DECRETOS
Decreto Nº 2359
- Fecha de publicación
- 21 de marzo de 2018
- Fecha de la norma
- 1 de diciembre de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.574 · páginas 11–12
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2359
MENDOZA, 01 DE DICIEMBRE DE 2017
Visto el expediente 3278-L-2012-77762, en el cual el Sr. ROBERTO BERNARDO LUCAS, solicita se le
otorgue el beneficio establecido por Ley Nº 8395, y
CONSIDERANDO:
Que dicho beneficio fue creado mediante Ley Nº 8395 y Decreto Reglamentario Nº 514/12.
Que la citada Ley establece un beneficio vitalicio de pago mensual para hombres y mujeres que en su
condición de civiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, hayan sido condenados
por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad causas
políticas, gremiales o estudiantiles, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de
Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra. También se
otorgará a quienes, por causas políticas, hayan sido privados de la libertad por orden de Tribunales
Ordinarios.
Que a fs. 25/26 y vta. del expediente 3278-L-2012-77762 Asesoría de Gobierno, analiza la viabilidad del
reclamo del Sr. Roberto Bernardo Lucas, destacando las siguientes consideraciones:
- Que a fs. 9/11 obra informe emanado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación donde surge la inexistencia de solicitud del Sr. Lucas, del beneficio de la
Ley Nacional Nº 24.043.
- Que a fs. 13 del referido expediente obra dictamen emanado de Asesoría Letrada de la ex Dirección de
Protección de Derechos Humanos – ex Subsecretaría de Derechos Humanos del ex Ministerio de
Desarrollo Social y Derechos Humanos, donde, en referencia al Sr. Roberto Bernardo Lucas, estima
prudente emplazar al solicitante para que acredite su detención e incorpore mayor prueba.
- Que a fin de acreditar los extremos previstos en la Ley Nº 8395, el Sr. Roberto Bernardo Lucas propone
como prueba de su detención, el testimonio obrante a fs. 14 y vta. del expediente de referencia, del Sr.
Italo Hugo Tallei, quien relata que junto el reclamante estuvo privado de su libertad, en el D2 Policía de la
Provincia de Mendoza, recuperando ambos la libertad el 03 de abril de 1982.
- Que a fs. 22 del expediente 3278-L-2012-77762 rola dictamen de la Subdirección de Asesoría Letrada de
la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, donde se
concluye que no es suficiente para el otorgamiento del beneficio en cuestión, dado los requisitos mínimos
normativos establecidos en el art. 4, inc. e del Decreto Nº 514/12, ratificando las opiniones jurídicas
anteriores que daban cuenta de la insuficiencia de la documentación agregada.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2018-00564516-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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- Que en el procedimiento administrativo rige el principio de la “libre convicción” a fin de la valoración de la
prueba (Art. 168 de la Ley Nº 3909), el que como método de evaluación, está directamente emparentado
con la búsqueda de la verdad material, así, “la Administración debe llegar por todos los medios a su
alcance a determinar la realidad de los hechos y si bien no está sometida a parámetros fijos en cuanto a la
apreciación de la prueba, el criterio a seguir es el de la sana crítica y libre convicción. Si la errónea
apreciación de la prueba torna a la resolución en arbitraria, la falta de ésta implica un vicio que torna nulo
el acto” (Suprema Corte de Mendoza, sentencia asentada en S432-004).
- Que el valor de la prueba testimonial necesariamente debe ser complementado con otros elementos de
convicción que lleven a tener por acreditados los hechos que se alegan, salvo que por la forma en que se
haya producido la detención, no exista posibilidad de que tales elementos se agreguen a la pieza
administrativa, en cuyo caso deberá valorarse la prueba testimonial, a fin de tener por cumplida la carga,
siendo de singular importancia el hecho de que los testigos inicialmente hayan probado su propia
detención y que el relato narrado se evidencia como verosímil y concordante con los hechos que describen
otros testigos o el propio reclamante.
Que por todo lo expuesto precedentemente Asesoría de Gobierno aconseja, el rechazo de la solicitud
efectuada por el Sr. Roberto Bernardo Lucas en virtud de no encontrarse acreditados los extremos
normativos exigidos por la Ley Nº 8395 y su Decreto Reglamentario Nº 514/12 .
Que a fs. 29/30 y vta. del expediente de referencia, obra dictamen de Fiscalía de Estado, compartiendo en
su totalidad, el dictamen de fs. 25/26 y vta. de Asesoría de Gobierno, aconsejando también el rechazo del
reclamo del Sr. Roberto Bernardo Lucas, por no encontrarse cumplidos los extremos que prevé la
normativa provincial vigente.
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, por Fiscalía de Estado y Asesoría
de Gobierno y conforme a lo establecido por la Ley Nº 8395 y Decreto Reglamentario Nº 514/12,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :
Artículo 1º- Rechácese la solicitud formulada por el Sr. ROBERTO BERNARDO LUCAS, DNI. Nº
10.352.200, para obtener el beneficio otorgado por la Ley Nº 8395 y su Decreto Reglamentario Nº 514/12,
por no encontrarse cumplidos los extremos que prevén las mencionadas normas legales y de conformidad
a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno a fs. 25/26 y vta. y por Fiscalía de Estado a fs. 29/30 y vta.
todas del expediente 3278-L-2012-77762.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
FARM. CLAUDIA NAJUL
S/Cargo
21/03/2018 (1 Pub.)
