RESOLUCIONES
Resolución Nº 73
- Fecha de publicación
- 5 de febrero de 2019
- Fecha de la norma
- 23 de mayo de 2018
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.787 · páginas 32–35
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 73
MENDOZA, 23 de mayo de 2018
VISTO:
El expediente Nº 2290-F-2009-01409, caratulado “FERNANDEZ OLDA C/ MABE ARG. UNICASA Y
FALABELLA”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “Maria Marcela Castillo”, CUIT Nº
23-16908358-4, propietaria del servicio técnico “UNICASAUNISERVICE”, con domicilio en calle San
Martín nº 6960, Carrodilla, Lujan, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 rola denuncia presentada por la Sra. Olda Maria Fernanez, DNI Nº 4.198.859, con domicilio
en calle Julian Barraquero Nº 781, Godoy Cruz, Mendoza, contra “Maria Marcela Castillo” CUIT Nº
23-16908358-4 propietaria del servicio técnico “UNICASA-UNISERVICE”, al manifestar que tras un
inconveniente con su lavarropas marca General Electric modelo WH 8402 S, número de serie 41100647, y
llevado para su reparación al local denunciado (servicio técnico oficial de General Electric Argentina), no se
le provee el repuesto apto para la reparaciónle y realizan una reparación insatisfactoria, ya que el
electrodoméstico nuevamente presenta fallas, y no obstante ello le cobran por la reparación fallida el
monto de Pesos Treinta con 00/100 ($30,00). Al reclamar, el representante le informa que ya no puede
hacerse nada más, ya que en fábrica no poseen el repuesto. Atento a ello, habiéndose comunicado
personalmente con fábrica, le manifiestan tener la pieza en cuestión y que se la remitirían al servicio
técnico oficial. Sin embargo, después de muchos meses de espera, no se obtiene respuesta alguna.
Que a fs. 11 obra audiencia conciliatoria donde comparecen las partes, donde surge que debe emplazarse
a MABE para que responda al reclamo de autos.
Que a fs. 14 se emplaza a MABE a efectos de que presente propuesta conciliatoria o descargo.
Que a fs. 15 se solicita a MABE que informe dónde debe dirigirse la denunciante para obtener el repuesto
del lavarropas en cuestión, quien manifiesta a fs. 16 que no se cuenta con la fecha de compra del producto
en cuestión, por lo que no puede responderse al reclamo de autos.
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Que a fs. 18 se solicita a la denunciante que presente copia legible de la factura de compra, donde pueda
observarse la fecha de adquisición del producto en cuestión, constancia que es presentada a fs. 20 y de la
cual se corre traslado a MABE.
Que a fs. 24 se provee notificar a UNICASA infracción por presunta violación al artículo 23º de la Ley
24.240.
Que a fs. 26 la sumariada se defiende al manifestar que se le aclaró a la denunciante que atento a la
antigüedad del lavarropas, era posible que fábrica no contara con el repuesto, pero que no obstante ello,
se lo llevarían igual para intentar conseguirlo. Que atento a que no se consiguió dicho repuesto, trataron de
hacer una reparación provisoria, para que se pudiera utilizar el lavarropas, por ese trabajo se le cobró una
pequeñísima cifra, a cuenta del trabajo posterior, por la gestión realizada y así cubrir mínimamente los
costos y siempre a la espera de la llegada del repuesto. Agrega que en fábrica el lavarropas de desarme
ya no contaba con esa pieza, por lo que le confirmaron no contar con ese repuesto.
Que es el propio servicio técnico que reconoce haber recibido una llamada al mes de la reparación
provisoria. Por otro lado, nunca desconoce haber recibido el reclamo anteriormente por la denunciante,
sino por el contrario admite haber dialogado con ella telefónicamente a fin de arribar a alguna solución.
Que mal puede el servicio técnico pretender desligarse de su obligación legal prevista por el artículo 23º de
la Ley 24.240, la cual es de orden público, ofreciendo devolver la suma cobrada por el servicio. Sin que
tenga relevancia el monto cobrado, puesto que la prestación del servicio existió, y la falla en la reparación
apareció dentro de los treinta días.
Que tampoco reviste trascendencia el hecho de que existan o no repuestos del producto en cuestión,
debido a su antigüedad, puesto que lo que se le endilga a la sumariada es la falta de reparación en
garantía por la prestación del servicio (art. 23 de la Ley 24.240), puesto que la Ley obliga a efectuar las
reparaciones, o corregir todas las deficiencias o defectos sin costo adicional de ningún tipo para el
consumidor, cuando estos aparezcan dentro de los treinta días de la reparación.
Que no se le reprocha el tipo de reparación llevada a cabo o si la misma fue con repuestos usados u
originales, o si los mismos existen o no en el mercado, tal como la sumariada pretende relatar en su
descargo.
Que resulta innecesario llevar adelante la actividad probatoria ofrecida, en especial la oral, por cuanto si lo
que se quiere demostrar es que se dio cabal cumplimiento con el deber de información respecto de que la
reparación efectuada era provisoria por cuanto se aguardaba a los repuestos originales o que los
mismos se encontraran en plaza, el propio artículo 20º de la Ley 24.240 expone que en tareas de
reparación, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o cualquier otro similar sobre productos, se
entiende implícita la obligación a cargo del prestador del servicio de emplear materiales o productos
nuevos o adecuados a la cosa de que se trate, salvo pacto escrito en contrario, este último no consta en
autos como tampoco de la misma orden de reparación que rola a fs. 4, la cual sólo consigna que se reparó
manguera de cuba a bomba.
Que el artículo 23º de la Ley 24.240 dispone: “Deficiencias en la Prestación del Servicio. Salvo previsión
expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el
servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará
obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos
utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor.”
Que por todo lo expuesto se encuentra probada y firme la infracción imputada.
Que cabe recordar que no obsta a la aplicación de la correspondiente sanción la existencia o no de
perjuicio concreto a terceros o de dolo o culpa en la conducta de la empresa, toda vez que se trata de
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infracciones formales, donde la verificación de tales hechos hace nacer la responsabilidad del infractor. No
requiere la existencia de daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley. Son
ilícitos denominados de pura acción u omisión, por ello su apreciación es objetiva y se configuran por la
simple omisión que basta por sí misma para violar las normas (Supermercados Norte c/ DNCI Disp. 364/04
del 9/10/06).
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 9022, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…b) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
3.000,00 a 150.000; 2. Moderado desde 150.001 a 450.000; 3. Grave desde 450.001 a 3.000.000; 4.
Gravísima desde 3.000.001 hasta 6.000.000,00.”
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas,
estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b)
el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.
Que asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no ha dado
cumplimiento con la obligación de garantía por la prestación del servicio llevado a cabo. Que respecto al
perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha dicho en cuanto a que
“sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la
multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto
de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos
caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA
CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor habiendo transcurrido nueve años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a “Maria Marcela
Castillo” CUIT Nº 23-16908358-4, por la suma de Pesos Diez Mil con 00/100 ($10.000,00).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
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ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
6.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE a la firma “Maria Marcela Castillo” CUIT Nº 23-16908358-4, propietaria del
servicio técnico “UNICASAUNISERVICE”, con domicilio en calle San Martín nº 6960, Carrodilla, Lujan,
Mendoza, la sanción de multa consistente en el pago de Pesos Diez Mil con 00/100 ($10.000,00) de
conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por la violación al artículo 23º
del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2º- INTIMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240- COD. TAX 017-417, Cód. Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
Mgter. Mónica S. Lucero
S/Cargo
05/02/2019 (1 Pub.)
