RESOLUCIONES
Resolución Nº 222
- Fecha de publicación
- 26 de marzo de 2018
- Fecha de la norma
- 10 de noviembre de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.577 · páginas 34–37
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 222
MENDOZA, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
El expediente Nº 730-D-2017 00112 Caratulado “BRIONE ALFREDO C/ CAPILLITAS S.A.” y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 rola denuncia del Sr. Briones Alfredo Tomas, DNI 6.891.639 contra CAPILLITAS SA –Suc.
Mediterráneo Automotores CUIT Nº 30-52330489-1 en la que manifiesta que concurrió al Concesionario en
busca de un vehículo para su nieta. Según lo ofrecido y convenido, dejó señado un auto Clio 5 puertas con
la promesa de que se lo entregarían a mediados del mes de enero de 2017, como esto no sucedió y antes
reiterados reclamos el Sr. Briones se dirige al Gerente, quien le manifiesta que el auto había aumentado y
que debía abonar una diferencia de $50.340 con 00/100.
Que a fs. 3 consta copia de la “Solicitud de Reserva” con fecha 15 de diciembre de 2016. Observándose
que el monto del vehículo ofrecido es de $ 153.900 con 00/100, más gastos de patentamiento, a cargo del
solicitante, de $ 22.000 con 00/100, dando un total general de $ 175.900 con 00/100. Asimismo se observa
que los espacios donde debía informarse la fecha de cancelación de la operación se encuentran en blanco,
es decir que no se colocó fecha alguna. Por lo tanto, no puede suponerse ni darse por cierto que el Sr.
Briones sabía que debía cancelar el vehículo adquirido en fecha 15/01/2017, porque no se informó ni en la
solicitud de reserva ni tampoco cuando concurrió a la agencia.
Que a fs. 4 se incorpora copia del recibo de la seña entregada.
Que a fs. 6 se adjunta copia de la carta documento enviada por el Sr. Briones a Capillitas SA en la que lo
emplaza a que cumplan con el acuerdo celebrado.
Que a fs. 10/11 se presenta la denunciada manifestando que no pueden efectuar una propuesta
conciliatoria, ya que alegan haber informado que “debía cancelar su operación –como es de costumbre en
la plaza- dentro de los 30 días de suscripta, es decir antes del 15/01/2017 ya que era esa la única forma de
poder respetar el precio concertado y la entrega de la unidad”. Asimismo declara que “los precios no solo
varían constantemente sino que en el caso particular se estaban liquidando…” y que “el denunciante hizo
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-00622408-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 34 de 132
caso omiso de esa recomendación”.
Que no surge del descargo presentado, prueba que resulte pertinente para determinar que el consumidor
fue informado en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales de
los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser
proporcionada en soporte físico.
Que la obligación de informar, al decir de Santarelli, “es menester entenderla dentro del principio de la
transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida
como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una
modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede
advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de
determinada cláusula.”
Que el deber de informar es un deber que incumbe a todo experto ubicado frente a un profano, y por ello
asume una configuración de deber-derecho, según la perspectiva que se adopte.” (Ricardo Luis Lorenzetti,
CONSUMIDORES, Rubinzal y Culzoni, Editores).
Que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994,
expresando el art. 42 de la Carta Magna: “…los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en relación al consumo…a una información adecuada y veraz…” y también ha sido consagrada en
nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto no podemos desconocer este principio elemental en la
relación de consumo, que permite elecciones de consumo fundadas y racionales y permiten, también, una
utilización adecuada del producto o servicio contratado, ya sea que se trate del derecho a la salud y
seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales.
Que a fs. 15 se dispone imputar infracción a Capillitas SA por presunta violación del art. 4º y 19º de la ley
24240 por no haberse brindado una información cierta, clara y detallada de las características esenciales
del servicio que se provee y de las condiciones de su comercialización, y por no haberse prestado el
servicio en las condiciones ofrecidas y convenidas. Haciéndose efectiva el 22/08/2017, conforme surge de
las constancias de fs. 16.
Que el art. 4º establece que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara
y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y
las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y
proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.
Que el art. 19º de la ley citada dice Javier Wajntraub “El cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o
convenido no es una opción para el proveedor; se trata de circunstancias que deben acoplarse, en función
de que es la única solución que se ajusta a los criterios de la ley (valor vinculante de la oferta inclusión
contractual de presiones publicitarias, solución más favorable para el consumidor en caso de dudas en la
interpretación del contrato etc)” (Ley de Defensa del Consumidor).
Que el art. 19º de la ley 24240 establece que “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están
obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias
conforme a los cuales habían sido ofrecidos, publicitados o convenidos y esta no es una opción para el
proveedor, sino que es la solución que se ajusta a los criterios de la Ley.”
Que la infracción a la ley se ha producido y es de las que se condicen con el tipo formal, ya que no
necesitan del factor de atribución subjetivo (dolo o culpa) u objetivo (daño) alguno, siendo por lo tanto
necesario y suficiente la mera conducta contraria al precepto legal.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar, y en concordancia con el artículo 59º de la
Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-00622408-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 35 de 132
49º, precisa que en la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante
de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del
beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales
derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del
hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de las sumariadas
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos,
teniendo en cuenta que “Capillitas SA” es un Concesionario OFICIAL Renault, presentándose ésta
“…como marca líder en el país en cuanto a la confiabilidad de sus productos y excelencia en sus
servicios...” (fuente: http://www.mediterraneo.com.ar/).
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada prestó un
servicio deficiente atento a que incumplió el deber de información y de condiciones, plazos y modalidades
convenidas por las partes.
Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha dicho
en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la
hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la
LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido”
(Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON
TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –
SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor.
Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a la firma CAPILLITAS
S.A. por la suma de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ($200.000,00).
Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de
Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma CAPILLITAS S.A. CUIT Nº 30-52330489-1 si bien
no registra antecedentes, presenta una conducta reticente al cumplimiento de la normativa consumeril. (ver
fs. 30).
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”. Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en
la norma que la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su
máximo ($ 5.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de consumidores.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-00622408-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 36 de 132
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE:
ARTÍCULO 1º- IMPÓNGASE a la firma CAPILLITAS SA, CUIT Nº 30-52330489-1, con domicilio legal en
calle Avenida San Martín 1955, Godoy Cruz, Mendoza, y demás datos identificatorios constantes en autos,
la sanción de multa de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley 24.240, consistente
en el pago de PESOS DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 200.000,00.-), por la violación de los artículos 4
y 19º de la Ley 24.240.
ARTÍCULO 2°- INTÍMESE por la presente al pago de la multa, en la cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
N° 24.240 - COD. TAX 017-417-, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en
el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º- ACREDÍTESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º- PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5°- INSCRÍBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6º - NOTIFÍQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHÍVESE.
Lic. Mónica S. Lucero
S/Cargo
26/03/2018 (1 Pub.)
