DECRETOS

Decreto Nº 1519

Fecha de publicación
17 de julio de 2019
Fecha de la norma
5 de julio de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.893 · páginas 14–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1519 MENDOZA, 05 DE JULIO DE 2019. Visto el expediente 5436-D-18-20108 y sus acumulados Nros. 2809-D-17-01283 y 2367-D-15-01409 en el primero de los cuales el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” CUIT Nº 33-50385092-9, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 463/18 dictada por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; y Considerando: Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03683832-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 14 de 90 Que si bien al momento del dictado del presente acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el Decreto DNU 274/19 derogatorio de la Ley Nº 22802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del decreto se seguirán rigiendo bajo la ley derogada (artículo 72 DNU 274/19); Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por supermercado “ÁTOMO”, propiedad de la citada firma, contra la Resolución 1286/17 de la Dirección de Fiscalización y Control, a la vez que intimó al pago de la multa impuesta de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00) por violación al Anexo I Punto II de la Resolución Nacional Nº 287/00 de la ex Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, concordante con la Ley Nº 22802 y modificatorias vigente a la fecha de su aplicación, y derogada por Decreto DNU 274/19, Artículo 72; Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que a fojas 1 del expediente Nº 2367-D-2015-01409 obra Acta de Infracción Nº 0045761, de fecha 18 de junio de 2015 labrada por la ex Dirección de Industria y Comercio en el Supermercado “ÁTOMO”, propiedad de la citada firma, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 2323, Luzuriaga, Departamento de Maipú, por la cual se constata que se encontraban disponibles diversos artículos a la venta con defectos de etiquetado; Que la recurrente reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer el recurso de revocatoria; Que la empresa debería haber advertido que las etiquetas adolecían de información básica realizando controles mínimos sobre ellas, según la Ley de Lealtad Comercial Nº 22802 en su Artículo 6º que dispone que los productores y fabricantes de mercaderías, los envasadores, los que encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores, y los importadores, deberán cumplir según corresponda, con lo dispuesto en este capítulo siendo responsables por la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos. Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o productos cuya identificación contravenga lo dispuesto en el artículo 1º de dicha Ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos cuando no exhiban la documentación que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización; Que si se ha cometido un error al etiquetar el producto y éste error es de magnitud tan evidente, debió la empresa disponer de un sistema de control mínimo para retirar de la venta este tipo de productos, siendo de su exclusiva responsabilidad la comisión de la actividad ilícita; Que constatándose en el Acta de Infracción labrada la deficiencia en el etiquetado de los productos queda claro que la empresa infringe las prescripciones establecidas en la Resolución 287/00 Anexo I, Punto II Ley Nº 22802, y demás normas complementarias vigente a la fecha de su aplicación, y derogada por Decreto DNU 274/19, Artículo 72; Que el inspector actuante contaba con facultades suficientes para la actuación realizada teniendo en cuenta los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco y fundamento al proceso de división de la Dirección de Defensa del Consumidor y de la ex Dirección de Industria y Comercio, lo que conduce a concluir la inexistencia de los vicios e ilegitimidad que denuncia la recurrente; Que el esquema de protección que establecía la Ley N° 22802 vigente a la fecha de su aplicación, y derogada por Decreto DNU 274/19, Artículo 72, se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La imposición de tales deberes a quién ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03683832-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 15 de 90 damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que en relación al monto de la multa se considera que la misma se presenta razonable, teniendo en cuenta el tipo de infracción cometida por la quejosa y la ausencia de justificación del agravio desarrollado. En efecto, no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que la sanción le acarrea, no aportando en concreto dónde radica el error de la Administración en la determinación del monto; Que en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la referida firma por resultar su conducta violatoria al Anexo I Punto II de la Resolución Nacional Nº 287/00 de la ex Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, concordante con lo que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias vigente a la fecha de su aplicación, y derogada por Decreto DNU 274/19, Artículo 72; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Infraestruc-tura y Energía a fojas 18/20 y 30 y vuelta y por Asesoría de Gobierno a fojas 23/24; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto a fojas 1/4 del expediente 5436-D-18-20108 por el Doctor ARMANDO RODRÍGUEZ MONTERO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución N° 463 dictada por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía con fecha 11 de julio de 2018, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto y, en consecuencia, ratifíquese la misma en todas sus partes. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER S/Cargo 17/07/2019 (1 Pub.)