RESOLUCIONES
Resolución Nº 112
- Fecha de publicación
- 3 de septiembre de 2019
- Fecha de la norma
- 26 de julio de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.925 · páginas 27–29
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 112
MENDOZA, 26 DE JULIO DE 2019
VISTO:
El expediente Nº 8570-P-2010-01409 caratulado “PELAYES LAURA CECILIA C/ MOVISTAR” en el cual
obran las actuaciones sumariales contra “Telefónica Móviles Argentina Sociedad Anónima” CUIT Nº
30-67881435-7, con domicilio en legal en calle Serú 72, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 50/56 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº 012/2013 de esta
Dirección de Defensa del Consumidor, mediante la cual se aplica a “Telefónica Móviles Argentina S.A.”
CUIT Nº 30-67881435-7, una multa de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), por violación al
artículo 19º de la Ley 24.240 de esta Dirección de Defensa del Consumidor.
Que desde el punto de vista formal, el recurso debe ser aceptado ya que fue presentado en tiempo legal y
con el pago de la tasa correspondiente.
Que desde el punto de vista sustancial, el recurrente fundamenta su agravio, en que “se lea nuevamente
el descargo y se tengan presentes sus dichos” y que en definitiva la Dirección no ha analizado los hechos
denunciados, la prueba que podría sustentar el mismo y la defensa. Por otro lado, reitera con los mismos
argumentos la incompetencia que invocó en su escrito de fs. 23/29.
Que respecto a las defensas bajo las cuales se funda el recurso en análisis, cabe adelantar su
improcedencia. No obstante todas las defensas fueron tratadas oportunamente, en especial respecto al
fondo del asunto de marras, se remite y se reitera lo expresado, en cuanto a que la sumariada insiste en
que se corta el servicio a partir del 28-06 y se rehabilita a partir del 01-07 por falta de pago.
Que dicha circunstancia alegada por la denunciada no tiene relación alguna con los hechos denunciados,
ya que el día 26-06 (antes del corte del servicio) la denunciante tiene el inconveniente de comunicación por
el pase a servicio prepago sin consulta alguna. Que el objeto de la denuncia, es el sorpresivo pase a
servicio prepago y sin consulta alguna. Sobre este aspecto la sumariada no se manifiesta, pero si
reconoce expresamente que se “gestionó” el pase a prepago con fecha 25-06, sin acompañar documental
ni prueba alguna que acredite que dicha circunstancia se realiza a pedido o consentida expresamente por
la denunciante. En conclusión, la interrupción del servicio (por la causa que fuere) se realiza el día 28-06 y
nada tiene que ver con la circunstancia aquí en análisis; queda reconocido por la sumariada que se efectua
un pase a servicio prepago el día 25-06 (antes del corte del servicio); y no se acompaña prueba alguna
que legitime el cambio a servicio prepago cuando cuenta con un contrato de abono mensual, conforme
surge de la factura de fs. 6.
Que la sumariada plantea la incompetencia de esta Dirección para entender el asunto en marras, el cual
coincide literalmente con lo ya planteado a fs. 23/29 y que en su momento se trató. A ello cabe agregar
que erra el recurrente en cuanto afirma que el servicio de telefonía móvil es un servicio público, ya que no
existe ley que así lo declare. La Ley que invoca, N° 19.798, es del año 1.972 por lo cual resulta imposible
que establezca el carácter de servicio público de la telefonía móvil. Por esta razón entre 2016 y 2017 se
presentan diversos proyectos en el Congreso de la Nación a los fines de obtener dicha declaración. Más
allá de lo explicitado, la telefonía móvil es un servicio prestado por una empresa, en este caso, que reúne
los caracteres necesarios para ser considerada proveedor conforme a los lineamientos de la Ley Nº 24240.
Consecuentemente, la relación entre el proveedor del servicio y un usuario final queda amparada por la
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normativa de consumo.
Que finalmente, respecto a la normativa aplicable y la supuesta competencia federal, cabe realizar las
siguientes precisiones. En primer Iugar, resulta necesario tener presente que el 16 de abril de 2008 la Ley
Nº 24.240 es reformada por la Ley Nº 26.361. Si bien esta Dirección no desconoce ni la normativa legal
que cita el denunciado, ni la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni la jurisprudencia
tanto de la CSJN como de la Suprema Corte de Mendoza citadas en el escrito, debe tenerse presente que
la Ley Nº 26.361 entre sus modificaciones introdujo el concepto de "relación de consumo" en su artículo
3°, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de "contrato de consumo" y en este sentido el
artículo citado, establece claramente que "las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido
en esta ley sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté
alcanzado asimismo por otra normativa específica“.
Que el legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial
aplicable a las relaciones de consumo: por ejemplo, Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro
previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo etc. En consecuencia, y ante el caso
de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia
ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad: seguros, transporte, comunicaciones, etc.
tiene una legislación específica, resulta claro que -en lo atinente a la "relación de consumo" establecida
entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del servicio contratadosiempre se aplica la
Ley Nº 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del
organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la
actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al buen funcionamiento "general" de cada
sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo Leonardo- comentarios a la Reforma de la
Ley 24.240). Así, la reforma de 2008 fija en su artículo 3º que: “las relaciones de consumo se rigen por el
régimen establecido en esta Iey y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad
que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”. De esta manera, la Ley Nº 24240
tiene en cuenta el desarrollo del consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan:
masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica, renovación
productiva y compleja comercialización.
Que a través de la Ley Nº 24.240, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países
desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos
subjetivos y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad
le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto
por la falta cometida contra alguno de sus miembros.
Que a su vez, mantiene en su artículo 65º el carácter de ley de orden público, entendiendo así que en ella
está interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas
costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral.
Que dicho en otras palabras, las leyes de orden público son leyes fundamentales y básicas que forman el
núcleo sobre el que está estructurada la organización social, teniendo en cuenta que responde a un interés
general, colectivo, resultando así su aplicación imperativa e irrenunciable.
Que cabe resaltar que la Suprema Corte de la Provincia confirma estos argumentos e incluso extiende los
mismos para entender que, desde la reforma de la Ley Nº 24240 del año 2008, existe concurrencia de
competencias entre los entes de contralor específicos de un servicio determinado como la de esta
Dirección Provincial para entender en asuntos que hacen tanto a la telefonía fija como móvil. Citamos en
tal sentido el fallo del máximo Tribunal Provincial emitido el 23 de diciembre de 2016 en autos N°
11397101 “Telefónica Móviles Argentina SA cl Provincia de Mendoza P/ Acción Procesal Administrativa”.
No soslayamos el hecho de que dicho fallo -siguiendo los parámetros sentados por la Corte Suprema de la
Nación- distinga la competencia de la CNC para cuestiones técnicas y la de la Dirección de Defensa del
Consumidor para las relativas cuestiones comerciales y de consumo. Tratándose el asunto de marras de
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un incumplimiento del servicio contratado, no siendo ésta una cuestión exclusivamente técnica, la
incompetencia planteada resulta totalmente improcedente.
Que finalmente, y ratificando todo lo expuesto ut supra, a fs. 60 obra informe de la CNC donde ratifica la
intervención de esta Dirección en temas como el de marras.
Que respecto a la supuesta desproporcionalidad de la multa impuesta ($ 5000), los fundamentos que
esboza de ninguna manera sirven de sustento para tal afirmación, ya que no tienen conexión lógica alguna
con tal solicitud. Cabe aclarar que la resolución atacada expresa los parámetros legales que se tienen en
cuenta a la hora de fundar el monto de la sanción. Por ello, el daño producido al consumidor o sus
pretensiones no es lo único que se tiene en cuenta para fijar el monto sancionatorio. En este caso, un
monto de pesos cinco mil con 00/100 ($ 5000,00) a una de las pocas empresas que prestan el servicio de
telefonía móvil en todo el país, no resulta para nada desproporcionada. Cabe recordar que la sanción debe
tener un efecto disuasorio para quien lo sufre a los fines de modificar su conducta, y a la vez ejemplificativo
para el resto de proveedores. Una multa menor a la impuesta a una firma como la sumariada, atento a su
carácter oligopólico, implicaría renunciar al efecto explicado.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACÉPTESE desde el punto de vista formal y RECHÁCESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma “Telefónica Móviles Argentina Sociedad Anónima” CUIT Nº
30-67881435-7, con domicilio en legal en calle Serú 72, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº
012/2013 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, la que se mantiene en todas sus partes.
ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240, correspondiente al Código Tax 017-427, Cód. Resumido 1001, el que deberá
hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
03/09/2019 (1 Pub.)
