DECRETOS
Decreto Nº 2015
- Fecha de publicación
- 7 de diciembre de 2018
- Fecha de la norma
- 21 de noviembre de 2018
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.749 · páginas 11–15
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2015
MENDOZA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
Visto el Expediente Nº 10562-D-2017-20108, mediante el cual Publicidad Sarmiento S.A. interpone recurso
de alzada; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/08 se presenta Publicidad Sarmiento S.A., C.U.I.T. Nº 30-54321793-6 e interpone recurso de
alzada, en fecha 10/10/17, contra la resolución dictada por el Presidente del Directorio de la Sociedad de
Transporte de Mendoza Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal- S.T.M. S.A.U.P.E.-, en
cuanto rechaza el tratamiento de las impugnaciones al llamado a concurso, al pliego y al planteo de
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ilegitimidad de la garantía de impugnación exigida por el Artículo 10º del Pliego (Punto V); ello a fin de que,
por contrario imperio, se ordene la devolución del importe depositado, conforme lo establecido por el citado
Artículo 10º. Todo ello con motivo del concurso de propuestas iniciado por S.T.M. S.A.U.P.E. a fin de
contratar la locación de espacios publicitarios pertenecientes a aquella para su explotación;
Que en su recurso de alzada, la recurrente se agravia, afirmando que la S.T.M. S.A.U.P.E. manifiesta ser
una entidad de carácter privado, sujeta a la normativa exclusiva de la Ley General de Sociedades Nº
19550, donde los oferentes compiten en un plano de igualdad en el Derecho Privado; cuando en realidad
es la propia sociedad quien somete el proceso de selección de su co-contrante a las normas de Derechos
Públicos y a ellas debe sujetarse;
Que en tal sentido la quejosa se agravia señalando que no existe competencia dentro de un marco de
legalidad e igualdad, ya que S.T.M. S.A.U.P.E impone dudosas barreras para poder impugnar tales como:
Exigir no mantener deuda con el Estado, ni hacer ofrecimientos de canje publicitario para el Gobierno de la
Provincia; razón por la cual las mentadas normas de Derecho Público resultan aplicables, no
subsidiariamente, sino en forma directa;
Que así, la recurrente cuestiona la constitucionalidad del Artículo 148 del Decreto Nº 1000/15 y del Artículo
10º del pliego, debido a que este tipo de garantías – requisito de pago previo para poder impugnar el
pliego- son violatorias del derecho a la tutela judicial y administrativa efectiva (Artículo 18 de la
Constitución Nacional y Artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), como así
también del principio de gratuidad, de verdad material e informalismo a favor del administrado;
Que adentrándonos al análisis formal del presente recurso, el mismo aparece presentado en tiempo. Sin
embargo, tras esta comprobación es necesario precisar que la Sociedad de Transporte de Mendoza
Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal – S.T.M. S.A.U.P.E.-, tipifica como una sociedad
anónima de propiedad del estado provincial, regida en los aspectos propios de su objeto social y
actividades de índole comercial desarrolladas en ese ámbito de especialidad, conforme lo establecido por
la norma legal de su creación, Ley Nº 8944, la cual dispone en su Artículo 3: “Creación de la Empresa:
Dispónese la constitución de la “Sociedad de Transporte de Mendoza” (en adelante STM), bajo la forma
de Sociedad Anónima, en cualquiera de sus subtipos previstos en la Ley General de Sociedades Nº 19.550
y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto”;
Que el Estatuto Constitutivo de la Sociedad, el cual forma parte como Anexo de la Ley Nº 8944, establece
en su Artículo 1: “Denominación Social. Régimen Legal. Bajo la denominación “Sociedad de Transporte
de Mendoza, Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM S.A.U.P.E.) “ se constituye
una Sociedad que se regirá conforme los regímenes establecidos en la Ley General de Sociedades Nº
19.550, sus modificaciones, Leyes 22.903, 26.994 y 27.290 y en estos Estatutos”. En cuanto a la
participación estatal en la referida sociedad, el Artículo 4º de la citada ley dispone la composición del
paquete accionario;
Que al ser una sociedad anónima, la misma es de carácter privado (no por la propiedad de su capital
social, sino por su régimen jurídico predominante). Es de destacar que el hecho de que tenga participación
del Estado no modifica dicho carácter privado de la sociedad, como expresamente así lo dispone el
Artículo 149 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Participación del Estado. La participación del
Estado en personas jurídicas privada no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto
pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en
dicha participación”;
Que en tal sentido, la doctrina explica: “la norma se encarga de remarcar que el interés público
comprometido en la participación estatal podrá implicar derechos u obligaciones diferentes para este tipo
de entidades. Esas Prerrogativas y deberes especiales deberán figurar en sus estatutos o ser dispuestos
por una ley especial “. (…) “El Código ha zanjado las discusiones doctrinarias: las personas jurídicas con
participación estatal son personas de Derecho Privado, sujetas a sus disposiciones, las que deberán
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adecuar su funcionamiento a lo previsto es éste Código y en las leyes especiales “. (LORENZETTI,
Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires,
2014,TI,pag. 596);
Que de lo expuesto y atendiendo a la naturaleza jurídica privada de la S.T.M. S.A.U.P.E., desde que no
hay en la normativa que la rige, disposición especial que someta el contrato en cuestión, ni el
procedimiento de contratación para su celebración a normas que no pueda una sociedad privada, también
prever para los contratos comerciales que celebre, bien señala el servicio jurídico de la empresa provincial
que, salvo en forma supletoria, no es de aplicación directa a los mismos la Ley de Administración
Financiera y su Decreto Reglamentario (Ley Nº 8706 y Decreto Reglamentario Nº 1000/15), que la
recurrente, en términos demasiado vagos, cuestiona en su constitucionalidad. Por lo que cabe concluir
que, este aspecto de la impugnación resulta inconducente, desde que no es esa normativa la que aplicable
y que la agravia; sino el Artículo 10º del pliego antes referido. El cual exige que las impugnaciones de
pliegos y de ofertas cumplan dos condiciones: a) que sean presentadas por oferentes y no por meros
adquirientes del pliego; b) el pago de una garantía de impugnación, cuyo monto no parece excesivo, ni se
ha demostrado, concretamente y como lo exige el recurso extremo de inaplicación de una ley
groseramente inconstitucional, en sede administrativa , de modo que efectivamente pueda erigirse en un
impedimento para que el afectado ejerza su derecho de defensa, tal como efectivamente ha podido
ejercerlo en este caso;
Que así y en relación al cumplimiento de ambos requisitos no se hace cargo la quejosa rebatir los
fundamentos en contrario, explicitados en el dictamen legal de fs. 44/45, que motivaron la decisión del
Presidente de la sociedad de no hacer lugar al recurso de revocatoria articulado en el ámbito de la
sociedad de transporte contratante. Aparecen como meras reiteraciones de planteos anteriores, que no se
hacen cargo de la fundamentación demostrativa de lo contrario que ha hecho suya la decisión empresaria
recurrida en alzada, los agravios que insisten en que estaríamos frente a actividad específicamente
administrativa de la sociedad estatal, regida, por tanto, por el derecho administrativo (en el caso, por la Ley
de Procedimiento Administrativo y la de Administración Financiera). Debió demostrar cuáles normas
concretas habría desconocido al respecto el asesor legal de la sociedad, quien ha precisado que no es de
aplicación directa al caso, sino, en todo caso, en forma supletoria, la legislación propiamente administrativa
cuya constitucionalidad pone en duda la recurrente. Lo que no es de recibo, tratándose de una actividad
propia y característica del ámbito comercial a cargo de la empresa , la cual tiene su propio régimen de
contratación, con exigencias que no serían abusivas, ilícitas o cuestionables, en caso de haberlas
adoptado cualquier otra sociedad de capital íntegramente privada;
Que el análisis del pliego en cuestión y particularmente de su cuestionado Artículo 10, no se avisora que
efectivamente altere los principios exigidos para las contrataciones en el estatuto social, cuyo Artículo 16.2
exige que los contratos se sujeten a los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, no
exclusivos de empresa estatal, sino compartidos por cualquier sociedad cuyos administradores deban
rendir cuentas ante sus accionistas de toda contratación. Por lo que no aparece contradictorio con tales
principios que el pliego exija garantías razonables, para dotar de seriedad a las impugnaciones de los
oferentes;
Que tampoco la sociedad impugnante presentó oferta, sino que se trata de un mero adquiriente de pliego,
conforme surge de las constancias de fs. 14 (factura de compra de pliegos) y fs. 37/38 (Acta de Apertura
de sobres de los oferentes, entre los que no figura la recurrente), requisito de admisibilidad de sus
cuestionamientos del que no se hace cargo el recurso en trato;
Que el contrato en cuestión y la actividad llevada a cabo para su celebración, no resultan extrañas ni
incompatibles con el giro típicamente comercial o empresario de la sociedad estatal. Tanto esta sociedad
regida por el derecho privado y de capital estatal, como la adquiriente de pliego y las demás que
efectivamente presentaron sus ofertas, todas de capital privado, han desarrollado sus propios objetos
sociales, en el ámbito del derecho común que les es aplicable, al menos en este aspecto de su actuación.
La primera se limita a ofrecer bienes de su patrimonio para obtener una renta comercial, conforme su
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específico objeto social. Dentro de ese ámbito de derecho privado, también las sociedades particulares
interesadas pudieron pujar transparentemente por hacerse de la concesión de los bienes, con el fin de
darles un destino absolutamente empresarial y privado, como corresponde a sus objetos sociales, que no
es otro que la explotación comercial que esos privados quieran desarrollar sirviéndose de aquellos bienes,
lo cual no sale del ámbito de la actividad privada de publicidad comercial en la vía pública. Como se ve,
ninguna de las partes persigue un objeto o contrato que pueda calificarse como típicamente administrativo,
sino una concesión comercial, a cambio de una contraprestación económica, que no es otra que la
participación, por un precio locativo o alguna forma de participación en los resultados esperados de tal
actividad comercial. Contrato que se celebra y concreta con sujeción a los pliegos predispuestos por la
concedente de los espacios destinados a publicidad, lo que no tiene relación directa e inmediata, con la
actividad de servicio público a cargo de la empresa provincial, que, en todo caso, sería la sujeta a un
régimen de derecho público, como parece entenderlo la recurrente;
Que lo anterior, no difiere mucho de las razones dadas en los dictámenes precedentes del servicio jurídico
de la empresa estatal, sin haber merecido refutación demostrativa de sus errores en el recurso en trato, lo
que conlleva su rechazo, no solo formal sino también en lo sustancial. Lo primero desde que el recurso de
alzada, tanto a nivel nacional (Artículo 4º del Decreto Nº 1.833/1991, reglamentario de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549, que limita la alzada a los actos administrativos definitivos o
asimilables de empresas total o mayoritariamente estatales, con expresa exclusión de “ los actos
inherentes a la actividad privada de la empresa o sociedad en cuestión”); como también en el ámbito
provincial, tal como ha venido a aclararlo la reciente reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo,
solo comprende los actos típicamente administrativos y por ello sujetos al control de tutela administrativa
por vía de alzada (Artículos 128 inciso 20 de nuestra Constitución y concordantemente Artículos 1 y 183 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003) de forma tal que el derecho local coincide en esto con el
federal, al exigir que se trate de actividad específicamente pública estatal, regida por dicha ley de
procedimiento u otra de su misma índole, para que pueda impugnarse en alzada, limitando el objeto de
revisión de este recurso a los actos administrativos, que son de los dictados en ejercicio de atribuciones o
potestades exorbitantes al derecho común. No es el caso de la decisión empresaria aquí cuestionada, que
entra en el ámbito comercial, bajo el derecho contractual privado (Artículo 184 Ley Nº 9003);
Que así, la decisión obrante a fs. 46, por la cual la S.T.M. S.A.U.P.E. notifica a la recurrente que se adhiere
a lo dictaminado por Asesoría Letrada de dicha sociedad, rechazando en todos sus términos el pedido de
revisión y de nulidad formulado por la empresa impugnante, respecto a la restitución de la garantía de sus
cuestionamientos realizados al Concurso de Propuestas para la Explotación de Publicidad en la Vía
Pública Exterior Recorrido Grupo 14 Metrotranvía, vinculadas con el llamamiento a ofertar y el pliego
aplicable al contrato de concesión para la explotación comercial de espacios publicitarios, por considerar
ilegítima la exigencia de la garantía de impugnación del Artículo 10º del pliego, no es, en los términos
requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo, ni conforme al régimen jurídico de la específica
actividad comercial desarrollada en el caso por la empresa provincial, un acto administrativo (Artículos 28 y
112 y concordantes de la LPA), de modo que no resulta impugnable conforme al régimen recursivo propio
de dicha Ley Nº 9003;
Que, como ha quedado suficientemente dicho, este Poder Ejecutivo entiende que escapa a su control
administrativo, una decisión empresaria de naturaleza típicamente comercial, adoptada por una sociedad
regida en esa actividad y contrato cuestionados por el derecho privado, desde que no sale del ámbito de
su actividad específica u objeto social. Como se dijo, sin que se traiga a revisión una actividad
administrativa propia y exclusiva del estado, sino una incluida en el Artículo 14 de la Constitución Nacional
y en los cometidos empresariales de bienestar y progreso social. En el caso, sujetos por la ley y el estatuto
social a normas que no son específicas del derecho público local que regula los contratos administrativos,
sino uno del derecho común característico del giro empresarial, tanto de la sociedad anónima concursante
como de la recurrente;
Que ahora bien y sellada la suerte del recurso de alzada, a mayor abundamiento en orden a que la
quejosa no considere desatendido su planteo, en el marco de habilitación competencial del Poder
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Ejecutivo, aún si su cuestionamiento fuere tomado como una denuncia, reclamo o petición del control que
cabe al Poder Ejecutivo sobre este tipo de entidades descentralizadas la legitimidad de lo actuado en el
ámbito de una actividad empresarial, bajo régimen de contratación predominante sujeto a la propia
normativa contractual interna y al derecho común, tampoco se advierte que se encuentre rebasado el
marco contractual al que estaba sometida la entidad; presentándose la decisión empresarial bajo análisis
como propia y del resorte exclusivo de quienes por ley encomendada la gestión social, regulada por la Ley
Nº 19.550, en un contrato sometido al Código Civil y Comercial, como es la concesión para la explotación
por privados de espacios destinados a publicidad comercial en la vía pública. Máxime, cuando ninguno de
los cuestionamientos vertidos en contrario por la recurrente guarda vinculación adecuada con algún interés
fiscal concreto; ni la recurrente demuestra alguna concreta lesión del patrimonio estatal afectado al giro
comercial, cuya administración y explotación, dentro de los límites elásticos de la normativa aplicable a la
discrecionalidad empresaria de la sociedad provincial y sus contrataciones comerciales, aparezcan
transgredidos. No pudiendo soslayarse que los aspectos inherentes a la discrecionalidad, mérito o
conveniencia de la actividad desplegada por este tipo de sociedades escapan al control de legitimidad de
la autoridad central (Artículos 22, 184 in fine y 185 de la LPA);
Que para concluir y más allá de lo opinable que, en la mejor hipótesis para la quejosa, sean los
cuestionamientos planteados en el reclamo, lo cierto es que no aparecen excedidos los límites que
habilitan el control de legitimidad del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, por lo que no
corresponde revocar la decisión empresaria venida en revisión, sin perjuicio de que la interesada, si se
considerase dañada por la actividad precontractual o contractual en trato, pueda hacer valer los derechos
que estime conculcados por la vía procesal específicamente competente, que es la prevista en el Artículo
4º del pliego, que, por lo demás, no se encuentra cuestionado en el expediente;
Por ello y lo dictaminado en sentido concordante a fs. 30/35 y 44/45 (por el servicio jurídico de la sociedad
de transporte provincial) y a fs. 54/55 por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Rechácese en lo formal por improcedente el recurso de alzada interpuesto por Publicidad
Sarmiento S.A., C.U.I.T. Nº 30-54321793-6, contra la resolución social obrante a fs. 46, emanada del
Director Titular y Presidente del Directorio de la Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima
Unipersonal de Participación Estatal –S.T..M. S.A.U.P.E.-, de conformidad con los argumentos expuestos
en los considerandos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
S/Cargo
07/12/2018 (1 Pub.)
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
