DECRETOS

Decreto Nº 2015

Fecha de publicación
7 de diciembre de 2018
Fecha de la norma
21 de noviembre de 2018
Referencia documental
Boletín Nº 30.749 · páginas 11–15
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2015 MENDOZA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 Visto el Expediente Nº 10562-D-2017-20108, mediante el cual Publicidad Sarmiento S.A. interpone recurso de alzada; y CONSIDERANDO: Que a fs. 01/08 se presenta Publicidad Sarmiento S.A., C.U.I.T. Nº 30-54321793-6 e interpone recurso de alzada, en fecha 10/10/17, contra la resolución dictada por el Presidente del Directorio de la Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal- S.T.M. S.A.U.P.E.-, en cuanto rechaza el tratamiento de las impugnaciones al llamado a concurso, al pliego y al planteo de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-04235470-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 11 de 134 ilegitimidad de la garantía de impugnación exigida por el Artículo 10º del Pliego (Punto V); ello a fin de que, por contrario imperio, se ordene la devolución del importe depositado, conforme lo establecido por el citado Artículo 10º. Todo ello con motivo del concurso de propuestas iniciado por S.T.M. S.A.U.P.E. a fin de contratar la locación de espacios publicitarios pertenecientes a aquella para su explotación; Que en su recurso de alzada, la recurrente se agravia, afirmando que la S.T.M. S.A.U.P.E. manifiesta ser una entidad de carácter privado, sujeta a la normativa exclusiva de la Ley General de Sociedades Nº 19550, donde los oferentes compiten en un plano de igualdad en el Derecho Privado; cuando en realidad es la propia sociedad quien somete el proceso de selección de su co-contrante a las normas de Derechos Públicos y a ellas debe sujetarse; Que en tal sentido la quejosa se agravia señalando que no existe competencia dentro de un marco de legalidad e igualdad, ya que S.T.M. S.A.U.P.E impone dudosas barreras para poder impugnar tales como: Exigir no mantener deuda con el Estado, ni hacer ofrecimientos de canje publicitario para el Gobierno de la Provincia; razón por la cual las mentadas normas de Derecho Público resultan aplicables, no subsidiariamente, sino en forma directa; Que así, la recurrente cuestiona la constitucionalidad del Artículo 148 del Decreto Nº 1000/15 y del Artículo 10º del pliego, debido a que este tipo de garantías – requisito de pago previo para poder impugnar el pliego- son violatorias del derecho a la tutela judicial y administrativa efectiva (Artículo 18 de la Constitución Nacional y Artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), como así también del principio de gratuidad, de verdad material e informalismo a favor del administrado; Que adentrándonos al análisis formal del presente recurso, el mismo aparece presentado en tiempo. Sin embargo, tras esta comprobación es necesario precisar que la Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal – S.T.M. S.A.U.P.E.-, tipifica como una sociedad anónima de propiedad del estado provincial, regida en los aspectos propios de su objeto social y actividades de índole comercial desarrolladas en ese ámbito de especialidad, conforme lo establecido por la norma legal de su creación, Ley Nº 8944, la cual dispone en su Artículo 3: “Creación de la Empresa: Dispónese la constitución de la “Sociedad de Transporte de Mendoza” (en adelante STM), bajo la forma de Sociedad Anónima, en cualquiera de sus subtipos previstos en la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto”; Que el Estatuto Constitutivo de la Sociedad, el cual forma parte como Anexo de la Ley Nº 8944, establece en su Artículo 1: “Denominación Social. Régimen Legal. Bajo la denominación “Sociedad de Transporte de Mendoza, Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM S.A.U.P.E.) “ se constituye una Sociedad que se regirá conforme los regímenes establecidos en la Ley General de Sociedades Nº 19.550, sus modificaciones, Leyes 22.903, 26.994 y 27.290 y en estos Estatutos”. En cuanto a la participación estatal en la referida sociedad, el Artículo 4º de la citada ley dispone la composición del paquete accionario; Que al ser una sociedad anónima, la misma es de carácter privado (no por la propiedad de su capital social, sino por su régimen jurídico predominante). Es de destacar que el hecho de que tenga participación del Estado no modifica dicho carácter privado de la sociedad, como expresamente así lo dispone el Artículo 149 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Participación