DECRETOS
Decreto Nº 996
- Fecha de publicación
- 30 de julio de 2018
- Fecha de la norma
- 21 de junio de 2018
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.658 · páginas 26–28
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 996
MENDOZA, 21 DE JUNIO DE 2018
Visto el expediente 2092-D-2017-77762 y su acumulado 7087-D-2015-77729, en el primero de los cuales
el Sr. EMILIANO FACUNDO MOYANO RIVEROS, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº
89/17, emanada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil - Ministerio de Salud, Desarrollo Social
y Deportes, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Art. 1º de la Resolución Nº 89/17-DRPJ, se aceptó en lo formal y se rechazó en lo
sustancial el Recurso de Revocatoria interpuesto oportunamente por el Sr. Emiliano Facundo Moyano
Riveros, contra la Resolución Nº 21/17-DRPJ, que dispuso dejar sin efecto el trámite de designación en la
Planta Permanente del Estado Provincial del mencionado presentante.
Que la Resolución Nº 21/17-DRPJ tuvo como sustento legal los argumentos jurídicos esgrimidos en el
dictamen del Sr. Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia que obra a
fs. 40/43 del expediente 7087-D-2015-77729, en donde se considera, en resumen, la imposibilidad de
cumplimiento del Acuerdo Paritario de fecha 16/10/15, homologado por Decreto Nº 2432/15, rectificado
por Decreto Nº 15/16 y ratificado por Ley Nº 8841.
Que analizado el Recurso presentado por el Sr. Emiliano Facundo Moyano Riveros, debe ser considerado
como Recurso de Alzada, en virtud del carácter descentralizado de la Dirección de Responsabilidad Penal
Juvenil, órgano emisor de la norma legal cuestionada.
Que Asesoría de Gobierno en su dictamen de fs. 22/23 del expediente 2092-D-2017-77762, analiza el
recurso presentado:
Que desde el punto de vista formal, el Recurso de Alzada debe ser admitido por haber sido presentado
dentro del plazo previsto por el Art. 184 y siguientes de la Ley Nº 9003.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que desde el punto de vista sustancial, el referido Recurso de Alzada debe ser rechazado, por los
siguientes argumentos:
Que la solicitud del pase a planta del Sr. Emiliano Facundo Moyano Riveros, se basa en el
Acuerdo Paritario de fecha 16/10/15, homologado por Decreto Nº 2432/15, rectificado por Decreto
Nº 15/16 y ratificado por Ley Nº 8841.
Que las partes acordaron en la referida Acta: “…La incorporación a planta permanente del Estado
de 50 pasantes (en relación a lo propuesto en proyecto de presupuesto 2015 del Ejecutivo) que
acrediten los requisitos detallados en tres etapas: ...2- Los requisitos para el ingreso que deberán
acreditarse son: a- cumplimentar las condiciones de ingreso al Estado, b- aprobación de
pasantías…”
Que a fs. 21 del expediente 2092-D-2017-77762, el titular de la Dirección de Responsabilidad
Penal Juvenil informa a Asesoría de Gobierno: a) No existe acto administrativo por el cual el Sr.
Emiliano Facundo Moyano Riveros haya sido incorporado a prácticas laborales no rentadas; b) No
existe registro alguno de la existencia de un convenio de pasantías educativas; c) Que la Dirección
de Responsabilidad Penal Juvenil no autorizó prácticas laborales rentadas; d) No existe acto
administrativo que haya dispuesto la aprobación de la pasantía señalada por el reclamante.
Que la Ley Nacional Nº 26.427 en su Art. 1º dispone: “Créase el Sistema de Pasantías Educativas
en el marco del sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior
(Capítulo V, Ley Nº 26.206) y la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Capítulo IX, Ley Nº
26.206) y de la Formación Profesional (Capítulo III, Ley Nº 26.058), en todos los casos para
personas mayores de dieciocho (18) años a cumplirse en empresas y organismos públicos, o
empresas privadas con personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios eventuales
aun cuando adopten la forma de cooperativas”.
Que el Art. 2º de la Ley Nacional Nº 26.427, dice: “Se entiende como “pasantía educativa” al
conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos
públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la
propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como
experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio”
Que el Art. 15 de la citada Ley dispone: “Los pasantes reciben una suma de dinero en carácter no
remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculara sobre el salario básico del
convenio colectivo aplicable a la empresa y que será proporcional a la carga horaria de la pasantía.
En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el
pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con convenio colectivo, se aplicará para el
cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga
horaria de la pasantía”
Que el Sr. Emiliano Facundo Moyano Riveros nunca recibió compensación económica por las
tareas que afirma haber realizado (prácticas laborales no rentadas, según informe de fs. 6 del
expediente 7087-D-2015-77729, que además no estaban autorizadas por la Dirección de
Responsabilidad Penal Juvenil), ni acreditó convenio entre la Dirección de Responsabilidad Penal
Juvenil y una Institución educativa en la que cursara estudios cuyo programa educativo guardara
relación con la mencionada Dirección y las actividades que allí se realizan.
Que la cláusula referida a los pasantes del Acuerdo Paritario de fecha 16/10/15, no habría
respetado los límites que se le imponen a la negociación colectiva, al establecer que el Estado
debía incorporar a planta permanente a 50 pasantes, cuyas pasantías son inexistentes al no haber
el Estado suscripto convenio con Institución educativa alguna, en el marco de la Ley Nacional Nº
26.427, arrogándose ATE y ATSA una representación por demás discutible conforme la letra de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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sus Estatutos.
Que por todos los argumentos expresados el Recurso de Alzada debe admitirse en lo formal y rechazarse
en lo sustancial.
Por ello, atento lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Desarrollo
Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a fs. 15 y vta. y por Asesoría de Gobierno a fs.
22/23 todas del expediente 2092-D-2017-77762,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :
Artículo 1º- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso de Alzada, interpuesto
oportunamente contra la Resolución Nº 89/17, emanada de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil
- Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, por el Sr. EMILIANO FACUNDO MOYANO RIVEROS,
DNI. Nº 36.417.201, CUIL Nº 20-36417201-0, por los motivos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
CDORA. NELIDA ELISABETH CRESCITELLI
S/Cargo
30/07/2018 (1 Pub.)
