RESOLUCIONES
Resolución Nº 58
- Fecha de publicación
- 6 de junio de 2019
- Fecha de la norma
- 29 de abril de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.868 · páginas 37–42
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 58
MENDOZA, 29 DE ABRIL DE 2019
VISTO:
El expediente 256-D-2016-00112 caratulado “ACTA C 1932 OSDEPYM” en el cual obran las actuaciones
contra “OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M”
CUIT Nº 30-58666171-6, con domicilio en calle Colón Nº 163, Ciudad, Mendoza y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 rola Acta de Infracción Serie “C” Nº 1932 con fecha 20 de Enero de 2016 contra “OBRA
SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M” CUIT Nº
30-58666171-6 por no contar con Libro de Quejas rubricado por esta Dirección de Defensa del
Consumidor (Res. 13/14) como así tampoco contar con la cartelería informativa referida a tiempo de
espera (Res. 102/15).
Que a fs. 03 la firma en infraccionada presenta descargo y plantea la incompetencia de esta Dirección
diciendo que la Obra Social no se encuentra obligada a cumplir con las Resoluciones administrativas que
emita esta Dirección de Defensa del Consumidor, en especial respecto del Libro de Quejas, toda vez que
“OSDEPYM” debe llevar libro de quejas conforme lo establece la Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación. Agrega también que no se puede subsumir la actividad sin fines de lucro llevada adelante por
Obras Sociales, regidas bajo las disposiciones de las leyes 23.660 y 23.661, dentro de las consideradas
“relaciones de consumo" que se enmarcan dentro de las disposiciones de la ley 24.240 y sus
modificatorias.
Que funda su planteo en la circunstancia de que la Obra Social “OSDEPYM” se encuentra encuadrada en
el artículo 1º inc. a) de la Ley Nº 23.660 en su calidad de obra social sindical e integra como tal el Sistema
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Nacional del Seguro de Salud, de conformidad a lo establecido expresamente en el artículo 5º inc. a) de la
Ley Nº 23.661. Por lo que el único organismo de contralor es la Superintendencia de Servicios de Salud de
la Nación. Que dicha entidad por su especificidad desplaza la aplicación de normas generales como es la
Ley Nº 5547.
Que respecto al planteo de incompetencia cabe anticipar que el mismo resulta improcedente, ya que el
artículo 3° de la Ley Nº 24.240, incorporado por Ley Nº 26.361, señala en su último párrafo “las relaciones
de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el
proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.”
Que el vínculo jurídico existente entre un afiliado y la Obra Social, prestadora de servicios de salud a
través de efectores propios y/o contratados por ella, es una típica relación de consumo. La prestadora,
consecuentemente, posee el carácter de proveedora en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 24.240.
Que “teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el mundo moderno se brinda
al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir en que lo especial es
precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean en lo que damos en
llamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de telefonía,
de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines determinados, por citar sólo
unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos. Cada una de estas
actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos, una autoridad
administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de cada una de
ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su funcionamiento. En
ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas normas que
estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna cuestión
puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan:
masividad, anonimato, expansión de! crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica renovación
productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción de la ley
24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países
desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos
subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo publico, al que la sociedad
le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto
por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley
24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de sanciones contra
los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos
individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo
transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo institucional
para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa sistematizada
estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro en la propia
Ley Nº 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice que "Las
disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones
jurídicas antes definidas...". Como se advierte, no establece la mencionada ley que las normas generales y
especiales se integran con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra
con aquéllas. Y es lógico que así sea pues, como se ha dicho, el legislador argentino entiende que la
especialidad radica en la relación de consumo como tal, en si misma, y a ella se aplican la legislación
especial de consumo y los institutos, principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios
Ley 26.361).
Que a su vez el artículo 41º de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “La Secretaria de
Comercio Interior..., será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y
juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas
infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”
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Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento
ha dictado el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos N° 1313/2012 y 1626/2012. En el último
de los Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del
Consumidor consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 24.240 modificatorias y
complementarias (Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5.547 (Defensa del
Consumidor).”
