DECRETOS
Decreto Nº 1593
- Fecha de publicación
- 12 de agosto de 2019
- Fecha de la norma
- 16 de julio de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.910 · páginas 20–23
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1593
MENDOZA, 16 DE JULIO DE 2019.
Visto el expediente N° 3313-D-18-20108 y sus acumulados Nº 1682-D-17-01283 y Nº 629-D-15-01409, en
el primero de los cuales el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en representación de la
firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la
Resolución N° 164 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 20 de
marzo de 2018; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de
la Competencia el Decreto DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas
abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo
72 DNU 274/19);
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Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto
sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 770/17
dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía;
Que el recurso inter-puesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde
el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes;
Que la empresa reitera en esta instancia algunos de los argumentos que vertiera en oportunidad de
interponer recurso jerárquico;
Que la empresa hace referencia permanentemente al Acta Nº 47295 labrada el 16/09/15, en la cual
aparentemente se habría acompañado el perfil con el precio de góndola;
Que el hecho de que en dicha Acta un Inspector haya agregado el perfil con el precio de góndola, no
significa que sea requisito indispensable para la validez del Acta. La constatación de la infracción es
facultad del Inspector, quien como funcionario público ha sido investido para que sus dichos gocen de fe
pública;
Que los argumentos principales esgrimidos por la empresa a efectos de desvirtuar la imputación que recae
sobre su accionar, consistieron en afirmar la nulidad del Acta por cuanto sostienen que no se demuestra la
verdadera existencia de diferencia de precios porque faltan componentes para su demostración fehaciente;
Que la Resolución 164/18 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, se encuentra
debidamente fundada, no aportando la recurrente en esta instancia argumentos de entidad y consideración
que autoricen a apartarse de lo resuelto por la autoridad;
Que el producto debe identificarse con el precio en góndola el cual debe ser exactamente igual al que
deberá cobrarse en Caja;
Que el monto de la multa de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), se encontraba dentro del rango previsto por el
Artículo 18 inciso a) de la Ley Nº 22802 vigente al momento de la infracción y se condice con los
antecedentes y constancias del expediente;
Que de las constancias de las actuaciones surge que la existencia de la infracción ha quedado
demostrada y la recurrente no la ha negado ni ha demostrado su inexistencia;
Que se ha acompañado el ticket y si el mismo no cuenta con las especificaciones que pretende la
recurrente, es su responsabilidad el no contar con un sistema de registración claro y que respete la
normativa vigente protectora en la materia;
Que en relación al argumento de que debe incorporarse en el Acta el código de barras o perfil de góndola,
se entiende que si bien sería una opción que sumaría un elemento probatorio a la causa, no resulta
indispensable por cuanto la función del Inspector es justamente constatar esa inexactitud;
Que cabe aclarar que los inspectores son funcionarios públicos cuyas afirmaciones, volcadas en las Actas
hacen plena fe hasta que las mismas no sean desvirtuadas;
Que analizadas las constancias y pruebas existentes en el expediente se comprueba que la firma
denunciada ha transgredido el Artículo 9º de la Ley Nº 22802 de Lealtad Comercial vigente a la fecha de
comisión de la infracción, que prescribía: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de
presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a
error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad,
pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de
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bienes muebles, inmuebles o servicios.” y que por lo tanto se le aplicó una sanción de multa, de
conformidad a los Artículos 17 y 18 de la citada Ley;
Que los demás comercios se han visto perjudicados en el presente caso como consecuencia del engaño
que representa y de la competencia desleal que implica poner a la venta determinados productos y
publicitar los mismos variando el precio de góndola con el que efectivamente debe pagarse en Caja, hecho
por el cual la firma infractora debe responder;
Que surge indubitable del Acta de fojas 1, ticket de fojas 2 y planilla anexa de fojas 3 del expediente
acumulado 629-D-15-01409, que la firma sancionada tenía exhibido los precios de los productos y que al
pasarlos por caja los mismos sufrían variaciones, con lo cual las infracciones imputadas resultan
fehacientemente acreditadas;
Que el inspector actuante contaba con facultades para la actuación realizada, teniendo en cuenta los
sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y fundamento al proceso de división de la
Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección de Industria y Comercio, lo que conduce a concluir
en la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia la recurrente;
Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, vigente a la fecha de
comisión de la infracción y las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron, se asentaba en la
imposición de deberes formales que debían ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La
imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no
se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que
se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra
obligado no se verifique;
Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los
parámetros que fijaba la Ley Nº 22802 y modificatorias, vigente a la fecha de comisión de la infracción,
atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el
patrimonio del sancionado y la circunstancia de que posee antecedentes. Por otra parte, no se ha
demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la
infractora;
Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial
el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 164/18 del Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía a fojas 20/22 vuelta y 33 y por Asesoría de Gobierno a fojas 25/26 vuelta del
expediente N° 3313-D-18-20108,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/6
vuelta del expediente N° 3313-D-18-20108, interpuesto por el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ
MONTERO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9,
contra la Resolución Nº 164 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha
20 de marzo de 2018, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
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Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER
S/Cargo
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