RESOLUCIONES

Resolución Nº 125

Fecha de publicación
3 de septiembre de 2019
Fecha de la norma
9 de agosto de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.925 · páginas 36–38
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 125 MENDOZA, 09 DE AGOSTO DE 2019 VISTO: El expediente Nº 541-P-2007-01409-E-0-1, caratulado "Padilla Osvaldo C/ Bco. Francés-Blanco Day-Sup. Jumbo", en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-50000319-3, con domicilio real en calle Av. San Martín Nº 936, Ciudad, Mendoza, y domicilio legal en calle Av. España Nº 512, 2º Piso, Of. 2, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Nº 180 de fecha 09 de Marzo de 2010, la ex Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, actual Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-50000319-3, una multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por violación al artículo 4º de la Ley Nº 24.240, conforme al artículo 47º inciso b) del mismo cuerpo legal. Que a fs. 94/98 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución. Que desde el punto de vista formal, corresponde aceptar el recurso planteado, ya que se presenta en plazo legal y con el pago de la tasa retributiva correspondiente. Que desde el aspecto sustancial, el recurrente alega como defensa que el acto administrativo es arbitrario por desconocimiento de las circunstancias de hecho, que configura un vicio que se confunde en el objeto, en la voluntad y en la forma; que se configura cuando se prescinde de los hechos probados o se prescinde Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04688183-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 36 de 126 de fundar seria y suficientemente en derecho o cuando se desvía el fin de la norma. Que manifiesta que el denunciante reclama porque el monto que le exigía el banco (en el pago de la tarjeta de crédito), por haber dado de baja las cuotas de su tarjeta, con el fin de proceder luego al cierre de la misma, resultaba injusto y diferente a lo que él había entendido. Que expresa, que para dar de baja una tarjeta, primero se procede a dar de baja todas las cuotas pendientes, mediante la confección y firma de un formulario, luego se abona el total liquidado de esa tarjeta y posteriormente se procede al cierre definitivo de la cuenta, baja de las tarjetas y destrucción de los plásticos. Pero que el denunciante solo pidió la baja de las cuotas pendientes, y que firmó la solicitud respectiva, no abonando el total de lo adeudado a la entidad bancaria. Que también se agravia por la multa aplicada, la cual considera que excede el 300% del perjuicio invocado, resultando confiscatoria y causándole un gravamen al banco. Qué del análisis del recurso se observa que la recurrente invoca los mismos argumentos que interpuso luego de la imputación de infracción; por lo que esta Dirección en su momento se expedió al respecto através de la Resolución actualmente atacada. Que la recurrente afirma que el denunciante no solicita la baja de la tarjeta sino el cierre de la misma, mediante la baja de cuotas; o sea que no renuncia a la tarjeta de crédito ni al servicio. Que de lo expuesto también se reitera lo ya resuelto en la Resolución 180/2010, es decir que ante la contradicción del banco respecto a la solicitud de baja de cuotas y no de la tarjeta y la falta de información al denunciante de los alcances de la solicitud de baja, que afirma, presentó el propio denunciante, queda configurada la infracción imputada porque todo consumidor tiene derecho a la información cierta, clara y detallada de las condiciones de comercialización de los bienes y servicios. Que se debe tener presente que el derecho a la información adquiere jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994, expresando el art. 42º de la Carta Magna: “...los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”, y también ha sido consagrada en nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto no podemos desconocer este principio elemental en la relación de consumo, que permite elecciones de consumo fundadas y racionales y permite, también, un uso adecuado del producto o servicio contratado, ya sea que se trate del derecho a la salud y seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales. Que el deber de información reviste tanta importancia que la normativa del Mercosur se ocupa de definirlo expresamente de manera detallada como “la obligación de todo proveedor de suministrar al consumidor, en forma cierta, clara y detallada toda la información relacionada con las características esenciales de los bienes y/o servicios que provee según su naturaleza, características, finalidad o utilidad; así como las condiciones de comercialización, especificando de corresponder y de acuerdo a las normas especiales aplicables, entre otras informaciones, su origen, cantidad, calidad , composición, plazo de validez y precio, así como los riesgos que en su caso presenten o puedan presentar, con la finalidad de que los consumidores puedan realizar una elección adecuadamente informada sobre los productos o servicios de que traten, así como un uso o consumo adecuado de los mismos”. Se observa que la norma del Mercosur deja bien graficada la necesidad de que el deber de información se siga cumpliendo aún después de celebrado un contrato. Que en cuanto al monto de la multa cuestionada, el recurrente nada argumenta sobre su afirmación de que la misma sea confiscatoria. No sólo se tiene en cuenta el daño o perjuicio ocasionado al consumidor ya que los fundamentos están expresados en la propia resolución. Además el monto de la sanción aplicada se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el art. 47º de la Ley 24.240 y el mismo representa sólo el 0,1% del monto máximo que fija la ley. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04688183-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 37 de 126 Que por lo expuesto, esta Dirección considera que corresponde rechazar en su aspecto sustancial, el recurso interpuesto por la sumariada contra la Resolución 180/2010 de autos. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACÉPTESE desde el punto de vista formal y RECHÁCESE desde el aspecto sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por la firma BBVA BANCO FRANCÉS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-50000319-3, contra la Resolución Nº 180 de fecha 09 de Marzo de 2010, la que se mantiene en todas sus partes ratificando la sanción de multa de Pesos Cinco Mil con 00/100 ($ 5000,00), conforme el artículo 47º inciso b) de la Ley Nº 24240. ARTÍCULO 2° - INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24240, correspondiente al Código Tax 017- 417, código resumido 1001 el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 5º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 6º - REGÍSTRESE al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE a quienes corresponda de la presente Resolución y ARCHÍVESE. LIC. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 03/09/2019 (1 Pub.)