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Ley Nº 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por
ejemplo e! caso del artículo 63º
Que la jurisprudencia ha confirmado la competencia que tienen las autoridades de aplicación de la Ley Nº
24.240 en lo que respecta a la fiscalización de la relación de consumo que vincula a las Obras Sociales
con sus afiliados. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. En la sentencia recaída en la Causa N° 2234-0
caratulada “OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VEND. DE LA REP ARG. cl GCBA si OTRAS CAUSAS CON
TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL.”, Sala I, del día 16 de diciembre de 2010, se consideró
que “... Dado el marco normativo descripto, cabe entender que la relación jurídica que vincula a una obra
social sindical que presta un servicio de salud con otra persona que lo contrata es una relación de
consumo, sin perjuicio de estar alcanzada por otras normas. 2) Sentado lo expuesto, corresponde tratar el
agravio relativo a la incompetencia de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para
sancionar a la recurrente. Cabe destacar que conforme la ley 24.240 -tanto antes como después de la
reforma en los términos de la Iey 26.361-, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuentan con facultades de control, vigilancia y juzgamiento en materia de defensa de los
derechos de los consumidores. En particular, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la autoridad
competente en materia de defensa del consumidor es la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor. AI respecto, la Iey 757 establece que “la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta
Iey y de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley” (art. 2). A su vez, el decreto
17-GCBA-03 designó como Autoridad de Aplicación de la ley 24.240 -en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires- a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (cfr. Anexo I, art. 2°). En
consecuencia, no puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad. V. Por las consideraciones que
anteceden, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace el recurso de
apelación interpuesto por la actora contra la Disposición 4066-DGDYPC- 2007 y el planteo de
inconstitucionalidad de la ley 1517 y, en consecuencia, se confirme la sanción impuesta con motivo de la
infracción al artículo 4º de la Iey 1517... Firmantes: Dr. Carlos F. Balbin; Dr. Horacio G. Corti; Dra. Inés M.
Weinberg de Roca.”
Que, como bien lo afirma la sumariada en su descargo, las empresas de medicina prepaga revisten el
carácter de proveedores conforme los términos del artículo 2º de la ley 24.240. En este sentido, el artículo
1° de la ley N° 26.682 dispone que “La presente Iey tiene por objeto establecer el régimen de regulación
de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o
complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS)
contemplados en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661...".
Que por todo lo expuesto la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en
protección del consumidor y sus derechos en un caso como el de marras.
Que en el descargo la firma alega que OSDEPYM debe llevar libro de quejas conforme lo establece
Resolución 75/98 de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Que el artículo 9° de la Resolución 13/2014 de la Dirección de Defensa del Consumidor es claro al
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establecer: “La existencia de otras formas o procedimientos de reclamos, denuncias o quejas dispuesto
por partes de otros organismos públicos, sean reguladores, nacionales, provinciales o municipales o por
procedimientos internos de la empresa o de los obligados por mecanismos de responsabilidad social
empresaria o por la actividad regulatoria a la que están sometidos, nunca podrán ser justificativos que
puedan usarse como fundamento para no cumplir con la presente reglamentación”.
Que adiciona que no se puede subsumir la actividad sin fines de lucro llevada adelante por Obras
Sociales, regidas bajo las disposiciones de las leyes 23.660 y 23.661, dentro de las consideradas
“relaciones de consumo que se enmarcan dentro de las disposiciones de la ley 24.240 y sus
modificatorias.”
Que es indudable que las Obras Sociales generan toda una estructura a los efectos de prestar un servicio
profesional de salud, sea de lucro o no, a sus afiliados, con lo que consecuentemente brindan atención al
público en diversos aspectos. Pudiendo considerarse a la misma como una típica relación de consumo. La
prestadora, consecuentemente, posee el carácter de proveedora en los términos del artículo 2º de la Ley
24.240.
Que la Resolución Nº 13/2014 dictada por esta Dirección de Defensa del Consumidor se encuentra vigente
desde el día 15/10/2014.
Que el artículo 5º de la Resolución Nº 13/2014 consagra que “Los obligados, comprendidos en el Artículo
I, deberán habilitar un "Libro de Quejas. Defensa del Consumidor" en donde consumidores y usuarios
podrán asentar sus reclamos...”.
