RESOLUCIONES

Resolución Nº 165

Fecha de publicación
28 de agosto de 2018
Fecha de la norma
4 de agosto de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.678 · páginas 12–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 165 MENDOZA, 04 de agosto de 2017 VISTO: El Expediente Nº 5546-P-2011-01409, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., nombre de fantasía “Movistar”, CUIT Nº 30-67881435-7, con domicilio en calle Garibaldi nº 70, Ciudad, Mendoza, y con domicilio legal en calle Serú nº 72, Ciudad de Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 1/2 se presenta la Asociación de Consumidores “PROTECTORA” solicitando una medida Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-02596031-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 12 de 108 preventiva consistente en que TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A. -MOVISTAR- informe, de conformidad al art. 4 de la Ley 24240, las razones de por qué el servicio estuvo interrumpido en el ámbito de la Provincia de Mendoza, el día 24 de mayo de 2011 dejando incomunicados a miles de usuarios; como así también, de qué manera procederá a la devolución de la tarifa y al pago de los daños por la falta de prestación del servicio. Que a fs. 12 se rechaza la medida solicitada y se Ilama a las partes a Audiencia de Conciliación, de cuya acta glosada a fs. 16 surge que no arriban a un acuerdo. Que a fs. 17 se presenta la sumariada planteando la incompetencia de este Organismo para entender en la denuncia de Autos, por razones que ampliamente expone y las que se dan por reproducidas. Como defensa alega que el art. 14.2.1 del Pliego de Bases y condiciones aprobado por Decreto 1461/93, y cuya autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Comunicaciones, establece que el caso de marras no configura el supuesto merecedor de sanción previsto en esa normativa. Que a fs. 21/22 se resuelve planteo e incompetencia planteado a fs. 17 y se labra acta de infracción por presunta violación al art. 19 de la Ley 24.240. Que a fs. 25 la sumariada presenta descargo en el que manifiesta: que su representada “informó en todas sus partes cuáles eran las razones por la cuales informaba a sus clientes en forma clara y fehaciente todos los datos que estos necesitaran". Agrega que se informó que la suspensión del servicio fue menor a las dos horas razón por la cual se encuentra dentro de la “garantía de inmunidad” establecida en el art. 14.2.1. del Decreto 1461/93. A continuación agrega que esta Dirección no entiende este concepto y que pareciera empecinarse en sancionar a su representada. Luego hace alusión a las bondades de las políticas comerciales de la sumariada y a la inexistencia de antecedentes donde se diga que su representada no cumple con todas las obligaciones que tiene con sus clientes. Sugiere que en vez de sancionar debería aplicar políticas de conciliación, lo que llevará adelante una relación entre prestadores y usuarios. Se pregunta retóricamente cuál es el concepto que tiene la Dirección para determinar que su representada ha alterado las leyes de orden público y que no hace referencia al dictaminar si la defensa de su representada es correcta o no. Reitera el planteo de incompetencia. Que respecto al planteo de incompetencia se reitera lo dispuesto mediante notificación de fs. 23/24, lo que se ratifica y se da por reproducido, declarando la expresa competencia de esta Dirección para entender en el caso de Autos. Que no obstante lo antes expuesto, el escrito de fs. 25 nada contribuye a la defensa de la sumariada, ya que omite referirse a la cuestión de fondo que se le imputa y que no es ni más ni menos que el incumplimiento del servicio de telefonía pactado con los usuarios, de conformidad a lo normado en el art. 19º de la Ley 24240, amén de que la Comisión Nacional de Comunicaciones, considere incurso este incumplimiento dentro de la "garantía de inmunidad". Es importante destacar que esta Dirección, como organismo de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, vela por su cumplimiento otorgando a los consumidores y usuarios “garantía de no impunidad” contra conductas contrarias a sus derechos. Que el reconocimiento del incumplimiento del servicio deja firme la imputación efectuada. Que respecto a lo alegado en cuanto a que “informó en todas sus partes cuáles eran las razones por las cuales informaba a sus clientes en forma clara y fehaciente todos los datos que estos necesitaran”, se destaca que no existe prueba, ni una sola manifestación siquiera verbal de la parte, que satisficiera la información solicitada por la Asociación de Consumidores “PROTECTORA”, acotando su información a reconocer que efectivamente el servicio estuvo suspendido durante el período reclamado por la Asociación, pero que tal circunstancia estaba comprendida dentro de la “garantía de inmunidad” establecida en el art. 14.2.1. del Decreto 1461/93. Que la Ley Nº 23.361 consigna el criterio de “integración normativa” con otras normas, disponiendo que las relaciones de consumo se rigen por esa ley con independencia de otra normativa específica aplicable Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-02596031-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 13 de 108 (art. 3º). El legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, etc. Que en cuanto a la “inexistencia de antecedentes donde se diga que su representada no cumple con todas las obligaciones que tiene con sus clientes” debe recordarse que del Registro de Infractores de esta Dirección surge, considerando la fecha del descargo presentado por la sumariada (Agosto 2011), que la sumariada ha sido sancionada en su mayoría por prestación defectuosa del servicio contratado (ver fs. 36 vta.). Que por las razones expuestas, y atento a que las defensas intentadas no desvirtúan las razones que determinaron la infracción, sino que fueron motivo de expreso reconocimiento, esta Dirección considera que la misma ha quedado configurada la infracción imputada. Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º) indica que “las infracciones serán reprimidas con las siguientes penas: … b) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde 1.250,00 a 125.000; 2. Moderado desde 125.001 a 375.000; 3. Grave desde 375.001 a 2.500.000; 4. Gravísima desde 2.500.001 hasta 5.000.000,00. La Reincidencia duplicará el monto de la Multa anteriormente aplicada…h) publicación de la resolución sancionatoria a costa del infractor...”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas, estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b) el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley. Qué asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no dio cumplimiento correctamente con el servicio de telefonía celular, ni tampoco presenta pruebas contundentes en su defensa. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.). Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que la sumariada no reparó el daño sufrido por los consumidores, habiendo transcurrido 6 años desde el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-02596031-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 14 de 108 hecho objeto del reclamo. Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., conforme lo permite la escala legal, equivalente a pesos cincuenta mil con 00/100 ($50.000,00.-), por la infracción verificada y analizada. Que no obstante ello, considerando el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor obrante a fs. 36 vta., donde se visualiza que la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., CUIT Nº 30-67881435-7 registra antecedentes, corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta (artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º), por lo que se considera razonable imponer la sanción de multa conforme lo permite la escala legal correspondiente, equivalente a PESOS CIEN MIL con 00/100 ($ 100.000,00) por la infracción verificada y analizada. Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido ($ 1.250) y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE. Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la Ley 24.240”. Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE a la firma TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, con domicilio en calle Garibaldi nº 70, Ciudad, Mendoza, y con domicilio legal en calle Serú nº 72, Ciudad de Mendoza, la sanción de multa consistente en el pago de PESOS CIEN MIL con 00/100 ($100.000,00) de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por la violación al artículo 19º del mismo cuerpo legal. ARTÍCULO 2° - INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240, correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTÍCULO 4º - INSCRÍBASE esta Resolución de sanción en el Registro de Sanciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 5º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-02596031-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 15 de 108 ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE. Lic. Mónica S. Lucero S/Cargo 28/08/2018 (1 Pub.) DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS