RESOLUCIONES
Resolución Nº 23
- Fecha de publicación
- 14 de mayo de 2019
- Fecha de la norma
- 27 de febrero de 2019
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.851 · páginas 56–59
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 23
MENDOZA, 27 DE FEBRERO DE 2019
VISTO:
El expediente Nº 713-D-2017-00112, caratulado “SANTILLAN LUCIA MARTA C/ FUNDACION
RAYUELA”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “FUNDACION RAYUELA PARA LA
CULTURA Y LA EDUCACION”, CUIT Nº 30-64987341-7, con domicilio legal en calle Pedro Molina 39, 2º
Piso, Oficina “D”, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 rola denuncia presentada por la Sra. Santillan Lucia Marta, DNI Nº 22.673.800, con domicilio en
calle Talcahuano 2682, Godoy Cruz, Mendoza, “FUNDACION RAYUELA PARA LA CULTURA Y LA
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EDUCACION”, CUIT Nº 30-64987341-7, por publicidad engañosa atento a que de acuerdo al aviso
publicado en fecha 24 de Octubre de 2015 se promete salida laboral segura por medio de un curso corto
de celador escolar y transcurrido dos años de haber finalizado el mismo, no pudo conseguir trabajo alguno.
Solicita que se cumpla lo publicitado o le devuelvan el dinero del curso.
Que a fs. 8 obra copia de una publicidad, en la cual se expresa textualmente: “CELADOR ESCOLAR Inicia
24 de octubre. Curso Corto con salida laboral segura. ..."
Que a fs. 9/11 la denunciante acompaña copias de las facturas por los pagos realizados y a fs. 3/7
documentación entregada por Fundación Rayuela, relativa al curso realizado.
Que a fs. 13 se presenta la denunciada, manifestando el modo de ingreso en la DGE a un cargo de
celador, como así también que la fundación no se encuentra obligada a otorgarles un trabajo de manera
directa a los asistentes al curso, ya que son dichos asistentes quienes deben concurrir a los
establecimientos escolares para obtener un trabajo. Aclara que la publicidad “... salida laboral segura” se
refiere a que existiendo gran demanda como celador, haciendo el curso se podría obtener un trabajo
estable.
Que a fs. 27 obra acta de imputación contra “FUNDACION RAYUELA PARA LA CULTURA Y LA
EDUCACION” CUIT Nº 30-64987341-7, por presunta violación al artículo 8° de la ley N° 24.240, atento a
que la denunciante manifiesta que en la publicidad que realiza la denunciada, incluye la frase “salida
laboral segura” (anuncio publicitario consta a fs. 08) y que transcurridos dos años desde que realizó el
curso aún no consigue trabajo de celador escolar, configurándose infracción al mencionado artículo.
Que la denunciada ha sido fehacientemente notificada con fecha 07/08/2017 conforme fs. 28.
Que a fs. 29/31 se presenta nuevamente la sumariada reiterando sus dichos y ofrece prueba informativa
de la Dirección General de Escuelas.
Que la publicidad de fs. 08, por medio de la cual se expresa: "CELADOR ESCOLAR… inicia 24 de Octubre,
Curso corto con salida laboral segura. Inscripciones Abiertas. Fundación Rayuela" es una comunicación
que realiza la entidad en el marco de su actividad con el fin de promover la prestación de servicio (este
caso el curso de celador escolar). No obstante, induce a error en el destinatario al indicar la ventaja de que
es con salida laboral segura, atento a que claramente no condice con la realidad, conforme lo que la propia
sumariada se encarga de describir en su descargo: “... son los asistentes los que debían concurrir a los
establecimientos escolares para obtener un trabajo”. Agrega que “realizando el curso se podría obtener un
trabajo estable, pero que son los propios interesados los que deben conseguir el establecimiento escolar
para obtener trabajo, no es obligación de dicha fundación darles un empleo de manera directa”.
Que todo lo que describe la denunciada en su descargo, no se especifica en la publicidad y el potencial
consumidor no la conoce, ni tiene obligación alguna de conocerla, induciéndolo a un error.
Que la prueba ofrecida no es conducente al objeto de la denuncia, ya que la información que la Dirección
General de Escuelas puede brindar solo nos describe el procedimiento y la situación laboral de los
celadores en los distintos establecimientos educativos, no haciendo referencia alguna a la publicidad que
es objeto del reclamo.
Que por todo lo expuesto, esta Dirección entiende que la infracción imputada se encuentra probada y
firme.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
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Que el artículo 47º de la Ley 24.240, indica: “verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS
CINCO MILLONES ($ 5.000.000)”
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada ha realizado
una publicidad de los servicios que ofrece, que resulta engañosa, atento a que no ha dado cumplimiento a
las prescripciones contenidas en la misma, no obstante integrar éstas el contrato celebrado con la
denunciante. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor si bien la Santillan Lucia Marta, ha
abonado la suma de Pesos Mil Seiscientos Cincuenta con con 00/100 (1.650,00), debe tenerse en cuenta
que la jurisprudencia ha dicho en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los
elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a
ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta
correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/
GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el
pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor habiendo transcurrido dos años desde
el hecho objeto del reclamo.
Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a “FUNDACION
RAYUELA PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION”, CUIT Nº 30-64987341-7, por la suma de Pesos
Veinte Mil con 00/100 ($20.000,00).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
5.000.000).
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Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE a contra “FUNDACION RAYUELA PARA LA CULTURA Y LA
EDUCACION”, CUIT Nº 30-64987341-7, con domicilio legal en calle Pedro Molina 39, 2º Piso. Oficina “D”,
Ciudad, Mendoza, la sanción de multa consistente en el pago de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($20.000,00)
de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por la violación al artículo 8º
del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2º- INTIMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240- COD. TAX 017-417, Cod. Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
14/05/2019 (1 Pub.)
