DECRETOS
Decreto Nº 1555
- Fecha de publicación
- 9 de agosto de 2019
- Fecha de la norma
- 15 de julio de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.909 · páginas 24–27
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1555
MENDOZA, 15 DE JULIO DE 2019
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2019-04165546-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Visto el expediente N° 8813-D-18-20108 y sus acumulados Nº 2557-D-17-01283 y Nº 6293-D-14-01409,
en el primero de los cuales la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en su carácter de apoderada de la
firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la
Resolución N° 748 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 21 de
noviembre de 2018; y
Considerando:
Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de
la Competencia el Decreto DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas
abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo
72 DNU 274/19);
Que por la citada resolución se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó en el aspecto sustancial
el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 1131/17 dictada por la
Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía;
Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes;
Que la empresa reitera en esta instancia los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer recurso
jerárquico, alegando que la Resolución no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del Acta de Infracción
oportunamente opuesto; sostiene la falta de contemplación de pruebas y argumentos vertidos, como así
también que la multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la
presunta infracción imputada;
Que es dable destacar lo que disponía la Ley Nº 22802 en su Artículo 17, Inciso d) y e): “d) Las
constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las
determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos
así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas. e) Las pruebas se
admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente
inconducentes. Contra la resolución que deniegue las medidas de prueba solamente se concederá el
recurso de reposición.”;
Que la infracción se acredita con el Acta oportunamente labrada y la documentación obrante, no
constatándose ninguna prueba material producida por la recurrente;
Que no es el Acta de Infracción el lugar material para constatar los descargos que la recurrente desea
realizar, como sostiene en cada recurso, sino en oportunidad de formular el pertinente descargo;
Que la empresa en su primer presentación no acompaña ningún documento o prueba material que pudiera
en efecto demostrar que se había colocado un cartel exhibidor donde se informaba al consumidor que
había productos agotados;
Que la ausencia de prueba sustancial y la actitud de la empresa reflejada en el escrito de descargo de
utilizar la letra de la Ley desprovista del fin que tuvo en miras el legislador, marca a las claras el desinterés
por respetar los derechos del consumidor;
Que no se advierten razones que permitan a la administración poner en duda el contenido del Acta de
Infracción, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un Inspector de la
repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que fuese desvirtuado por otras pruebas, lo
que en el caso no se advierte, como así también los argumentos expuestos por la recurrente carecen de
virtualidad para invalidar el Acto por ilegítimo;
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Que las infracciones a la Ley Nº 22802 y modificatorias, revisten el carácter de formal, pues quedan
tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la Ley, sin que pueda pretenderse la
existencia del tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el Derecho
Penal Sustantivo, todo lo cual permite encuadrar la conducta de la empresa en lo descripto por el Artículo
9º de la Ley Nº 22802 vigente al momento de la comisión de la infracción y aplicar la sanción pertinente, en
este caso una multa a tenor de lo que disponía el Artículo 18 de la misma Ley;
Que el Artículo 42 de nuestra Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en
un trato equitativo y digno hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la
libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado por la firma;
Que la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constitucionales referidos al derecho
de defensa, la tutela y el debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales
establecidas en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional;
Que, en relación a la supuesta incompetencia alegada, el Inspector contaba con facultades para la
actuación realizada, teniendo en cuenta los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y
fundamento al proceso de división de la Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección de
Industria y Comercio, lo que conduce a concluir en la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia
la recurrente ;
Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la
imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La
imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo no
se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se
configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra
obligado no se verifique;
Que en relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros
que fijaba la Ley Nº 22802 y modificatorias, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco
de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes;
Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el
recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 748/18;
Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía a fojas 21/23 y 35 y por Asesoría de Gobierno a fojas 26/27 vuelta del expediente
N° 8813-D-18-20108,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/4
vuelta del expediente N° 8813-D-18-20108, interpuesto por la Señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en
su carácter de apoderada de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la
Resolución Nº 748, emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 21 de
noviembre de 2018, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
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LIC. ALFREDO V. CORNEJO
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER
S/Cargo
09/08/2019 (1 Pub.)
