RESOLUCIONES
Resolución Nº 54
- Fecha de publicación
- 6 de junio de 2019
- Fecha de la norma
- 23 de abril de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.868 · páginas 32–35
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 54
MENDOZA, 23 DE ABRIL DE 2019
VISTO:
El expediente Nº 7519-P-2010-60217, caratulado "Pereyra María Arminda C/ Telefónica MóvilesArgentina
S.A.”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., CUIT
Nº 30-67881435-7, nombre de fantasía “Movistar”, con domicilio en calle Garibaldi Nº 70, Ciudad,
Mendoza, y con domicilio legal en calle Serú Nº 72, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 22/2013, la Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a TELEFÓNICA
MÓVILES ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, una multa de PESOS UN MIL ($1.000), por
violación Artículo 19º de la Ley Nº 24.240, conforme al Artículo 47º inciso b) del mismo cuerpo legal.
Que a fs. 26/31 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución,
acreditando el pago de la tasa retributiva correspondiente.
Que desde el punto de vista formal el recurso debe ser aceptado, atento a que ha sido interpuesto dentro
de los diez días hábiles de realizada la notificación y ha sido presentado por persona autorizada a tal
efecto.
Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente plantea que la prestación del servicio se desenvuelve
en el marco de la Ley 19.798 y que el órgano de contralor es la Comisión Nacional de Comunicaciones,
actual Ente Nacional de Comunicaciones.
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Que a partir de allí, sostiene que el fuero federal corresponde la causa rationae materiae y no rationae
personae y el órgano es la C.N.C., actual ENACOM.
Que además manifiesta que la misma Ley 24.240 en su artículo 25 establece la absoluta incompetencia de
la Dirección para entender en el tema al disponer “los servicios domiciliarios con legislación específica y
cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas,
aplicándose la presente ley supletoriamente”.
Que seguidamente sostiene la irrenunciabilidad e improrrogabilidad de la competencia; del poder de policía
en materia de comunicaciones y cita a Marienhoff, autor éste que menciona la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la nación- pero respecto de los servicios públicos de carácter “interprovincial",
para luego continuar señalando que no es la Municipalidad de la Capital o su Dirección de Defensa del
Consumidor a quien le corresponde labrar acta de infracción ni entender en casos de publicidad.
Que acto seguido, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordando la doctrina
de la autoridad institucional de la Jurisprudencia de la CSJN.
Que a todo ello agrega, que el servicio que presta Telefónica Móviles Argentina S.A. es un servicio público
no domiciliario, por lo cual no sería aplicable el artículo 25º de la Ley 24.240.
Que esta Dirección no desconoce ni la normativa legal que cita el denunciado, ni la competencia de la ex
Comisión Nacional de Comunicaciones (actual ENACOM), ni la jurisprudencia tanto de la CSJN como de la
Suprema Corte de Mendoza citadas en el escrito, no obstante, debe tenerse presente que la Ley 26.361
entre sus modificaciones introdujo el concepto de “relación de consumo" en su art. 3°, siendo éste más
abarcativo que el concepto anterior de “contrato de consumo”, y en este sentido el artículo citado,
establece claramente que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y
sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado
asimismo por otra normativa específica”. El legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por
sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de Seguros, normativa de IGJ a
planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo etc. En
consecuencia, y ante el caso de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una
incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad -seguros,
transporte, comunicaciones, etc.- tiene una legislación específica, resulta claro que, en lo atinente a la
“relación de consumo” establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del
servicio contratado, siempre se aplica la Ley 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de
la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse
en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al buen
funcionamiento “general” de cada sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo
Leonardocomentarios a la Reforma de la Ley 24.240).
Que a su vez cabe recordar, que la reforma mantiene en su art. 65 el carácter de Ley de orden público,
entendiendo así que en ella está interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad
social, las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las
leyes de orden público son las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está
estructurada la organización social, teniéndose especialmente en cuenta que responde a un interés
general, colectivo, resultando así su aplicación imperativa e irrenunciable.
Que en cuanto al artículo 25º citado por la sumariada, hoy ese artículo con la Ley 26.361 mereció una
trascendente reforma puesto que señala para "los servicios públicos domiciliarios con legislación
específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas
normas y POR LA PRESENTE LEY. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultara la más
favorable para el consumidor". Prescribiendo que los usuarios de los servicios podrán presentar sus
reclamos ante la autoridad instituida por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la
presente ley, estableciéndose de esta manera una competencia concurrente entre ambas instituciones. El
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mismo no obstante haber sido resuelto con anterioridad en estos obrados, debe ser rechazado por las
razones expresadas en la Resolución recurrida, reiterándose los argumentos en ella esgrimidos.
Que finalmente, respecto al exceso de punición, los argumentos por los que intenta controvertir el importe
de la multa, no desvirtúan la procedencia de la sanción sino que persiguen relativizar la trascendencia de
una conducta violatoria de la Ley.
Que por otro Iado, manifiesta que en virtud del principio in dubio pro reo, es de aplicación la Ley provincial
5547 y sus modificatorias, que establece un sistema punitorio más leve que el nacional.
Que al respecto de dicho planteo, cabe destacar que la sumariada ha sido sancionada por violación a una
conducta tipificada en la Ley 24240 y cuya sanción está contemplada expresamente en el mismo cuerpo
legal. Que el principio in dubio pro reo se traduce en que ante la duda, se debe estar a favor del reo, es
decir, ante la falta de elementos suficientes para aplicar la sanción, se debe sobreseer, lo que en el caso
de marras nada tiene que ver con la aplicación de la Ley más favorable, y a fuerza de ser reiterativos, la
sumariada no ha controvertido en el presente recurso los fundamentos por los cuales se la sancionó, sólo
ha limitado sus agravios al planteo de incompetencia y a cuestionar la razonabilidad de la multa.
Que la graduación de la sanción según la apreciación de la gravedad de la falta cometida traduce el
ejercicio de facultades propias de la administración; ese ejercicio no puede considerarse que ha sido
irrazonable, ya que se observa que aun cuando fuera de aplicación la escala punitiva del art. 57 inc. b la
Ley 5547, el monto de la multa impugnado se encuentra mucho más cerca del mínimo previsto que del
límite máximo de graduación establecido y por lo tanto el acto administrativo es válido.
Que en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que
corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto desde su aspecto sustancial y confirmar la
sanción de multa dispuesta en la Resolución Nº 22/2013.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-67881435-7,
contra la Resolución Nº 22/2013, la que se mantiene en todas sus partes ratificando la sanción de multa de
Pesos Un Mil con 00/100 ($1000,00).
ARTÍCULO 2° - INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTÍCULO 4º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa
del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 179º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso
jerárquico contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente,
debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva.
ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
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S/Cargo
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