Que por su parte, el artículo 7º de la Resolución mencionada dispone que “El Libro de Quejas deberá ser
habilitado anualmente por esta Autoridad de Aplicación, mediante la verificación de la foliatura de sus
hojas y la rúbrica del Director de esta Autoridad de Aplicación, en la primera y última hoja del mismo con
indicación de la fecha, todo, previo pago del canon correspondiente fijado por la Ley Impositiva del año en
curso...”.
Que debemos destacar que el Acta de Infracción fue confeccionada el día 20/01/2016 lo que demuestra
que el cumplimiento de la Resolución Nº 13/2014 era obligatoria desde hacía mas de un año.
Que en lo que concierne a la cartelería de información de tiempo de espera, la Resolución 102/15 de esta
Dirección de Defensa del Consumidor tiene como finalidad prevenir situaciones que a todas luces importan
una evidente violación al deber de brindar al usuario, atención y trato digno y equitativo, como asimismo el
deber de suministrarle toda la información adecuada, conforme surge del Artículo 42° de la Constitución
Nacional y del Artículo 4º y 8° bis de la Ley de Defensa al Consumidor.
Que en su artículo 2° establece: Considérese “Atención y Trato Indigno“, al consumidor o usuario: a) La
atención al público que implique una espera por más de treinta (30) minutos. b) La atención al público que
implique una espera que imponga u obligue al consumidor o usuario, a soportar contingencias climáticas u
otros motivos que puedan afectar su seguridad, salud y/o integridad física.” Agregando en su artículo 3º
que es deber del proveedor informar mediante cartelería visible en los lugares de espera, que el
consumidor tiene derecho a ser atendido en un plazo menor de 30 minutos.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 9118, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…b) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
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Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa aplicada.”
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar respecto a la falta de rubricación del libro de
quejas por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor se tiene en cuenta el monto mínimo
establecido en el art. XIII de la Resolución 13/14 según el cual “El incumplimiento formal de alguna de las
obligaciones establecidas en la presente Resolución, por parte de los obligados, comprendidos en el
Artículo I, se sancionará con multa (Art. 57 Inc. b de la Ley Provincial 5547) mínima de Pesos siete mil ($
7.000) sin perjuicio de los agravantes y graduación de la sanción conforme la Ley Provincial Nº 5547 y Ley
Nacional Nº 24.240. Se aplicará sanción de multa por cada incumplimiento formal que se detecte”.
Que por el incumplimiento de la cartelería de tiempo de espera, a la hora de graduar el monto de la multa
debe considerarse lo dispuesto en el artículo 4º de la normativa sancionatoria, el que prescribe: “El
incumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución será sancionada con multa mínima de
PESOS a MIL ($10.000), conforme al régimen de la Ley Nacional N° 24.240 y Ley Provincial N° 5.547, sin
perjuicio de la graduaciones establecidas en el artículo 49° de la Ley N° 24.240 y en el artículo 59° de la
Ley N° 5547.”
Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable imponer a la firma “OBRA
SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M” CUIT
Nº 30-58666171-6, la sanción de multa conforme me lo permite la escala legal correspondiente,
equivalente a Pesos Diecisiete Mil con 00/100 ($ 17.000,00) por las infracciones verificadas y analizadas.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - DECLÁRESE la competencia de esta Dirección de Defensa del Consumidor para entender
en autos.
ARTÍCULO 2º - IMPÓNGASE a “OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y
MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M” CUIT Nº 30-58666171-6, con domicilio en calle Colón Nº 163,
Ciudad, Mendoza la sanción de multa consistente en el pago de PESOS DIECISIETE MIL Con 00/100
($17.000,00) de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5547, por la violación
de los artículos 5º y 7º de la Resolución 13/2014 y artículo 3º de la Resolución 102/2015 de esta Dirección
de Defensa del Consumidor
ARTÍCULO 3º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 5547- COD. TAX 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 4º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 5º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 6° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
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ARTICULO 7° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 8º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
MGTER. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
06/06/2019 (1 Pub.)
OSEP - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS
