RESOLUCIONES

Resolución Nº 45

Fecha de publicación
4 de julio de 2018
Fecha de la norma
11 de abril de 2018
Referencia documental
Boletín Nº 30.642 · páginas 22–25
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 45 MENDOZA, 11 de abril de 2018 VISTO: El expediente Nº 2766-D-2014-00112 en el cual obran las actuaciones sumariales contra “OBRA SOCIAL DE EMPRENDEDORES, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M ” CUIT Nº 30-58666171-6, con domicilio en Av. Colon nº 163, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 13/18 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución Nº 76-02766/2016 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, mediante la cual se aplica a la “OBRA SOCIAL DE EMPRENDEDORES, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M ” CUIT Nº 30-58666171-6, una multa de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00), por violación al artículo artículo 20º de la ley 5.547 cc. con el artículo 19º de la ley 24.240. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-01845662-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 22 de 120 Que desde el punto de vista formal cabe aceptar el recurso interpuesto atento a que se presenta en plazo y con el pago de las tasas correspondientes. Que desde el punto de vista sustancial, la recurrente plantea la incompetencia de esta Dirección de Defensa del Consumidor para entender en las presentes actuaciones, atento a que OSDEPYM es una obra social en base al artículo 7º de la Ley 23.660, decreto reglamentario 576/93, art. 7º de la Ley 23.661, arts. 42º y 43º de la Ley 23.661, siendo la Superintendencia de Servicios de la Salud la autoridad competente de acuerdo al decreto 1615/96. Que la denuncia aquí radicada, centrada en cuestiones médicas, excede el ámbito de esta Dirección. Agrega que la Superintendencia de Servicios de Salud se eleva como “órgano único de contralor”. Que a continuación alega que el acto administrativo carece de “completitud”, siendo que en la Resolución, no se encuentra establecido plazo para que esta parte ejerza su derecho de defensa, fundando su defensa en el artículo 63º, del Capitulo IX SUMARIO. Que acto seguido niega que se haya incumplido con sus obligaciones legales. Que por último, plantea la extemporaneidad del acto administrativo, atento a que el reclamo se inició en 2014 y ya ha transcurrido el plazo para resolver fijado por el artículo 160º de la ley 3909. Que respecto a las defensas de fondo interpuestas, en primer lugar cabe expedirse sobre el planteo de incompetencia, y al respecto cabe aclarar que en el caso de autos se establece una relación de consumo bajo los términos de los artículos 2º y 4º de la ley 5.547 y artículos 1º, 2º y 3º de la ley 24.240. Que la denunciada reviste el carácter de proveedor de acuerdo a las normativas reseñadas. La circunstancia de que su actividad se encuentre fiscalizada por la Superintendencia de Servicios de Salud, no obsta en el ámbito de la relación de consumo que la Dirección cumpla su función. Este organismo ha hecho aplicación de la normativa que la ha designado como autoridad a tal fin. La imputación en cuestión se basa en el artículo 20º de la ley 5.547 cc. con el artículo 19º de la ley 24.240, ambas de aplicación exclusiva por la misma. A más de ello se extiende la concordancia con los artículos 7º y 14º de la ley 26.682 y 8º de la Ley 26.862, que no hace una lisa y llana aplicación de tal normativa de la cual no es organismo de aplicación sino que trae a colación lo allí normado para aplicar la legislación consumeril -de orden público y de raigambre constitucional- e integrar ambas para una mayor protección al consumidor. A efectos de reforzar la competencia de esta Dirección, la doctrina ha determinado que: “La normativa de protección del consumidor se relaciona de dos modos distintos con el ordenamiento, por un lado, imponiendo sus soluciones tuitivas por sobre soluciones distintas a que puedan conducir la aplicación de otras normas, de allí la consagración del carácter de orden público del artículo 65º y de la directiva de interpretación en favor del consumidor a que refiere el artículo 3º; por otro, el régimen de consumo tiende a integrarse con otras normas que, con fines también de protección singular a determinados consumidores de bienes y/o servicios, conformando una red de protección, que por lo general, tienden a proporcionar soluciones específicas respecto de principios ya contenidos en la ley de consumidor… este tipo de normas son las que tienden a integrarse en un plexo normativo, en donde la ley del consumidor 24.240 adquiere el carácter de norma fundamental que orienta a estas soluciones particulares.” (“Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Picasso-Vazquez Ferreyra, Tomo I, Parte General, Pag. 50/60, Edit. La Ley, 2009). En consecuencia esta Dirección es totalmente competente para entender en el caso en marras y en los términos bajo los cuales lo hizo, sin que se lesione derecho alguno de defensa del imputado. Que en cuanto al siguiente punto de la defensa de la sumariada por el cual alega que se ha violado su derecho defensa, la misma resulta falsa, ya que basta leer el contenido del proveído de “Apertura de Sumario” donde se fija claramente el plazo para presentar descargo en conformidad con los requerimientos procedimentales fijados por la ley 5.547. Descargo que de hecho fue presentado. (fs. 13/17). Que respecto del incumplimiento de las obligaciones de la sancionada, reiteramos lo expuesto oportunamente en la Resolución de sanción. La ley