RESOLUCIONES
Resolución Nº 89
- Fecha de publicación
- 25 de junio de 2019
- Fecha de la norma
- 18 de junio de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.879 · páginas 32–35
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 89
MENDOZA, 18 de junio de 2019
VISTO:
El expediente Nº 12517-M-2010-60204-E-0, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº 30-67881435-7, nombre de
fantasía “Movistar”, con domicilio comercial en calle Garibaldi Nº 70, Ciudad, Mendoza, y domicilio legal
en calle Serú Nº 72, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 010/2013, la Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a TELEFÓNICA
MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº 30-67881435-7, una multa de Pesos Cinco Mil
con 00/100 ($ 5.000,00), por violación al Artículo 19º de la Ley Nº 24.240, conforme al Artículo 47º inciso b)
del mismo cuerpo legal.
Que a fs. 33/39 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución.
Que desde el punto de vista formal el recurso debe ser aceptado ya que se presenta en tiempo legal y con
el pago de la tasa correspondiente.
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Que desde el punto de vista sustancial, el recurrente fundamenta su agravio, en primera medida, en el
hecho de que el denunciante no sería “consumidor final”, por lo cual no cabe aplicar la normativa
correspondiente. Se basa en que la factura obrante en el expediente es “Factura A” y que el denunciante
reconoce “que sus teléfonos son corporativos”. Además, plantea la incompetencia de esta Dirección
fundándose, por un lado, en que la telefonía móvil no es un servicio público domiciliario “por lo cual no
sería aplicable la Ley de Defensa del Consumidor”. Seguidamente sostiene, que la prestación del servicio
se desenvuelve en el marco de la Ley 19.798, y que el órgano de contralor es la Comisión Nacional de
Comunicaciones; a partir de allí sostiene que el fuero federal corresponde a la causa rationae materiae y
no rationae personae y el órgano competente es la C.N.C.; cita jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, recordando la doctrina de la autoridad institucional de la Jurisprudencia de la CSJN.
Que respecto a la incompetencia planteada, en primer lugar cabe aclarar que el tipo de facturación no
incide de forma directa en la calidad de “consumidor final” en los términos de la Ley Nº 24240. Lo que
importa para esta normativa a los efectos de determinar la existencia de la calidad de consumidor final son
los “hechos”. Es decir, es necesario establecer si de la plataforma fáctica surge o no que el denunciante
haya adquirido las líneas de celular para introducirlas dentro de un proceso de producción o intermediación
de servicios. Extremo fáctico que no surge de las actuaciones de autos. La cuestión de que la línea del
denunciante sea “corporativa” tampoco incide en lo expresado anteriormente.
Que también se hace referencia al planteo realizado respecto al art. 25º de la Ley Nº 24240. Respecto a
ello, cabe rechazar el argumento expuesto por falaz. Efectivamente, por un Iado erra el recurrente en
cuanto afirma que el servicio de telefonía móvil es un servicio público, ya que no existe ley que así lo
declare. La Ley que invoca N° 19.798, es del año 1.972 por lo cual resulta imposible que establezca el
carácter de servicio público de la telefonía móvil. Por esta razón entre 2016 y 2017 se presentaron diversos
proyectos en el Congreso de la Nación a los fines de obtener dicha declaración. Más allá de lo explicitado,
la telefonía móvil es un servicio prestado por una empresa, en este caso, que reúne los caracteres
necesarios para ser considerada proveedor conforme a los lineamientos de la Ley Nº 24240.
Que consecuentemente, la relación entre el proveedor del servicio y un usuario final queda amparado por
la normativa de consumo.
Que respecto a la cuestión de normativa aplicable y la supuesta competencia federal, se deben realizar las
siguientes precisiones. En primer lugar, resulta necesario tener presente que el 16 de abril de 2.008, la Ley
Nº 24.240 fue reformada por la Ley Nº 26.361. Si bien esta Dirección no desconoce ni la normativa legal
que cita el denunciado, la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni la jurisprudencia
tanto de la CSJN como de la Suprema Corte de Mendoza, todas citadas en el escrito, debe tenerse
presente que la Ley Nº 26.361 entre sus modificaciones, introdujo el concepto de "relación de consumo" en
su art. 3°, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de "contrato de consumo" y en este sentido
el artículo citado, establece claramente que "las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido
en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrollen esté
alcanzado asimismo por otra normativa específica“.
Que el legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial
aplicable a las relaciones de consumo: por ejemplo, Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro
previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo etc. En consecuencia, y ante el caso
de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia
ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad: seguros, transporte, comunicaciones, etc.
tiene una legislación específica, resulta claro que -en lo atinente a la "relación de consumo" establecida
entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del servicio contratadosiempre se aplica la
Ley Nº 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del
organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la
actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al buen funcionamiento "general" de cada
sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo Leonardo- comentarios a la Reforma de la
Ley 24.240). Así, la reforma de 2008 fijó en su art. 3º que: “las relaciones de consumo se rigen por el
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régimen establecido en esta Ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad
que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”. De esta manera, la Ley Nº 24240
tiene en cuenta el desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan: masividad,
anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica, renovación productiva y
compleja comercialización.
