DECRETOS
Decreto Nº 1319
MINISTERIO ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
- Fecha de publicación
- 24 de julio de 2019
- Fecha de la norma
- 18 de junio de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.898 · páginas 14–16
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1319
MENDOZA, 18 DE JUNIO DE 2019.
Visto el Expediente N° 2070-C-13-30093 y sus Expedientes acumulados N° 6808-D-08-10036 y N°
673-C-09-10036, mediante el cual la Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de
Servicios Internacional CATA Limitada, interpone Recurso de Revocatoria por Ilegitimidad contra la
Resolución Nº 916 del año 2013, emitida por la ex Secretaría de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos; y
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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CONSIDERANDO:
Que se presenta la recurrente a plantear formal Recurso de Revocatoria por Ilegitimidad contra la
Resolución ST N° 916/2013, mediante la cual se dispuso el rechazo del Recurso de Revocatoria
oportunamente planteado.
Que la recurrente reseña lo actuado y se agravia por medio de una presentación a la que se denomina
“Revocación por Ilegitimidad” y sostiene que su tratamiento debe encuadrarse en los Artículos 89 y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que el acto recurrido padece de vicios
groseros que lo hacen inexistente.
Que a partir de ese agravio y en tanto considera que el acto recurrido padece de vicios que permiten
calificarlo de nulo o inexistente, debe entenderse que la consecuencia es que, a su respecto, no se
computan los plazos, careciendo de presunción de legitimidad y tornándose inexigible y carente de
ejecutabilidad.
Que el recurso planteado por la presentante no está expresamente contemplado en nuestra normativa,
encargándose la misma especialmente de fundar su pieza recursiva en las disposiciones de los Artículos
89 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no en las que regulan el Recurso Jerárquico,
toda vez que a su respecto y por su plazo de presentación corresponde in límine su rechazo formal por
extemporáneo.
Que en cuanto al aspecto sustancial del recurso intentado, la administrada comparece por ante la
Administración presentando un pedido de “Revocación por Ilegitimidad” respecto de un acto administrativo
de vieja data, con fundamento en lo normado por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que si bien es irrelevante la denominación que le dé la administrada a los fines de dar tratamiento a la
presentación realizada, aquella ha utilizado una denominación que la ley contempla para casos
particulares en los que se prevé la extinción de un acto administrativo provocado por un acto posterior de
la propia Administración en sede administrativa, conforme lo establecido por la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Que la recurrente pide a la Administración que mediante un acto administrativo extinga otro acto
administrativo precedente, para satisfacer actuales exigencias de interés público o para restablecer el
imperio de la legalidad.
Que los recursos propiamente dichos están regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo, y la vía
recursiva comienza con la posibilidad de una aclaratoria o, en su caso, con una revocatoria, ya que así
está expresamente previsto en la misma ley.
Que deben conjugarse las normas invocadas, tanto por el administrado como por la Administración, para
una adecuada interpretación, atento a que es innegable que tratándose de actos administrativos y de la
defensa de los intereses de los administrados, la legislación pone a disposición de éstos los remedios para
que ejerzan adecuadamente su derecho de defensa a través de la correspondiente vía impugnativa
(denuncias y recursos).
Que lo que está al alcance inmediato del administrado para impugnar un acto administrativo a los fines de
la defensa de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, es el recurso administrativo. A diferencia de la
simple denuncia, en la que el administrado, aunque no ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo
porque no es afectado o alcanzado por la irregularidad, hace una presentación llamando la atención a la
Administración sobre una posible irregularidad. Por ello, el denunciante no es parte en el trámite y
solamente ostenta a su respecto un interés simple.
Que la presentación del administrado, con independencia de la denominación que se le dé, pretende la
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Subsecretaria Legal y Técnica
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defensa de un derecho subjetivo, toda vez que esboza una pretensión respecto de un acto administrativo
que le impone una sanción de multa. En última instancia, la “denuncia de ilegitimidad” puede tomarse
como un pedido a la Administración para que considere la posibilidad de que se extinga el acto por
revocación por ilegitimidad.
Que la Administración debe efectuar un análisis de legitimidad ya que, si al estudiar la pretensión
propuesta advierte algún procedimiento ilegal, cualquiera sea la denominación que se le dé, se propone la
extinción del acto.
Que el planteamiento efectuado responde más a parámetros de intentar hacer renacer una discusión sobre
un tema ya cerrado, para reavivar la instancia administrativa y evitar el impacto de sanciones económicas,
que al interés de enmarcar lo actuado dentro de la legitimidad.
Que el acto administrativo impugnado o denunciado no ostenta vicios que merezcan su anulación, por lo
que el recurso planteado debe ser rechazado en lo sustancial con independencia de la calificación dada,
tanto por el administrado como por la Administración. El administrado no ostenta a su respecto ya un
derecho subjetivo que merezca otra protección que no sea la de aceptar la decisión de la Administración
sobre la posibilidad de extinguir el acto por ilegitimidad, especialmente por lo dispuesto en el Artículo 158
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno, quien comparte los
conceptos vertidos por la Asesoría Legal del ex Ministerio de Infraestructura y Energía, actual Ministerio de
Economía, Infraestructura y Energía, y la Dirección de Jurídica y Fiscalización del ex Ministerio de
Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial la Denuncia de
Ilegitimidad presentada por la Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicios
Internacional CATA Limitada, C.U.I.T. N° 33-54662883-9, contra la Resolución Nº 916 del año 2013,
emitida por la ex Secretaría de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO.
CP. PEDRO MARTIN KERCHNER.
S/Cargo
24/07/2019 (1 Pub.)
