RESOLUCIONES

Resolución Nº 89

Fecha de publicación
25 de junio de 2019
Fecha de la norma
18 de junio de 2019
Referencia documental
Boletín Nº 30.879 · páginas 32–35
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 89 MENDOZA, 18 de junio de 2019 VISTO: El expediente Nº 12517-M-2010-60204-E-0, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº 30-67881435-7, nombre de fantasía “Movistar”, con domicilio comercial en calle Garibaldi Nº 70, Ciudad, Mendoza, y domicilio legal en calle Serú Nº 72, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Nº 010/2013, la Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº 30-67881435-7, una multa de Pesos Cinco Mil con 00/100 ($ 5.000,00), por violación al Artículo 19º de la Ley Nº 24.240, conforme al Artículo 47º inciso b) del mismo cuerpo legal. Que a fs. 33/39 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución. Que desde el punto de vista formal el recurso debe ser aceptado ya que se presenta en tiempo legal y con el pago de la tasa correspondiente. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03266563-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 32 de 141 Que desde el punto de vista sustancial, el recurrente fundamenta su agravio, en primera medida, en el hecho de que el denunciante no sería “consumidor final”, por lo cual no cabe aplicar la normativa correspondiente. Se basa en que la factura obrante en el expediente es “Factura A” y que el denunciante reconoce “que sus teléfonos son corporativos”. Además, plantea la incompetencia de esta Dirección fundándose, por un lado, en que la telefonía móvil no es un servicio público domiciliario “por lo cual no sería aplicable la Ley de Defensa del Consumidor”. Seguidamente sostiene, que la prestación del servicio se desenvuelve en el marco de la Ley 19.798, y que el órgano de contralor es la Comisión Nacional de Comunicaciones; a partir de allí sostiene que el fuero federal corresponde a la causa rationae materiae y no rationae personae y el órgano competente es la C.N.C.; cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordando la doctrina de la autoridad institucional de la Jurisprudencia de la CSJN. Que respecto a la incompetencia planteada, en primer lugar cabe aclarar que el tipo de facturación no incide de forma directa en la calidad de “consumidor final” en los términos de la Ley Nº 24240. Lo que importa para esta normativa a los efectos de determinar la existencia de la calidad de consumidor final son los “hechos”. Es decir, es necesario establecer si de la plataforma fáctica surge o no que el denunciante haya adquirido las líneas de celular para introducirlas dentro de un proceso de producción o intermediación de servicios. Extremo fáctico que no surge de las actuaciones de autos. La cuestión de que la línea del denunciante sea “corporativa” tampoco incide en lo expresado anteriormente. Que también se hace referencia al planteo realizado respecto al art. 25º de la Ley Nº 24240. Respecto a ello, cabe rechazar el argumento expuesto por falaz. Efectivamente, por un Iado erra el recurrente en cuanto afirma que el servicio de telefonía móvil es un servicio público, ya que no existe ley que así lo declare. La Ley que invoca N° 19.798, es del año 1.972 por lo cual resulta imposible que establezca el carácter de servicio público de la telefonía móvil. Por esta razón entre 2016 y 2017 se presentaron diversos proyectos en el Congreso de la Nación a los fines de obtener dicha declaración. Más allá de lo explicitado, la telefonía móvil es un servicio prestado por una empresa, en este caso, que reúne los caracteres necesarios para ser considerada proveedor conforme a los lineamientos de la Ley Nº 24240. Que consecuentemente, la relación entre el proveedor del servicio y un usuario final queda amparado por la normativa de consumo. Que respecto a la cuestión de normativa aplicable y la supuesta competencia federal, se deben realizar las siguientes precisiones. En primer lugar, resulta necesario tener presente que el 16 de abril de 2.008, la Ley Nº 24.240 fue reformada por la Ley Nº 26.361. Si bien esta Dirección no desconoce ni la normativa legal que cita el denunciado, la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni la jurisprudencia tanto de la CSJN como de la Suprema Corte de Mendoza, todas citadas en el escrito, debe tenerse presente que la Ley Nº 26.361 entre sus modificaciones, introdujo el concepto de "relación de consumo" en su art. 3°, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de "contrato de consumo" y en este sentido el artículo citado, establece claramente que "las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrollen esté alcanzado asimismo por otra normativa específica“. Que el legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: por ejemplo, Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo etc. En consecuencia, y ante el caso de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad: seguros, transporte, comunicaciones, etc. tiene una legislación específica, resulta claro que -en lo atinente a la "relación de consumo" establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del servicio contratadosiempre se aplica la Ley Nº 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al buen funcionamiento "general" de cada sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo Leonardo- comentarios a la Reforma de la Ley 24.240). Así, la reforma de 2008 fijó en su art. 3º que: “las relaciones de consumo se rigen por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03266563-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 33 de 141 régimen establecido en esta Ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”. De esta manera, la Ley Nº 24240 tiene en cuenta el desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica, renovación productiva y compleja comercialización. Que a través de la Ley Nº 24.240, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Que a su vez, mantuvo en su art. 65º el carácter de Ley de orden público, entendiendo así que en ella está interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las leyes de orden público son las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social, teniéndose especialmente en cuenta que responde a un interés general, colectivo, resultando así su aplicación imperativa e irrenunciable. Que finalmente cabe resaltar, que la Suprema Corte de la Provincia ha confirmado estos argumentos e incluso ha extendido los mismos para entender que, desde la reforma de la Ley Nº 24240 del año 2008, existe concurrencia de competencias entre los entes de contralor específicos de un servicio determinado como la de esta Dirección Provincial para entender en asuntos que hacen tanto a la telefonía fija como móvil. Citamos en tal sentido el fallo del máximo Tribunal provincial emitido el 23 de diciembre de 2016 en autos N° 11397101 “Telefónica Móviles Argentina SA cl Provincia de Mendoza P/ Acción Procesal Administrativa. No soslayamos el hecho de que dicho fallo -siguiendo los parámetros sentados por la Corte Suprema de la Nación- distinga la competencia de la CNC para cuestiones técnicas y la de la Dirección de Defensa del Consumidor para las relativas cuestiones comerciales y de consumo. Tratándose el asunto de marras de un incumplimiento del servicio contratado, no siendo esta una cuestión exclusivamente técnica, la incompetencia planteada resulta totalmente improcedente. Que finalmente, y ratificando todo lo expuesto ut supra, a fs. 43 obra informe de la CNC donde ratifica la intervención de esta Dirección en temas como el de marras. Que respecto al fondo del asunto y la imputación por la cual fue sancionada, la recurrente plantea que se la sancionó por “la intimación que hace la Dirección (...) a los efectos de brindar prueba". Y respecto a ello alega que “la carga de la prueba está a cargo de quien denuncia (...) o la Dirección”. Agrega que cumplió dicho aspecto “dando el informe solicitado por lo que se entendía que el conflicto estaba solucionado”. Finalmente, ataca el monto de la sanción porque no se explicita el concepto de “proyección económica” y por “desproporcional” atento que se impuso una multa de $ 5.000,00 “cuando se trata de una factura de $ 340,00". Que las defensas de fondo esbozadas resultan inconducentes e insuficientes para revocar la sanción atacada. En efecto, la plataforma fáctica de la sanción impuesta no es la que alega la recurrente. La firma sumariada no fue intimada a brindar prueba. A fs. 16 se la emplaza a dar respuesta documentada a la denuncia de autos (cobro de un servicio no contratado), lo cual no cumplió. Pero la imputación de fs. 17 no se refiere a esa falta de respuesta (dicho silencio solo le acarrea la pérdida de una oportunidad para dar su visión de los hechos y/o realizar propuesta conciliatoria), sino al hecho no controvertido de cobrar un servicio no contratado. Por ello el descargo de fs. 21 resulta intrascendente jurídicamente y tampoco lo allí propuesto “soluciona el tema de fondo”, tal como manifiesta el mismo denunciante a fs. 24. Que tampoco la imputación implica una inversión de la carga de la prueba, sino que el único que está en condiciones de desvirtuar el hecho denunciando —la falta de contratación- es la sumariada, bastándole para ello acompañar la documental que pruebe la contratación negada. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-03266563-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 34 de 141 Que en cuanto al monto de la multa, la resolución atacada expresa los parámetros legales que se tienen en cuenta a la hora de fundar el monto de la sanción. Por ello, el daño producido al consumidor no es lo único que se tiene en cuenta para fijar el monto sancionatorio. Que un monto de $ 5.000,00 a una de las pocas empresas que prestan el servicio de telefonía móvil en todo el país, no resulta para nada desproporcionada. Cabe recordar que la sanción debe tener un efecto disuasorio para quien lo sufre a los fines de modificar su conducta, y a la vez ejemplificativa para el resto de proveedores. Una multa menor a la impuesta a una firma como la sumariada, considerando su carácter oligopólico, implicaría renunciar al efecto explicado. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACÉPTESE desde el punto de vista formal y RECHÁCESE desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT Nº 30-67881435-7, contra la Resolución Nº 010/2013, la que se mantiene en todas sus partes ratificando la sanción de multa de Pesos Cinco Mil con 00/100 ($ 5000,00). ARTÍCULO 2° - INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240, correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario “UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTÍCULO 5º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 6º - REGÍSTRESE al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE a quienes corresponda de la presente Resolución y ARCHÍVESE. LIC. MONICA S. LUCERO S/Cargo 25/06/2019 (1 Pub.)