse con el trámite según su estado. Manifiesta que no está obligada a presentar copia del descargo, sin saber de qué actuaciones se trataba, negando haber sido notificados de las infracciones que se les atribuyen. Que manifiesta que el plazo para defensa es de diez (10) días y que no fueron notificados de un acta de infracción sino de un requerimiento para presentar la copia del descargo o presentar descargo, respecto del procedimiento de reconstrucción, por lo que se hace procedente la defensa de prescripción requiriendo se revoque la resolución recurrida. Que analizado el planteo realizado por la administrada sobre los aspectos sustanciales del recurso Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04816788-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 31 de 127 intentado, se advierte que este se enmarca dentro del procedimiento de reconstrucción de una serie de expedientes extraviados en la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte, debidamente ordenada por la Resolución N° 6323/06 de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. Que a los fines de promover la reconstrucción se dispuso, según constancias de autos, notificar la decisión de la Administración de efectuar ese procedimiento, que en todos los casos se inicia con la copia certificada de un acta de infracción. Que con motivo de no vulnerar el debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio del administrado, se le notificó de tal situación y se le otorgó el plazo de cinco (5) días para que, o bien acompañara descargo, si en su momento lo presentó; o que se defendiera y presentara descargo ofreciendo las pruebas que hicieran a su derecho. Que la recurrente niega que haya existido a su respecto algún hecho o acto de los que la normativa prevé como interruptivos del curso de la prescripción. Que se advierte que en el procedimiento la administrada intenta hacer valer la prescripción opuesta, sin reparar en ningunos de los elementos existentes en la pieza administrativa, llegando inclusive a citar o invocar erróneamente las disposiciones que rigen el procedimiento de que se trata. Que en la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte se realizó adecuadamente el trámite previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para disponer la reconstrucción de una pieza extraviada. Se siguieron las pautas allí fijadas, encausando el trámite dentro de marco de la legalidad y evitando de ese modo incurrir en nulidades que lo invalidaran. Que es cierto que el administrado puede no contribuir voluntariamente en su propio interés a la reconstrucción de la pieza administrativa; pero ello no le impide a la Administración proseguir con el trámite de reconstrucción y hacerlo con los elementos con los que cuente en su poder. Que la notificación cursada pone en acto el debido proceso y la garantía constitucional de defensa en juicio; y no acierta la administrada cuando afirma que el plazo de cinco días que le otorgan para presentar la copia de su descargo no existe en el procedimiento administrativo y que en consecuencia, el mismo es arbitrario y contrario a la ley, toda vez que no se trata del ámbito de las facultades discrecionales de la Administración, sino del ámbito de las facultades regladas. Que tampoco es cierto que la administrada no estuviera notificada de la infracción que se investigaba en los expedientes extraviados, toda vez que en las copias certificadas de las actas de infracción consta que las mismas fueron debidamente notificadas en su oportunidad. Que queda por ello analizar con rigor la cuestión referida a la defensa de prescripción opuesta por la administrada. Siendo evidente que desde que se labraron las actas de infracción en el año 2006 hasta la fecha en la que se ordena la reconstrucción de los expedientes no han transcurrido los plazos previstos por la normativa para la prescripción de las acciones, según la falta de que se trate sea leve o grave. Que en la reiterada cita de los Artículos 106, 107 de la Ley N° 6082, la administrada omite la consideración del Artículo 108 de dicha ley, que prevé las causales de interrupción de la prescripción de la acción y de la sanción. A fin de constatar si en estos casos había acontecido algunas de las causales previstas en esta última norma, se solicitaron los antecedentes correspondientes, lo que se encuentra agregados a fojas 13/23 del expediente en trato. Que en su intento por evitar la consideración de los hechos y actos interruptivos de la prescripción, la administrada recurre a un sofisma. Sostiene que respecto de la interrupción de la prescripción solamente pueden computarse las infracciones cuyas sanciones se encuentren firmes y ejecutoriadas afirmando que se confunde la prescripción de la acción con la de la pena, toda vez que la sola remisión de las Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04816788-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 32 de 127 actuaciones al apremio, no interrumpe el curso de la prescripción, sino que lo que la interrumpe es la iniciación del juicio de apremio del cual no se la ha notificado. Que esta afirmación omite considerar que no podría enviarse a apremio una infracción sancionada que no tuviera sustento en un acto administrativo que estuviera firme y ejecutoriado; y esto último constituye un acto que es base de sustentación para la interrupción de la prescripción tanto de la acción como de la sanción, a tenor de lo establecido por el inciso a) del Artículo 108 de la Ley N°6082 (“..la comisión sobreviniente de una nueva falta..”). Que no puede afirmarse que no hay nueva falta en los términos del mencionado Artículo, sin una infracción que tenga sanción firme y ejecutoriada y considerar que esa sanción firme y ejecutoriada no tenga relevancia frente a la comisión de una nueva infracción, aunque no se hubiera iniciado la acción de apremio, que en forma independiente es una causal de interrupción de la prescripción, (Artículo 108 inciso c) de Ley N° 6082). Que el simple cotejo de las planillas obrante en autos es una prueba acabada y suficiente de la existencia de infracciones que han interrumpido, desde las actas de que se trata el curso de la prescripción. A modo de ejemplo pueden citarse las infracciones de fecha 03-03-06; 06-04-06;13-11-06; 22-11-07. Que todos los elementos antes mencionados dejan al recurso sin sustento y son motivos suficientes para su rechazo. Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por el Área legal del ex Ministerio de Infraestructura y Energía en ejercicio de competencias actualmente atribuidas a la Secretaría de Servicios Públicos EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL SENADO EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: Artículo 1°- Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico presentado por la Empresa Autotransportes Los Andes S.A., CUIT N° 30-54627280-6 contra la Resolución Nº 0426/11, emitida por la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte actual Secretaría de Servicios Públicos. Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. JUAN CARLOS JALIFF. CP. PEDRO MARTIN KERCHNER. S/Cargo 09/09/2019 (1 Pub.)