RESOLUCIONES

Resolución Nº 222

Fecha de publicación
26 de marzo de 2018
Fecha de la norma
10 de noviembre de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.577 · páginas 34–37
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 222 MENDOZA, 10 de noviembre de 2017 VISTO: El expediente Nº 730-D-2017 00112 Caratulado “BRIONE ALFREDO C/ CAPILLITAS S.A.” y; CONSIDERANDO: Que a fs. 1 rola denuncia del Sr. Briones Alfredo Tomas, DNI 6.891.639 contra CAPILLITAS SA –Suc. Mediterráneo Automotores CUIT Nº 30-52330489-1 en la que manifiesta que concurrió al Concesionario en busca de un vehículo para su nieta. Según lo ofrecido y convenido, dejó señado un auto Clio 5 puertas con la promesa de que se lo entregarían a mediados del mes de enero de 2017, como esto no sucedió y antes reiterados reclamos el Sr. Briones se dirige al Gerente, quien le manifiesta que el auto había aumentado y que debía abonar una diferencia de $50.340 con 00/100. Que a fs. 3 consta copia de la “Solicitud de Reserva” con fecha 15 de diciembre de 2016. Observándose que el monto del vehículo ofrecido es de $ 153.900 con 00/100, más gastos de patentamiento, a cargo del solicitante, de $ 22.000 con 00/100, dando un total general de $ 175.900 con 00/100. Asimismo se observa que los espacios donde debía informarse la fecha de cancelación de la operación se encuentran en blanco, es decir que no se colocó fecha alguna. Por lo tanto, no puede suponerse ni darse por cierto que el Sr. Briones sabía que debía cancelar el vehículo adquirido en fecha 15/01/2017, porque no se informó ni en la solicitud de reserva ni tampoco cuando concurrió a la agencia. Que a fs. 4 se incorpora copia del recibo de la seña entregada. Que a fs. 6 se adjunta copia de la carta documento enviada por el Sr. Briones a Capillitas SA en la que lo emplaza a que cumplan con el acuerdo celebrado. Que a fs. 10/11 se presenta la denunciada manifestando que no pueden efectuar una propuesta conciliatoria, ya que alegan haber informado que “debía cancelar su operación –como es de costumbre en la plaza- dentro de los 30 días de suscripta, es decir antes del 15/01/2017 ya que era esa la única forma de poder respetar el precio concertado y la entrega de la unidad”. Asimismo declara que “los precios no solo varían constantemente sino que en el caso particular se estaban liquidando…” y que “el denunciante hizo Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-00622408-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 34 de 132 caso omiso de esa recomendación”. Que no surge del descargo presentado, prueba que resulte pertinente para determinar que el consumidor fue informado en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser proporcionada en soporte físico. Que la obligación de informar, al decir de Santarelli, “es menester entenderla dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de determinada cláusula.” Que el deber de informar es un deber que incumbe a todo experto ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de deber-derecho, según la perspectiva que se adopte.” (Ricardo Luis Lorenzetti, CONSUMIDORES, Rubinzal y Culzoni, Editores). Que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994, expresando el art. 42 de la Carta Magna: “…los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo…a una información adecuada y veraz…” y también ha sido consagrada en nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto no podemos desconocer este principio elemental en la relación de consumo, que permite elecciones de consumo fundadas y racionales y permiten, también, una utilización adecuada del producto o servicio contratado, ya sea que se trate del derecho a la salud y seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales. Que a fs. 15 se dispone imputar infracción a Capillitas SA por presunta violación del art. 4º y 19º de la ley 24240 por no haberse brindado una información cierta, clara y detallada de las características esenciales del servicio que se provee y de las condiciones de su comercialización, y por no haberse prestado el servicio en las condiciones ofrecidas y convenidas. Haciéndose efectiva el 22/08/2017, conforme surge de las constancias de fs. 16. Que el art. 4º establece que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”. Que el art. 19º de la ley citada dice Javier Wajntraub “El cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido no es una opción para el proveedor; se trata de circunstancias que deben acoplarse, en función de que es la única solución que se ajusta a los criterios de la ley (valor vinculante de la oferta inclusión contractual de presiones publicitarias, solución más favorable para el consumidor en caso de dudas en la interpretación del contrato etc)” (Ley de Defensa del Consumidor). Que el art. 19º de la ley 24240 establece que “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a los cuales habían sido ofrecidos, publicitados o convenidos y esta no es una opción para el proveedor, sino que es la solución que se ajusta a los criterios de la Ley.” Que la infracción a la ley se ha producido y es de las que se condicen con el tipo formal, ya que no necesitan del factor de atribución subjetivo (dolo o culpa) u objetivo (daño) alguno, siendo por lo tanto necesario y suficiente la mera conducta contraria al precepto legal. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-00622408-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 35 de 132 49º, precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de las sumariadas en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos, teniendo en cuenta que “Capillitas SA” es un Concesionario OFICIAL Renault, presentándose ésta “…como marca líder en el país en cuanto a la confiabilidad de sus productos y excelencia en sus servicios...” (fuente: http://www.mediterraneo.com.ar/). Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada prestó un servicio deficiente atento a que incumplió el deber de información y de condiciones, plazos y modalidades convenidas por las partes. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha dicho en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.). Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor. Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a la firma CAPILLITAS S.A. por la suma de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ($200.000,00). Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma CAPILLITAS S.A. CUIT Nº 30-52330489-1 si bien no registra antecedentes, presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa consumeril. (ver fs. 30). Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la Ley 24.240”. Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE. Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de consumidores. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2018-00622408-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 36 de 132 POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º- IMPÓNGASE a la firma CAPILLITAS SA, CUIT Nº 30-52330489-1, con domicilio legal en calle Avenida San Martín 1955, Godoy Cruz, Mendoza, y demás datos identificatorios constantes en autos, la sanción de multa de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley 24.240, consistente en el pago de PESOS DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 200.000,00.-), por la violación de los artículos 4 y 19º de la Ley 24.240. ARTÍCULO 2°- INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la cuenta Correspondiente a Cuenta Ley N° 24.240 - COD. TAX 017-417-, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º- ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTICULO 4º- PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5°- INSCRÍBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 6º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución. ARTÍCULO 7º - ARCHÍVESE. Lic. Mónica S. Lucero S/Cargo 26/03/2018 (1 Pub.)