RESOLUCIONES

Resolución Nº 150

Fecha de publicación
31 de octubre de 2018
Fecha de la norma
2 de octubre de 2018
Referencia documental
Boletín Nº 30.723 · páginas 26–28
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 150 MENDOZA, 02 de octubre de 2018 VISTO: El expediente Nº 3695-Z-2007-01409, caratulado “ZAMBUDIO OMAR C/ SUPERMERCADO VEA”, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “JUMBO RETAIL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-70877296-4, con domicilio legal en Pedro Molina 547, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 68/70 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº 186-03695/2017 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, mediante la cual se aplica a la firma “JUMBO RETAIL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-70877296-4, una multa de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00), por violación a los artículos 7º y 8º de la Ley 24.240 de esta Dirección de Defensa del Consumidor. Que desde el punto de vista formal el recurso interpuesto debe ser rechazado atento a que ha sido presentado con fecha 3 de mayo de 2018, mientras que la resolución atacada fue notificada el 3 de abril de dicho año, es decir, un mes antes de la interposición del recurso. En tal sentido, en conformidad con la ley 9003, el escrito presentado como recurso de revocatoria no puede ser considerado tal, ya que se interpuso fuera del plazo legal (15 días hábiles) fijado para ello. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03607373-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 26 de 143 Que no obstante ello, y a pesar de la inadmisibilidad formal del recurso, cabe tener en cuenta los requisitos que la ley 9003 ha fijado para dicha consideración: “ART. 173 (...) II.- Denuncia de ilegitimidad: Vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, los interpuestos extemporáneamente serán declarados formalmente inadmisibles. Ello no obstará a que el órgano competente para su resolución deba calificar al recurso tardío como denuncia de ilegitimidad, siendo su deber tramitarla y resolverla, a menos que la denuncia sea improcedente en los términos del párrafo siguiente. Son impedimentos al progreso de la denuncia de ilegitimidad: a) Motivos de seguridad jurídica en el mantenimiento de la situación o relación jurídicas devenidas firmes cuando su revisión pueda perjudicar la confianza legítima de terceros o los intereses públicos gestionados por la administración; b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante. La desestimación de la denuncia, tanto formal como sustancial, deberá fundarse circunstanciadamente. En tal caso, la declaración en cuanto al fondo de la denuncia de ilegitimidad no es impugnable mediante los recursos que se regulan en esta Ley.” En el presente caso no se observa que exista ninguno de los impedimentos nombrados per la ley para considerar al escrito de fs. 68/77 como “denuncia de ilegitimidad”, por lo que esta Dirección entiende que debe procederse al análisis sustancial del mismo. Que respecto al aspecto sustancial de dicha denuncia de ilegitimidad, la sumariada plantea la violación del debido proceso legal, desproporción de la multa impuesta, y finalmente alega el principio in dubio pro reo. Que ninguna de las defensas planteadas resultan conducentes o suficientes para dejar sin efecto la sanción impuesta. En efecto, en referencia a la supuesta violación del debido proceso, la sumariada plantea que se ha visto violado el derecho a obtener una resolución en un plazo razonable y que por ello ha sufrido un “grave perjuicio”, atento a que ve afectado “su derecho de propiedad. En respuesta a dicho planteo, cabe subrayar que durante el transcurso de las actuaciones la sumariada en ningún momento intenta emplazar a la administración a la prosecución del proceso con los instrumentos legales correspondientes. Es decir, el supuesto daño que estaba sufriendo la sumariada no ha sido expuesto en ningún momento ni tampoco toma acción alguna mediante los remedios que la ley le otorga para poner fin al retardo. A su vez, cabe resaltar que el accionar de la misma sumariada contribuye a la dilación del proceso que ahora alega. De la simple lectura de las actuaciones es posible observar que la mayoría de los trámites que ha realizado esta Dirección es a los efectos de trasladar y tratar de precisar un acuerdo conciliatorio entre las partes (fs 4, 5, 6,9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 19 vta., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29). Ello con el agravante de que una vez concretado el acuerdo, el denunciante se presenta aproximadamente dos años después denunciando la falta de cumplimiento del acuerdo logrado (fs. 19 vta.), cuestión por lo que es infraccionada la sumariada, sin haber desvirtuado nunca tal imputación. Ello provoca incluso el reinicio del proceso conciliatorio. En definitiva, más allá de la justificación de los plazos transcurridos en la tramitación de las actuaciones, esta Dirección entiende que la recurrente no ha logrado justificar ni demostrar el daño patrimonial que supuestamente le provocó el tiempo del proceso. Cabe recordar que el cobro de la multa impuesta se encuentra suspendida -todavía al día de hoy- hasta tanto se agote el proceso administrativo. Incluso, el capital de la multa no devenga intereses hasta el agotamiento de la vía administrativa, lo cual, sumado al proceso inflacionario que vive el país, no se observa dónde se halla el perjuicio económico alegado por el plazo del tiempo. Que respecto a la segunda defensa, desproporción de la multa impuesta, la sumariada alega que no se tiene en cuenta la voluntad conciliatoria que ha tenido durante el proceso, y agrega que el denunciante fue el que rechaza de “manera maliciosa" dos veces la propuesta. En repuesta a ello, cabe aclarar que los hechos alegados (voluntad conciliatoria), no son suficientes por sí mismos para establecer la falta de razonabilidad en la multa impuesta. En especial, cabe destacar que la voluntad conciliatoria no basta si después de llegado a un acuerdo, el sumariado no cumple el mismo. Por otro lado, los parámetros que se han tenido en cuenta para la cuantificación de la multa (los cuales se hayan explicitados en la resolución atacada, y a los cuales se remite) resultan suficientes y razonables para fijar una sanción que implica únicamente el 0,8% del máximo que fija la legislación. Que, por último, el principio in dubio pro reo que alega la sumariada no resulta aplicable, ya que no existe Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03607373-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 27 de 143 duda alguna, ni tampoco ha sido posible para el recurrente lograrla, en cuanto a los hechos que sustentan la sanción. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - RECHACESE desde el punto de vista formal el recurso interpuesto de conformidad a las prescripciones de las Ley 9003 admitiéndose el mismo como denuncia de ilegitimidad. ARTÍCULO 2º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la firma “JUMBO RETAIL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 30-70877296-4, con domicilio legal en calle Pedro Molina 547, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº 186-03695/2017 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, la que se mantiene en todas sus partes ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 24.240, correspondiente al Código Tax 017-417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario “UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077). ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.. Lic. Monica S. Lucero S/Cargo 31/10/2018 (1 Pub.) DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS