DECRETOS
Decreto Nº 1386
- Fecha de publicación
- 31 de julio de 2019
- Fecha de la norma
- 26 de junio de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.902 · páginas 22–24
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1386
MENDOZA, 26 DE JUNIO DE 2019
Visto el Expediente Nº 3586-T-2013-00020 y los Expedientes acumulados Nº 5854-T-2012-18006 y N°
1145-S-12-18006, mediante el cual el Dr. ALBERTO M. LASCANO apoderado de la empresa
TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L., interpone Recurso Jerárquico contra la
Resolución Nº 278/2013 dictada por la ex Secretaría de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente sostiene en primer lugar que se ha violado la disposición de artículo 218 de la Ley de
Tránsito y Transporte, toda vez que la Directora Jurídica y Fiscalización es incompetente para dictar el acto
sancionatorio por que no se efectuó una delegación expresa a través de una resolución que se encuentre
debidamente notificada.
Que sostiene que se ha aplicado a la multa un monto ilegal ya que el Pliego General de Bases y
Condiciones establece para este tipo de infracción una sanción de hasta 110 U.F. y la impuesta en este
caso es mayor. No se ha incorporado al expediente ningún elemento que permita agravar la sanción por
reincidencia, pero que en todo caso no podría en ningún caso llegar a casi el 1500 por ciento.
Que la administrada recurrente plantea una supuesta extemporaneidad en el dictado de la resolución que
trae como consecuencia la pérdida de la competencia temporal. Sostiene que la Administración no dio
cumplimiento al término de DIEZ (10) días a la que lo sujeta lo dispuesto por el Artículo 283 del Decreto
Reglamentario N° 867/94.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que la quejosa sostiene que a partir del vencimiento del plazo conferido nace a su favor el derecho a no
ser sancionada por su incumplimiento injustificado. Se atribuye, en consecuencia, un derecho adquirido
que no puede ser considerado como una mera expectativa o como un interés simple.
Que la recurrente hace el planteo formal de anulación por ilegitimidad con la pretensión del reconocimiento
de la situación jurídica antes mencionada; esto es, el derecho a no ser penado. Analiza y objeta los
argumentos utilizados por la Secretaría de Transporte para rebatir el planteo efectuado a este respecto en
ocasión del recurso de revocatoria.
Que la recurrente enuncia la supuesta existencia de vicios en el objeto y en la voluntad previa a la emisión
del acto aunque no particulariza los motivos y, finalmente, hace reserva del plantear el Caso Federal (Ley
N°48).
Que del análisis formal del recurso interpuesto surge que el mismo fue interpuesto en legal tiempo y forma,
por lo que debe ser admitido, conforme la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que en cuanto a la procedencia sustancial del recurso intentado, el mismo debe ser rechazado en que
tanto la infracción imputada como la sanción impuesta encuentran sustento en la normativa vigente y en la
cual se fundó el acto administrativo del que se agravia la administrada.
Que en cuanto a la incompetencia carece de sustento legal, toda vez que aún en el supuesto que no
existiera la resolución que efectuó la delegación, con posterioridad se tramitó y sustanció el recurso de
revocatoria que culminó con una resolución firmada por el Secretario de Transporte. Un defecto de esta
naturaleza queda saneado en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo por disposición expresa del
Artículo 2° de la Resolución recurrida.
Que se ha agregado a fojas 08 del Expediente N° 5854-T-12-10036 la copia de la Resolución de la
Secretaría de Transporte N° 809/2012 mediante la cual el Secretario de Transporte hizo una delegación
expresa en la Directora de la Dirección Jurídica y Fiscalización que avala y justifica su competencia. Dicha
situación fue debidamente puntualizada y analizada al dictarse la resolución recurrida, por tanto dicho
agravio carece de sustento.
Que la inexistencia de la reincidencia debe encadenarse con el cuestionamiento al importe de la multa con
la cual se sancionó a la empresa de transporte. Esto en razón que el artículo 92 del Pliego General de
Bases y Condiciones, establece los montos, pero sin considerar el agravamiento por reincidencia, que es
lo sucedido en este expediente. Por ello la sanción impuesta está dentro del marco de la legalidad.
Que resta analizar la supuesta pérdida de la competencia por parte de la Administración por haber dictado
la resolución sancionatoria fuera del plazo legalmente establecido para ello. Es cierto que los plazos
señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo son obligatorios, tanto para los administrados como
para la Administración, según lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que la demora o negligencia en el ejercicio en la competencia o su no ejercicio cuando el mismo
correspondiere, constituye falta disciplinaria reprimible, conforme lo establece la Ley de Procedimiento
Administrativo. Esta tiende a remediar la demora de la Administración y darle celeridad y eficiencia al
procedimiento administrativo. Está establecida a fin de que quien tiene una determinada función o
competencia la ejerza dentro de los términos previstos, previendo sanciones disciplinarias para los casos
en que se verifique negligencia o demora de parte de los funcionarios.
Que realizando una interpretación integral de la normativa se puede concluir que aunque el funcionario
competente tiene un plazo obligatorio para dictar el acto administrativo de que se trata, no tiene la
competencia fijada en forma temporal para el dictado del acto.
Que por tanto, si el funcionario competente no dicta el acto en el plazo establecido pueden entrar a
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considerarse las normas que regulan el significado del silencio de la Administración como la denegatoria
tácita o el pedido de “pronto despacho”, que no fue solicitado en autos.
Que no es acertado el planteo referido a la adquisición de un derecho a no ser sancionado si la
Administración no se expide en el término establecido por el Artículo 283 del Decreto Reglamentario N°
867/94. Ésta es una interpretación elaborada de cuño propio por la administrada recurrente, que no tiene
respaldo en la normativa vigente.
Que la norma citada no le confiere al administrado tal derecho, no es un plazo de caducidad impuesto a la
Administración ni establece en forma expresa un apercibimiento a partir del cual el administrado adquiera
el derecho a no ser sancionado.
Que una exégesis en tal sentido alteraría sustancialmente las disposiciones referidas a la prescripción de
las acciones y las sanciones e importaría la implementación de un verdadero plazo de caducidad que no
es tal. Por tal motivo, no haber emitido opinión en el término establecido por la norma no tiene otras
consecuencias para la Administración que las antes mencionadas, pero bajo ningún concepto los alcances
que pretende la recurrente.
Que la Administración no ha actuado fuera del marco del principio de legalidad y la infracción que se le
atribuye se encuentra debidamente tipificada en la normativa vigente y aplicable la cual ha sido
oportunamente consignada en la resolución sancionatoria.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno y por el Área legal del ex
Ministerio de Infraestructura y Energía en ejercicio de competencias actualmente atribuidas a la Secretaría
de Servicios Públicos.
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
presentado por la empresa TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L., CUIT
N°30-54648445-5 contra la Resolución Nº 278 del año 2013, emitida por la ex Secretaría de Transporte,
actual Secretaría de Servicios Públicos manteniéndola en todos sus aspectos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO.
CP. PEDRO MARTIN KERCHNER.
S/Cargo
31/07/2019 (1 Pub.)
