DECRETOS
Decreto Nº 1928
- Fecha de publicación
- 2 de febrero de 2018
- Fecha de la norma
- 9 de octubre de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.543 · páginas 22–27
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1928
MENDOZA, 09 DE OCTUBRE DE 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Visto el Expediente Nº 4075-S-07-30091 y sus Expedientes acumulados Nº 1502-S-07-10036,
414-D-07-10036, 12951-S-06-10036, 11030-S-06-10036 y 10237-A-06-10036, mediante el cual la
Empresa ex Siemens It Solutions and Services S.A., actual ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.,
presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 4009 del año 2007, emitida por la ex Dirección de
Vías y Medios de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que se presenta la recurrente a plantear formal Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 4009/07,
mediante la cual se dispuso el rechazo del Recurso de Revocatoria oportunamente planteado por la
administrada.
Que la recurrente impugnó la denegatoria mediante el Recurso Jerárquico manifestando que la Resolución
es arbitraria por prescindencia de sujeción a la Ley y errónea interpretación del objeto de la aclaración
formulada por ella, solicitando se deje sin efecto.
Que con fecha 16 de Enero de 2007 la ex Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia dictó,
en virtud de lo autorizado por el Artículo 83 de la Ley Provincial N° 7412, a la Resolución N° 562/07 por la
cual condenó a la recurrente al pago de una multa de 20.000 U.E.V. fundada en el Artículo 55, inciso e) del
Pliego General de Bases y Condiciones.
Que el antecedente de hecho que primordialmente tuvo en cuanta la Autoridad de Aplicación a fin de
fundamentar su condena, consistió en la omisión de la concesionaria de allegar a la ex Dirección de Vías y
Medios de Transporte la acreditación documental del depósito del importe correspondiente al impuesto a
los débitos y créditos bancarios y a los gastos bancarios por los meses de Noviembre del 2005 a
Diciembre del 2006 cuyo monto alcanzó la cifra de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000,00).
Que el Artículo 55 inciso e) del Pliego General de Bases y Condiciones reza, “Infracciones Relativas al
Régimen de las Concesiones: (…) e) la no remisión de información o documentación requeridas por el
Concedente y/o el órgano de aplicación, o su provisión fuera del término fijado, será penada con una multa
de hasta 20.000 U.E.V.”.
Que concordantemente, el Artículo 54 del Pliego General de Bases y Condiciones establece a su vez:
“Unidad Económica de Viajes: las infracciones cometidas por el concesionario serán sancionadas con
penas de multas fijadas sobre la base del valor tarifario básico de un pasaje para el Servicio de Transporte
Público de Pasajeros, vigente a la fecha del efectivo pago de la multa, que en adelante se denominará
Unidad Económica de Viajes (U.E.V.), y sin perjuicio de la aplicación de caducidad, revocación o extinción
de la Concesión en los casos previstos por la normativa aplicable”.
Que la recurrente dedujo en contra de aquella resolución administrativa condenatoria su correspondiente
Recurso de Revocatoria.
Que a causa de esta instancia recursiva, la recurrente fue repelida mediante la Resolución de la ex
Dirección de Vías y Medios de Transporte N° 4009/07.
Que en reclamo contra la denegatoria de la revocación, la recurrente interpuso su Recurso Jerárquico en
fecha 05 de Julio de 2007.
Que corresponde analizar la procedencia formal del Recurso intentado y el mismo es admisible en cuanto
tal, dadas las formalidades y su presentación tempestiva y por ende se excluye la necesidad de admitir al
trámite cual denuncia de ilegitimidad.
Que en cuanto al aspecto sustancial del recurso intentado, los mentados agravios deben poder traducirse
en una concreta impugnación o refutación procedimental administrativa de forma regresiva y excluyente.
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Que la formulación de los agravios por la vía jerárquica habrá de consistir, por una parte, en la precisa y
concreta demostración de los errores incurridos o en la asunción de la competencia; o en la exteriorización
de la forma; o en la formación de la voluntad autoritativa, con énfasis en las omisiones del debido proceso
adjetivo o en la irrazonabilidad; o con respecto a la fijación del objeto o del Derecho aplicable; o en la
merituación de la oportunidad en el interés público, y que encima de todo pues de tales errores hayan
motivado a las declaraciones definitivas y lesivas que reflejen la denegatoria de la revocación y el acto
administrativo predecesor, en este orden retrocesivo y excluyente.
Que debe sucederse e integrarse a ello, también, la precisa y concreta demostración de los criterios
acertados que se orienten a la restauración de la situación defendida en contra de tales resoluciones en
crisis y en su orden regresivo y excluyente; o en punto a la competencia; o a la forma; o a la formación de
una voluntad autoritativa particularmente supeditada al debido proceso adjetivo y a la razonabilidad; o
relativamente al objeto o el Derecho aplicable; o a la sana merituación de la oportunidad en el interés
público, y que, en suma, enerven la decisión viciosa del inferior jerárquico de un modo tal que resulte
protegido el derecho subjetivo o el interés legítimo ostentados por el sujeto recurrente.
Que “la exigencia de determinación del recurso significa que debe fundársele y acreditarse su procedencia
respecto a lo que por esa vía desea obtenerse de la Administración, demostrando asimismo la
impertinencia de la decisión recurrida”.
Que lo sentado configura así una doctrina que aún se puede trasponer a los Artículos 15, 16, 77, primer
párrafo y 89, primer párrafo del vigente Decreto Nº 1759/72 en la esfera nacional comparada; y asimismo,
a los Artículos 129, 174, 175, 179 y 181 de la Ley Nº 3909.
Que la inobservancia de los recaudos señalados autoriza a que se le repute al Recurso Jerárquico por
desierto y por tanto, improcedente sin que se requieran otras consideraciones dada la analogía con los
recursos procesales comunes.
Que solamente el Recurso Jerárquico por “vía de apelación” del Artículo 181 de la Ley Nº 3909 puede ser
la mera reproducción de un primer Recurso Jerárquico pero que en cambio, un primer Recurso Jerárquico,
o sea, el que se interpone en contra de la denegatoria del de revocatoria pues debe refutar a ésta y al acto
administrativo predecesor, por ejemplo, una condena, ya en forma regresiva y excluyente so pena de
desestimación correspondiendo que la actividad impugnativa o refutatoria propia del primer Recurso
Jerárquico sea regresiva y total.
Que corresponde sea rechazado en lo sustancial el Recurso Jerárquico que nos ocupa.
Que ha sido la recurrente la que ha inducido a la interpretación del plexo contractual concesional aprobado
por Decreto N° 2691/05, en el sentido con que dicha interpretación fuera realizada por la Autoridad de
Aplicación.
Que si bien en un principio la recurrente plasmó en el punto 5.2.2 relativo a Egresos de su oferta
económica o Propuesta Económica Básica del día 12/10/2005 lo que sigue: Se incluyeron los siguientes
gastos y costos: a) Impositivos: (…) Nacionales: Impuesto a los débitos y créditos exclusivamente sobre
fondos propios (importes facturados por Siemens Itron y el Impuesto al Valor Agregado. La presente oferta
no incluye el impuesto a los débitos y créditos sobre los movimientos bancarios de fondos de terceros
(recaudación de los medios de pago) en la/s cuentas Fondo de Transporte.
Que lo cierto y lo dirimente también es que, intimada ulteriormente a formalizar las aclaraciones y
rectificaciones sobre este y otros aspectos por la Comisión de Preadjudicación, la recurrente por entonces
la oferente y con un presumible espíritu transaccional pero pragmatista, se avino a reajustar su oferta
económica dirigida al licitante en estos términos de su ulterior memorial intitulado Aclaraciones y
Rectificaciones: “SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A. constituirá una cuenta recaudadora,
afectada exclusivamente al Fondo de Transporte con firma de apoderados de SIEMENS ITRON
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BUSINESS SERVICES S.A. y con fiscalización del Poder Concedente. Los costos estarán a cargo de
SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A., incluyendo el impuesto a los débitos y créditos bancarios”.
Que precisamente en esta rectificación fue por lo que la Provincia le discernió, finalmente y a través de los
Decretos N° 2516/05 y 2691/05, nada más ni nada menos que la concesión, en exclusiva, del sistema de
cobro y pago de los pasajes en el transporte urbano y conurbano de pasajeros del Gran Mendoza y bajo
los términos de los pliegos licitatorios y del Anexo I del Expediente N° 3556-A-04-30091, el que justamente
contiene a la oferta económica o Propuesta Económica Básica del 12/10/2005 y también, a sus posteriores
Aclaraciones y Rectificaciones. Esto es, que se le concesionó el servicio en la inteligencia de que la
Provincia no tuviese que soportar el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios de la cuenta
Fondo de Transporte Público cualquiera que fuese la causa de los movimientos operados sobre la misma.
Que esta interpretación es la que se pretende del contexto general del contrato de concesión, en relación
al cual las Aclaraciones y Rectificaciones de la entonces oferente, y luego concesionaria recurrente, pues
se configuraron como un evidente hecho subsiguiente a su oferta económica o Propuesta Económica
Básica, que denotó y denota la intención de asumir el costo total de la carga impositiva derivada de la Ley
Nacional Nº 25.413, reglamentada por el Anexo del Decreto Nacional Nº 380/2001.
Que resultaría irrazonable asentir que reviste la calidad de aclaración la expresión volcada en el memorial
de Aclaraciones y Rectificaciones bajo el rubro Cuenta Recaudadora ya que esta expresión: ...los costos
estarán a cargo de SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A. incluyendo el impuesto a los débitos y
créditos bancarios, no solamente no exhibe ninguna ratificación con amplificación o desarrollo explicativo
de los conceptos vertidos con anterioridad en la oferta económica sino que, más bien trasunta una
evidente propuesta categórica, nueva, simplificada, ya sin matización, en el sentido de reposarse la
oferente y asumir sobre sí al costo que insumiere aquel impuesto nacional, sin más, siendo esto de
asumirse el costo integral.