Que a través de la Ley Nº 24.240, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países
desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos
subjetivos y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad
le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto
por la falta cometida contra alguno de sus miembros.
Que a su vez, mantuvo en su art. 65º el carácter de Ley de orden público, entendiendo así que en ella está
interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, un
sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las leyes de orden público son las leyes
fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social,
teniéndose especialmente en cuenta que responde a un interés general, colectivo, resultando así su
aplicación imperativa e irrenunciable.
Que finalmente cabe resaltar, que la Suprema Corte de la Provincia ha confirmado estos argumentos e
incluso ha extendido los mismos para entender que, desde la reforma de la Ley Nº 24240 del año 2008,
existe concurrencia de competencias entre los entes de contralor específicos de un servicio determinado
como la de esta Dirección Provincial para entender en asuntos que hacen tanto a la telefonía fija como
móvil. Citamos en tal sentido el fallo del máximo Tribunal provincial emitido el 23 de diciembre de 2016 en
autos N° 11397101 “Telefónica Móviles Argentina SA cl Provincia de Mendoza P/ Acción Procesal
Administrativa. No soslayamos el hecho de que dicho fallo -siguiendo los parámetros sentados por la Corte
Suprema de la Nación- distinga la competencia de la CNC para cuestiones técnicas y la de la Dirección de
Defensa del Consumidor para las relativas cuestiones comerciales y de consumo. Tratándose el asunto de
marras de un incumplimiento del servicio contratado, no siendo esta una cuestión exclusivamente técnica,
la incompetencia planteada resulta totalmente improcedente.
Que finalmente, y ratificando todo lo expuesto ut supra, a fs. 43 obra informe de la CNC donde ratifica la
intervención de esta Dirección en temas como el de marras.
Que respecto al fondo del asunto y la imputación por la cual fue sancionada, la recurrente plantea que se
la sancionó por “la intimación que hace la Dirección (...) a los efectos de brindar prueba". Y respecto a ello
alega que “la carga de la prueba está a cargo de quien denuncia (...) o la Dirección”. Agrega que
cumplió dicho aspecto “dando el informe solicitado por lo que se entendía que el conflicto estaba
solucionado”. Finalmente, ataca el monto de la sanción porque no se explicita el concepto de “proyección
económica” y por “desproporcional” atento que se impuso una multa de $ 5.000,00 “cuando se trata de
una factura de $ 340,00".
Que las defensas de fondo esbozadas resultan inconducentes e insuficientes para revocar la sanción
atacada. En efecto, la plataforma fáctica de la sanción impuesta no es la que alega la recurrente. La firma
sumariada no fue intimada a brindar prueba. A fs. 16 se la emplaza a dar respuesta documentada a la
denuncia de autos (cobro de un servicio no contratado), lo cual no cumplió. Pero la imputación de fs. 17 no
se refiere a esa falta de respuesta (dicho silencio solo le acarrea la pérdida de una oportunidad para dar su
visión de los hechos y/o realizar propuesta conciliatoria), sino al hecho no controvertido de cobrar un
servicio no contratado. Por ello el descargo de fs. 21 resulta intrascendente jurídicamente y tampoco lo allí
propuesto “soluciona el tema de fondo”, tal como manifiesta el mismo denunciante a fs. 24.
Que tampoco la imputación implica una inversión de la carga de la prueba, sino que el único que está en
condiciones de desvirtuar el hecho denunciando —la falta de contratación- es la sumariada, bastándole
para ello acompañar la documental que pruebe la contratación negada.
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Que en cuanto al monto de la multa, la resolución atacada expresa los parámetros legales que se tienen
en cuenta a la hora de fundar el monto de la sanción. Por ello, el daño producido al consumidor no es lo
único que se tiene en cuenta para fijar el monto sancionatorio.
Que un monto de $ 5.000,00 a una de las pocas empresas que prestan el servicio de telefonía móvil en
todo el país, no resulta para nada desproporcionada. Cabe recordar que la sanción debe tener un efecto
disuasorio para quien lo sufre a los fines de modificar su conducta, y a la vez ejemplificativa para el resto
de proveedores. Una multa menor a la impuesta a una firma como la sumariada, considerando su carácter
oligopólico, implicaría renunciar al efecto explicado.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACÉPTESE desde el punto de vista formal y RECHÁCESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº
30-67881435-7, contra la Resolución Nº 010/2013, la que se mantiene en todas sus partes ratificando la
sanción de multa de Pesos Cinco Mil con 00/100 ($ 5000,00).
ARTÍCULO 2° - INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTÍCULO 5º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa
del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6º - REGÍSTRESE al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE a quienes corresponda de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
LIC. MONICA S. LUCERO
S/Cargo
25/06/2019 (1 Pub.)
