RESOLUCIONES
Resolución Nº 113
- Fecha de publicación
- 19 de octubre de 2018
- Fecha de la norma
- 13 de agosto de 2018
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.715 · páginas 35–40
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 113
MENDOZA, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El expediente Nº 998-D-2014-00112, en el cual obran las actuaciones sumariales contra “MILLAN S.A.”,
CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en legal en Mitre 659, 1º Piso, Of. 1, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 40/43 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº 107-000998/2014
de esta Dirección de Defensa del Consumidor, mediante la cual se aplica a “MILLAN S.A”, CUIT Nº
33-50385092-9, una multa de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), por violación al artículo
42º de la Constitución Nacional y al artículo 36º de la Ley 5.547 concordante con el artículo 7º de la Ley
Nacional 24.240.
Que desde el punto de vista formal cabe aceptar el recurso interpuesto atento a que se presenta en plazo
y con el pago de las tasas correspondientes.
Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente se defiende al manifestar que ha existido un “abuso
de la fiscalización y control de los inspectores a vuestro cargo”, que ello ha sido así en virtud de que han
existido reiteradas actas de infracción (“24”) de la Dirección de Industria y Comercio que supuestamente
han sido desvirtuadas por actas notariales. A su vez agrega que los expedientes que se inician por dichas
actas no son resueltos. Por otro lado, manifiesta la “inexistencia de la infracción” que se le imputa y
“nulidad del acta de infracción", atento a que han tomado recaudos tales como confeccionar una planilla
que se distribuye en cada sucursal donde se fija la cantidad del stock total que se entrega a cada sucursal,
en lo que respecta a los productos ofertados. Así, según invoca la recurrente, se pretende tener una
documental para poner en conocimiento del inspector que actúe que “el stock pre establecido para esa
sucursal y en cada uno de los días era de la cantidad de productos indicados en cada uno de los
ofertados” (sic). De allí establece que “para el día 14/02/14” la sucursal fiscalizada contaba con “78
unidades” del detergente Matic Drive + Vivere * 500 gr. Posteriormente, para el caso concreto, la
sumariada pretende indicar cómo debe llevarse a cabo una inspección y el acta correspondiente, donde
establece que el inspector “DEBE” constatar la planilla a la que se hace mención ut supra y cotejar si los
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 35 de 138
productos ofertados fueron vendidos conforme al stock existente en la sucursal inspeccionada. Por otro
último, alega supuestos hechos que los inspectores se negaron a asentar en el acta que hacían a su
defensa.
Que respecto de las defensas interpuestas cabe adelantar que las mismas no resultan conducentes ni
jurídicamente viables y suficientes para revocar la resolución atacada. En efecto, en cuanto a las primeras
de las defensas, cabe señalar que la Dirección de Industria y Comercio (DIC) es un organismo totalmente
diferenciado a esta Dirección e incluso ambas pertenecen a órbitas ministeriales distintas. Por lo tanto,
todas las alegaciones referidas a actuaciones efectuadas por la DIC no tienen efecto jurídico alguno
respecto a la resolución dictada por esta Dirección. Consecuentemente, las actas notariales acompañadas
también deben descartarse como prueba, ya que no hacen referencia al día de la inspección ni a la
sucursal fiscalizada y sancionada en este expediente.
Que en cuanto al supuesto recaudo adoptado por la sumariada de elaborar una planilla donde consta
cuánto stock de productos ofertados recibe cada sucursal, tampoco permite desvirtuar la infracción
constatada. En primer lugar, la planilla que se acompaña es un documento privado que no tiene fecha
cierta de su creación y tampoco hace surgir una presunción de veracidad sobre los datos que contiene. No
contiene firma de responsable, ni certificación notarial. No obstante, cabe subrayar que aun cuando se le
diera validez a dicha planilla, cabe realizar dos apreciaciones: el acta de infracción fue realizada el 19 de
febrero en la sucursal Vista Flores, conforme a dicha planilla dicho día NO tenía stock del producto
detergente Matic Drive (fs 77), del detergente Matic Skip solo 7 unidades (fs 80), del suavizante Confort
tampoco habia stock (fs 83). Estas circunstancias no hacen más que confirmar la causa exacta de la
imputación que en reiteradas ocasiones se le ha realizado a la presente recurrente, y que no es defendida
por la misma en su recurso: conforme afirma la sumariada en su recurso y acompaña el folleto publicitario
en cuestión, en el mismo se ha comunicado a los eventuales adquirentes el stock en unidades con el que
cuenta la cadena de supermercados (y no cada una de las sucursales) y que la oferta era hasta agotar
stock. Por ello, entiende este servicio jurídico que el hecho de que el stock indicado sea el de toda la
cadena ( la cual abarca toda la provincia), dicha información resulta insuficiente ya que no resulta cierta,
clara y detallada, respecto a las condiciones de comercialización, ya que el consumidor debe conocer de
manera precisa la cantidad de productos que se encuentran en stock en cada supermercado, de lo
contrario resultaría engañosa ya que le impide evaluar la conveniencia de acercarse o no hasta el
comercio oferente. La forma de ofertar productos abarcando toda la cadena se sustrae a los fines y
esencia de la norma legal, ya que la determinación de las “condiciones de comercialización" que exige el
artículo 7º para toda oferta, debe interpretarse con las características exigidas en el artículo 4º respecto a
toda información que suministra el proveedor. En el caso de marras se puede observar claramente como
los consumidores de la sucursal de Vista Pueblo se han visto engañados al llegar a ellos una oferta que no
se puede hacer efectiva porque no se tenía stock informado durante la vigencia de dicha oferta, tal como
surge de la misma planilla aportada por la sumariada.
Que la voluntad del legislador al sancionar el artículo 7º de la Ley 24.240 y su Decreto Reglamentario, ha
sido proteger a la parte débil de la relación, el consumidor. No se debe olvidar que estamos en presencia
de un derecho protectorio nacido para evitar abusos de la parte poderosa en la relación. Teniendo en
cuenta dicha finalidad protectoria cabe preguntarse ¿puede exigírsele al consumidor, que haga un
recorrido por todos los locales comerciales de la cadena (incluidos aquellos locales que están a más de
200 km de distancia) para encontrar un producto ofertado, peor aún, ignorando completamente cuánto
stock tiene cada sucursal?
Que estas preguntas ponen en evidencia el abuso y la desviación que pretende hacer la parte sumariada
de los fines de la norma. No debe olvidarse que la Ley 24.240 no excluye la aplicación de los principios
generales del derecho, tales como la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos.
Que resulta importante destacar el hecho de que el supermercado, a través del catálogo publicitario logra
una finalidad clara, tal es atraer clientela a sus locales comerciales. Quien asume un riesgo comercial, y se
ve beneficiado con él, debe asumir también las responsabilidades que le tocan por la falta de información y
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 36 de 138
abuso del derecho.
Que las limitaciones exigidas por el artículo citado supra es una manera de que se eviten los casos de
incumplimiento. No se cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el
comerciante para captar clientela, lo que si se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese
método conlleva engaños basados en ofertas ventajosas que luego no se configuran en la realidad. Como
bien dice Lorenzetti en su libro “Consumidores”, “si lo que faltan son elementos referidos a las
limitaciones, condiciones etcétera, que no hacen a la existencia de un contrato, sino a la comprensión del
consumidor, habrá oferta y contrato, con incumplimiento del deber de informar”. Por otro lado, cabe
destacar que el derecho a la información del consumidor tiene jerarquía constitucional, siendo que el
artículo 42º de la CN dice: “...Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
relación al consumo... a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección...”. En concordancia,
prestigiosa doctrina nacional ha dicho en este aspecto que “la exigencia informativa propende a la
custodia del equilibrio en la relación.” ( Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Juan Schotz, Defensa del
Consumidor, Ed Abaco de Rodolfo Depalma).
Que además, si los productos ofertados no se encontraban por determinadas circunstancias en el
hipermercado la infracción imputada es de tipo formal y no requiere la producción de ningún resultado o
evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, no interesando dilucidar la existencia
de intención o su ausencia, siendo de apreciación objetiva, configurándose por la simple omisión, que
basta por si misma para violar las normas (Confr. Fontan Balestra, Tratado de Derecho Penal T.I, pág. 210
y fallo del 24/03/99 C.N.C. A., Sala V, causa N°2211/99).
