RESOLUCIONES

Resolución Nº 24

Fecha de publicación
4 de julio de 2018
Fecha de la norma
26 de febrero de 2018
Referencia documental
Boletín Nº 30.642 · páginas 18–19
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 24 MENDOZA, 26 de febrero de 2018 VISTO: El expediente Nº 2304-F-2008-01409 caratulado “FAMA SEBASTIAN C/ ANDESMAR” en el cual obran las actuaciones contra AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A. CUIT Nº 30-56178540-2 con domicilio en Rodriguez Peña nº 2831, Godoy Cruz, Mendoza, y con domicilio legal en calle Sarmiento nº 632, 2º Piso, Departamento 9, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 02 y 04 rola denuncia presentada por el Sr. Famá Sebastián DNI Nº 13.706.326 con domicilio en Benavente nº 622, Godoy Cruz, Mendoza contra AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A. CUIT Nº 30-56178540-2 con domicilio en Rodríguez Peña nº 2831, Godoy Cruz, Mendoza por el incumplimiento en el tiempo estipulado de una encomienda enviada con destino a Miramar, Provincia de Buenos Aires y además por una deficiente prestación en el servicio de transporte en el tramo Mendoza-Miramar. Que a fs. 5/7 obra copia de los pasajes de dicho tramo. Que a fs. 9 y 10 rola guía de envío y guía de recepción del bulto enviado. Que llamadas las partes a audiencia de conciliación, la parte denunciada niega los hechos denunciados por la denunciante y además plantea la incompetencia de esta Dirección para entender en el caso en marras. Que respecto al planteo de incompetencia, esta Dirección considera que el mismo resulta improcedente. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 3º de la Ley 24.240 incorporado por Ley 26.361, señala en su último párrafo “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.” Que el vínculo jurídico existente entre el cliente denunciante de autos y la empresa prestadora del servicio de transporte es una relación de consumo; la prestadora posee el carácter de proveedora en los términos del art. 2° de la Ley 24.240. Que “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean en lo que damos en llamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos. Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos, una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica renovación productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un estatus especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-01845662-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 18 de 120 por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, mediante los tipos penales que crea y el régimen de sanciones contra los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo institucional para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice que "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas...". Como se advierte, no establece la mencionada ley que las normas generales y especiales se integran con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico que así sea pues, como se ha dicho, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos, principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley 26.361). Que a su vez el art. 41º de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que “la Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales...actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Que en concordancia con lo dispuesto por dicha norma, la provincia de Mendoza en un primer momento dictó el Decreto 2140/1994 y, posteriormente, los Decretos N° 1313/2012 y 1626/2012. En el último de los Decretos mencionados se precisa que una de las misiones de la Dirección de Defensa del Consumidor consiste en “Verificar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24240, modificatorias y complementarias (Defensa del Consumidor) y de las Leyes Provinciales N° 5547 (Defensa del Consumidor).” Que por tanto, conforme surge de la normativa citada, la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en protección del consumidor y sus derechos en un caso como el de autos. Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación de la ley 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por ejemplo el caso del art. 63º. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - DECLÁRESE la competencia de esta Dirección para entender en autos. ARTÍCULO 2º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 3° - NOTIFICAR a quienes corresponda y archivar. Lic. Monica S. Lucero S/Cargo 04/07/2018 (1 Pub.)