DECRETOS

Decreto Nº 1620

Fecha de publicación
31 de julio de 2019
Fecha de la norma
19 de julio de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.902 · páginas 30–32
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1620 MENDOZA, 19 DE JULIO DE 2019 Visto el expediente N° 7588-D-18-20108 y sus acumulados Nros. 802-D-17-01283 y 1748-D-14-01409, en el primero de los cuales la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 635-EIyE-18 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en fecha 1 de octubre de 2018; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el Decreto DNU Nº 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 del Decreto DNU Nº 274/19); Que por la Resolución Nº 635-EIyE-18 se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 338/17 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; Que el recurso interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que en cuanto al aspecto sustancial, la firma recurrente reitera en esta instancia algunos de los argumentos que vertiera en su anterior presentación; Que en cuanto a la cuestión de fondo se entiende que la Resolución Nº 635/18 de la Dirección de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03948394-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 30 de 143 Fiscalización y Control se encuentra debidamente fundada, no aportando la firma recurrente en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por la autoridad; Que no se entiende cuál sería la defensa que se pretende articular en el descargo por cuanto el producto debe identificarse con el precio en góndola el cual debe ser exactamente igual al que deberá abonarse en Caja; Que el monto de la multa impuesta de $ 25.000,00 se encuentra dentro del rango que preveía el Artículo 18 Inciso a) de la Ley Nº 22802 y se condice con los antecedentes y constancias de los expedientes de referencia. Además, cabe destacar que la empresa resulta reincidente, según lo establecido por el Artículo 19 de la citada norma legal, autorizándose a duplicar los límites de las multas; Que de las constancias obrantes en los citados expedientes surge que la existencia de la infracción imputada a la firma sancionada ha quedado demostrada; por lo demás la recurrente no la ha negado ni ha demostrado su inexistencia; Que en relación con el argumento que debe incorporarse en el Acta de Infracción el Código de Barras o perfil de góndola, se entiende que si bien sería una opción que sumaría un elemento probatorio a la causa, no resulta indispensable por cuanto la función del inspector es justamente constatar esa inexactitud. Cabe en esta instancia reiterar que los inspectores son funcionarios públicos cuyas afirmaciones, asentadas en las correspondientes Actas de Infracción, hacen plena fe hasta que la misma no sea desvirtuada; Que la firma denunciada ha transgredido el Artículo 9º de la Ley Nº 22802 de Lealtad Comercial, el cual prescribía:”Queda prohibida cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”; Que, indudablemente, los demás comercios se han visto perjudicados en el presente caso como consecuencia del engaño que representa y de la competencia desleal que implica poner a la venta determinados productos y publicitar los mismos variando el precio de góndola con el que efectivamente debe pagarse en la Caja, hecho por el cual la firma infractora debe responder; Que surge indubitable del Acta de Infracción obrante a fojas 1, ticket de fojas 2 y planilla de fojas 3 del expediente Nº 1748-D-14-01409, que la firma sancionada tenía exhibidos los precios de los productos y que al pasarlos por las Cajas los precios sufrían variaciones, con lo cual las infracciones imputadas resultan fehacientemente acreditadas; Que con respecto a la supuesta incompetencia alegada por la firma recurrente en el recurso jerárquico impetrado, la Suprema Corte de Justicia – Sala Primera, Poder Judicial Mendoza “MILLÁN S.A. C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA” se ha expedido a favor de la competencia de los funcionarios actuantes, expresando que en el contexto normativo descripto y con los elementos obrantes en el proceso, no puede reputarse que el Acta de Infracción hubiese emanado de un funcionario que carecía de la designación y las funciones correspondientes a ese momento o que proviniera de quien no tenía competencia asignada a tal fin; Que la Ley Nº 22802 y modificatorias reglaba aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procuraba una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que el esquema de protección establecido en dicha normativa y en las Resoluciones que en su consecuencia se dictaron se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03948394-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 31 de 143 Que por tal motivo, no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado, lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros que fijaba la Ley Nº 22802 y modificatorias, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio de la firma sancionada y sus antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la firma infractora; Que en conclusión y por las razones expuestas, procede aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico impetrado por la citada firma contra la Resolución N° 635-EIyE-18; Por ello y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a fojas 30/32 y vuelta y 44 y por Asesoría de Gobierno a fojas 35/36 y vuelta del expediente N° 7588-D-18-20108 y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico obrante a fojas 1/6 y vuelta del expediente N° 7588-D-18-20108 interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 635-EIyE-18 emitida por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en fecha 1 de octubre de 2018, conforme con los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER S/Cargo 31/07/2019 (1 Pub.)