RESOLUCIONES

Resolución Nº 160

Fecha de publicación
21 de enero de 2019
Fecha de la norma
31 de octubre de 2018
Referencia documental
Boletín Nº 30.776 · páginas 20–23
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 160 MENDOZA, 31 de octubre de 2018 VISTO: El expediente Nº 232-D-2012-01409, caratulado “18758 MILLAN S.A”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “MILLAN S.A.”, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en legal en calle Santa Cruz nº 130, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 26/27 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº 00113-00232/2014 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, mediante la cual se aplica a “MILLAN S.A.”, CUIT Nº Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-00308729-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 20 de 76 33-50385092-9, una multa de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00), por violación al artículo 7º de la Ley 24.240 concordante con el artículo 36º de la Ley 5.547 de esta Dirección de Defensa del Consumidor. Que desde el punto de vista formal cabe aceptar el recurso interpuesto atento a que se presenta en plazo y con el pago de las tasas correspondientes. Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente se defiende al manifestar que “…en los folletos publicitarios se ha comunicado a los eventuales adquirentes el stock en unidades con el que cuenta la cadena de supermercados (y no cada una de las sucursales), y que la oferta es hasta agotar stock…” que ”…toda la información que exige el artículo 7º supuestamente infringido, estaba contenida en el folleto publicitario que obra en el expediente.” Que “efectivamente en el mismo se indicaron los productos ofertados, el stock de cada producto, tiempo durante el cual las ofertas era válidas inclusive, condicionada y/o hasta agotar stock y que el stock en unidades correspondía a toda la cadena y no a una sucursal.” Señala que “la falta de la mercadería detallada en el acta de infracción, sólo se verificó en el local donde se labró la misma, pero en las otras sucursales si había existencia de los productos ofertados.” Por último manifiesta que “…en dicho local se había colocado un cartel visible con la leyenda de STOCK AGOTADO”. Que la sumariada intenta las defensas que ya hubiera interpuesto en su descargo de fs. 3/5 y que fueran oportunamente contestadas, pero continúa sin acreditar que efectivamente se haya agotado el stock del producto faltante en la sucursal inspeccionada. Que en el descargo no se niega la falta de existencia del producto ofertado en la sucursal inspeccionada. Sin embargo, alega que los folletos publicitarios han comunicado a los eventuales adquirentes el stock en unidades con el que cuenta la cadena de supermercados (y no cada una de las sucursales), y que la oferta era hasta agotar stock, encontrándose informado la cantidad por producto, motivo por el cual, afirman, no se ha violado la legislación vigente. Que al respecto se debe tener presente que el artículo 7º de la ley citada supra establece que “La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones.” Y el Decreto reglamentario de dicho artículo establece que “…Cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla…” Que al realizarse la inspección, el inspector constata que en el local no se encontraba disponible algunos de los productos ofertados, que se detallan en el acta. Que si bien el sumariado ha informado que la oferta se realiza hasta agotar stock y ha colocado (en número minúsculo) en cada producto la cantidad con que cuenta la cadena de supermercados para dar cumplimiento con lo ofertado, entiende esta Dirección que el hecho de que el stock indicado sea el de toda la cadena (la cual abarca toda la provincia), dicha información resulta insuficiente ya que no resulta cierta, clara y detallada, respecto a las condiciones de comercialización, ya que el consumidor debe conocer de manera precisa la cantidad de productos que se encuentra en stock en cada supermercado, de lo contrario resultaría engañosa ya que le impide evaluar la conveniencia de acercarse o no hasta el comercio oferente. La forma de ofertar productos abarcando toda la cadena se sustrae a los fines y esencia de la norma legal, ya que la determinación de las “condiciones de comercialización” que exige el artículo 7º para toda oferta, debe interpretarse con las características exigidas por el artículo 4º respecto a toda información que suministra el proveedor. Que lo que ha querido el legislador al sancionar el artículo 7º de la Ley 24.240 y su Decreto Reglamentario es proteger a la parte débil de la relación, el consumidor. No se debe olvidar que se está en presencia de un derecho protectorio nacido para evitar abusos de la parte poderosa de la relación. Teniendo en cuenta dicha finalidad protectoria cabe preguntarse ¿puede exigírsele al consumidor, que haga un recorrido por Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-00308729-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 21 de 76 todos los locales comerciales de la cadena (incluidos aquellos que están a más de 20 km de distancia) para encontrar productos cuyo costo en oferta son de $2,49 y de $19,90? Que estas preguntas ponen en evidencia el abuso y la desviación que pretende hacer la parte sumariada de los fines de la norma. No debe olvidarse que la Ley 24.240 no excluye la aplicación de los principios generales del derecho, tales como el artículo 1071 del Código Civil el cual dice: “el ejercicio regular de un derecho propio o el incumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en miras al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.” Que resulta importante destacar el hecho de que el supermercado, a través del catálogo publicitario logra una finalidad clara, tal es atraer el cliente a sus locales comerciales. Quien asume un riesgo comercial, y se ve beneficiado con él, debe asumir también las responsabilidades que le tocan, como la falta de información y abuso del derecho. Que las limitaciones exigidas por el artículo citado supra es una manera de que se eviten casos de incumplimientos. No se cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el comerciante para captar clientela, lo que sí se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese método conlleva engaños basados en que se ofrezcan condiciones muy ventajosas que luego no se configuran en la realidad. Como bien dice Lorenzetti en su libro “Consumidores”, “si lo que faltan son elementos referidos a las limitaciones, condiciones, etc., que no hacen a la existencia de un contrato, sino a la comprensión del consumidor, habrá oferta y contrato, con cumplimiento del deber de informar.” Por otro lado, cabe destacar que el derecho a la información del consumidor tiene jerarquía constitucional, siendo que el artículo 42º de la Constitución Nacional dice: “…Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo… a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección…” en concordancia, prestigiosa doctrina nacional ha dicho en este aspecto que “la exigencia informativa propende a la custodia del equilibrio de la relación.” (Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Juan Schotz, Defensa del Consumidor, Ed Abaco de Rodolfo Depalma). Que además si los productos ofertados no se encontraban por determinadas circunstancias en el supermercado, la infracción imputada es de tipo formal y no requiere la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, no interesando dilucidar la existencia de su intención o su ausencia, siendo de apreciación objetiva, configurándose por la simple omisión, que basta por sí misma para violar las normas (Confr. Fontan Balestra, Tratado de Derecho Penal T. I, pag. 210 y fallo del 24/03/99 C.N.C. A., Sala V, causa Nº 2211/99). Que asimismo es necesario para el ejercicio del poder de policía propio de la autoridad administrativa la existencia de un perjuicio concreto o de un particular damnificado, sino el cumplimiento de las obligaciones que la ley 24.240 impone. Que por todo lo expuesto, esta Dirección entiende que cabe ratificar la sanción impuesta como así también el monto de la multa, ya que no se encuentra expresado fundamento alguno en el recurso por el cual la misma deba ser considerada exorbitante. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma “MILLAN S.A.”, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio legal en calle Santa Cruz nº 130, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº 00113-00232/2014 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, la que se mantiene en todas sus partes. ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 5547, correspondiente al Código Tax 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2019-00308729-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 22 de 76 Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario “UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077). ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 21/01/2019 (1 Pub.)