RESOLUCIONES

Resolución Nº 113

Fecha de publicación
19 de octubre de 2018
Fecha de la norma
13 de agosto de 2018
Referencia documental
Boletín Nº 30.715 · páginas 35–40
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 113 MENDOZA, 13 de agosto de 2018 VISTO: El expediente Nº 998-D-2014-00112, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “MILLAN S.A.”, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en legal en Mitre 659, 1º Piso, Of. 1, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 40/43 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº 107-000998/2014 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, mediante la cual se aplica a “MILLAN S.A”, CUIT Nº 33-50385092-9, una multa de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), por violación al artículo 42º de la Constitución Nacional y al artículo 36º de la Ley 5.547 concordante con el artículo 7º de la Ley Nacional 24.240. Que desde el punto de vista formal cabe aceptar el recurso interpuesto atento a que se presenta en plazo y con el pago de las tasas correspondientes. Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente se defiende al manifestar que ha existido un “abuso de la fiscalización y control de los inspectores a vuestro cargo”, que ello ha sido así en virtud de que han existido reiteradas actas de infracción (“24”) de la Dirección de Industria y Comercio que supuestamente han sido desvirtuadas por actas notariales. A su vez agrega que los expedientes que se inician por dichas actas no son resueltos. Por otro lado, manifiesta la “inexistencia de la infracción” que se le imputa y “nulidad del acta de infracción", atento a que han tomado recaudos tales como confeccionar una planilla que se distribuye en cada sucursal donde se fija la cantidad del stock total que se entrega a cada sucursal, en lo que respecta a los productos ofertados. Así, según invoca la recurrente, se pretende tener una documental para poner en conocimiento del inspector que actúe que “el stock pre establecido para esa sucursal y en cada uno de los días era de la cantidad de productos indicados en cada uno de los ofertados” (sic). De allí establece que “para el día 14/02/14” la sucursal fiscalizada contaba con “78 unidades” del detergente Matic Drive + Vivere * 500 gr. Posteriormente, para el caso concreto, la sumariada pretende indicar cómo debe llevarse a cabo una inspección y el acta correspondiente, donde establece que el inspector “DEBE” constatar la planilla a la que se hace mención ut supra y cotejar si los Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 35 de 138 productos ofertados fueron vendidos conforme al stock existente en la sucursal inspeccionada. Por otro último, alega supuestos hechos que los inspectores se negaron a asentar en el acta que hacían a su defensa. Que respecto de las defensas interpuestas cabe adelantar que las mismas no resultan conducentes ni jurídicamente viables y suficientes para revocar la resolución atacada. En efecto, en cuanto a las primeras de las defensas, cabe señalar que la Dirección de Industria y Comercio (DIC) es un organismo totalmente diferenciado a esta Dirección e incluso ambas pertenecen a órbitas ministeriales distintas. Por lo tanto, todas las alegaciones referidas a actuaciones efectuadas por la DIC no tienen efecto jurídico alguno respecto a la resolución dictada por esta Dirección. Consecuentemente, las actas notariales acompañadas también deben descartarse como prueba, ya que no hacen referencia al día de la inspección ni a la sucursal fiscalizada y sancionada en este expediente. Que en cuanto al supuesto recaudo adoptado por la sumariada de elaborar una planilla donde consta cuánto stock de productos ofertados recibe cada sucursal, tampoco permite desvirtuar la infracción constatada. En primer lugar, la planilla que se acompaña es un documento privado que no tiene fecha cierta de su creación y tampoco hace surgir una presunción de veracidad sobre los datos que contiene. No contiene firma de responsable, ni certificación notarial. No obstante, cabe subrayar que aun cuando se le diera validez a dicha planilla, cabe realizar dos apreciaciones: el acta de infracción fue realizada el 19 de febrero en la sucursal Vista Flores, conforme a dicha planilla dicho día NO tenía stock del producto detergente Matic Drive (fs 77), del detergente Matic Skip solo 7 unidades (fs 80), del suavizante Confort tampoco habia stock (fs 83). Estas circunstancias no hacen más que confirmar la causa exacta de la imputación que en reiteradas ocasiones se le ha realizado a la presente recurrente, y que no es defendida por la misma en su recurso: conforme afirma la sumariada en su recurso y acompaña el folleto publicitario en cuestión, en el mismo se ha comunicado a los eventuales adquirentes el stock en unidades con el que cuenta la cadena de supermercados (y no cada una de las sucursales) y que la oferta era hasta agotar stock. Por ello, entiende este servicio jurídico que el hecho de que el stock indicado sea el de toda la cadena ( la cual abarca toda la provincia), dicha información resulta insuficiente ya que no resulta cierta, clara y detallada, respecto a las condiciones de comercialización, ya que el consumidor debe conocer de manera precisa la cantidad de productos que se encuentran en stock en cada supermercado, de lo contrario resultaría engañosa ya que le impide evaluar la conveniencia de acercarse o no hasta el comercio oferente. La forma de ofertar productos abarcando toda la cadena se sustrae a los fines y esencia de la norma legal, ya que la determinación de las “condiciones de comercialización" que exige el artículo 7º para toda oferta, debe interpretarse con las características exigidas en el artículo 4º respecto a toda información que suministra el proveedor. En el caso de marras se puede observar claramente como los consumidores de la sucursal de Vista Pueblo se han visto engañados al llegar a ellos una oferta que no se puede hacer efectiva porque no se tenía stock informado durante la vigencia de dicha oferta, tal como surge de la misma planilla aportada por la sumariada. Que la voluntad del legislador al sancionar el artículo 7º de la Ley 24.240 y su Decreto Reglamentario, ha sido proteger a la parte débil de la relación, el consumidor. No se debe olvidar que estamos en presencia de un derecho protectorio nacido para evitar abusos de la parte poderosa en la relación. Teniendo en cuenta dicha finalidad protectoria cabe preguntarse ¿puede exigírsele al consumidor, que haga un recorrido por todos los locales comerciales de la cadena (incluidos aquellos locales que están a más de 200 km de distancia) para encontrar un producto ofertado, peor aún, ignorando completamente cuánto stock tiene cada sucursal? Que estas preguntas ponen en evidencia el abuso y la desviación que pretende hacer la parte sumariada de los fines de la norma. No debe olvidarse que la Ley 24.240 no excluye la aplicación de los principios generales del derecho, tales como la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Que resulta importante destacar el hecho de que el supermercado, a través del catálogo publicitario logra una finalidad clara, tal es atraer clientela a sus locales comerciales. Quien asume un riesgo comercial, y se ve beneficiado con él, debe asumir también las responsabilidades que le tocan por la falta de información y Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 36 de 138 abuso del derecho. Que las limitaciones exigidas por el artículo citado supra es una manera de que se eviten los casos de incumplimiento. No se cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el comerciante para captar clientela, lo que si se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese método conlleva engaños basados en ofertas ventajosas que luego no se configuran en la realidad. Como bien dice Lorenzetti en su libro “Consumidores”, “si lo que faltan son elementos referidos a las limitaciones, condiciones etcétera, que no hacen a la existencia de un contrato, sino a la comprensión del consumidor, habrá oferta y contrato, con incumplimiento del deber de informar”. Por otro lado, cabe destacar que el derecho a la información del consumidor tiene jerarquía constitucional, siendo que el artículo 42º de la CN dice: “...Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo... a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección...”. En concordancia, prestigiosa doctrina nacional ha dicho en este aspecto que “la exigencia informativa propende a la custodia del equilibrio en la relación.” ( Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Juan Schotz, Defensa del Consumidor, Ed Abaco de Rodolfo Depalma). Que además, si los productos ofertados no se encontraban por determinadas circunstancias en el hipermercado la infracción imputada es de tipo formal y no requiere la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, no interesando dilucidar la existencia de intención o su ausencia, siendo de apreciación objetiva, configurándose por la simple omisión, que basta por si misma para violar las normas (Confr. Fontan Balestra, Tratado de Derecho Penal T.I, pág. 210 y fallo del 24/03/99 C.N.C. A., Sala V, causa N°2211/99). Que asimismo no es necesario para el ejercicio del poder de policía propio de la autoridad administrativa la existencia de un perjuicio concreto o de un particular damnificado, sino el incumplimiento de las obligaciones que la Iey 24.240 impone. Que por último, cabe dar respuestas a ciertas apreciaciones que realiza la recurrente: en primer lugar, sobre el actuar de los inspectores, no ha aportado una sola prueba que permita establecer que los mismos se negaran, tal como afirma, a asentar en el acta circunstancias existentes al momento de la inspección. En segundo lugar, la planilla sobre la que basa su defensa, no es más que un documento privado unilateral respecto del cual no se puede presumir de forma absoluta la veracidad de su contenido, y por ello el inspector no tiene obligación de observar y asentar el contenido de la misma. Además, dicha planilla no está disponible para el libre acceso de los consumidores. Por último, no acompaña prueba alguna de haber vendido el stock existente al día de la inspección, carga probatoria que recae sobre la sumariada, ya que es la misma quien alega tal extremo. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma “MILLAN S.A”, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en legal en Mitre 659, 1º Piso, Of. 1, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº 107-000998/2014 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, la que se mantiene en todas sus partes. ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 5.547, correspondiente al Código Tax 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario “UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 37 de 138 penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077). ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE. Lic. Monica S. Lucero S/Cargo 19/10/2018 (1 Pub.) ACUERDOS TRIBUNAL DE CUENTAS Acuerdo N°: 6444 VISTO el Acuerdo Nº 6430 que regula la distribución de Honorarios a percibir por el cuerpo de abogados que prestan servicios en la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Tribunal, CONSIDERANDO: I. Que la Ley Provincial Nº 5394 en su artículo 1º establece que “El Asesor de Gobierno, los Abogados Auxiliares de la Asesoría de Gobierno; el Fiscal de Estado, los Abogados Auxiliares de la Fiscalía de Estado; los Abogados del Estado Provincial, Municipal, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, el Escribano General de Gobierno y el Adscripto; los Procuradores y Escribanos del Estado Provincial y Municipal, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, no tendrán derecho a cobrar honorarios a la Provincia, Municipalidades, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, solo podrán percibir de la parte contraria, cuando esta fuera vencida en costas, los honorarios regulados en la sentencia o cuando estos sean a cargo de terceros conforme a la correspondiente ley de aranceles; y siempre que haya quedado satisfecho totalmente el crédito del fisco y finalizada la gestión encomendada”. II. Que en su artículo 2º ha previsto que “el modo y forma en que se practicara la distribución de honorarios entre los profesionales mencionados en el artículo precedente, quedara sujeta a la reglamentación que dispongan los titulares de las respectivas dependencias” III. Que la norma citada es clara en el sentido de que dichos honorarios pertenecen a los profesionales abogados enumerados en el artículo primero. IV. Que en función de lo expuesto y en cumplimiento de la ley, el Tribunal dicto el acuerdo Nº 6430, fecha 4 de julio de 2018 haciendo uso de las facultades reglamentarias que la norma citada expresamente le confiere. V. Que oportunamente, el tema objeto del presente había sido reglamentado mediante Acuerdo Nº 5344, de fecha 23 de febrero de 2011. VI. Que el Acuerdo Nº 6430 ha originado reclamos por parte del personal que oportunamente habría sido incluido en la distribución de honorarios. VII. Que, sin desconocer el texto de la Ley Nº 5394 en el sentido de que el derecho a la percepción de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 38 de 138 honorarios deviene del trabajo profesional de los letrados que intervienen en la defensa de las causas judiciales en las que el Tribunal de Cuentas resulta demandado, a fin de evitar situaciones de malestar entre el personal de este Tribunal, a propuesta del sector jurídico de Secretaria Relatora, el Tribunal ha decidido reformular la distribución de los honorarios judiciales a cargo de terceros. VIII. Que, tal como lo establece la Ley Nº 5394, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, los profesionales del Tribunal pueden percibir honorarios que deban ser soportados por el Estado, sea Provincial y/o Municipal. Por ello, en ejercicio de las facultades que confiere a este Tribunal la Ley Nº 5394, en un todo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 1003, EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA RESUELVE: Artículo 1º: Los honorarios profesionales que se regulen al Director de Asuntos Jurídicos y a los demás abogados que presten servicios en este Tribunal, por su intervención profesional en procesos judiciales en que el Tribunal sea parte o deba intervenir, serán destinados a la compra de equipamiento y modernización del Tribunal de Cuentas. Artículo 2º: Los honorarios regulados deberán ser percibidos por el profesional a quien se le hubieren regulado, sea que los deposite el obligado voluntariamente o se perciban por vía de ejecución de honorarios. Artículo 3º: El profesional a cuyo favor se hubieran establecido los honorarios no podrá renunciar a ellos, ni acordar quitas o espera respecto a quienes los adeudan sin la conformidad del Director de Asuntos Jurídicos. Artículo 4º: Cuando obren depósitos judiciales en concepto de honorarios, el letrado acreedor conforme la regulación, presentará escrito solicitando se haga efectivo el pago de los honorarios que le correspondan. Artículo 5º: Verificada la percepción de honorarios, se otorgará carta de pago y conformidad profesional. Asimismo, en caso de requerirse del abogado titular que extienda factura en nombre propio, se le solventará la parte proporcional de los impuestos y gastos a su cargo, conforme a su situación fiscal. Artículo 6º: Los pagos parciales o de cuotas acordadas, serán imputados a intereses en primer término y luego a capital. Las sumas resultantes quedarán expeditas para su distribución según las reglas contenidas en el presente acuerdo. Artículo 7º: Los intereses moratorios devengados por honorarios debidos, serán calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina o, en su caso, la que en el futuro establezca el Poder Judicial, conforme a los plenarios de aplicación. Su cálculo y liquidación serán practicados por la Dirección de Asuntos Jurídicos. Artículo 8º: El Director de Asuntos Jurídicos en forma conjunta con el profesional titular de los honorarios regulados, podrán otorgar planes de pago en cuotas convenidos con el deudor, mediante la firma por éste del plan respectivo. La carta de pago, en tal caso, se otorgará contra la definitiva y total cancelación de las obligaciones acordadas. Artículo 9º: El incumplimiento por parte de los profesionales comprendidos a las pautas establecidas en la presente reglamentación dará lugar a las sanciones que prevé el Decreto 560/73, Estatuto del Empleado Público. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 39 de 138 Artículo 10º: Las sumas que se perciban en concepto de honorarios a cargo de terceros deberán depositarse en la cuenta corriente de Fondos Afectados del Banco de la Nación Argentina - Sucursal 2405 “Ejército de los Andes” Nº 6280148093. A tal efecto, deberá solicitarse la apertura del financiamiento, cuenta patrimonial y cuentas de gastos, para hacer uso de dichos fondos de manera como lo establece este acuerdo. Artículo 11º: El presente acuerdo deberá ser notificado especialmente a cada uno de los profesionales abogados que prestan servicios en el Tribunal, en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría Relatora. Igual procedimiento se efectuará con los nuevos abogados que se incorporen a este organismo. La notificación sin reservas implica conformidad a las pautas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 12º: Derogar el Acuerdo Nº 6430. Artículo 13º: Notificar, publicar en la INTRANET y en el Boletín Oficial y, cumplido, archivar. Dr. Salvador Carlos Farruggia - Dr. Mario Francisco Angelini - Dr. Héctor David Caputto - Dr. Ricardo Pettignano – Dra. Liliana M. De Lazzaro S/Cargo 19/10/2018 (1 Pub.)