DECRETOS

Decreto Nº 1593

Fecha de publicación
12 de agosto de 2019
Fecha de la norma
16 de julio de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.910 · páginas 20–23
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1593 MENDOZA, 16 DE JULIO DE 2019. Visto el expediente N° 3313-D-18-20108 y sus acumulados Nº 1682-D-17-01283 y Nº 629-D-15-01409, en el primero de los cuales el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 164 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 20 de marzo de 2018; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el Decreto DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04198548-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 20 de 148 Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 770/17 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que la empresa reitera en esta instancia algunos de los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso jerárquico; Que la empresa hace referencia permanentemente al Acta Nº 47295 labrada el 16/09/15, en la cual aparentemente se habría acompañado el perfil con el precio de góndola; Que el hecho de que en dicha Acta un Inspector haya agregado el perfil con el precio de góndola, no significa que sea requisito indispensable para la validez del Acta. La constatación de la infracción es facultad del Inspector, quien como funcionario público ha sido investido para que sus dichos gocen de fe pública; Que los argumentos principales esgrimidos por la empresa a efectos de desvirtuar la imputación que recae sobre su accionar, consistieron en afirmar la nulidad del Acta por cuanto sostienen que no se demuestra la verdadera existencia de diferencia de precios porque faltan componentes para su demostración fehaciente; Que la Resolución 164/18 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, se encuentra debidamente fundada, no aportando la recurrente en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la autoridad; Que el producto debe identificarse con el precio en góndola el cual debe ser exactamente igual al que deberá cobrarse en Caja; Que el monto de la multa de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), se encontraba dentro del rango previsto por el Artículo 18 inciso a) de la Ley Nº 22802 vigente al momento de la infracción y se condice con los antecedentes y constancias del expediente; Que de las constancias de las actuaciones surge que la existencia de la infracción ha quedado demostrada y la recurrente no la ha negado ni ha demostrado su inexistencia; Que se ha acompañado el ticket y si el mismo no cuenta con las especificaciones que pretende la recurrente, es su responsabilidad el no contar con un sistema de registración claro y que respete la normativa vigente protectora en la materia; Que en relación al argumento de que debe incorporarse en el Acta el código de barras o perfil de góndola, se entiende que si bien sería una opción que sumaría un elemento probatorio a la causa, no resulta indispensable por cuanto la función del Inspector es justamente constatar esa inexactitud; Que cabe aclarar que los inspectores son funcionarios públicos cuyas afirmaciones, volcadas en las Actas hacen plena fe hasta que las mismas no sean desvirtuadas; Que analizadas las constancias y pruebas existentes en el expediente se comprueba que la firma denunciada ha transgredido el Artículo 9º de la Ley Nº 22802 de Lealtad Comercial vigente a la fecha de comisión de la infracción, que prescribía: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04198548-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 21 de 148 bienes muebles, inmuebles o servicios.” y que por lo tanto se le aplicó una sanción de multa, de conformidad a los Artículos 17 y 18 de la citada Ley; Que los demás comercios se han visto perjudicados en el presente caso como consecuencia del engaño que representa y de la competencia desleal que implica poner a la venta determinados productos y publicitar los mismos variando el precio de góndola con el que efectivamente debe pagarse en Caja, hecho por el cual la firma infractora debe responder; Que surge indubitable del Acta de fojas 1, ticket de fojas 2 y planilla anexa de fojas 3 del expediente acumulado 629-D-15-01409, que la firma sancionada tenía exhibido los precios de los productos y que al pasarlos por caja los mismos sufrían variaciones, con lo cual las infracciones imputadas resultan fehacientemente acreditadas; Que el inspector actuante contaba con facultades para la actuación realizada, teniendo en cuenta los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y fundamento al proceso de división de la Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección de Industria y Comercio, lo que conduce a concluir en la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia la recurrente; Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, vigente a la fecha de comisión de la infracción y las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron, se asentaba en la imposición de deberes formales que debían ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros que fijaba la Ley Nº 22802 y modificatorias, vigente a la fecha de comisión de la infracción, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y la circunstancia de que posee antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la infractora; Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 164/18 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a fojas 20/22 vuelta y 33 y por Asesoría de Gobierno a fojas 25/26 vuelta del expediente N° 3313-D-18-20108, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/6 vuelta del expediente N° 3313-D-18-20108, interpuesto por el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 164 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 20 de marzo de 2018, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-04198548-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 22 de 148 Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER S/Cargo 12/08/2019 (1 Pub.)