Que si la intención de la oferente hubiese sido la que tan profusamente procura recrear a través de su
Recurso Jerárquico, pues dicha intención debió exteriorizarse mediante un escrito o memorial claro
justamente al contestar la interpelación de la Comisión de Preadjudicación y a través de su memorial de
Aclaraciones y Rectificaciones planteadas sobre la oferta o propuesta económica básica primitiva.
Que al no manifestarse dicha intención, en su oportunidad, y aún hasta en la suposición de que
efectivamente si hubiese existido semejante intención, igualmente se habría obrado con reprensible
reticencia y ello está reñido con la buena fe negociar que ha sido recogida por el Artículo 1198, primer
apartado, del Código Civil, Ley N° 340, por lo que la recurrente debió y deberá soportar las consecuencias
de su propia torpeza sabiendo o debiendo saber que, por regla, ningún hecho tendrá el carácter de
voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste, tal cual lo ha rezado el Artículo 913
del Código Civil , Ley N° 340, siendo esta solución, la concordante con el Artículo 11 del Pliego General de
Bases y Condiciones.
Que por lo que toca al encuadre de obligación fiscal a cargo de la Provincia y a favor del Fisco Nacional
del impuesto a los débitos y créditos bancarios, con fundamento especialmente reposado en la previsión
del Artículo 10 inciso d) del anexo del Decreto Nacional Nº 380/01, y respecto, cuando menos, a los
movimientos operados para efectuar a los pagos a las empresas de transporte público del servicio regular
del Gran Mendoza, corresponde afirmar que, aún compartiendo en principio a dicho punto de vista
calificatorio, en abstracto, ello de ninguna manera le priva de validez ni eficacia al concreto pacto de
asunción de deuda fiscal que co estipularon la Provincia y la recurrente, ya devenida en concesionaria, el
cual, en todo caso, le sería inoponible al Fisco Nacional, a menos que éste aceptara la cesión de la deuda
fiscal a la concesionaria y sin subrogación, pero nada más.
Que esta solución halla sustentación, a su vez, en lo dispuesto por los Artículos 814, 815, a contrario
sensu, 1195, última cláusula, 1197, 1198, primer apartado y 1199, primera cláusula, del Código Civil, Ley
N° 340, los cuales emergen extensibles a la materia contractual administrativa por el principio de la unidad
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del ordenamiento jurídico que consagra el Artículo 32 de la Ley Nº 3909.
Que la realidad económica es que si bien los fondos acreditados en la cuenta Fondo de Transporte Público
son de naturaleza pública, debe recordarse que la titularidad nominal de la misma estuvo atribuida a la
concesionaria en tanto entidad privada, justamente para hacer visible y operativo el acuerdo con la
Provincia con aquél y con otros alcances propios de la particular sistemática concesional por la cual el
servicio de pagos a las empresas de transporte se efectúa mediante cheques librados por la concesionaria
contra la cuenta de Fondo de Transporte Público y bajo el control auditor de la Administración de
Transporte, amén de los subsidios suplementarios que aporta el sector público.
Que la conducta omisiva que practicó la recurrente frente a la intimación que le cursara la Autoridad de
Aplicación, constituyó una no remisión de información o documentación requerida por el órgano de
aplicación, que, en el caso, debía reflejar la acreditación documental de los depósitos de los débitos
bancarios (gastos e impuestos) de la cuenta corriente n° 356000743/86 del Fondo de Transporte Público,
a su propio cargo y en relación a los períodos de noviembre del 2005 a diciembre del 2006.
Que el hecho comprobado resultó y resulta objetivamente punible con la sanción de la multa infligida a
tenor del Artículo 55 inciso e) del Pliego General de Bases y Condiciones, la cual no resulta morigerable a
la vista de los agravios examinados.
Que la autoridad que dictó la sanción, la Ex Dirección de Vías y Medios de Transporte asimismo, lo hizo
dentro del marco estricto de su competencia al hilo de lo dispuesto por los Artículos 3 y 62 del Pliego de
Bases y Condiciones y el Artículo 83 de la Ley Provincial Nº 7412.
Que la argumentación del recurso jerárquico pues así luce ineficaz en su pretensión de refutar los
extremos del Artículo 29 de la Ley Nº 3909, los que, por lo contrario, sí cumplen la denegatoria de la
revocatoria y la Resolución de condena.
Que corresponde sostener a la resolución denegatoria de la revocatoria y a la resolución condenatoria,
bajo crisis aunque ambas plenamente legítimas.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno quien comparte los
conceptos vertidos por la Asesoría Legal del ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en su aspecto formal y rechácese en su aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
presentado por la Empresa ex Siemens It Solutions and Services S.A., actual ATOS IT SOLUTIONS AND
SERVICES S.A., contra la Resolución Nº 4009 del año 2007, emitida por la ex Dirección de Vías y Medios
de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos, manteniéndola en todos sus aspectos.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC.ALFREDOV.CORNEJO
C.P.PEDRO MARTIN KERCHNER
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S/Cargo
02/02/2018 (1 Pub.)