Que asimismo no es necesario para el ejercicio del poder de policía propio de la autoridad administrativa la
existencia de un perjuicio concreto o de un particular damnificado, sino el incumplimiento de las
obligaciones que la Iey 24.240 impone.
Que por último, cabe dar respuestas a ciertas apreciaciones que realiza la recurrente: en primer lugar,
sobre el actuar de los inspectores, no ha aportado una sola prueba que permita establecer que los mismos
se negaran, tal como afirma, a asentar en el acta circunstancias existentes al momento de la inspección.
En segundo lugar, la planilla sobre la que basa su defensa, no es más que un documento privado unilateral
respecto del cual no se puede presumir de forma absoluta la veracidad de su contenido, y por ello el
inspector no tiene obligación de observar y asentar el contenido de la misma. Además, dicha planilla no
está disponible para el libre acceso de los consumidores. Por último, no acompaña prueba alguna de
haber vendido el stock existente al día de la inspección, carga probatoria que recae sobre la sumariada, ya
que es la misma quien alega tal extremo.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma “MILLAN S.A”, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en legal en Mitre
659, 1º Piso, Of. 1, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº 107-000998/2014 de esta Dirección de
Defensa del Consumidor, la que se mantiene en todas sus partes.
ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 5.547, correspondiente al Código Tax 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del
Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente.
ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario
“UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 37 de 138
penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077).
ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE.
Lic. Monica S. Lucero
S/Cargo
19/10/2018 (1 Pub.)
ACUERDOS
TRIBUNAL DE CUENTAS
Acuerdo N°: 6444
VISTO el Acuerdo Nº 6430 que regula la distribución de Honorarios a percibir por el cuerpo de abogados
que prestan servicios en la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Tribunal,
CONSIDERANDO:
I. Que la Ley Provincial Nº 5394 en su artículo 1º establece que “El Asesor de Gobierno, los Abogados
Auxiliares de la Asesoría de Gobierno; el Fiscal de Estado, los Abogados Auxiliares de la Fiscalía de
Estado; los Abogados del Estado Provincial, Municipal, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, el
Escribano General de Gobierno y el Adscripto; los Procuradores y Escribanos del Estado Provincial y
Municipal, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, no tendrán derecho a cobrar honorarios a la
Provincia, Municipalidades, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, solo podrán percibir de la parte
contraria, cuando esta fuera vencida en costas, los honorarios regulados en la sentencia o cuando estos
sean a cargo de terceros conforme a la correspondiente ley de aranceles; y siempre que haya quedado
satisfecho totalmente el crédito del fisco y finalizada la gestión encomendada”.
II. Que en su artículo 2º ha previsto que “el modo y forma en que se practicara la distribución de
honorarios entre los profesionales mencionados en el artículo precedente, quedara sujeta a la
reglamentación que dispongan los titulares de las respectivas dependencias”
III. Que la norma citada es clara en el sentido de que dichos honorarios pertenecen a los profesionales
abogados enumerados en el artículo primero.
IV. Que en función de lo expuesto y en cumplimiento de la ley, el Tribunal dicto el acuerdo Nº 6430, fecha
4 de julio de 2018 haciendo uso de las facultades reglamentarias que la norma citada expresamente le
confiere.
V. Que oportunamente, el tema objeto del presente había sido reglamentado mediante Acuerdo Nº 5344,
de fecha 23 de febrero de 2011.
VI. Que el Acuerdo Nº 6430 ha originado reclamos por parte del personal que oportunamente habría sido
incluido en la distribución de honorarios.
VII. Que, sin desconocer el texto de la Ley Nº 5394 en el sentido de que el derecho a la percepción de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 38 de 138
honorarios deviene del trabajo profesional de los letrados que intervienen en la defensa de las causas
judiciales en las que el Tribunal de Cuentas resulta demandado, a fin de evitar situaciones de malestar
entre el personal de este Tribunal, a propuesta del sector jurídico de Secretaria Relatora, el Tribunal ha
decidido reformular la distribución de los honorarios judiciales a cargo de terceros.
VIII. Que, tal como lo establece la Ley Nº 5394, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, los
profesionales del Tribunal pueden percibir honorarios que deban ser soportados por el Estado, sea
Provincial y/o Municipal.
Por ello, en ejercicio de las facultades que confiere a este Tribunal la Ley Nº 5394, en un todo de acuerdo
con las disposiciones de la Ley Nº 1003,
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Artículo 1º: Los honorarios profesionales que se regulen al Director de Asuntos Jurídicos y a los demás
abogados que presten servicios en este Tribunal, por su intervención profesional en procesos judiciales en
que el Tribunal sea parte o deba intervenir, serán destinados a la compra de equipamiento y
modernización del Tribunal de Cuentas.
Artículo 2º: Los honorarios regulados deberán ser percibidos por el profesional a quien se le hubieren
regulado, sea que los deposite el obligado voluntariamente o se perciban por vía de ejecución de
honorarios.
Artículo 3º: El profesional a cuyo favor se hubieran establecido los honorarios no podrá renunciar a ellos, ni
acordar quitas o espera respecto a quienes los adeudan sin la conformidad del Director de Asuntos
Jurídicos.
Artículo 4º: Cuando obren depósitos judiciales en concepto de honorarios, el letrado acreedor conforme la
regulación, presentará escrito solicitando se haga efectivo el pago de los honorarios que le correspondan.
Artículo 5º: Verificada la percepción de honorarios, se otorgará carta de pago y conformidad profesional.
Asimismo, en caso de requerirse del abogado titular que extienda factura en nombre propio, se le
solventará la parte proporcional de los impuestos y gastos a su cargo, conforme a su situación fiscal.
Artículo 6º: Los pagos parciales o de cuotas acordadas, serán imputados a intereses en primer término y
luego a capital. Las sumas resultantes quedarán expeditas para su distribución según las reglas
contenidas en el presente acuerdo.
Artículo 7º: Los intereses moratorios devengados por honorarios debidos, serán calculados a la tasa activa
del Banco de la Nación Argentina o, en su caso, la que en el futuro establezca el Poder Judicial, conforme
a los plenarios de aplicación. Su cálculo y liquidación serán practicados por la Dirección de Asuntos
Jurídicos.
Artículo 8º: El Director de Asuntos Jurídicos en forma conjunta con el profesional titular de los honorarios
regulados, podrán otorgar planes de pago en cuotas convenidos con el deudor, mediante la firma por éste
del plan respectivo. La carta de pago, en tal caso, se otorgará contra la definitiva y total cancelación de las
obligaciones acordadas.
Artículo 9º: El incumplimiento por parte de los profesionales comprendidos a las pautas establecidas en la
presente reglamentación dará lugar a las sanciones que prevé el Decreto 560/73, Estatuto del Empleado
Público.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-03414573-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 39 de 138
Artículo 10º: Las sumas que se perciban en concepto de honorarios a cargo de terceros deberán
depositarse en la cuenta corriente de Fondos Afectados del Banco de la Nación Argentina - Sucursal 2405
“Ejército de los Andes” Nº 6280148093. A tal efecto, deberá solicitarse la apertura del financiamiento,
cuenta patrimonial y cuentas de gastos, para hacer uso de dichos fondos de manera como lo establece
este acuerdo.
Artículo 11º: El presente acuerdo deberá ser notificado especialmente a cada uno de los profesionales
abogados que prestan servicios en el Tribunal, en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría Relatora.
Igual procedimiento se efectuará con los nuevos abogados que se incorporen a este organismo. La
notificación sin reservas implica conformidad a las pautas establecidas en el presente Acuerdo.
Artículo 12º: Derogar el Acuerdo Nº 6430.
Artículo 13º: Notificar, publicar en la INTRANET y en el Boletín Oficial y, cumplido, archivar.
Dr. Salvador Carlos Farruggia - Dr. Mario Francisco Angelini - Dr. Héctor David Caputto - Dr.
Ricardo Pettignano – Dra. Liliana M. De Lazzaro
S/Cargo
19/10/2018 (1 Pub.)