en ningún momento exige para que se otorgue la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-01845662-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 23 de 120 cobertura de reproducción médicamente asistida que ambos progenitores se encuentren afiliados a la misma obra social o empresa de medicina prepaga, razón por la cual donde la ley no hace distingo, mal lo puede entender esta Dirección. A más de ello, pretender tal conducto de parte de la denunciante es invertir la carga del conflicto de aquellos consumidores que buscan el auxilio de la prestadora de salud para cubrir la atención sanitaria en cuestión, quedando librada de cumplir con la misma hasta que el afiliado no cumpla con lo requerido, a pesar de que la normativa 26.862 exige al proveedor que incorpore como prestación obligatoria y brinde en consecuencia, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la OMS define como de reproducción medicamente asistida. Siguiendo el lineamiento de la denunciada, ¿Qué sucedería si la prestadora del servicio de salud de la pareja de la denunciante, con quien busca desarrollar el programa de fertilidad asistida medicamente, esgrime el mismo argumento contra la denunciada? ¿y si solo uno de los dos tiene cobertura médica?, quedarían ambos sin cobertura, estando en juego la concreción del proyecto familiar, entendido este aspecto como salud reproductiva, concepto incluido dentro del derecho a la salud. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que: “La imposibilidad de procrear de modo natural y la necesidad de realización de tratamientos de fertilización, constituye un problema de pareja, no individual de la actora... No resulta un requisito para la procedencia de la acción, que la pareja de la amparista también ostente la calidad de afiliado a la misma obra social. En consecuencia, no se hace lugar al recurso de apelación promovido por la parte demandada y se confirma la sentencia que hace lugar a la cobertura solicitada por la actora". (Sosa, Ana Elena vs. Omint SA de Servicios s. Acción de amparo /// Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, Mendoza, Mendoza; 03-12-2012; Rubinzal J Online; RC J 3756/13). Si bien puede ser atendible el argumento económico expuesto por la denunciada, se ha determinado que: "Negarse a reconocer que la infertilidad es un problema relacionado con la salud, implica desconocer el avance científico existente en el tema, como así también que dichos reconocimientos se posterguen bajo un fundamento meramente economicista- en perjuicio de necesidades de este t.po, que hacen a la dignidad y naturaleza humana" (T., M. s. Amparo de Justicia, Río Negro, 04-02-2014; Rubinzal/ Online; RC J 821/14). A lo sumo restará a la denunciada, una vez desarrollada íntegramente cobertura requerida por la denunciante, iniciar una acción de repetición contra la obra social de su pareja, pero bajo ningún concepto negar la misma excusada en circunstancia, más aún atendiendo a la edad materna y los tratamiento ya realizados por la pareja sin resultado positivo. Que en lo que refiere a la extemporaneidad del acto administrativo, cabe aclarar que el procedimiento se encuentra regulado por la misma ley 5.547 y sólo subsidiariamente por la ley de procedimiento adminisntrativo. En tal sentido, ninguna de las leyes fija una consecuencia directa (por ejemplo, “la caducidad” de las actuaciones) ante el incumplimiento de alguno de los plazos allí establecidos. Por otro lado, el artículo 160º inc. d) invocado lo faculta únicamente al “peticionario” de un acto de la administración para exigir el cumplimiento del plazo allí establecido. En el presente caso, ni el recurrente tiene el carácter de peticionario, y ni siquiera el denunciante, ya que éste expone o pone en conocimiento de esta Dirección un determinado hecho para que se establezca si corresponde una sanción al proveedor, sin que ello implique una pretensión o un pedido (autorización, excepción, etc) propiamente a la administración, es un acto inexpresivo. En todo caso, ante el requerimiento de pronunciamiento a la administración ante la demora, la ley habilita remedios como la denegatoria tácita. En las presentes actuaciones no obra ningún pedido del administrado respecto del tiempo que duró el procedimiento. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma “OBRA SOCIAL DE EMPRENDEDORES, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O S D E P Y M”, CUIT Nº 30-58666171-6, con domicilio en Av. Colon nº 163, Ciudad, Mendoza contra la Resolución Nº 76-02766/2016 de esta Dirección de Defensa del Consumidor, la que se mantiene en todas sus partes. ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 5.547, correspondiente al Código Tax 017-925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-01845662-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 24 de 120 ARTICULO 3º - ACREDÍTESE el pago de la multa, con la presentación ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, del boleto original conjuntamente con una copia para ser adjuntada al expediente. ARTICULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en un Diario de amplia circulación de la Provincia de Mendoza (Diario “Los Andes” - Diario “UNO”) y en otro de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INFÓRMESE al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva (cód. 1077). ARTICULO 6° - REGÍSTRESE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 7º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución y ARCHÍVESE. Lic. Mónica S. Lucero S/Cargo 04/07/2018 (1 Pub.)