del Estado. La participación del Estado en personas jurídicas privada no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación”; Que en tal sentido, la doctrina explica: “la norma se encarga de remarcar que el interés público comprometido en la participación estatal podrá implicar derechos u obligaciones diferentes para este tipo de entidades. Esas Prerrogativas y deberes especiales deberán figurar en sus estatutos o ser dispuestos por una ley especial “. (…) “El Código ha zanjado las discusiones doctrinarias: las personas jurídicas con participación estatal son personas de Derecho Privado, sujetas a sus disposiciones, las que deberán Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-04235470-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 12 de 134 adecuar su funcionamiento a lo previsto es éste Código y en las leyes especiales “. (LORENZETTI, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2014,TI,pag. 596); Que de lo expuesto y atendiendo a la naturaleza jurídica privada de la S.T.M. S.A.U.P.E., desde que no hay en la normativa que la rige, disposición especial que someta el contrato en cuestión, ni el procedimiento de contratación para su celebración a normas que no pueda una sociedad privada, también prever para los contratos comerciales que celebre, bien señala el servicio jurídico de la empresa provincial que, salvo en forma supletoria, no es de aplicación directa a los mismos la Ley de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario (Ley Nº 8706 y Decreto Reglamentario Nº 1000/15), que la recurrente, en términos demasiado vagos, cuestiona en su constitucionalidad. Por lo que cabe concluir que, este aspecto de la impugnación resulta inconducente, desde que no es esa normativa la que aplicable y que la agravia; sino el Artículo 10º del pliego antes referido. El cual exige que las impugnaciones de pliegos y de ofertas cumplan dos condiciones: a) que sean presentadas por oferentes y no por meros adquirientes del pliego; b) el pago de una garantía de impugnación, cuyo monto no parece excesivo, ni se ha demostrado, concretamente y como lo exige el recurso extremo de inaplicación de una ley groseramente inconstitucional, en sede administrativa , de modo que efectivamente pueda erigirse en un impedimento para que el afectado ejerza su derecho de defensa, tal como efectivamente ha podido ejercerlo en este caso; Que así y en relación al cumplimiento de ambos requisitos no se hace cargo la quejosa rebatir los fundamentos en contrario, explicitados en el dictamen legal de fs. 44/45, que motivaron la decisión del Presidente de la sociedad de no hacer lugar al recurso de revocatoria articulado en el ámbito de la sociedad de transporte contratante. Aparecen como meras reiteraciones de planteos anteriores, que no se hacen cargo de la fundamentación demostrativa de lo contrario que ha hecho suya la decisión empresaria recurrida en alzada, los agravios que insisten en que estaríamos frente a actividad específicamente administrativa de la sociedad estatal, regida, por tanto, por el derecho administrativo (en el caso, por la Ley de Procedimiento Administrativo y la de Administración Financiera). Debió demostrar cuáles normas concretas habría desconocido al respecto el asesor legal de la sociedad, quien ha precisado que no es de aplicación directa al caso, sino, en todo caso, en forma supletoria, la legislación propiamente administrativa cuya constitucionalidad pone en duda la recurrente. Lo que no es de recibo, tratándose de una actividad propia y característica del ámbito comercial a cargo de la empresa , la cual tiene su propio régimen de contratación, con exigencias que no serían abusivas, ilícitas o cuestionables, en caso de haberlas adoptado cualquier otra sociedad de capital íntegramente privada; Que el análisis del pliego en cuestión y particularmente de su cuestionado Artículo 10, no se avisora que efectivamente altere los principios exigidos para las contrataciones en el estatuto social, cuyo Artículo 16.2 exige que los contratos se sujeten a los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, no exclusivos de empresa estatal, sino compartidos por cualquier sociedad cuyos administradores deban rendir cuentas ante sus accionistas de toda contratación. Por lo que no aparece contradictorio con tales principios que el pliego exija garantías razonables, para dotar de seriedad a las impugnaciones de los oferentes; Que tampoco la sociedad impugnante presentó oferta, sino que se trata de un mero adquiriente de pliego, conforme surge de las constancias de fs. 14 (factura de compra de pliegos) y fs. 37/38 (Acta de Apertura de sobres de los oferentes, entre los que no figura la recurrente), requisito de admisibilidad de sus cuestionamientos del que no se hace cargo el recurso en trato; Que el contrato en cuestión y la actividad llevada a cabo para su celebración, no resultan extrañas ni incompatibles con el giro típicamente comercial o empresario de la sociedad estatal. Tanto esta sociedad regida por el derecho privado y de capital estatal, como la adquiriente de pliego y las demás que efectivamente presentaron sus ofertas, todas de capital privado, han desarrollado sus propios objetos sociales, en el ámbito del derecho común que les es aplicable, al menos en este aspecto de su actuación. La primera se limita a ofrecer bienes de su patrimonio para obtener una renta comercial, conforme su Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-04235470-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 13 de 134 específico objeto social. Dentro de ese ámbito de derecho privado, también las sociedades particulares interesadas pudieron pujar transparentemente por hacerse de la concesión de los bienes, con el fin de darles un destino absolutamente empresarial y privado, como corresponde a sus objetos sociales, que no es otro que la explotación comercial que esos privados quieran desarrollar sirviéndose de aquellos bienes, lo cual no sale del ámbito de la actividad privada de publicidad comercial en la vía pública. Como se ve, ninguna de las partes persigue un objeto o contrato que pueda calificarse como típicamente administrativo, sino una concesión comercial, a cambio de una contraprestación económica, que no es otra que la participación, por un precio locativo o alguna forma de participación en los resultados esperados de tal actividad comercial. Contrato que se celebra y concreta con sujeción a los pliegos predispuestos por la concedente de los espacios destinados a publicidad, lo que no tiene relación directa e inmediata, con la actividad de servicio público a cargo de la empresa provincial, que, en todo caso, sería la sujeta a un régimen de derecho público, como parece entenderlo la recurrente; Que lo anterior, no difiere mucho de las razones dadas en los dictámenes precedentes del servicio jurídico de la empresa estatal, sin haber merecido refutación demostrativa de sus errores en el recurso en trato, lo que conlleva su rechazo, no solo formal sino también en lo sustancial. Lo primero desde que el recurso de alzada, tanto a nivel nacional (Artículo 4º del Decreto Nº 1.833/1991, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, que limita la alzada a los actos administrativos definitivos o asimilables de empresas total o mayoritariamente estatales, con expresa exclusión de “ los actos inherentes a la actividad privada de la empresa o sociedad en cuestión”); como también en el ámbito provincial, tal como ha venido a aclararlo la reciente reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, solo comprende los actos típicamente administrativos y por ello sujetos al control de tutela administrativa por vía de alzada (Artículos 128 inciso 20 de nuestra Constitución y concordantemente Artículos 1 y 183 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003) de forma tal que el derecho local coincide en esto con el federal, al exigir que se trate de actividad específicamente pública estatal, regida por dicha ley de procedimiento u otra de su misma índole, para que pueda impugnarse en alzada, limitando el objeto de revisión de este recurso a los actos administrativos, que son de los dictados en ejercicio de atribuciones o potestades exorbitantes al derecho común. No es el caso de la decisión empresaria aquí cuestionada, que entra en el ámbito comercial, bajo el derecho contractual privado (Artículo 184 Ley Nº 9003); Que así, la decisión obrante a fs. 46, por la cual la S.T.M. S.A.U.P.E. notifica a la recurrente que se adhiere a lo dictaminado por Asesoría Letrada de dicha sociedad, rechazando en todos sus términos el pedido de revisión y de nulidad formulado por la empresa impugnante, respecto a la restitución de la garantía de sus cuestionamientos realizados al Concurso de Propuestas para la Explotación de Publicidad en la Vía Pública Exterior Recorrido Grupo 14 Metrotranvía, vinculadas con el llamamiento a ofertar y el pliego aplicable al contrato de concesión para la explotación comercial de espacios publicitarios, por considerar ilegítima la exigencia de la garantía de impugnación del Artículo 10º del pliego, no es, en los términos requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo, ni conforme al régimen jurídico de la específica actividad comercial desarrollada en el caso por la empresa provincial, un acto administrativo (Artículos 28 y 112 y concordantes de la LPA), de modo que no resulta impugnable conforme al régimen recursivo propio de dicha Ley Nº 9003; Que, como ha quedado suficientemente dicho, este Poder Ejecutivo entiende que escapa a su control administrativo, una decisión empresaria de naturaleza típicamente comercial, adoptada por una sociedad regida en esa actividad y contrato cuestionados por el derecho privado, desde que no sale del ámbito de su actividad específica u objeto social. Como se dijo, sin que se traiga a revisión una actividad administrativa propia y exclusiva del estado, sino una incluida en el Artículo 14 de la Constitución Nacional y en los cometidos empresariales de bienestar y progreso social. En el caso, sujetos por la ley y el estatuto social a normas que no son específicas del derecho público local que regula los contratos administrativos, sino uno del derecho común característico del giro empresarial, tanto de la sociedad anónima concursante como de la recurrente; Que ahora bien y sellada la suerte del recurso de alzada, a mayor abundamiento en orden a que la quejosa no considere desatendido su planteo, en el marco de habilitación competencial del Poder Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-04235470-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 14 de 134 Ejecutivo, aún si su cuestionamiento fuere tomado como una denuncia, reclamo o petición del control que cabe al Poder Ejecutivo sobre este tipo de entidades descentralizadas la legitimidad de lo actuado en el ámbito de una actividad empresarial, bajo régimen de contratación predominante sujeto a la propia normativa contractual interna y al derecho común, tampoco se advierte que se encuentre rebasado el marco contractual al que estaba sometida la entidad; presentándose la decisión empresarial bajo análisis como propia y del resorte exclusivo de quienes por ley encomendada la gestión social, regulada por la Ley Nº 19.550, en un contrato sometido al Código Civil y Comercial, como es la concesión para la explotación por privados de espacios destinados a publicidad comercial en la vía pública. Máxime, cuando ninguno de los cuestionamientos vertidos en contrario por la recurrente guarda vinculación adecuada con algún interés fiscal concreto; ni la recurrente demuestra alguna concreta lesión del patrimonio estatal afectado al giro comercial, cuya administración y explotación, dentro de los límites elásticos de la normativa aplicable a la discrecionalidad empresaria de la sociedad provincial y sus contrataciones comerciales, aparezcan transgredidos. No pudiendo soslayarse que los aspectos inherentes a la discrecionalidad, mérito o conveniencia de la actividad desplegada por este tipo de sociedades escapan al control de legitimidad de la autoridad central (Artículos 22, 184 in fine y 185 de la LPA); Que para concluir y más allá de lo opinable que, en la mejor hipótesis para la quejosa, sean los cuestionamientos planteados en el reclamo, lo cierto es que no aparecen excedidos los límites que habilitan el control de legitimidad del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, por lo que no corresponde revocar la decisión empresaria venida en revisión, sin perjuicio de que la interesada, si se considerase dañada por la actividad precontractual o contractual en trato, pueda hacer valer los derechos que estime conculcados por la vía procesal específicamente competente, que es la prevista en el Artículo 4º del pliego, que, por lo demás, no se encuentra cuestionado en el expediente; Por ello y lo dictaminado en sentido concordante a fs. 30/35 y 44/45 (por el servicio jurídico de la sociedad de transporte provincial) y a fs. 54/55 por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Rechácese en lo formal por improcedente el recurso de alzada interpuesto por Publicidad Sarmiento S.A., C.U.I.T. Nº 30-54321793-6, contra la resolución social obrante a fs. 46, emanada del Director Titular y Presidente del Directorio de la Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal –S.T..M. S.A.U.P.E.-, de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos. Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI S/Cargo 07/12/2018 (1 Pub.) MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES